¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas

La República

La mitadmasuno

10 de julio de 2015

Juan De la Puente

Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.

El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).

Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.

En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.

Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.

Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.

Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.

Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 

Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

#TíaMaría, los mínimos y los máximos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/1876-tiamaria-los-minimos-y-los-máximos

La República

La mitadmasuno

22 de mayo de 2015

Juan De la Puente

Como antes en Conga (2011/2012) pero con mayor intensidad, el conflicto de #TíaMaría revela los límites de los discursos tradicionales, reducidos al mínimo efecto, y la autonomía de la práctica. En poco menos de un mes, los hechos han reemplazado a los alegatos y han debilitado algunas claves que organizaban el debate público, es decir, sistema/antisistema, centralismo/regiones y mineros/antimineros.

Ha perdido sentido el argumento y adquieren fuerza la violencia cruenta y las estrategias de las partes, sin necesitar de los discursos. En dos meses hemos consumido imágenes y símbolos contundentes. No hay argumento frente a un paro de 60 días, la muerte de dos civiles y de un policía con el cráneo destrozado, el agricultor al que la policía “sembró” una prueba, las batallas entre la autoridad y el hombre de la calle como iguales, la voz de Julio Gutiérrez vendiendo a sus discípulos y la mujer a la que raparon por desafiar a los huelguistas.

A este límite de los discursos se debe a que ya se consumieran 7 de los 60 días de la pausa anunciada  por Southern, el 10% del tiempo, sin que se dibuje una ruta que lleve a alguna parte. La anunciada pausa concierne a un proyecto que no ha empezado, en tanto no se ha suspendido el paro, las estrategias en pugna, los insultos y la confusión. Lo cierto es que se ha suspendido la palabra y luego casi nada; quizás también hemos suspendido el miedo, que no es mucho pero no es poco.

El primer discurso en desuso es el que sostiene que gran parte de la culpa la lleva el Estado, sin asumir ninguna propia. Siendo cierto, es un argumento facilón y básico, que no puede evitar que se aprecie que las claves están, más allá del gobierno, policías, militares, fiscales y jueces, en las estrategias que no han sido alteradas.

El discurso del diálogo como forma de acercamiento de las diferencias también ha fracasado, no tanto por la desconfianza como por la precaria representación de los actores y la ausencia de posiciones (otra vez los argumentos). En #TíaMaría hay 4 actores (la empresa, la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno regional) pero sobre la mesa solo existen dos puntos de vista redondos y cerrados.

El argumento de los políticos también presenta límites. Dicen que este conflicto debe resolverse desde la política ¡qué bacán! y sin embargo sus líderes carecen de discursos desde ese ángulo, al punto en que deben plegarse a los símbolos existentes. La mayoría de partidos y líderes, especialmente el Apra, el fujimorismo y la izquierda, muestran dificultades para escaparse de los libretos de las estrategias mediáticas que marcan la pauta para lo que fuese, tanto para la creación de un consenso a favor del Estado de Emergencia como para el pedido de suspensión del proyecto, un cambio de demanda operado en solo 48 horas.

No es justo que no sepamos qué hacer con el orden, el desorden o la pausa. Es demasiado. No habrá salida a este conflicto mientras no se recuperen los argumentos desde una perspectiva nueva y creíble. Sin esa nueva politización en el sentido más creador de la palabra, y muerta la visión plana de las cosas y su remedio casero tipo principio de autoridad sin principio de justicia, la suspensión de 60 días será seguida de otros 60, una aritmética liberadora que llevará el problema a un nuevo gobierno que tendrá que vérselas con el mismo pueblo.

Finalmente, debemos estar atentos a la autonomía de los proyectos y a cómo han superado sus marcas tradicionales. Por ejemplo, este es el momento estelar del anti-extractivismo, uno de los ejes seguros de la campaña electoral, forzando la definición de los candidatos. No perdamos de vista que #TíaMaría ha dividido al país pero ha unido al sur.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo se ha reencontrado luego de la pérdida del consenso alrededor del crecimiento económico, asomando con fuerza su clásica campaña de estigmatización de los adversarios. A su factura se debe la guerrilla urbano/digital de las últimas semanas que los partidarios del proyecto minero parece que han ganado.

