Fujimorismo y antifujimorismo juntos

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La República
La mitadmasuno
9 de marzo 2018
Juan De la Puente

En menos tres meses, la ubicación de las fuerzas políticas ha cambiado radicalmente. Hasta antes del primer pedido de vacancia (diciembre 2017) la correlación de fuerzas presentaba tres bloques: 1) Fuerza Popular con la cercana colaboración de Acción Popular y el Apra; 2) el Frente Amplio, Nuevo Perú y los movimientos sociales, practicando con énfasis una política antifujimorista más insistente que su oposición al gobierno; y 3) el Gobierno y su bancada parlamentaria, con la cercana colaboración de Alianza para el Progreso (APP) y los gremios empresariales.

En este escenario de confrontación a tres bandas, los bloques 2 y 3 tenían una menor fuerza política. No obstante, el Gobierno, a pesar de sus cifras a la baja, usaba su capacidad de movimiento en tanto que se beneficiaba de la neutralidad de una parte de los medios de comunicación y del antifujimorismo de otros. Entonces era entendible que las principales tendencias fuesen más confrontación o un pacto entre PPK y el fujimorismo, para rebajar tensiones especialmente luego de la confianza al gabinete Araoz, es decir, mejorar el consenso a palos al que estaban condenados el Ejecutivo y Legislativo.

Luego de la frustrada vacancia y el indulto estamos en una etapa de polarización pura y dura. Después del reestreno del gabinete Araoz, a inicios de enero, hubo un momento en que parecía que el fujimorismo prefería un pacto tácito para preservar la institución de la presidencia, expuesta en la oposición de este grupo a la moción de vacancia anunciada por el Frente Amplio el 7 de enero.

Eso no ha sucedido. La imagen de una moción de vacancia presentada juntos por el fujimorismo y el antifujimorismo hace unas horas encierra varias exclamaciones, victorias y preguntas. La principal sorpresa resume el grado de desaprobación del gobierno y su pérdida de movimiento, y la igualmente asombrosa capacidad del presidente para sumar enemigos o evitar que se le junten. Si el agua y el aceite se han unido es porque ninguna fuerza fue capaz de impedirlo.

La misma moción, incluso si no es votada o no es aprobada, es una victoria de la izquierda, su principal impulsora, una pequeña venganza del Frente Amplio, acusado de plegarse al fujimorismo en diciembre, y de Nuevo Perú, acosado por haberse retirado de la votación. Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular ganan menos, pero ganan porque están sacando la crisis del pantano al que había caído las últimas semanas y que lastra las instituciones. Sobre todo, ganan tiempo para intentar una decisión sobre la nueva moción de vacancia, crucial para ellos porque la anterior los había dividido.

Las primeras preguntas son del cuándo y cómo. Hemos ingresado de lleno a una transición que nadie puede poner fecha y adelantar su desenlace. En esa transición ciega se tienen por ahora solo dos opciones, la vacancia misma de la presidencia, y un pacto tácito por la permanencia de PPK en el poder, un pacto que ya no puede ser parlamentario sino por fuera de las instituciones.

Ahora mismo subsiste la duda sobre la decisión de PPK de acudir a la sociedad para desarmar la polarización pura y dura, o si nuevas renuncias en Fuerza Popular o la división de APP desmontarán el choque. Los actores de este drama sin guion no manejan todas las variables y por esa razón se tiene una iniciativa de vacancia con formato de interpelación: veamos que responde PPK y luego decidiremos.

Esta polarización pura y dura subordina, pero no suprime otros procesos paralelos que volverán a emerger con PPK en el poder o fuera de él, lo que hace de la vacancia una oportunidad y no una regularidad. Los procesos anticorrupción, el indulto, la acusación a los miembros del TC y al Fiscal de la Nación, la ley sobre publicidad estatal, la disputa Keiko-Kenji, y las elecciones regionales y municipales, hacen cola para darle contenido a esta transición, y para recordarnos que esta crisis que se asoma larga aun con cambio en la presidencia, se resolverá –si eso cabe- cuando los peruanos acudamos otra vez a las urnas para elegir un nuevo Gobierno y Congreso.

