La República
La mitadmasuno
18 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
El reciente incendio en el Centro Comercial Larcomar nos introduce al problema de la regulación y supervisión en la prestación de los servicios públicos y la actividad social. Una nube de acusaciones cruzadas confirman por lo menos dos elementos de un drama que provoca desde hace tiempo catástrofes que pueden ser evitadas: 1) la dinámica surrealista establecida entre la sobrerregulación y desregulación de los servicios públicos, una feroz guerra que se libra entre la burocracia y los privados; y 2) las enmarañadas funciones que amarran al Estado y cuyo principal efecto es que todos huyan de sus responsabilidades.
Larcomar, como antes Mesa Redonda (2001), Utopía (2002), o el Centro de Rehabilitación Cristo es Amor (2012), revela que nos encontramos en el foso de la crisis de la regulación de los servicios públicos y que el incendio se origina en la torre, en una disfunción que noes nueva.
Es cierto que nuestros servicios públicos y la actividad social, prestados por el Estado y por empresas privadas, no se asientan en las teorías extremas que consideran toda regulación como una obstrucción del mercado, y que a ello se debe la vigencia de instituciones reguladoras en varios sectores, aunque desplegados en una tipología rocambolesca donde conviven organismos reguladores, superintendencias, entes rectores y tribunales administrativos.
Esta vigencia es limitada y carece de eficacia fiscalizadora esencialmente a causa de la enorme presión de los regulados y el desorden estatal. Los dramas que atraviesan, por citar casos, dos organismos creados como respuesta a las demandas sociales relativamente “recientes” –el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud)– son reveladores de esa institucionalidad incompleta y atrapada entre la falta de voluntad y la práctica cotidiana que revela que es suficiente la relación bilateral entre el que ofrece y el que compra.
OEFA, creada el 2008, tiene entre sus funciones el monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna); y SUSALUD, creada el 2013, tiene el encargo de proteger el derecho a la salud de los peruanos ante las instituciones prestadoras de este servicio. Ambas se encuentran atenazadas, la primera más por fuera y la segunda más por dentro, en tanto se acrecientan y agregan reclamos sociales explosivos que terminan siendo abordados y negociados por el gobierno central.
Es más, la revisión de las normas sobre las funciones de fiscalización de ambas instituciones y la normativa que ellas producen indican que a pesar de esa debilidad, o quizás a causa de ella, la sobrerregulación dirigida a los fiscalizados es ciertamente asfixiante.
En Larcomar, el primer centro comercial de la Lima moderna, estamos descubriendo que casi todo falló aunque entre ese “todo” se filtra un hecho grave: la conversión de las licencias de Defensa Civil en indefinidas bajo ciertas condiciones, como una respuesta del mercado a otro hecho igualmente cierto, el procedimiento burocrático y en algunos casos mafioso de renovación de dichas licencias.
Esa urgente recuperar el valor de la regulación y de la supervisión pública. En esa línea, el pasado 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo dio inicio a una política de supervisión permanente de los servicios públicos, empezando por el sector Salud. Ese día intervino 14 hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), con un resultado que refleja el abandono del Estado que se transforma en una grave carencia del derecho humano a la salud.
El hecho no tendría más que la trascendencia del inicio de una saludable política de la Defensoría si no se hiciera contra la opinión de varias instituciones y medios que saben que esta supervisión llegará en algún momento a las clínicas privadas, y que para evitarlo ensayan el argumento de que la protección de la salud de los peruanos no debe extenderse a los proveedores privados y reducirse solo a los estatales.
