La República
La mitadmasuno
3 de julio de 2012
Juan De la Puente
El coronel PNP Tomás Garay ha sido repuesto por el mando policial en su cargo de director del penal de Lurigancho. Ha regresado en olor de multitud anunciando con firmeza que su política penitenciaria continuará, corte de pelo obligatorio incluido, proclamando que él ha acabado con el mito de la ingobernabilidad del penal más peligroso del Perú.
Es probable que yo forme parte de un minoritario grupo que considera que la separación de Garay fue correcta y que es un error reponerlo. También creo que el mando policial y el Ministerio del Interior acaban de derribar el proyecto de reforma penitenciaria que el equipo dirigente del Inpe estaba ejecutando con humildad, conocimiento y sin populismo.
Garay, con su efectismo y populismo es ahora Presidente moral del Inpe, institución rectora en materia penitenciaria que por escasez de recursos y de personal desde hace varios años no está a cargo de algunas prisiones, las mismas que sí están a cargo de la policía. Sin embargo, el Inpe es el ente rector de la política penitenciaria y en su momento criticó la decisión de Garay de rapar a los 8 mil presos de Lurigancho por medidas de seguridad.
Los argumentos del Inpe y antes de la Defensoría del Pueblo son justos, legales y correctos. Afirman que rapar a los reclusos como medida forzada no es legal, objetiva, razonable y proporcional, porque no han perdido, como nadie, todos sus derechos y que los seres humanos no pueden ser tratados como cosas o instrumentos. Esta visión está amparada en el Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo N° 654 del julio de 1991), según el cual el recluso no es una persona eliminada de la sociedad, sino que continúa formando parte de ella, como miembro activo; que el régimen penitenciario se desarrolla respetando los derechos del interno no afectados por la condena; y que el interno goza de los mismos derechos que el ciudadano en libertad sin más limitaciones que las impuestas por la ley y la sentencia respectiva.
Garay representa el populismo en materia de seguridad ciudadana, como en un momento lo fue el coronel PNP Elidio Espinoza, acusado de dirigir un escuadrón de la muerte en Trujillo, luego absuelto y ahora político estrenado. Para Garay, el problema de las prisiones es la gobernabilidad, pero para la ley y para la justicia es la reinserción de los sentenciados y la retención de los inculpados sin sentencia, la mayoría entre todos los reclusos. Garay no es Espinoza, pero el sentimiento ciudadano que lo apoya es el mismo o muy parecido. Ese sentimiento asume que un recluso carece de derechos, no tiene voluntad y su existencia es totalmente interdicta a merced de sus carceleros. Desde esa visión claman por la extrema severidad en las cárceles debido a que todo preso es un marginal, indeseable, menos humano y que solo sirve para el trabajo o para el exterminio.
