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domingo, 18 de febrero de 2018

Cinco canciones de desamor

La República
La mitadmasuno
9 de febrero de 2018
Juan De la Puente
Sea cual fuese el desenlace de este periodo de gran desequilibrio, los peruanos debemos aprender a convivir con la crisis. Esta es profunda, será larga, y quizás se asemeje al largo período en que coexistimos con la inflación. En este punto se aprecia una brecha entre la entendible angustia de la elite peruana y los medios por una solución inmediata y definitiva del actual estado de cosas, y cierta abulia de la sociedad cuya agenda en más amplia y cotidiana.
Es preciso tener en cuenta algunos elementos de este proceso.
1.- La incertidumbre. Desde hace cinco años, cuando se desató la guerra política entre la reelección conyugal y los llamados “narcoindultos” nos hemos acostumbrado a vivir en la inestabilidad. Ahora debemos acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, que es mayor que a inicios del Gobierno y cuyos componentes más frecuentes son las nuevas revelaciones, los giros de los actores y las decisiones judiciales en los casos de corrupción. La incertidumbre es el principal factor de esta crisis a lo que habría que unir nuestra gigantesca capacidad de resiliencia política, la tolerancia de un pueblo que ha tenido tantas caídas y tragedias más dolorosas en las últimas décadas.
2.- Múltiples debilidades. Comúnmente se alude a la crisis del Gobierno y a la debilidad de PPK. Siendo ello cierto, esta es también una crisis de la oposición y visto el curso ciudadano, una crisis de la sociedad movilizada, escasamente movilizada. Este hecho impide que los actores ejecuten sus estrategias por completo y fragmenta las opciones, presenta un cuadro de superposición de iniciativas inviables o que quedan a medio camino. Por ejemplo, ha sido derrotada la primera vacancia y no se ha concretado la segunda y, del mismo modo, tanto el nuevo gabinete no ha terminado de legitimarse como que se ha desgastado la movilización de la calle.
3.- Etapa desconocida de las relaciones políticas. No estamos en una situación límite, pero muy cerca de ella desde hace casi 60 días. La crisis evoluciona con notable lentitud, desenvolviéndose en varios tiempos en un ritmo que pareciese en cámara lenta. En ese contexto, el vanguardismo de la calle –el primer actor en pedir adelanto de elecciones en un porcentaje significativo- ha cedido al de los medios y partidos. Estos últimos desempeñan un activismo inédito, al punto que hacen públicas sus negociaciones para la sustitución del presidente de la República.
4.- Mientras no se dibuje un consenso político en favor de una salida cierta, que deberá ser política, los movimientos en favor de la crisis son inmensamente mayores que aquellos que pretenden conjurarla. Casi todos los acercamientos, apuestas y posicionamientos no tienen como propósito la gobernabilidad o por lo menos la estabilidad, sino la formación de coaliciones para la batalla. El país es un gran espacio de conspiración y, al mismo tiempo, de confrontación, del que quizás se excluya –quizás- a las fuerzas armadas y a los bomberos. El efecto de este cuadro es el extravío de la agenda pública o su extremo encogimiento. Por ejemplo, en medio de este escenario de maquinación cotidiana se está pasando de largo el importante debate sobre la concentración de determinados mercados.

5.- El juego de la vacancia o renuncia del presidente ha copado la discusión del actual estado de cosas, una apuesta ineludible pero cortoplacista que extrae una variedad ilimitada de argumentos que no trascienden al mediano plazo. La pregunta sobre el día siguiente de un hipotético cambio en el nivel más alto del gobierno del país no ha sido planteada, así como las condiciones de la gobernabilidad en caso se concrete ese supuesto. Este hecho no está relacionado obviamente con una falta de imaginación de los líderes políticos sino con la ausencia de un compromiso más coherente con el futuro del país. En este compás de estrategias exclusivamente partidarias, se advierte la falta de un proyecto de país a pesar de la crisis o para salir precisamente de ella. Por eso se conspira más de lo que se debate y se grita más de lo que se acuerda.

