¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas

La República

La mitadmasuno

10 de julio de 2015

Juan De la Puente

Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.

El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).

Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.

En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.

Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.

Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.

Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.

Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 

Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

Yo te mato tú me matas

http://www.larepublica.pe/politica/163-yo-te-mato-tu-me-matas
La República

La mitadmasuno

8 de mayo de 2015

Juan De la Puente

La mayoría de los grandes conflictos sociales de la última década, salvo los cocaleros, acabaron en episodios de capitulación del Estado, desde el “Arequipazo” (2002), hasta los recientes de Pichanaki, Andahuaylas y La Convención este año, pasando por Cerro Quillish (2004), Combayo (2006), el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009) y Conga (2012), entre otros.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.

Reconga o la nueva guerra

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/reconga-o-la-nueva-guerra-26-04-2012

La mitadmasuno

La República

26 de abril 2012

Juan De la Puente

El reciente mensaje presidencial reconoce que las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga son política y técnicamente válidas, desvirtuando el eje de la crítica a los opositores al EIA, calificados en el discurso oficial reciente como politizados, desinformados y escasos de dominio técnico. El nuevo punto de vista, sin embargo, es poco nuevo; luce como un remake o un triunfo póstumo del gabinete Lerner precursor de los cambios al EIA. De paso, pone en evidencia el poco rigor técnico del ejército de especialistas defensores del dicho estudio. Resulta, de acuerdo al consenso actual, que la politización viene de otro lado.

La caída de la visión técnica de una de las partes es, una vez más, el revés del discurso supuestamente experimentado que el Estado asume irreflexivamente en la mayoría de conflictos, una constante que habría que tenerla como lección. Algo similar sucedió en otros conflictos de larga duración como el de Arequipa (2002), Bagua (2009) y las demandas del sur sobre el Lote 88 (2010-2011).

Las decisiones comunicadas por el Presidente obligan a cambios en el EIA y dan curso a un nuevo diálogo que responda a nuevas interrogantes: si la empresa asumirá las nuevas condiciones, si el gobierno regional las aceptará o planteará otras propias, y si los movimientos sociales de Cajamarca estarán unidos en el rechazo o en la aceptación de esto que puede tomar la forma de un Conga II o Reconga.

En este nuevo momento, el escenario de inicio es menos polarizado. Los aliados del proyecto tendrán mayor legitimidad si cabalgan con las nuevas condiciones. El gobierno regional está en condiciones de generar una mayoría arrancando más decisiones a la empresa y al gobierno; para ello debería adoptar una posición respecto al “Conga no va” y adecuar a esa perspectiva su relación con los movimientos sociales. Es una clave compleja porque obliga a la región a ejercer su liderazgo, comprendiendo que en esta nueva etapa el “Conga va” ha naufragado pero que el “Conga no va” también ha sido tocado.

Es probable que el gobierno acometa con decisión el diálogo para arrancar un acuerdo rápido, aunque aparecen presiones que pugnan por desenlaces por fuera del discurso presidencial. De un lado, se ataca la postura del Jefe de Estado y se defiende, exclusivamente, el EIA y el peritaje y, por el otro, se demanda que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto. No nos engañemos, no solo habrá diálogo; en la agenda hay una propuesta de consulta previa, un paro regional y quizás una huelga indefinida; también la presión mediática de la empresa, de la prensa y los líderes de opinión impacientes por derrotar al ambientalismo, hostigando a Gregorio Santos y al mismo Ollanta Humala. En ese contexto, será crucial para el gobierno mantener el mismo discurso con coherencia y no dejar que se vuelva a instalar en Cajamarca una lógica de guerra.

Los nuevos caucheros

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-nuevos-caucheros-22-03-2012
La República
La Mitadmasuno
22 de marzo de 2012
Juan De la Puente
El gobierno hace bien en combatir la minería ilegal que asola Madre de Dios. No obstante, su principal problema se llama colonización, es decir, el modelo anárquico y depredador del territorio amazónico que dura casi lo mismo que la República y que significa la agresión de las comunidades nativas, la incontrolable explotación de recursos naturales y la destrucción de la biodiversidad. Si hay un pedazo de patria que confiesa el fracaso de un Estado que quiso ser protagónico, es la Amazonía.

En algún momento aciago, el discurso oficial se nutrió de una falacia: que la Amazonía es un espacio rico y vacío que hay que conquistar, explotar y llenar de gente “superior”. Por ejemplo, el DS colonizador de 1863 pretendía impulsar la explotación de las “fértiles llanuras que riega el Amazonas”, y la ley de 1889, que entregó centenares de miles de hectáreas del río Perené a la Peruvian Corporation, estableció que los colonos de la zona deberían ser de “raza europea”.

