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jueves, 12 de septiembre de 2019

Vacancia simbólica del poder

https://larepublica.pe/politica/2019/09/06/vacancia-simbolica-del-poder/
La República
La mitadmasuno
6 de setiembre de 2019
Juan De la Puente
El frustrado diálogo entre el Gobierno y el Congreso agudiza la confrontación. La colisión entre poderes se ha producido poniendo sobre la mesa dos dinámicas excluyentes, la disolución vs. la destitución, ambas salidas unilaterales y rupturistas con efectos diferenciados. La disolución del Congreso tendría un trámite jurídico –y jurisdiccional- borrascoso, en tanto que la destitución presidencial tendría un resultado caótico.
Confrontado con los plazos, el Gobierno tiene sobre sí la presión de los resultados inmediatos, una urgencia más exigida que al Parlamento, atrincherado y aislado de la sociedad, pero con una mayoría interna creciente. El comunicado de 7 bancadas en respaldo a Olaechea suma entre 85 y 90 votos.
En la sociedad, la colisión tiene sus códigos propios: 1) los peruanos se expresan mayoritariamente contra la vacancia de la presidencia; 2) rechazan con la misma intensidad al Congreso;  3) creen que Vizcarra debe dirigir la transición; y 4) demandan que se vayan todos. Son cuatro opiniones gruesas que, sin embargo, evolucionan singularmente, de modo que las opciones 1) y 3) podrían girar en sentido inverso. En cambio, no se espera que retrocedan las opciones 2) y 4).
Si bien estos datos son por ahora consistentes, sería incorrecto negarse a apreciar la principal tendencia que emerge de agosto, el primer mes sin salida a la transición: ambos poderes se han debilitado seriamente. De ahí que el efecto del choque de trenes presenta en la sociedad, por lo menos, un doble carácter: 1) nos acerca a una vacancia simbólica de las dos instituciones; 2) y demanda la emergencia de un movimiento, una coalición con una narrativa crítica de ambos contendientes.
Sea cual fuese el desenlace de esta pugna, el comportamiento autónomo de la sociedad es creciente, y en ella cabe tanto las demandas de renovación/reforma, ahora mayoritarias, como las que llaman a la ruptura en tonos más radicales, por la derecha o la izquierda. La puerta está abierta y por ella pueden ingresar ambas opciones, incluso convivir por un tiempo. Esa disyuntiva se aprecia en las movilizaciones en favor del adelanto de elecciones.
Mientras menos condiciones se tengan para un pacto de poderes –el fracasado diálogo reciente no será el último intento- hay más posibilidades de un pacto social contrario al poder. Es decir, el Congreso podría tener los votos para destituir al presidente Vizcarra, pero no hay votos que valgan para sortear la presión social dos años más.
Quienes teorizan sobre esta etapa de la vida nacional como si estuvieran frente a un tablero de ajedrez, creen que bastan los jugadores y el movimiento de piezas. Lamentablemente, esta no es solo una batalla de adversarios y piezas. Hay que recordar que esta es una transición y que “algo” está muriendo.
La pugna de estos años entre corrupción vs. anticorrupción y de reforma vs. inmovilismo, no ha renovado el sistema político, pero sí a la sociedad, por lo menos en términos relativos. Este periodo registra actores sociales nuevos –principalmente mujeres y jóvenes y comunidades territoriales- de modo que la correlación de fuerzas entre el poder y los ciudadanos se ha alterado. Los actores tradicionales han dejado de representar a una ciudadanía que reclama cambios que el poder no es capaz de poner a su disposición.