El indulto a Fujimori y otros temas de coyuntura

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/dialogos-de-primera/el-indulto-es-una-operacion-politica_122889.html

 

Entrevista del periodista Javier Soto publicada en el diario La Primera, el 22 de octubre de 2012
 

EL INDULTO ES UNA OPERACIÓN POLITICA

El analista Juan De la Puente señaló que un hipotético “indulto” a Alberto Fujimori no contribuirá a la reconciliación nacional. Aunque sostuvo que la administración de Humala ha tenido cierto éxito al hacer aquietar el conflicto de Conga, advirtió que su ministro de Economía, Luis Castilla, ha oficiado, con sus recientes declaraciones a favor del reinicio de dicho proyecto minero, de “príncipe azul” que pretende despertar a la “bella durmiente”. 

—¿Cuánto han aportado estos primeros tres meses de gestión del premier Jiménez para alcanzar la meta del gabinete del diálogo, diferenciado del de su antecesor, Óscar Valdés?

—El primer valor de este gabinete es haber revertido el clima de tensión de estos últimos dos meses del gabinete Valdés; y ha instalado en la opinión pública la idea de que no se puede gobernar con una lógica de fuerza y de mano dura. En segundo lugar, algunas de las diez ofertas planteadas por su gabinete al Parlamento se han ido cumpliendo. Ya tenemos en el Congreso un proyecto de Ley de Reforma Magisterial y una nueva norma que establece una nueva relación entre la minería y la sociedad. Evidentemente, los temas de seguridad siguen estando pendientes, pero en estos tres meses el gabinete Jiménez ha hecho muy bien en instalar una lógica de apertura en lugar de una lógica de fuerza.

—Parece que la violencia de la conflictividad social ha amainado, a diferencia de lo que acontecía con la gestión Valdés.

—El último reporte de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales trae dos novedades. Lo primero es que por tercer mes consecutivo han disminuido los conflictos, al pasar de 247 a 238; y es igual de importante considerar que en los últimos meses se ha resuelto un promedio mensual de cinco conflictos, lo que en sí representa un éxito ya que la tasa de resolución de conflictos es muy baja en el Perú; de uno o dos por mes.

—¿Acaso una prueba de ello sería la desactivación del litigio por las operaciones del proyecto Conga, en Cajamarca?
—Sí. El gobierno ha tenido cierto éxito al hacer “dormir” (aquietar) a Conga. Pero mi impresión es que es el efecto de una “bella durmiente”, en el que viene un príncipe azul, le da un beso y la despierta; y, en esta última etapa, es el ministro de Economía, Luis Castilla, quien ha operado como príncipe azul, porque recientes declaraciones suyas han despertado a Conga.

—Aunque las protestas de índole laboral...
—Estamos en el inicio de una ola de protestas laborales, pero que éstas tienen una connotación distinta a los otros conflictos sociales que son, fundamentalmente, ambientales.

—¿Y por qué Jiménez tiene tanta dificultad en resolverlas?

—Los conflictos laborales, a los que me he referido anteriormente, han revelado la singularidad del Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido que se ha puesto como eje de la discusión la capacidad de este portafolio para resolver o postergar soluciones. Al respecto, tengo entendido que los demás ministros tienen una muy escasa capacidad de negociación con los gremios laborales, porque todo lo termina autorizando y vetando el Ministro de Economía.

 

NARCOTERRORISMO
—¿Cree usted que el narcoterrorismo se ha expandido, durante los últimos gobiernos, en la zona del Vraem?

—Yo no diría que se ha expandido. Lo que pasa es que los ataques espectaculares que han desarrollado estas bandas en el Vraem ante la falta de éxito de las fuerzas del orden han dado la sensación de ausencia por parte del Estado. Pero, por encima de ello, lo que tenemos en el Perú es una crisis de seguridad en la que este gobierno tiene una agenda pendiente que resolver y que, esperamos, comience a ser afrontada y resuelta por la gestión de Humala.

 —El gobierno del presidente Humala y su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, están recuperando el terreno perdido por el Estado?

