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miércoles, 23 de enero de 2019

El fin del gobierno dividido

https://larepublica.pe/politica/1391843-gobierno-dividido
La República
La mitadmasuno
Juan De la Puente
11 de enero de 2019
El Congreso es un campo de batalla donde se combate escaño por escaño, comisión por comisión. Se condensan así varias hostilidades menores por pequeñas hegemonías o por sobrevivencias, aunque la batalla específica por la mesa directiva –el combate más fiero- es distinta a la del año 2000 y al asalto de las minorías parlamentarias que el 2004 y 2015 derrotaron a los gobiernos de entonces.
El primer asalto, en noviembre del 2000, fue la conclusión del fujimorismo; la censura de la mesa directiva que presidía Martha Hildebrandt fue una operación saldada rápidamente con la huida de Fujimori a Japón, la vacancia de las dos vicepresidencias y la asunción del gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Luego, las presidencias de Ántero Flores-Aráoz (2004) y de Luis Iberico (2015), fueron el triunfo de las minorías opositoras a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, respectivamente, aunque ninguna de ellas intentó liquidar al Ejecutivo.
Tiene mucho sentido práctico que Fuerza Popular deje de conducir el Congreso especialmente si lo hizo desastrosamente mal (sinceramente, el fujimorismo “histórico” lo hubiese hecho mejor). Dejó hace meses de ser mayoría política y ahora está en proceso de dejar la mayoría numérica, una dirección ineludible para un desenlace inexcusable. Desbancado del poder del Congreso, el epílogo de esta derrota está por escribirse porque los desenlaces más increíbles tienen las mismas opciones, incluyendo la implosión que lleve a una elección parlamentaria adelantada.
¿Este escenario es, como aparenta, una pelea de bar donde importan más las patadas que los vencedores y perdedores? Sin reelección y bicameralidad, sin aprobación ciudadana y con los proyectos partidarios a la baja, la pregunta sobre el sentido de esta batalla es provocadora, porque la idea de que esta es la disputa de dos calvos por un peine se relativiza por lo menos por tres atingencias cruciales: 1) desde una óptica estrictamente minimalista, el Congreso debe garantizar la selección de la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ); 2) el Congreso ha disminuido su capacidad de frenar los procesos judiciales a la corrupción política y hostigar al Ejecutivo; y 3) en cualquier caso, aun con una crisis operativa a cuestas, tiene la capacidad de aprobar leyes populistas o favorables a intereses contra mayoritarios.
Ha terminado la experiencia de un gobierno dividido y lo que viene es un Parlamento extremadamente fragmentado y, por lo tanto, autolimitado; pero, a diferencia con lo sucedido el año 2000, cualquier desenlace favorece al Gobierno de Martín Vizcarra, especialmente si este desea mantener la presión sobre el Congreso sobre la reforma judicial y política. No obstante, el optimismo debe atemperarse si se concluye objetivamente que a este Parlamento no podrá arreársele demasiado. Sea cual fuese su futuro, ya es un Congreso de transición.
La división entre un bando reformista y otro resistente a los cambios sería lo mejor que intenten los políticos que quieran impulsar una nueva política radical a partir de los llamados nuevos valores posmaterialistas que ha traído esta etapa, como la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas, el enfoque de género en los DDHH, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, la prestación de los bienes públicos, la participación política, entre otros.
Ello no implica que no se intente legislar sobre las expectativas “tradicionales” de la política peruana, pero la transición que experimenta el sistema obliga a construir una nueva promesa con soluciones de compromiso (trade-off) con una visión de largo plazo donde caben las demandas de cambios constitucionales profundos y un programa de modernización de la economía y la sociedad. 