viernes, 4 de agosto de 2017

Consenso a palos, año uno

http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno
La República
La mitadmasuno
28 de julio de 2017
Juan De la Puente
El año pasado el país votó por una inédita gobernabilidad: el grupo que perdió las elecciones se quedó con el 56% de escaños del Congreso, más allá de la mayoría absoluta, y el que ganó el gobierno, con el 13%. Había otra originalidad: el resultado fue estrecho y gracias a la épica antifujimorista impulsada esencialmente por los simpatizantes de la candidatura que obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta.
Lo que tenemos al frente es un gobierno dividido que nuestra academia considera un mal resultado, quizás solo basada en la experiencia mexicana de finales de los años 90 o la ecuatoriana previa a Rafael Correa. Otras experiencias, como algunos de los recientes periodos norteamericanos, no han sido necesariamente negativas.
La gobernabilidad de los primeros meses fue un cuaderno en blanco escrito día a día y a varias manos, sobre todo de la prensa y la opinión pública, que presionaron por el consenso, la investidura del gabinete y la delegación de facultades.
El primer resultado de esta experiencia es que nuestro gobierno dividido es al mismo tiempo pobre y excluyente, débil frente a una sociedad crecientemente crítica, y por lo tanto un gobierno dividido y desgastado.
No debemos ilusionarnos con el vestuario de la escena. Es llamativa y sobreactuada, con tensiones, amenazas, dislates y escándalos, que hacen de esta etapa un consenso a palos. Lo que tenemos al frente es no obstante un modelo casi acabado de in/gobernabilidad ya conocida, cuya esencia podrá cambiar poco y que será el atributo de un sistema que no se rompe aunque se descosa un poco en cada coyuntura. Ya no podemos decir como en agosto pasado que sabemos lo que está muriendo pero no lo que está naciendo.
El segundo resultado es que fuera del vestuario, el año uno del consenso a palos tuvo más colaboración entre poderes que confrontación, un continuo del que podríamos exceptuar el último período abril-junio con varias crisis mucho tiempo abiertas, cerradas también a dos manos por el Gobierno y el Congreso, pero que le hizo perder a PPK entre 10 y 12 puntos de aprobación y nada a Keiko. Primera lección: las largas crisis en un gobierno dividido desgastan más a un Ejecutivo débil.
El tercer resultado, precisando que no me encuentro entre quienes creen que el propósito de Fuerza Popular es derrocar a PPK, es que los incentivos para no hacerlo son mayores, precisamente porque el gobierno dividido made in Perú tiene al fujimorismo por ahora con grandes opciones para hacerse del poder en las urnas el 2021. Ello no implica reconocer que, como le pasa a PPK en el Gobierno, el fujimorismo no sabe qué hacer con su mayoría.
El cuarto resultado de esta experiencia consiste en que si los actores se conocen más, es porque han disputado y concertado, tomado y entregado –y derrotados algunas veces– olvidando gran parte de sus promesas. Casi todo ha sido dejado en el camino, la reforma política, la mayoría de cambios institucionales para luchar contra la corrupción y la creación de ministerios, entre otros. No debe obviarse en el balance que la opinión pública respalda en cuotas altas el control político parlamentario (los tres últimos sondeos de GfK) y no comulga mucho con la tesis del obstruccionismo, pero no es menos cierto que el fujimorismo no ha cumplido su promesa de convertir su plan de gobierno en un programa parlamentario.

De cara al segundo año, el principal riesgo del consenso a palos es que se transforme en un bipartidismo imperfecto, que intente reducir la gobernabilidad a dos fuerzas, obviando a las otras y excluyendo a la sociedad. Si esto sucede, estas fuerzas resurgirán tarde o temprano. Por ahora reclaman su pedazo de diálogo, pero mañana podrán hacer uso de su pedazo de calle. Rotos los equilibrios del período 2001-2016, el país no parece polarizado sino fragmentado, con fuerzas que pugnan por “achicar” arriba el espacio público, un espacio enano que compite con una agenda pública frondosa. Sin cambios, el sistema político puede seguir suspendido en el aire por un buen tiempo.