—Es probable que en este espacio denominado Vraem existan algunas zonas independientes del Estado, pero también es cierto que en los últimos días los errores que se han producido se deberían a la autonomía excesiva con que cuentan los mandos militares en dicha área. En ese sentido deben interpretarse entonces las palabras del ministro de Defensa, que el poder político y constitucional va a estar mucho más atento a lo que se haga aquí en los ámbitos de la inteligencia, programas sociales, desarrollo de infraestructura, etc.

—¿Los últimos anuncios de Cateriano sobre la construcción de diez nuevas bases militares en el Vraem y la inversión en helicópteros y logística bélica, contribuirán a superar las carencias, desarticular las bandas narcosenderistas y a resolver el problema de seguridad en la zona?

—Es muy importante que se complete el equipamiento militar aéreo en el Vraem, teniendo en cuenta que, con la experiencia Colombiana, no es posible una vigilancia minuciosa del gasoducto de Camisea, ya que se ha planteado la posibilidad de que esta infraestructura sea hostigada en, por lo menos, sus primeros 200 kilómetros por las fuerzas narcosenderistas en la zona, lo que sí constituiría un golpe a la independencia y capacidad energética del país. Por ello me parece fundamental y de primer orden la compra de este equipamiento; y espero que ésta sea rápida.

—¿Coincide usted con los sectores que han reclamado cambios en la estrategia seguida, a fin de privilegiar la inteligencia, que ha dado resultados en el Valle del Huallaga?—En mi opinión, el mejor cambio debería estar orientado al privilegio de las acciones de inteligencia como un antecedente de las operaciones abiertas de interdicción. En segundo lugar, creo que debe resolverse el tema del mando en la zona, que está disperso. Y la mejor manera es entregándole una mayor competencia y presencia a la Policía Nacional que ha demostrado una mejor capacidad para resolver este problema. En cualquier circunstancia, debería garantizarse un comando unificado. En tercer lugar, es muy importante ser más incisivos en la lucha antiDrogas.

 —Si bien el manejo económico mantiene la ortodoxia, ¿hasta qué punto es cierta la afirmación de que la administración de Humala continúa con la política del “piloto automático”?

—Bueno, si bien no se ha producido un cambio sustantivo del poder económico, como lo había planteado inicialmente el Jefe del Estado, respecto al proceso de la economía nacional, evidentemente estamos frente a esta posibilidad (de mantener el statu quo). Pero también es cierto que éste es un gobierno que ha empezado a utilizar muchos más recursos en infraestructura e inclusión social, aunque con cierta dificultad y lentitud en el gasto, lo que podría provocar una crisis de distribución. Sin embargo, es un hecho que en los últimos años el modelo de economía liberal ortodoxa, que se heredó del gobierno de Alberto Fujimori, ha sufrido cambios sustantivos, en la línea de incentivar la demanda y la inversión pública.

EL PEDIDO DEL INDULTO
Parte al país en dos
—El pedido de indulto para el sentenciado expresidente, Alberto Fujimori, ha polarizado al país. ¿Cómo debería resolver el gobierno este nudo gordiano?
—Queda claro, en estos últimos días, que enfrentamos una operación política, con un alto contenido publicitario, por parte del Fujimorismo, con lo que se está demostrando que no estamos frente a un pedido humanitario. Por lo tanto, esto conduce a que la sociedad y el gobierno traten también este tema de un modo político. Tengo la impresión de que la orientación del gobierno es la de postergar esta decisión. Es decir, a ir con más lentitud. Las revelaciones que hacen los medios sobre los conflictos internos que afectan al Fujimorismo por el tema del indulto, confirman que la solución no puede dejar de ser política. De modo que para tomar una decisión política, la administración de Humala va a tener que estudiar muchos este asunto.
—¿Cuán falsa es la premisa del sector fujiconservador respecto a que la expedición de esta gracia, a favor del exdictador, favorecerá la reconciliación nacional?
—Yo lo dudo, porque se tratan de crímenes de lesa humanidad por los que ha sido condenado Alberto Fujimori. Segundo, porque, como se ve en las últimas acciones del Fujimorismo, se trata de una operación política que, inicialmente, fue presentada como humanitaria. Y, tercero, si el resultado del indulto va a conducir al retorno de Fujimori a la actividad política de primera línea, no estaríamos frente a una medida que favoreciese la reconciliación, sino a la polarización del país.

