Fujimorismo y antifujimorismo juntos

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La República
La mitadmasuno
9 de marzo 2018
Juan De la Puente

En menos tres meses, la ubicación de las fuerzas políticas ha cambiado radicalmente. Hasta antes del primer pedido de vacancia (diciembre 2017) la correlación de fuerzas presentaba tres bloques: 1) Fuerza Popular con la cercana colaboración de Acción Popular y el Apra; 2) el Frente Amplio, Nuevo Perú y los movimientos sociales, practicando con énfasis una política antifujimorista más insistente que su oposición al gobierno; y 3) el Gobierno y su bancada parlamentaria, con la cercana colaboración de Alianza para el Progreso (APP) y los gremios empresariales.

En este escenario de confrontación a tres bandas, los bloques 2 y 3 tenían una menor fuerza política. No obstante, el Gobierno, a pesar de sus cifras a la baja, usaba su capacidad de movimiento en tanto que se beneficiaba de la neutralidad de una parte de los medios de comunicación y del antifujimorismo de otros. Entonces era entendible que las principales tendencias fuesen más confrontación o un pacto entre PPK y el fujimorismo, para rebajar tensiones especialmente luego de la confianza al gabinete Araoz, es decir, mejorar el consenso a palos al que estaban condenados el Ejecutivo y Legislativo.

Luego de la frustrada vacancia y el indulto estamos en una etapa de polarización pura y dura. Después del reestreno del gabinete Araoz, a inicios de enero, hubo un momento en que parecía que el fujimorismo prefería un pacto tácito para preservar la institución de la presidencia, expuesta en la oposición de este grupo a la moción de vacancia anunciada por el Frente Amplio el 7 de enero.

Eso no ha sucedido. La imagen de una moción de vacancia presentada juntos por el fujimorismo y el antifujimorismo hace unas horas encierra varias exclamaciones, victorias y preguntas. La principal sorpresa resume el grado de desaprobación del gobierno y su pérdida de movimiento, y la igualmente asombrosa capacidad del presidente para sumar enemigos o evitar que se le junten. Si el agua y el aceite se han unido es porque ninguna fuerza fue capaz de impedirlo.

La misma moción, incluso si no es votada o no es aprobada, es una victoria de la izquierda, su principal impulsora, una pequeña venganza del Frente Amplio, acusado de plegarse al fujimorismo en diciembre, y de Nuevo Perú, acosado por haberse retirado de la votación. Fuerza Popular, el Apra y Acción Popular ganan menos, pero ganan porque están sacando la crisis del pantano al que había caído las últimas semanas y que lastra las instituciones. Sobre todo, ganan tiempo para intentar una decisión sobre la nueva moción de vacancia, crucial para ellos porque la anterior los había dividido.

Las primeras preguntas son del cuándo y cómo. Hemos ingresado de lleno a una transición que nadie puede poner fecha y adelantar su desenlace. En esa transición ciega se tienen por ahora solo dos opciones, la vacancia misma de la presidencia, y un pacto tácito por la permanencia de PPK en el poder, un pacto que ya no puede ser parlamentario sino por fuera de las instituciones.

Ahora mismo subsiste la duda sobre la decisión de PPK de acudir a la sociedad para desarmar la polarización pura y dura, o si nuevas renuncias en Fuerza Popular o la división de APP desmontarán el choque. Los actores de este drama sin guion no manejan todas las variables y por esa razón se tiene una iniciativa de vacancia con formato de interpelación: veamos que responde PPK y luego decidiremos.

Esta polarización pura y dura subordina, pero no suprime otros procesos paralelos que volverán a emerger con PPK en el poder o fuera de él, lo que hace de la vacancia una oportunidad y no una regularidad. Los procesos anticorrupción, el indulto, la acusación a los miembros del TC y al Fiscal de la Nación, la ley sobre publicidad estatal, la disputa Keiko-Kenji, y las elecciones regionales y municipales, hacen cola para darle contenido a esta transición, y para recordarnos que esta crisis que se asoma larga aun con cambio en la presidencia, se resolverá –si eso cabe- cuando los peruanos acudamos otra vez a las urnas para elegir un nuevo Gobierno y Congreso.

La izquierda y la linea propia

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La República
La mitadmasuno
22 de setiembre de 2017
Juan De la Puente

Un problema de la izquierda desde la segunda vuelta electoral fue que gran parte de sus activistas creían que el gobierno de PPK era suyo, y que el mismo PPK también lo era. No eran los únicos; sucedía lo mismo con los liberales y la amplia facción antifujimorista de la sociedad.

Esta identidad llegó al punto de criticar la actuación de la misma izquierda en otros sectores, como Salud y Educación, que cuestionaban la falta de eficiencia de esos ministerios, o de negarse a discrepar de la actuación censora del ministro de Cultura de exposición Resistencia visual 1992 en el Lugar de la Memoria (LUM), solo porque lo pidió un congresista de Fuerza Popular. Pequeño o grande, el pueblo izquierdista fue un actor decisivo de las dos lunas de miel de las que gozó el Gobierno.

Parece que esto se acabó. La decisión del Frente Amplio y de Nuevo Perú de rehusarse a otorgar el voto de confianza al gabinete Zavala abre una etapa nueva, de afirmación de una línea propia de la izquierda.

Desde su fundación, la izquierda persistió en un curso propio, incluso cuando en los años treinta y cincuenta fue objeto de exclusión del sistema político por las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y Odría. Sus pocos pactos externos, con el Apra (1945) y Fujimori (1990), fueron efímeros, y de esa tradición solo cabe una excepción, la colaboración abierta y poco crítica del PC con el gobierno de Velasco (1968-75).