lunes, 31 de julio de 2017

La gobernabilidad primaria y populista

http://larepublica.pe/impresa/opinion/888652-la-gobernabilidad-primaria-y-populista
La República
La mitadmasuno
23 de junio de 2017
Juan De la Puente
La idea de gobernabilidad, predominante en estos días, donde los poderes no se atacan y los políticos no se agreden, o en la que se canjean intereses, es primaria, por básica, e incompleta. No es democrática y, en cambio, es un ejercicio populista.
Desde 1980, cada vez que las tensiones en la cúpula del poder llegan a mayores, el grito más escuchado es diálogo. Así, hemos tenido 37 años de diálogos que surgieron de las patadas, porque solo fueron eso, diálogos, no entendimientos.
Sentar a la mesa a los adversarios rebaja las tensiones y frena las pasiones, pero no resuelve los problemas de la agenda pública dispersa y antagónica. En cambio, fueron más prometedores los diálogos/pacto o diálogos/acuerdo, aun en los casos en que al final no se alcanzaron consensos.
No es extraño que en el Perú se demande diálogo solo después de cada borrasca y no en otros momentos, una tradición que es más expresión de la resaca del pleito o un “dejen de pelear, chicos” que un movimiento de Estado. Esto se debe probablemente a la fobia nacional a los pactos. De hecho, somos una república sin pactos y sin consensos expresos, y por eso acumulamos 12 textos constitucionales y solo dos pactos generales: la Convención de Partidos de 1915 y el Acuerdo Nacional del 2002. Ramiro Prialé, histórico líder del Apra, fue víctima de esa cultura; para esconder el entendimiento tuvo que acuñar una frase incompleta, “conversar no es pactar”, cuando debió proclamar “conversar para pactar”.
Esa forma de diálogo ha vuelto estos días con varias opciones: 1) la ilusión del cogobierno (el ministro Olaechea y varios columnistas); 2) el gabinete multipartidario (el dirigente máximo del partido de gobierno, Gilbert Violeta); 3) el simple cara a cara entre PPK y Keiko Fujimori, una reedición del encuentro de diciembre que tuvo al cardenal Cipriani en medio; y 4) el diálogo como negocio, es decir, el indulto a Alberto Fujimori (por el mismo PPK en una entrevista al semanario The Economist).
Tres de esas formas de diálogo no son ni útiles, ni ahora posibles. Fuerza Popular jamás entrará a un gobierno de PPK ni patrocinará un gabinete parlamentario aun así indulten a Fujimori, porque entre otras razones lo democrático es su derecho a ser oposición. Por otro lado, un gabinete de ancha base o de cercanos a partidos, lo tuvimos en 1990 (el primero de Fujimori) y el 2000 (el de Paniagua y Pérez de Cuéllar), siendo ahora poco rentable para todos. Los partidos pequeños suman poco y el gobierno de los chiquitos no es una receta contra el fujimorismo.
Es extraño en cambio la insistencia de un diálogo en las alturas apartando a los otros actores. Dos poderes precarios criticados por el pueblo han hegemonizado el escenario de confrontación y ahora, cuando parecen desbordarse las aguas, creen que solo en ellos, en los dos, está la solución.
Muy rápido para desentenderse de la otra mitad de ese original modelo con tres mitades –sorry, Euclides– la tercera de las cuales, dispersa y contradictoria, es la clave de la gobernabilidad desde el 2001, al punto que su actividad derribó a por los menos 8 de los 17 gabinetes en tres períodos constitucionales.
La tercera mitad importa porque la agenda también importa, y porque en un diálogo de los poderes con los empresarios, trabajadores, regiones, colegios profesionales, comunidades nativas, padres de familia y otras formas de la sociedad civil, quienes tuvieron un activo rol en el proceso electoral, se puede volver a los contenidos de la reforma institucional y la transparencia prometida en la campaña electoral.
Finalmente, en las últimas horas, se pretende convencer al país de que la gobernabilidad depende de una paz entre los políticos lograda a cualquier precio, incluido el negocio, es decir, el toma y daca sin principios, sin programa y sin respeto por las ofertas electorales. Eso puede pasar como diálogo al inicio, pero luego de concretarse no lo será, y en cambio generará el voto de desconfianza en la sociedad.