Dialogo en Cajamarca, se acabaron las excusas

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/se-acabaron-las-excusas-ahora-que-venga-dialogo_119253.html
Entrevista en el diario La Primera
Lunes 3 de setiembre 2012


Se acabaron las excusas, ahora que venga diálogo

El analista político Juan De la Puente señaló que con la oficialización del levantamiento del estado de emergencia se acabaron los pretextos para no retomar las conversaciones e instalar una Mesa de Diálogo que aborde el tema Conga y los demás problemas pendientes de Cajamarca. De la Puente alertó igualmente que tanto el gobierno nacional como el regional no manejan una estrategia de trabajo que resuelvan los problemas de Cajamarca. Asimismo, fue claro en señalar que la investigación para determinar las responsabilidades de los cinco ciudadanos fallecidos en las protestas contra el proyecto minero, tiene que realizarse con o sin Mesa de Diálogo de por medio.
—¿Considera usted que el gobierno demoró demasiado en levantar el estado de emergencia en Cajamarca?—Lo concreto es que el estado de emergencia ya fue levantado, y me parece que es una buena medida en la línea de la normalización de las actividades de Cajamarca, que ya se había producido a finales del mes de julio, después de los sucesos sangrientos que todos conocemos.
—¿En qué medida influirá esta decisión en el proceso de diálogo sobre el proyecto minero Conga, actualmente interrumpido? —Habíamos señalado que los sacerdotes facilitadores habían solicitado el levantamiento del estado de emergencia, la misma que también había sido una exigencia del gobierno regional de Cajamarca. Entiendo que ahora no habría razones para no instalar una Mesa de Diálogo que aborde el tema Conga; pero, sobre todo, los problemas pendientes de Cajamarca. No olvidemos que esta circunscripción está ubicada entre los cinco departamentos más pobres del Perú.
—Ante la normalización, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? —Lo que habría que preguntarse si es que, tanto el gobierno nacional como el regional de Cajamarca, manejan una estrategia post-Conga. Y tengo la impresión que es allí donde empiezan las dificultades sobre cómo transitar hacia un periodo de normalización.
—Sin embargo, si bien Gregorio Santos saludó la medida adoptada por el gobierno, ya ha adelantado que aún falta cumplir con dos pedidos fundamentales a los facilitadores, como son el retiro de la maquinaria y el personal de la zona de influencia de Conga; y la investigación y sanción a los responsables de las muertes en las protestas.
—A mí me parece que la investigación (por los cinco ciudadanos fallecidos en las protestas) tiene que realizarse con o sin Mesa de Diálogo de por medio. Pero visto desde el lado de los intereses de Cajamarca es muy importante que se establezca esta Mesa de Diálogo, porque hay que acortar las brechas de la desigualdad, establecer las diferencias, conflictos, así como los mecanismos de cooperación y desarrollo regional.
Y cada vez queda más claro que no instalar la Mesa de Diálogo es un error que pasará la factura a todos los sectores, en el futuro.
—La prensa conservadora afirma que el levantamiento del estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca es una verdadera “bajada de pantalones” hacia Gregorio Santos. ¿Qué opinión las merece?
—Yo creo que la cancelación del estado de emergencia es una buena decisión. En realidad, los que exigen la aplicación de “estados de emergencia” o “mano dura” empujan una salida conservadora. Pero en todos los conflictos sociales de la última década se ha demostrado que dicha “mano dura” que conduce a la ocurrencia de muertes, termina siendo la antesala de una capitulación de los gobiernos. Eso pasó con el “Arequipazo”, en el 2002; en Ilave, Tacna, Moquegua y Bagua, bajo los regímenes de Alejandro Toledo y Alan García. Y esa dinámica de la “mano dura” y la subsiguiente capitulación de los Estados es la que determinados sectores retrógrados y el país, no lo entienden. Y no lo entienden porque ellos no creen en el diálogo o acuerdos, como el más reciente de Quellaveco, para ser más específicos.

Javier Soto
Redacción