Antes que de la minería ilegal, Madre de Dios fue víctima del modelo de colonización que ya se había ensañado con otras partes de la Amazonía. Entre 1940 y 1972 su población creció 0,0%, es decir, fue un departamento expulsor de personas; pero entre 1981 y 1993 esta situación es radicalmente alterada; su tasa de crecimiento intercensal es la más alta, de 5,7% anual, cuando la tasa nacional era de 2%; y entre 1993 y 2007 Madre de Dios crece como ningún otro departamento, a una tasa de 3,5% anual, mientras la tasa nacional era de 1,7%. En 14 años, su población aumentó 64%, jalonada por la madera y el oro.

El Estado se interesó más en la ocupación del territorio que en la intensidad de su presencia, incluyendo la reguladora y promotora del mercado. Dejó que la sociedad amazónica se forme a imagen y semejanza de coyunturas internacionales. Al caucho le siguieron el petróleo, la madera, la coca y el oro. Esta apreciación no cuestiona la articulación de la economía a los mercados internacionales sino la presencia intermitente del Estado, la ausencia de políticas de aprovechamiento sostenible de los recursos en las etapas de auge y la diversificación de la economía para impedir que la caída de precios aniquile las economías regionales. Ya el informe de Desarrollo Humano del PNUD 2009 (“Por una Densidad del Estado al servicio de la gente”) se preguntaba: ¿Quién es el responsable de esta armonía entre la gente y su asentamiento? ¿Quién norma y organiza la convivencia de una colectividad en su territorio? ¿Quién provee, promueve o regula esas condiciones básicas para que la población se sienta integrada y productiva? No hay duda que es el Estado.

El minero ilegal es el tipo más despiadado de colono, es el cauchero del siglo XXI. Dudo que pueda ser vencido si el Estado que hoy lo combate no pone fin, al mismo tiempo, al modelo igualmente despiadado de colonización.

Promineros y antimineros

La República
La mitadmasuno
8 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/promineros-y-antimineros-08-12-2011

La presencia de una comisión de ministros en Cajamarca y la apertura de un saludable diálogo que el Estado de Emergencia ha interrumpido ha permitido apreciar expresiones menos dicotómicas que aquella que divide a los cajamarquinos entre promineros y antimineros. Desde Lima se “redescubre” una región más plural y colorida, una realidad que el Estado, las empresas y, sobre todo, la prensa se habían empeñado en simplificar en la palabra y en la acción.
Esta certeza, limeña y tardía, siempre es nueva. Podría ser la superación de una percepción histórica instintiva que se resiste a reconocer los matices por razones culturales, aunque la simplicidad es también una forma de interpretación esquemática y fantasiosa de lo ya conocido y, por tanto, a veces una forma de negación de la realidad.
Al rasgarse la dicotomía limeña se puede comprobar expresiones sociales y liderazgos más variados. Se aprecia, por ejemplo, la reducción del espacio de quienes postulan un no definitivo al proyecto Conga. Los partidarios acríticos de Yanacocha y de la inversión minera también ralean. Aparece, más bien, una sociedad tenazmente enfrentada al Estado deudor de su bienestar, crítica de la actividad minera depredadora, incumplida y soberbia y, sobre todo, hastiada de la política y sus instituciones.
No parece existir en Cajamarca un pueblo secuestrado por el ambientalismo duro ni comprado por la empresa minera. Hay radicales, claro, de uno y otro lado. Ante todo, sin embargo, existe un pueblo desconfiado, pobre y crecientemente preocupado por los recursos naturales. Frente a esa sociedad, el principal obligado es el Estado, y en todo sentido: protección de sus recursos, regulación, servicios básicos y orden público. Por algunas expresiones daría la impresión de que en estos días el único deber del Estado con Cajamarca es el deber de policía.
En este panorama, la división minería vs antiminería es deficitaria y de ella peca el reciente artículo de Iván Mendoza (Cajamarca: ¿bastión antiminero? Noticias Ser.pe). Increíblemente, el autor ajusta un conflicto actual al resultado de las elecciones, como si la minería hubiese sido el centro de las elecciones regionales y generales. Al “hacer hablar” a los votos fabrica una región antiminera minoritaria basada en sumas y restas.
Por suerte el asunto es menos dual y socialmente más rico. Por ello, el diálogo con Cajamarca y en Cajamarca no debe ser abandonado. Si hay una nueva estrategia de conflictos en el gobierno, esta no debería cometer los errores del pasado, es decir, el abandono de las poblaciones demandantes una vez apagadas las llamas del incendio. Esa estrategia también pasa por el fortalecimiento de los liderazgos locales y regionales y el debate abierto con ellos, sin exclusiones. En Cajamarca no hay otra opción que el diálogo.

