Incendio en la torre

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La República

La mitadmasuno

18 de noviembre de 2016

Juan De la Puente

El reciente incendio en el Centro Comercial Larcomar nos introduce al problema de la regulación y supervisión en la prestación de los servicios públicos y la actividad social. Una nube de acusaciones cruzadas confirman por lo menos dos elementos de un drama que provoca desde hace tiempo catástrofes que pueden ser evitadas: 1) la dinámica surrealista establecida entre la sobrerregulación y desregulación de los servicios públicos, una feroz guerra que se libra entre la burocracia y los privados; y 2) las enmarañadas funciones que amarran al Estado y cuyo principal efecto es que todos huyan de sus responsabilidades.

Larcomar, como antes Mesa Redonda (2001), Utopía (2002), o el Centro de Rehabilitación Cristo es Amor (2012), revela que nos encontramos en el foso de la crisis de la regulación de los servicios públicos y que el incendio se origina en la torre, en una disfunción que noes nueva.

Es cierto que nuestros servicios públicos y la actividad social, prestados por el Estado y por empresas privadas, no se asientan en las teorías extremas que consideran toda regulación como una obstrucción del mercado, y que a ello se debe la vigencia de instituciones reguladoras en varios sectores, aunque desplegados en una tipología rocambolesca donde conviven organismos reguladores, superintendencias, entes rectores y tribunales administrativos.

Esta vigencia es limitada y carece de eficacia fiscalizadora esencialmente a causa de la enorme presión de los regulados y el desorden estatal. Los dramas que atraviesan, por citar casos, dos organismos creados como respuesta a las demandas sociales relativamente “recientes” –el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud)– son reveladores de esa institucionalidad incompleta y atrapada entre la falta de voluntad y la práctica cotidiana que revela que es suficiente la relación bilateral entre el que ofrece y el que compra.

OEFA, creada el 2008, tiene entre sus funciones el monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna); y SUSALUD, creada el 2013, tiene el encargo de proteger el derecho a la salud de los peruanos ante las instituciones prestadoras de este servicio. Ambas se encuentran atenazadas, la primera más por fuera y la segunda más por dentro, en tanto se acrecientan y agregan reclamos sociales explosivos que terminan siendo abordados y negociados por el gobierno central.

Es más, la revisión de las normas sobre las funciones de fiscalización de ambas instituciones y la normativa que ellas producen indican que a pesar de esa debilidad, o quizás a causa de ella, la sobrerregulación dirigida a los fiscalizados es ciertamente asfixiante.

En Larcomar, el primer centro comercial de la Lima moderna, estamos descubriendo que casi todo falló aunque entre ese “todo” se filtra un hecho grave: la conversión de las licencias de Defensa Civil en indefinidas bajo ciertas condiciones, como una respuesta del mercado a otro hecho igualmente cierto, el procedimiento burocrático y en algunos casos mafioso de renovación de dichas licencias.

Esa urgente recuperar el valor de la regulación y de la supervisión pública. En esa línea, el pasado 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo dio inicio a una política de supervisión permanente de los servicios públicos, empezando por el sector Salud. Ese día intervino 14 hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), con un resultado que refleja el abandono del Estado que se transforma en una grave carencia del derecho humano a la salud.

El hecho no tendría más que la trascendencia del inicio de una saludable política de la Defensoría si no se hiciera contra la opinión de varias instituciones y medios que saben que esta supervisión llegará en algún momento a las clínicas privadas, y que para evitarlo ensayan el argumento de que la protección de la salud de los peruanos no debe extenderse a los proveedores privados y reducirse solo a los estatales.

#TíaMaría, los mínimos y los máximos

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La República

La mitadmasuno

22 de mayo de 2015

Juan De la Puente

Como antes en Conga (2011/2012) pero con mayor intensidad, el conflicto de #TíaMaría revela los límites de los discursos tradicionales, reducidos al mínimo efecto, y la autonomía de la práctica. En poco menos de un mes, los hechos han reemplazado a los alegatos y han debilitado algunas claves que organizaban el debate público, es decir, sistema/antisistema, centralismo/regiones y mineros/antimineros.

Ha perdido sentido el argumento y adquieren fuerza la violencia cruenta y las estrategias de las partes, sin necesitar de los discursos. En dos meses hemos consumido imágenes y símbolos contundentes. No hay argumento frente a un paro de 60 días, la muerte de dos civiles y de un policía con el cráneo destrozado, el agricultor al que la policía “sembró” una prueba, las batallas entre la autoridad y el hombre de la calle como iguales, la voz de Julio Gutiérrez vendiendo a sus discípulos y la mujer a la que raparon por desafiar a los huelguistas.

A este límite de los discursos se debe a que ya se consumieran 7 de los 60 días de la pausa anunciada  por Southern, el 10% del tiempo, sin que se dibuje una ruta que lleve a alguna parte. La anunciada pausa concierne a un proyecto que no ha empezado, en tanto no se ha suspendido el paro, las estrategias en pugna, los insultos y la confusión. Lo cierto es que se ha suspendido la palabra y luego casi nada; quizás también hemos suspendido el miedo, que no es mucho pero no es poco.

El primer discurso en desuso es el que sostiene que gran parte de la culpa la lleva el Estado, sin asumir ninguna propia. Siendo cierto, es un argumento facilón y básico, que no puede evitar que se aprecie que las claves están, más allá del gobierno, policías, militares, fiscales y jueces, en las estrategias que no han sido alteradas.

El discurso del diálogo como forma de acercamiento de las diferencias también ha fracasado, no tanto por la desconfianza como por la precaria representación de los actores y la ausencia de posiciones (otra vez los argumentos). En #TíaMaría hay 4 actores (la empresa, la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno regional) pero sobre la mesa solo existen dos puntos de vista redondos y cerrados.

El argumento de los políticos también presenta límites. Dicen que este conflicto debe resolverse desde la política ¡qué bacán! y sin embargo sus líderes carecen de discursos desde ese ángulo, al punto en que deben plegarse a los símbolos existentes. La mayoría de partidos y líderes, especialmente el Apra, el fujimorismo y la izquierda, muestran dificultades para escaparse de los libretos de las estrategias mediáticas que marcan la pauta para lo que fuese, tanto para la creación de un consenso a favor del Estado de Emergencia como para el pedido de suspensión del proyecto, un cambio de demanda operado en solo 48 horas.

No es justo que no sepamos qué hacer con el orden, el desorden o la pausa. Es demasiado. No habrá salida a este conflicto mientras no se recuperen los argumentos desde una perspectiva nueva y creíble. Sin esa nueva politización en el sentido más creador de la palabra, y muerta la visión plana de las cosas y su remedio casero tipo principio de autoridad sin principio de justicia, la suspensión de 60 días será seguida de otros 60, una aritmética liberadora que llevará el problema a un nuevo gobierno que tendrá que vérselas con el mismo pueblo.

Finalmente, debemos estar atentos a la autonomía de los proyectos y a cómo han superado sus marcas tradicionales. Por ejemplo, este es el momento estelar del anti-extractivismo, uno de los ejes seguros de la campaña electoral, forzando la definición de los candidatos. No perdamos de vista que #TíaMaría ha dividido al país pero ha unido al sur.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo se ha reencontrado luego de la pérdida del consenso alrededor del crecimiento económico, asomando con fuerza su clásica campaña de estigmatización de los adversarios. A su factura se debe la guerrilla urbano/digital de las últimas semanas que los partidarios del proyecto minero parece que han ganado.

No hay preso bueno

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-hay-preso-bueno-03-07-2012

La República

La mitadmasuno

3 de julio de 2012

Juan De la Puente

El coronel PNP Tomás Garay ha sido repuesto por el mando policial en su cargo de director del penal de Lurigancho. Ha regresado en olor de multitud anunciando con firmeza que su política penitenciaria continuará, corte de pelo obligatorio incluido, proclamando que él ha acabado con el mito de la ingobernabilidad del penal más peligroso del Perú.

Es probable que yo forme parte de un minoritario grupo que considera que la separación de Garay fue correcta y que es un error reponerlo. También creo que el mando policial y el Ministerio del Interior acaban de derribar el proyecto de reforma penitenciaria que el equipo dirigente del Inpe estaba ejecutando con humildad, conocimiento y sin populismo.

Garay, con su efectismo y populismo es ahora Presidente moral del Inpe, institución rectora en materia penitenciaria que por escasez de recursos y de personal desde hace varios años no está a cargo de algunas prisiones, las mismas que sí están a cargo de la policía. Sin embargo, el Inpe es el ente rector de la política penitenciaria y en su momento criticó la decisión de Garay de rapar a los 8 mil presos de Lurigancho por medidas de seguridad.

Los argumentos del Inpe y antes de la Defensoría del Pueblo son justos, legales y correctos. Afirman que rapar a los reclusos como medida forzada no es legal, objetiva, razonable y proporcional, porque no han perdido, como nadie, todos sus derechos y que los seres humanos no pueden ser tratados como cosas o instrumentos. Esta visión está amparada en el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654 del julio de 1991), según el cual el recluso no es una persona eliminada de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella, como miembro activo; que el régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por la condena; y que el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva.

Garay representa el populismo en materia de seguridad ciudadana, como en un momento lo fue el coronel PNP Elidio Espinoza, acusado de dirigir un escuadrón de la muerte en Trujillo, luego absuelto y ahora político estrenado. Para Garay, el problema de las prisiones es la gobernabilidad, pero para la ley y para la justicia es la reinserción de los sentenciados y la retención de los inculpados sin sentencia, la mayoría entre todos los reclusos. Garay no es Espinoza, pero el sentimiento ciudadano que lo apoya es el mismo o muy parecido. Ese sentimiento asume que un recluso carece de derechos, no tiene voluntad y su existencia es totalmente interdicta a merced de sus carceleros. Desde esa visión claman por la extrema severidad en las cárceles debido a que todo preso es un marginal, indeseable, menos humano y que solo sirve para el trabajo o para el exterminio.