Cinco crisis abiertas, cinco

La República
La mitadmasuno
16 de junio de 2017
Por Juan De la Puente
La actual tensión entre el gobierno y el Congreso es la más larga desde el inicio de funciones de ambos poderes. La atmósfera envenenada que se respira incluye por lo menos cinco crisis, todas ella abiertas: 1) Chinchero; 2) El Contralor; 3) Thorne; 4) Basombrio; y 5) El indulto a Alberto Fujimori.
Chinchero es ahora la menos compleja, y es un ejemplo de desactivación de explosivos. La rescisión del contrato deriva el caso a las demandas del Cusco por el rápido inicio de obras y a la compensación a Kuntur Wasi, en un contexto de menor presión en las alturas. Asimismo, el caso del Contralor Edgar Alarcón camina a resolverse; es probable que la comisión designada en el Congreso arribe a un acuerdo que implique su salida del cargo, sea de modo directo o a través de alguna fórmula legal o legalizable. Hasta ahí se supone que cada uno de los poderes hace su trabajo a tono con la presión política del otro poder y de la opinión pública.
Amarrados a decisiones bilaterales están los casos de los ministros Alfredo Thorne y Carlos Basombrio. La diferencia entre ambos es de tiempo político y de sistema de protección. La interpelación del segundo tiene varias semanas y el despliegue defensivo de su gestión fuera del gobierno es amplio y mayoritario, ayudado por un pliego interpelatorio primarioso, rocambolesco y muy malo; malo de pésimo y de abuso.
En cambio, Thorne tiene un audio que lo persigue todos los días, y que no pasa un test básico de transparencia pública. Contra él no solo está emplazado el fujimorismo sino la izquierda y otras bancadas. Los medios han expresado cierta comprensión de su diálogo elíptico con el Contralor pero no al punto de jugarse entero por su permanencia. El caso Thorne tiene menos calendario, pero más definiciones.
El indulto es el asunto más complejo y sus posibilidades de alterar el escenario es clara. Los recientes cambios en el gabinete fortalecen la tendencia a la concesión de esta gracia presidencial, pero no al punto de que no importe la jurisprudencia del sistema interamericano de DDHH y el rechazo del gobierno en los foros internacionales, considerando el buen desempeño de nuestra política internacional.
Si las crisis siguen abiertas se corre el riesgo de que condicionen el 28 de julio y el mismo mensaje presidencial, por lo que el Gobierno debería ser el principal interesado en reducir los conflictos en número o intensidad. Será también el modo de blindar al gabinete Zavala que sigue teniendo una capacidad de maniobra sustantiva y que cuenta con una virtud que no se encontrará en cualquier otro equipo que venga: es un gabinete del presidente, hecho por el presidente y que tiene la confianza del presidente.
Resolver estas crisis no tiene la misma urgencia para Fuerza Popular. Es cierto que las dos últimas encuestas –de Ipsos y GFK- reportan que los ciudadanos perciben que el conflicto entre los poderes ha aumentado, pero no expresan censura a la tensión.  En lo más cercano a una reprobación, critican la desconfianza en esas relaciones y prefieren que estas sean constructivas, es decir, la palabra obstrucción aún en germen. En cambio, la aprobación de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza ha aumentado en medio de la tensión, a pesar incluso de la caída de la aprobación del Congreso.

Cerrada la posibilidad de un diálogo político para el mediano plazo -porque el iniciado en enero ha naufragado- queda el lenguaje ancestral de las señas. Salvo lo del indulto (por sus implicancias estratégicas), y la censura de Basombrio (por su potencial demoledor de lo avanzado en seguridad ciudadana), las opciones para estas señas están abiertas, en el caso del Gobierno para defender su arquitectura principal diseñada en julio pasado y relanzar al Gobierno mismo y, en el caso del Congreso y de su fuerza mayoritaria, el fujimorismo, para no darle contenido expreso a la palabra obstrucción. Ambos actores que han hegemonizado el escenario hace semanas deberían tener en cuenta que deben hacer juego y que no se puede siempre vivir de la crisis.