Los Fujimori, segunda temporada

La apreciación simplista de la crisis del fujimorismo reduce lo que ahí sucede a una lucha sucesoria de tres actores, obviando el movimiento y los intereses que representa cada tendencia. En respuesta, es necesario trascender del patrón banal para enlazar la lucha dinástica con la disputa en curso por la tradición conservadora popular.
La salida del sector liderado por Kenji de Fuerza Popular es la liberación de fuerzas reprimidas durante varios años y el inicio de la construcción de proyectos al mismo tiempo diferenciados y parecidos. Más allá de la novela, es un reacomodo orgánico acompañado de reajustes en el discurso.
Nunca se había experimentado en el Perú una lucha dinástica con esa intensidad. La magnitud de este hecho no puede ser estimada, pero tiene dos probables desenlaces; 1) que la batalla entre hermanos sea un mal negocio para el fujimorismo, de modo que el efecto más importante consista en la reducción de su espacio social y electoral; y 2) que, repitiendo una lógica peronista, la disputa agrande el movimiento y permita el desarrollo de tendencias con desigual destino.
Por ahora, un fujimorismo único ya no es posible y es la prueba del error de las predicciones que proclamaban que la libertad de Alberto era el inicio de un brillante plan para la recuperación del poder que su huida a Chile y la extradición interrumpieron hace 10 años.
Las cosas se presentan de otro modo; Alberto no ha logrado que su libertad sea un shock recreador del fujimorismo. Al contrario, según las recientes encuestas de Ipsos y GfK, las grandes cifras le son desfavorables, a lo que se agregan otras desventuras de gran calado: no ha podido unir su legado, ni ponerse por encima de la disputa entre sus herederos.
Luego de la salida del grupo “kenjista/albertista” de Fuerza Popular, la tendencia es a la formación de un fujimorismo tradicional, orgánico respecto del pasado (el golpe de 1992 y la década de gobierno) liderado por Kenji con el beneplácito de Alberto; y otro fujimorismo, el partidario, liderado por Keiko, menos identificado con Alberto, tolerado por este y con elementos de posfujimorismo. Como en toda ruptura, sin embargo, habrá más vasos comunicantes abajo que arriba.
La República
La mitadmasuno
2 de febrero 2018
Juan De la Puente
El fortalecimiento de una de las opciones está relacionado actualmente con las apuestas discursivas que emergen claramente. El bloque orgánico-tradicional realiza paradójicamente un giro narrativo apostando al diálogo y a la gobernabilidad, una forzada salida por el centro, una recreación del fujimorismo inicial de 1990 (el prefujimorismo), o si se quiere, una suerte de Acuerdo de Paz que no mire el pasado. Este ensayo entrará en crisis cuando se afirme que los 10 renunciantes son el apéndice del oficialismo.
En tanto, el bloque partidario persiste en el relato de “Keiko es Fujimori pero no es Alberto”, sigue apostando por la oposición, y mantiene su alianza con los sectores conservadores con el que se alió desde la segunda vuelta electoral del 2016. Aunque las cosas no están mejor: Fuerza Popular ha perdido la batalla por la vacancia y la mayoría absoluta del Congreso y está por ahora obligada a defender a PPK, discretamente, de las nuevas mociones de vacancia.
Es temprano para señalar quién ganará la disputa, aunque es obvio que Fuerza Popular tiene más instrumentos para fortalecerse (partido inscrito, bancada, aparato, discurso opositor), a pesar de lo cual, en relación a Kenji queda por dilucidar el alcance de la épica “el hijo que libera al padre”. Otro pendiente es la relación entre el partido y las masas; si nos atenemos a las encuestas recientes, Kenji/Alberto han ganado la batalla social, pero parece que han perdido la batalla por la representación formal del fujimorismo, lo que implica un reto a cada facción, para que busquen adhesiones en otros lados.