Cinco canciones de desamor

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La República

La mitadmasuno

9 de febrero de 2018

Juan De la Puente

Sea cual fuese el desenlace de este periodo de gran desequilibrio, los peruanos debemos aprender a convivir con la crisis. Esta es profunda, será larga, y quizás se asemeje al largo período en que coexistimos con la inflación. En este punto se aprecia una brecha entre la entendible angustia de la elite peruana y los medios por una solución inmediata y definitiva del actual estado de cosas, y cierta abulia de la sociedad cuya agenda en más amplia y cotidiana.

Es preciso tener en cuenta algunos elementos de este proceso.

1.- La incertidumbre. Desde hace cinco años, cuando se desató la guerra política entre la reelección conyugal y los llamados “narcoindultos” nos hemos acostumbrado a vivir en la inestabilidad. Ahora debemos acostumbrarnos a vivir en la incertidumbre, que es mayor que a inicios del Gobierno y cuyos componentes más frecuentes son las nuevas revelaciones, los giros de los actores y las decisiones judiciales en los casos de corrupción. La incertidumbre es el principal factor de esta crisis a lo que habría que unir nuestra gigantesca capacidad de resiliencia política, la tolerancia de un pueblo que ha tenido tantas caídas y tragedias más dolorosas en las últimas décadas.

2.- Múltiples debilidades. Comúnmente se alude a la crisis del Gobierno y a la debilidad de PPK. Siendo ello cierto, esta es también una crisis de la oposición y visto el curso ciudadano, una crisis de la sociedad movilizada, escasamente movilizada. Este hecho impide que los actores ejecuten sus estrategias por completo y fragmenta las opciones, presenta un cuadro de superposición de iniciativas inviables o que quedan a medio camino. Por ejemplo, ha sido derrotada la primera vacancia y no se ha concretado la segunda y, del mismo modo, tanto el nuevo gabinete no ha terminado de legitimarse como que se ha desgastado la movilización de la calle.

3.- Etapa desconocida de las relaciones políticas. No estamos en una situación límite, pero muy cerca de ella desde hace casi 60 días. La crisis evoluciona con notable lentitud, desenvolviéndose en varios tiempos en un ritmo que pareciese en cámara lenta. En ese contexto, el vanguardismo de la calle –el primer actor en pedir adelanto de elecciones en un porcentaje significativo- ha cedido al de los medios y partidos. Estos últimos desempeñan un activismo inédito, al punto que hacen públicas sus negociaciones para la sustitución del presidente de la República.

4.- Mientras no se dibuje un consenso político en favor de una salida cierta, que deberá ser política, los movimientos en favor de la crisis son inmensamente mayores que aquellos que pretenden conjurarla. Casi todos los acercamientos, apuestas y posicionamientos no tienen como propósito la gobernabilidad o por lo menos la estabilidad, sino la formación de coaliciones para la batalla. El país es un gran espacio de conspiración y, al mismo tiempo, de confrontación, del que quizás se excluya –quizás- a las fuerzas armadas y a los bomberos. El efecto de este cuadro es el extravío de la agenda pública o su extremo encogimiento. Por ejemplo, en medio de este escenario de maquinación cotidiana se está pasando de largo el importante debate sobre la concentración de determinados mercados.

5.- El juego de la vacancia o renuncia del presidente ha copado la discusión del actual estado de cosas, una apuesta ineludible pero cortoplacista que extrae una variedad ilimitada de argumentos que no trascienden al mediano plazo. La pregunta sobre el día siguiente de un hipotético cambio en el nivel más alto del gobierno del país no ha sido planteada, así como las condiciones de la gobernabilidad en caso se concrete ese supuesto. Este hecho no está relacionado obviamente con una falta de imaginación de los líderes políticos sino con la ausencia de un compromiso más coherente con el futuro del país. En este compás de estrategias exclusivamente partidarias, se advierte la falta de un proyecto de país a pesar de la crisis o para salir precisamente de ella. Por eso se conspira más de lo que se debate y se grita más de lo que se acuerda.

Habla líder, ahora

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La República

La mitadmasuno

28 de octubre de 2016

Juan De la Puente

Extraña la actual crisis de nuestro sistema político que tiene a la mayoría de autoridades, líderes y partidos casi en silencio. Si la pregunta es quién le está hablando al país, se encuentra que salvo muy escasas figuras del Gobierno y del Congreso la falta de posiciones sustentadas, más allá de la frase o consigna, es general.

Lo que tenemos a cambio de visiones de conjunto son pequeñas incursiones públicas de quienes deberían hacer la agenda pública. Son incursiones específicas, sobre detalles, la mayoría de ellas a través del Twitter. Nunca como ahora es cierta la frase de que la política peruana cabe en 140 caracteres, y a veces sobra. Revisamos las redes sociales –ya no los diarios y la TV– y concluimos que el liderazgo del país se ha escondido y no comunica. La campaña “Habla Castañeda”, dirigida al alcalde de Lima, debería convertirse en “Habla líder”.

Los titulares del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, por citar un ejemplo, no se sienten llamados a exponer sus opiniones sobre los graves problemas de la seguridad, la justicia y la corrupción, en conjunto. Los líderes máximos de 9 de los 10 partidos que compitieron en la primera vuelta electoral tampoco sienten la obligación de fijar una posición sustentada sobre esos problemas y sobre otros delicados asuntos como la reforma política y electoral, los conflictos sociales, la violencia cotidiana, la reactivación de la economía, la prestación de servicios, la descentralización, la diversificación productiva y los grandes proyectos de inversión, entre otros. Ni siquiera hablaron durante el debate de la delegación de facultades, una discusión hegemonizada por los medios y los ciudadanos.

El argumento de la “cura de silencio” de los que perdieron la elección respecto al nuevo Gobierno no impidió en otros momentos que instituciones y líderes expongan su visión de país al país, especialmente en circunstancias cruciales. La principal explicación parece ser otra: que este es un escenario paradójico de grandes problemas sin grandes ideas. Para ser más específico, la batalla de las ideas parece haberla perdido la política.

Desde el giro del gobierno de Humala a la derecha, el Perú carece de un consenso sobre el cambio político. También ha perdido el consenso sobre el crecimiento luego de que las agencias públicas y privadas debieron reajustar por tres años seguidos (2012-2014) sus previsiones triunfalistas sobre la evolución de la economía.

Quedan muy pocos que creen que todo está discutido sobre cambio político y economía, pero esencialmente ni antes ni después de las elecciones el liderazgo peruano ha recuperado estos consensos o puesto en blanco y negro los disensos. Lo que se denomina “agenda país” o “carta de navegación” no resume la clásica polarización derecha/izquierda (política) u ortodoxia/heterodoxia (económica), sino la fragmentación de visiones y opciones. Una revisión de los 412 proyectos de ley presentados desde el 28 de julio puede brindar una idea exacta de esa fragmentación y en buena parte al desgaire.

Una competencia política sin política y sin ideología es muy reveladora. No hablarle al país sobre la agenda pública es ante todo la falta de una narrativa política y económica y la carencia de una oferta. Dicho esto, no solo es la palabra sino también la acción: casi todos los partidos han cerrado sus puertas para discutir sus problemas internos y en algunos casos tirarse los muebles. En tanto, la mayoría de instituciones, salvo las obligadas por circunstancias extremas, trabaja a puerta cerrada respecto a la sociedad.

No se podría decir que este fenómeno extraño en que la política le vuelve las espaldas a la sociedad, sea inédito. Lo nuevo es el contexto de un país que ha obtenido resultados económicos y sociales sugerentes en 15 años de democracia y que ha acumulado problemas complejos, a los que sin embargo sus líderes se resisten a hablarle. De esta preocupante despolitización de la democracia solo puede surgir el populismo, de derecha o de izquierda.

El año de la gran debilidad

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La República

La mitadmasuno

3 de enero de 2014

Juan De la Puente

El 2014 tendrá la virtud de no ser un año ocasional o exclusivamente de tránsito hacia un nuevo país político que se concretará el 2016; será pleno en lo que Antonio Gramsci llamaba movimientos orgánicos, es decir, sostenibles y no necesariamente coyunturales. Varios hechos serán parte de estos movimientos y influirán en ellos notablemente, como el esperado fallo de La Haya sobre los límites marítimos Perú/Chile; los dictámenes de las comisiones investigadoras de los ex presidentes García y Toledo; la elección de la mesa directiva del Congreso; las elecciones regionales y municipales; y la realización en Lima de la Conferencia Mundial de Cambio Climático, COP20, entre otros.

Se ha extinguido el impulso de la restauración democrática de los años 2000 y 2001; ha muerto porque no pudo alumbrar un nuevo sistema político, renovando actores, ideas e instituciones y universalizando derechos. Tuvo ciertos logros como haber superado la maldición de los 12 años, es decir, más de 12 años de democracia ininterrumpida desde el 28 de julio del 2001, organizado las regiones y acompañado el auge económico con algunas medidas distributivas y de incentivo a la demanda. En ese período se ha progresado, aun con efectos dispares, en varios indicadores sociales de acuerdo al reciente Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio de las NN.UU.

Las causas de este agotamiento quedarán para la disputa entre los historiadores: si se debe a las fallas del producto, es decir, a las limitaciones de la transición iniciada el año 2000 o a la fuerza de lo que Carlos Vergara ha llamado acertadamente la promesa neoliberal, relativamente exitosa en la construcción de su propia ciudadanía y, claro, de un régimen político adaptable a ella.

Esta fase del agotamiento es concurrente con una guerra política intensa, que está dejando de ser la clásica confrontación que se alterna con el consenso. Es la política democrática la que ha empezado a escasear y cede su lugar a una sucesión de reyertas, celadas y operaciones de baja intensidad. La antipolítica peruana se ha superado a sí misma y está dando paso a la contrapolítica; ambas son, al fin y al cabo, formas que asume la política, aunque la última de ellas expone una severa crisis de varios espacios del régimen, ya advertida en el pasado.

A pesar de todo lo señalado, el actual régimen político no adolece de una grave inestabilidad y parece dispuesto a soportar estos remolinos y embistes. Luego de tantas críticas sobre la displicencia de los partidos y de sus líderes para emprender una reforma consistente habría que concluir que para las necesidades de la contrapolítica el régimen no necesita reformarse. Puede funcionar con financiamiento partidario privado elevando a niveles estratosféricos las campañas electorales; con voto preferencial funcional a los intereses privados; con políticos “independientes” fichados para la ocasión; y con caudillos más fuertes que sus partidos, grupos que ganan elecciones pero que no gobiernan.

Una ruptura institucional es una posibilidad muy lejana: más bien el régimen está a punto de ser tomado por dentro y este año se consolidará la confluencia de poderes empresariales, mediáticos y partidarios con ese propósito; lo harán en el contexto de una visible debilidad del poder. La gran debilidad previa a la gran transformación.

Las elecciones regionales y municipales jugarán un rol dinamizador de este proceso; la descentralización terminará de ser copada por un conjunto abigarrado de grupos, fuerzas, tendencias y líderes. En ese cuadro, un elemento básico del nuevo país político, los partidos serán imperceptibles. Esas elecciones serán, sin embargo, una oportunidad para la izquierda local y regional que desde allí podrían reconstruir una presencia nacional que se augura esquiva por las dificultades en la formación de un frente amplio.

La promesa conservadora es casi inevitable en la medida en que sea imposible proyectar un nuevo centro político. El Perú necesita una nueva fe reformista y construir una comunidad nacional, pero parece que ese liderazgo está vacante.

La crisis perfecta

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La República

La mitadmasuno

22 de noviembre 2013

Juan De la Puente

La revelación sobre el ilegal resguardo policial del domicilio de un ex operador montesinista ha generado una crisis política inédita por la audiencia que concita, por la naturaleza de los protagonistas y por las versiones que circulan. Es una crisis perfecta donde el pasado, resucitado o sobreviviente, se abraza con el presente, y donde sobran los datos, nuevos o almacenados, casi en la misma intensidad que los chismes. Es un momento en el que todas las hipótesis parecen ciertas pero los explicadores no son creíbles y donde todos son malos o están a punto de serlo.
Esta no es una situación de todos contra todos sino de todos contra uno; el proceso ha atrapado a un gobierno ya desguarnecido antes del escándalo. El caso ha disparado otros fenómenos de modo que estamos ante varias crisis, un menú de crisis con un plato de fondo que por ahora nadie se atreve a pedir, el adelanto de elecciones o la salida de quien fue elegido democráticamente. La palabra vacancia es rumiada en algunas tiendas de campaña pero aún no ha sido escupida.
El sistema ha soportado el escándalo, lo que desdice la presunta fragilidad de la democracia. Sobre la mesa, más allá de la crisis misma se encuentra lo que ella revela, la existencia de redes, o una red de redes, que recrea la ilegalidad, una suerte de Estado de baja intensidad o de segundo piso que vive del primero, el producto de lo que Carlos  Meléndez llama una “antipolítica montesinista”, que no se queda en la escucha ilegal o la protección policial sino que trafica con todo.
El caso está cercado por una épica hipócrita o por lo menos equivocada, la de los caballeros armados que defienden a las FF.AA. de la Policía o a esta de los militares, que llaman a limpiar las instituciones pervertidas por el Estado de baja intensidad pero que guardan silencio ante la reforma. La corrupción ha llegado a su peor nivel: es un arma arrojadiza entre el gobierno y la oposición.
La última encuesta anticorrupción elaborada por Ipsos por encargo de Proética (agosto, 2013) señala que el 53% cree que la PNP es la institución más corrupta del país, pero nos sorprendemos si el Presidente de la República lo insinúa. ¿Quién debe decirlo? ¿Los porcentajes solo tienen relevancia estadística? ¿Es válido poner el dedo acusador anticorrupción frente a políticos y jueces y no ante policías y militares?
La crisis sigue abierta aunque la ferocidad de los actores haya cedido; no existe un manual de cómo cerrar un período con esa complejidad. Las recetas de gerencia política que circulan como catecismos no consideran la magnitud, el peso de los actores o la correlación de fuerzas. Los tontos creen que nunca falla un golpe de efecto, los más tontos dicen que una noticia mata a otra y los retontos que las crisis se cierran solitas y que solo hay que guardar silencio.
La crisis tiene dos hechos intrínsecos que bloquean la salida; el primero es la inculpación del montesinismo que aparece como un cuerpo vivo e inmutable. Esta visión político/policial simplifica el caso al reducirlo a quién estuvo más ligado a Montesinos y en qué medida sus vástagos han infiltrado el sistema
Este escenario proyectará una larga disputa basada en “nosotros tuvimos/tenemos menos montesinistas”. El segundo hecho que bloquea la salida reside en que nadie hace lo suficiente para superar el momento.
La única respuesta institucional viable es la reforma. Sin embargo, la mayoría de actores se quedan en la investigación; denuncian, interpelan, revelan, atacan, se defienden y se limpian de montesinismo. Gran parte de las actuaciones estridentes son para las galerías.
El gobierno debe tomar un espacio estratégico, huir de la disputa sobre los detalles y abrir un escenario que le permita elaborar un discurso único y una práctica reformista frente a las redes ilegales, llamando a ello a la oposición. Forma parte de ese posicionamiento la salida del gobierno de los protagonistas del escándalo, por acción u omisión, y la rápida designación de una comisión investigadora expresamente nombrada.