Aunque todavía se registran cuestionamientos a la votación del Frente Amplio y de Nuevo Perú sobre la cuestión de confianza, ya es evidente que la izquierda se opondrá al mismo tiempo al Gobierno y al fujimorismo. Con ello acaba el escenario hegemonizado por estas dos fuerzas y se abre la posibilidad de recuperar una plataforma plural y con más opciones en liza, y superar el bipartidismo imperfecto que amenaza nuestro sistema, de por sí ya carente de partidos que reflejen el arco de intereses y posiciones.

La clave del juego propio reside en los intereses. Pretender que los grupos que levantaron programas distintos a PPK y Fuerza Popular en la campaña electoral los abandonen para alinearse en una polarización que exhibe brechas visibles en lo económico, político e institucional, equivale a obligarlos a dejar esos programas y los intereses que representan, una renuncia a los compromisos asumidos, igual que los gobiernos que dejan en el camino sus promesas.

Estas brechas son significativas; han sido construidas por el gobierno y Fuerza Popular con el siguiente esquema: 1) el centro de la oposición de Fuerza Popular se encuentra en lo político, con marcado acento en el debilitamiento del Gobierno; 2) al costado y en paralelo, Fuerza Popular colabora en lo económico; y 3) en lo institucional, se cruzan pocas líneas de confrontación y de cooperación, y más de abstención de ambos, patente esencialmente en la omisión de las grandes reformas.

La línea propia es, primero, un desafío interno para la izquierda. Es viable a condición de que se levanten estrategias propias de acumulación y recuperación de la representación social. Implica poner un pie en la sociedad. Allí el agua está fría, la calle está dura, dura de dureza y de severidad. La reciente encuesta de Ipsos indica que el 58% de peruanos no estaba enterado de la presentación de la cuestión de confianza, que el 53% desaprobaba que el pedido fuese presentado, y que la relación entre el voto a favor o en contra de la confianza estaba muy parejo, 50% por el sí y 46% por el no.

Una línea propia no le impedirá a la izquierda participar en las iniciativas de diálogo político convocado por el Gobierno o respaldar elementos cruciales de la política social actualmente en curso. Tampoco necesitará jubilar su antifujimorismo, sino hacerlo también desde abajo, y pactar en el Congreso la aprobación de leyes e iniciativas de control político, bajo el criterio que el voto ciudadano le ha conferido a Fuerza Popular la condición de opositor al Gobierno, en tanto que a los otros grupos que participaron en las elecciones una doble condición opositora, al Gobierno y al Congreso.

La izquierda de todos los derechos

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La República

La mitadmasuno

25 de agosto de 2017

Juan De la Puente

La izquierda se ha empezado a diferenciar en relación a la huelga magisterial, del mismo modo que ocurre en relación a Venezuela. El centro de esta divergencia no reside en las demandas salariales, legítimas en los maestros, sino esencialmente sobre la evaluación magisterial.

Un importante sector de la izquierda se hace eco de la demanda de la dirigencia de la huelga que intenta relativizar la evaluación con la consigna conocida de que el profesor que no pasa las evaluaciones y no responde a las capacitaciones no debe ser retirado del magisterio. Desde una visión que no trasciende de la defensa de los derechos laborales, este sector privilegia el salario y la estabilidad.

He leído, sin embargo, el comunicado del Comité Impulsor de Nuevo Perú y que incluye a su bancada parlamentaria, y he encontrado el germen de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la educación pública.

Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas, políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y sorprendente afinidad con el sindicalismo. En los ciudadanos, según la encuesta reciente de Ipsos, es muy patente el equilibrio salario/calidad, por lo que no sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.

La apuesta populista que presenta dos caras –salario sí, evaluación no; o calidad sí con bajos salarios– no se advierte en los ciudadanos. Al contrario, premunidos de un amplio conocimiento del tema (más del 90% está informado sobre la huelga y sus demandas) se aprecian sólidos porcentajes que indican que los peruanos creen que los maestros reclaman por convicción (69%); que están de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas (67%); que están en contra de que las huelgas incluyan ataques a los locales públicos y privados (93%); que no se les impida trabajar a los que quieran hacerlo (76%); y que a los huelguistas se les debe descontar los días que no trabajan (70%).

No podría decirse que esta opinión pública ha sido formada a propósito de esta huelga y que estas percepciones expresan el triunfo de alguno de los bandos que se radicalizan en uno y otro sentido. Se trata de una percepción premunida de un entendimiento más inclusivo de los derechos y más responsable que las vanguardias sindicales, políticas y mediáticas.

La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de derechos, recusando e ignorando los otros. Así, se demanda derechos sociales pero se relativizan los derechos políticos; se reclama el derecho a la propiedad violentando los derechos ambientales; se exige la protección de la libertad de empresa pero se ataca el derecho de propiedad de los pueblos originarios; o se reclama el derecho a producir y transformar bienes para la venta, pero se desconocen los derechos de los consumidores.

En estas semanas hemos visto una versión mayoritaria de la izquierda que insiste en la reconocida legitimidad del salario pero que subestima, más allá del discurso, el derecho de los escolares a una educación de calidad. Este desfase tiene su origen en una deficiente asimilación del enfoque de derechos que presume que en la hipótesis de un conflicto entre derechos –que existe y al que no habría que temerle– se precisa de una adecuada ponderación, un estándar que tiene décadas de existencia como formas de asignación de bienestar en base al interés público, la ponderación de las necesidades insatisfechas, la proporcionalidad de las capacidades del Estado y el pacto social entre los trabajadores y el Estado.