Finalmente, esta disputa pone en crisis al antifujimorismo que no estaba preparado para enfrentar a dos fujimorismos. Ya en el pasado cercano, desde la censura a Saavedra, el antifujimorismo dejó libre su retaguardia al poner todos los huevos en una sola canasta, una estrategia que el cóctel vacancia/indulto ha dinamitado.

sábado, 20 de enero de 2018

El indulto ya no es intocable

http://larepublica.pe/politica/1169828-el-indulto-ya-no-es-intocable
La mitadmasuno
La República
12 de enero 2018
Juan De la Puente
El indulto y derecho de gracia otorgados a Alberto Fujimori ha dado lugar a una batalla política en curso, y a otra legal, que recién empieza. Las vías legales habilitadas se pueden dividir entre las que están en proceso y las menos probables por ahora.
Entre las vías en uso, se tienen: 1) la supranacional, a través de la Corte IDH, que verá el caso el 2 de febrero; 2) la penal, a través del control difuso en el caso Pativilca, que podría ejercer la Sala Penal Nacional. La audiencia será en enero; y 3) la administrativa, a través de la nulidad de los actos administrativos, impugnando el procedimiento en curso, ya planteado el 23 de diciembre por los familiares.
Entre las menos probables por ahora se tienen 4) la constitucional, un proceso de amparo, que se iniciaría en el Poder Judicial y eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional, o un proceso de acción popular contra la resolución que otorga las gracias; 5) la administrativa de revocatoria, con la expedición de una resolución suprema que deroga el indulto, la “ruta Crousillat” en su parte administrativa; y 6) la legislativa, una ley que derogue la resolución de indulto.
Contra la idea del indulto como punto final ha quedado establecido que este caso ya no puede ser abordado solo, desde, y con la Constitución. La tesis de que el indulto es una prerrogativa presidencial a secas, un reduccionismo de sabor monárquico y al mismo tiempo inconstitucional, ha sido superada largamente en el Perú por decisiones administrativas, constitucionales y penales, y por una resolución supranacional que nos concierne directamente. Nuestro indulto no está –o ya no está- cubierto con el manto inexpugnable de la cosa juzgada, sino que ha sido “tocado” por la jurisprudencia constitucional.
La posición del TC respecto del indulto es firme y clara. A propósito del caso Crousillat dice: que el indulto es una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad; pero eso no significa que se trate de una potestad que puede ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad ,y que las resoluciones que ponen fin a un proceso judicial y tienen la virtualidad de producir efectos de cosa juzgada –en este caso el decreto del indulto a AF-, pueden ser cuestionadas a través de procesos constitucionales de amparo o hábeas corpus (STC N° 03660-2010-PHC/TC).
Las dos fechas más cercanas atañen a la Corte IDH y a la Sala Penal Nacional. En el primer caso, la audiencia incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte y a las partes. El artículo 69º del reglamento de la Corte establece que el Estado en cuestión presente un informe, observado por las otras partes. La Corte emite sentencia y otorga al Estado un plazo hasta de un año para remitir un informe sobre el cumplimiento o avances. El IDL considera que la decisión de la Corte será en breve.
La defensa del Estado peruano es todavía una incógnita. Entre sus ejes probables se encuentran: 1) la irrevisabilidad del indulto humanitario por su naturaleza, precisamente, humanitaria; 2) la insistencia de que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que la sentencia hace alusión a que ellos sí constituyen delitos contra la humanidad en el derecho internacional de los DDHH; y 3) que la competencia de la Corte se reduce a supervisar el procedimiento seguido y que solo puede conocer el cumplimiento de las observaciones anteriores referidas al caso, argumento que se prestaría de la defensa de Fujimori.

Será muy difícil que la Corte se aleje de los parámetros señalados por la CIDH en su pronunciamiento del 28 de diciembre pasado, inclusive si no razonara con su misma intensidad, especialmente en lo siguiente: 1) el indulto debe estar regido por principios constitucionales y normas internacionales de DDHH; 2) este indulto no cumple con los requisitos legales fundamentales, el debido proceso, independencia y transparencia de la junta de médica y técnica; y 3) la medida desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad.