La República
La mitadmasuno
3 de julio de 2012
Juan De la Puente
El coronel PNP Tomás Garay ha sido repuesto por el mando policial en su cargo de director del penal de Lurigancho. Ha regresado en olor de multitud anunciando con firmeza que su política penitenciaria continuará, corte de pelo obligatorio incluido, proclamando que él ha acabado con el mito de la ingobernabilidad del penal más peligroso del Perú.
Es probable que yo forme parte de un minoritario grupo que considera que la separación de Garay fue correcta y que es un error reponerlo. También creo que el mando policial y el Ministerio del Interior acaban de derribar el proyecto de reforma penitenciaria que el equipo dirigente del Inpe estaba ejecutando con humildad, conocimiento y sin populismo.
Garay, con su efectismo y populismo es ahora Presidente moral del Inpe, institución rectora en materia penitenciaria que por escasez de recursos y de personal desde hace varios años no está a cargo de algunas prisiones, las mismas que sí están a cargo de la policía. Sin embargo, el Inpe es el ente rector de la política penitenciaria y en su momento criticó la decisión de Garay de rapar a los 8 mil presos de Lurigancho por medidas de seguridad.
Los argumentos del Inpe y antes de la Defensoría del Pueblo son justos, legales y correctos. Afirman que rapar a los reclusos como medida forzada no es legal, objetiva, razonable y proporcional, porque no han perdido, como nadie, todos sus derechos y que los seres humanos no pueden ser tratados como cosas o instrumentos. Esta visión está amparada en el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654 del julio de 1991), según el cual el recluso no es una persona eliminada de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella, como miembro activo; que el régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por la condena; y que el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva.
Garay representa el populismo en materia de seguridad ciudadana, como en un momento lo fue el coronel PNP Elidio Espinoza, acusado de dirigir un escuadrón de la muerte en Trujillo, luego absuelto y ahora político estrenado. Para Garay, el problema de las prisiones es la gobernabilidad, pero para la ley y para la justicia es la reinserción de los sentenciados y la retención de los inculpados sin sentencia, la mayoría entre todos los reclusos. Garay no es Espinoza, pero el sentimiento ciudadano que lo apoya es el mismo o muy parecido. Ese sentimiento asume que un recluso carece de derechos, no tiene voluntad y su existencia es totalmente interdicta a merced de sus carceleros. Desde esa visión claman por la extrema severidad en las cárceles debido a que todo preso es un marginal, indeseable, menos humano y que solo sirve para el trabajo o para el exterminio.
Si fuese un interno de cualquier penal, no me gustaría ser rapado, ni para ser distinguido de las vistas, ni por aseo, ni por nada. Tampoco me gustaría reformarme en una de las prisiones más peligrosas del mundo (El Penal de San Juan de Lurigancho lo es), ni vivir hacinado en celdas sucias (si tengo dinero para costearme alguna), o tener que pagar por mi seguridad personal (de los otros internos), y menos aún estar internado mientras el Poder Judicial te toma su tiempo para emitir una sentencia. Pero el Penal de San Juan de Lurigancho y sus características particulares, es una realidad, al igual que la lentitud de nuestro Poder Judicial. En esas “especiales” circunstancias ser nombrado Director del Penal, no resulta un cargo muy apreciable, para la carrera de cualquier policía.
ResponderEliminarCuando el Coronel PNP Garay manifiesta que “el problema de las prisiones es la gobernabilidad”, no está diciendo nada nuevo, solo expresa las complicaciones del cargo que el Estado le encomendó. Me pregunto, si “para la ley y para la justicia [el problema] es la reinserción de los sentenciados y la retención de los inculpados sin sentencia”, porque sigue hacinando las cárceles haciendo inviable la convivencia, porque mantiene procesos judiciales lentos exponiendo a los procesados a vivir de internos en penales como San juan de Lurigancho, porque el personal del INPE es tan reducido en las cárceles.
Si fuese interno del Penal de San Juan de Lurigancho, no me interesaría que me raparan el pelo si con ello se establece que la autoridad en el Penal es la de la Policía y no los presos más avezados, no me interesaría marchar antes de pasar los alimentos si así puedo pasar mis alimentos en seguridad y gratis, no me molestaría que revisen seguido mi celda si con ello le requisan a mis “compañeros” sus verduguillos y pistolas, y así podría estar dispuesto a muchas privaciones más. Nuestros penales y en especial San Juan de Lurigancho distan mucho de ser los penales que vemos en las películas americanas.
Así, visto desde otros ángulos, el Coronel PNP Garay no es más que una pequeña pieza en la precaria situación penitenciaria. La Defensoría del Pueblo que se expresó abiertamente sobre la disposición de rapar al pelo a los internos, debería también expresarse firmemente sobre la peligrosa situación los internos sin sentencia. Claro, una cosa es levantar la voz contra el Coronel PNP Garay y otra contra el Poder Judicial.
Atentamente
César Cueva García