Ordenar las prioridades es difícil, sobre todo en un clima corrosivo y tóxico donde la ultraderecha peruana se apresta a librar la batalla por su identidad. Sin embargo, el feminismo, los movimientos sociales, los jóvenes, y la sociedad civil que se abre a las demandas de derechos y libertades son una enorme fuerza llamada a motivar los cambios y llenar el vacío que ya esté aquí. Si no es la hora de un nuevo programa, cuándo.

viernes, 4 de agosto de 2017

Consenso a palos, año uno

http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno
La República
La mitadmasuno
28 de julio de 2017
Juan De la Puente
El año pasado el país votó por una inédita gobernabilidad: el grupo que perdió las elecciones se quedó con el 56% de escaños del Congreso, más allá de la mayoría absoluta, y el que ganó el gobierno, con el 13%. Había otra originalidad: el resultado fue estrecho y gracias a la épica antifujimorista impulsada esencialmente por los simpatizantes de la candidatura que obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta.
Lo que tenemos al frente es un gobierno dividido que nuestra academia considera un mal resultado, quizás solo basada en la experiencia mexicana de finales de los años 90 o la ecuatoriana previa a Rafael Correa. Otras experiencias, como algunos de los recientes periodos norteamericanos, no han sido necesariamente negativas.
La gobernabilidad de los primeros meses fue un cuaderno en blanco escrito día a día y a varias manos, sobre todo de la prensa y la opinión pública, que presionaron por el consenso, la investidura del gabinete y la delegación de facultades.
El primer resultado de esta experiencia es que nuestro gobierno dividido es al mismo tiempo pobre y excluyente, débil frente a una sociedad crecientemente crítica, y por lo tanto un gobierno dividido y desgastado.
No debemos ilusionarnos con el vestuario de la escena. Es llamativa y sobreactuada, con tensiones, amenazas, dislates y escándalos, que hacen de esta etapa un consenso a palos. Lo que tenemos al frente es no obstante un modelo casi acabado de in/gobernabilidad ya conocida, cuya esencia podrá cambiar poco y que será el atributo de un sistema que no se rompe aunque se descosa un poco en cada coyuntura. Ya no podemos decir como en agosto pasado que sabemos lo que está muriendo pero no lo que está naciendo.
El segundo resultado es que fuera del vestuario, el año uno del consenso a palos tuvo más colaboración entre poderes que confrontación, un continuo del que podríamos exceptuar el último período abril-junio con varias crisis mucho tiempo abiertas, cerradas también a dos manos por el Gobierno y el Congreso, pero que le hizo perder a PPK entre 10 y 12 puntos de aprobación y nada a Keiko. Primera lección: las largas crisis en un gobierno dividido desgastan más a un Ejecutivo débil.
El tercer resultado, precisando que no me encuentro entre quienes creen que el propósito de Fuerza Popular es derrocar a PPK, es que los incentivos para no hacerlo son mayores, precisamente porque el gobierno dividido made in Perú tiene al fujimorismo por ahora con grandes opciones para hacerse del poder en las urnas el 2021. Ello no implica reconocer que, como le pasa a PPK en el Gobierno, el fujimorismo no sabe qué hacer con su mayoría.
El cuarto resultado de esta experiencia consiste en que si los actores se conocen más, es porque han disputado y concertado, tomado y entregado –y derrotados algunas veces– olvidando gran parte de sus promesas. Casi todo ha sido dejado en el camino, la reforma política, la mayoría de cambios institucionales para luchar contra la corrupción y la creación de ministerios, entre otros. No debe obviarse en el balance que la opinión pública respalda en cuotas altas el control político parlamentario (los tres últimos sondeos de GfK) y no comulga mucho con la tesis del obstruccionismo, pero no es menos cierto que el fujimorismo no ha cumplido su promesa de convertir su plan de gobierno en un programa parlamentario.

De cara al segundo año, el principal riesgo del consenso a palos es que se transforme en un bipartidismo imperfecto, que intente reducir la gobernabilidad a dos fuerzas, obviando a las otras y excluyendo a la sociedad. Si esto sucede, estas fuerzas resurgirán tarde o temprano. Por ahora reclaman su pedazo de diálogo, pero mañana podrán hacer uso de su pedazo de calle. Rotos los equilibrios del período 2001-2016, el país no parece polarizado sino fragmentado, con fuerzas que pugnan por “achicar” arriba el espacio público, un espacio enano que compite con una agenda pública frondosa. Sin cambios, el sistema político puede seguir suspendido en el aire por un buen tiempo.