Conga: el baile no ha terminado

La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/conga-el-baile-no-ha-terminado-01-12-2011

La suspensión de operaciones del proyecto minero Conga es el desenlace de varios errores y ausencias. En la perspectiva inmediata, proyecta una innecesaria debilidad del gobierno, un desgaste del papel arbitral del Presidente y una indeseable fragilidad del equilibrio de fuerzas que el mismo Ollanta Humala fundó acertadamente hace pocos meses.
La conclusión más importante de este episodio quizás sea que el juego de grandes actores públicos al que se había reducido la política los últimos años ha encontrado un límite: la calle. La falta de Estado y partidos, de interlocución y diálogo, y legitimidad y confianza, agranda las brechas detectadas, especialmente las políticas y territoriales.
La sociedad, en esta ocasión Cajamarca, encara y resuelve a su manera los conflictos que los actores abordan con un esquema cuestionado desde el Arequipazo del 2002, pasando por Tambogrande (2003), Kilish (2004), Combayo (2006), Majaz (2006) Bagua (2009), Tía María (2011) y Santa Ana (2011). Mientras la academia debate, Conga legitima con cargo a inventario un modelo violento de solución parcial de conflictos, una inclusión a palos.
Lo sucedido también limita el horizonte de la concertación y acota la capacidad del gobierno para producir cambios arrancando concesiones a los extremos. Conga interroga al proceso político con dos paradojas: ¿cuánto se puede cambiar sin cambiar? ¿Es más viable la concertación para no cambiar que para cambiar?
El principal error del gobierno en el caso Conga fue presidencializar el conflicto. La sentencia ¡Conga va! fue celebrada desde un lado del escenario pero desafiado desde el otro, paralizando el diálogo, polarizando la discusión y empoderando en Cajamarca a los partidarios de la confrontación. En este cuadro se registra otra paradoja, aunque esta no es tan nueva: tenemos gobierno pero no partido de gobierno. Fue muy escasa la defensa pública de la posición gubernamental.
Los errores de la empresa son memorables. En lugar de persuadir a la población ubicada en el ámbito de ejecución del proyecto crearon su propio pueblo, obtuvieron su pedazo de calle y tentaron su legitimidad frente a la legitimidad de los otros. Deberían evaluar ahora que la táctica de minería vs antiminería, en una etapa de crecimiento del ambientalismo, es una invitación al fracaso.
Con la suspensión del proyecto, el baile no ha terminado. En el pasado, todos los conflictos debilitaron la autoridad nacional y regional y esta no parece ser la excepción. En Cajamarca se han fortalecido los liderazgos maximalistas. Quizás sea la oportunidad de intentar un consenso nacional sobre nuevas reglas de juego de las actividades extractivas. Como en otros casos este es un problema de orden en el sentido de estructura y no de fuerza y la solución pasa por el Estado y por el diálogo.

Puno, el polvorín

La mitadmasuno
La República
26de mayo 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/26-05-2011/puno-el-polvorin

Puno es un polvorín. Lo es desde hace años y de esa dimensión dio cuenta hace poco un texto interesante, Poder y cambio en las regiones (IEP-PNUD, Lima 2009), que señalaba tres fenómenos: 1) que la región carece de proyecto de desarrollo, una ausencia que es reemplazada por políticas de identidad; 2) que experimenta una fragmentación social con presencia significativa de actores informales e ilegales; y 3) que la formación de representaciones se registra en base a personalidades sin conexión, cuya competencia no tiene límites y que con frecuencia usan la movilización violenta, la denuncia judicial  y la destitución por la fuerza como vía de solución de las controversias.
En ese contexto se ha desatado el conflicto de estos días. A lo señalado suman un presidente regional elegido por su discurso contra las concesiones mineras que se cambia de camiseta; un Estado que decide licencias sin considerar la opinión de los ciudadanos; un Ministerio de Energía y Minas tomado por los intereses empresariales; y un programa de lucha maximalista.
Por otro lado, si se revisa algunas cifras se puede concluir en que algo serio está pasando allí que no es responsabilidad exclusiva de quienes protestan. Según la Oficina de DDHH y Medio Ambiente de Puno, hasta el año 2010 se recibieron 1.656 solicitudes de concesiones mineras para esa región, muchas resueltas sin la opinión de la comunidad. Luego, hasta agosto del 2010 existían 256 pasivos ambientales librados a su suerte y, según los reportes de la Defensoría del Pueblo, motivo de casi todos los conflictos sociales. Es increíble, pero solo en la provincia de Carabaya se acumularon 80 de estos pasivos. A este cuadro de Estado ineficaz, el gobierno agregó el 2007 otro elemento: el Decreto Supremo 083-EM, para permitir que una empresa minera extranjera adquiera siete derechos mineros en la provincia de Chucuito.
Puno también sufre de malos gobernantes regionales y locales. Los ingresos por canon minero para sus 13 provincias y 96 distritos fueron entre 2007 y 2010 más de 560 millones, ejecutados en una buena proporción tarde, mal o nunca. A inicios de mayo se daba cuenta por el MEF que el avance de ejecución del presupuesto regional de este año era del 8,5%. Lo que falta con urgencia en Puno es diálogo, pero sobre todo Estado y justicia; no la fuerza bruta y la violencia.