viernes, 28 de febrero de 2014

La política es irrenunciable

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La República
La mitadmasuno
28 de febrero 2014
Juan De la Puente
Lo ocurrido alrededor de la reciente crisis ministerial ocasionada por la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros y el cambio de gabinete refleja una lamentable derrota de la política en varios sentidos de la acepción, por los hechos que han conducido a la crisis, la forma en que ha sido gestionada y por las consecuencias para el desempeño del gobierno, particularmente el reinicio de un período de mayor confrontación y el riesgo de la reducción del desempeño del Ejecutivo.
En teoría, los gobiernos registran una relación tirante entre las demandas de cambio interno y de eficacia, dos variables del poder que solo la política puede administrar. Se demanda cambios cuando es visible el desgaste en un sector y se hace ostensible que no se podrá cumplir con los objetivos sin que el responsable sea desplazado. Del mismo modo, se reclama eficacia cuando la agregación de errores indica que los propósitos no serán alcanzados sin una nueva conducción.
El equilibrio entre estas variables es más complejo cuando el desgaste es generalizado. En tal sentido, los cambios de ministros suelen ser sinónimos de relanzamiento del gobierno y los nuevos gozan de un período de gracia. Eso sucedió con la designación de César Villanueva y su gestión fue una apuesta política, el elemento que la mayoría consideraba era el déficit del gobierno, a pesar de que su antecesor, Juan Jiménez Mayor, había capeado con habilidad varios meses de polarización extrema. Villanueva parecía tener las cuotas exactas de eficacia y política que todo relanzamiento necesita.
En el nuevo escenario se tiene desde el inicio un premierato debilitado. Lo que sucede en este cargo, el segundo del Ejecutivo después del Presidente de la República, no es de poca importancia. Es el más político de los ministerios, el que responde por el Presidente ante el Congreso y ante la sociedad, y el que de algún modo y en distintas intensidades, es bombero, gestor y escudero.
Celebrar como un logro del nuevo gabinete su condición de tecnócrata, como lo han hecho ciertos comentaristas y ¡vaya! políticos, es increíblemente tonto. Más allá de su errada repulsión de la política, sintetiza una ingenua concepción del poder y del gobierno como una empresa que solo demanda gerentes.
El gobierno necesita llevar a cabo una urgente labor de saneamiento de la figura del Presidente del Consejo de Ministros para evitar un rápido desgaste del gobierno bajo el entendido de que una corta vida del nuevo gabinete tendrá un efecto serio en la operatividad del Ejecutivo. A los sahumadores de los tecnócratas habría que decirles que en cualquier sistema político una alta tasa de rotación de ministros es expresión de ineficiencia  y que la ciencia política no conoce el concepto de “desgaste técnico”. Todo desgaste es político.
Es cierto que el premier peruano no tiene la clásica figura de los premieres de los regímenes parlamentarios y que la Constitución de 1993 le rebaja el perfil en desmedro del Ministro de Economía, el único ministro constitucional.  No obstante, felizmente la Ley Orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros (LOPE), la Ley N° 29158, de diciembre del 2007, ha superado algunos de estos vacíos.
Un premier que no se sienta infeliz desempeñando una función política y al que le dejen trabajar sin interferencia tiene en el gobierno un papel relevante como coordinador de las políticas nacionales y en la conducción de grupos importantes como la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros (CIAEF) y  la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS). La LOPE le señala otras cuatro funciones que le permiten desempeñar un rol articulador del poder en nombre del Ejecutivo como dirigir el proceso de descentralización, dirigir las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, los otros niveles de Gobierno y la sociedad civil; promover la participación y concertación sociales en la gestión de gobierno; y coordinar la planificación estratégica en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

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