lunes, 31 de julio de 2017

Cinco crisis abiertas, cinco

La República
La mitadmasuno
16 de junio de 2017
Por Juan De la Puente
La actual tensión entre el gobierno y el Congreso es la más larga desde el inicio de funciones de ambos poderes. La atmósfera envenenada que se respira incluye por lo menos cinco crisis, todas ella abiertas: 1) Chinchero; 2) El Contralor; 3) Thorne; 4) Basombrio; y 5) El indulto a Alberto Fujimori.
Chinchero es ahora la menos compleja, y es un ejemplo de desactivación de explosivos. La rescisión del contrato deriva el caso a las demandas del Cusco por el rápido inicio de obras y a la compensación a Kuntur Wasi, en un contexto de menor presión en las alturas. Asimismo, el caso del Contralor Edgar Alarcón camina a resolverse; es probable que la comisión designada en el Congreso arribe a un acuerdo que implique su salida del cargo, sea de modo directo o a través de alguna fórmula legal o legalizable. Hasta ahí se supone que cada uno de los poderes hace su trabajo a tono con la presión política del otro poder y de la opinión pública.
Amarrados a decisiones bilaterales están los casos de los ministros Alfredo Thorne y Carlos Basombrio. La diferencia entre ambos es de tiempo político y de sistema de protección. La interpelación del segundo tiene varias semanas y el despliegue defensivo de su gestión fuera del gobierno es amplio y mayoritario, ayudado por un pliego interpelatorio primarioso, rocambolesco y muy malo; malo de pésimo y de abuso.
En cambio, Thorne tiene un audio que lo persigue todos los días, y que no pasa un test básico de transparencia pública. Contra él no solo está emplazado el fujimorismo sino la izquierda y otras bancadas. Los medios han expresado cierta comprensión de su diálogo elíptico con el Contralor pero no al punto de jugarse entero por su permanencia. El caso Thorne tiene menos calendario, pero más definiciones.
El indulto es el asunto más complejo y sus posibilidades de alterar el escenario es clara. Los recientes cambios en el gabinete fortalecen la tendencia a la concesión de esta gracia presidencial, pero no al punto de que no importe la jurisprudencia del sistema interamericano de DDHH y el rechazo del gobierno en los foros internacionales, considerando el buen desempeño de nuestra política internacional.
Si las crisis siguen abiertas se corre el riesgo de que condicionen el 28 de julio y el mismo mensaje presidencial, por lo que el Gobierno debería ser el principal interesado en reducir los conflictos en número o intensidad. Será también el modo de blindar al gabinete Zavala que sigue teniendo una capacidad de maniobra sustantiva y que cuenta con una virtud que no se encontrará en cualquier otro equipo que venga: es un gabinete del presidente, hecho por el presidente y que tiene la confianza del presidente.
Resolver estas crisis no tiene la misma urgencia para Fuerza Popular. Es cierto que las dos últimas encuestas –de Ipsos y GFK- reportan que los ciudadanos perciben que el conflicto entre los poderes ha aumentado, pero no expresan censura a la tensión.  En lo más cercano a una reprobación, critican la desconfianza en esas relaciones y prefieren que estas sean constructivas, es decir, la palabra obstrucción aún en germen. En cambio, la aprobación de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza ha aumentado en medio de la tensión, a pesar incluso de la caída de la aprobación del Congreso.

Cerrada la posibilidad de un diálogo político para el mediano plazo -porque el iniciado en enero ha naufragado- queda el lenguaje ancestral de las señas. Salvo lo del indulto (por sus implicancias estratégicas), y la censura de Basombrio (por su potencial demoledor de lo avanzado en seguridad ciudadana), las opciones para estas señas están abiertas, en el caso del Gobierno para defender su arquitectura principal diseñada en julio pasado y relanzar al Gobierno mismo y, en el caso del Congreso y de su fuerza mayoritaria, el fujimorismo, para no darle contenido expreso a la palabra obstrucción. Ambos actores que han hegemonizado el escenario hace semanas deberían tener en cuenta que deben hacer juego y que no se puede siempre vivir de la crisis.