La República
La mitadmasuno
16 de junio de 2017
Por Juan De la Puente
La actual
tensión entre el gobierno y el Congreso es la más larga desde el inicio de funciones
de ambos poderes. La atmósfera envenenada que se respira incluye por lo menos cinco
crisis, todas ella abiertas: 1) Chinchero; 2) El Contralor; 3) Thorne; 4)
Basombrio; y 5) El indulto a Alberto Fujimori.
Chinchero
es ahora la menos compleja, y es un ejemplo de desactivación de explosivos. La
rescisión del contrato deriva el caso a las demandas del Cusco por el rápido
inicio de obras y a la compensación a Kuntur Wasi, en un contexto de menor
presión en las alturas. Asimismo, el caso del Contralor Edgar Alarcón camina a
resolverse; es probable que la comisión designada en el Congreso arribe a un
acuerdo que implique su salida del cargo, sea de modo directo o a través de
alguna fórmula legal o legalizable. Hasta ahí se supone que cada uno de los
poderes hace su trabajo a tono con la presión política del otro poder y de la
opinión pública.
Amarrados a
decisiones bilaterales están los casos de los ministros Alfredo Thorne y Carlos
Basombrio. La diferencia entre ambos es de tiempo político y de sistema de protección.
La interpelación del segundo tiene varias semanas y el despliegue defensivo de
su gestión fuera del gobierno es amplio y mayoritario, ayudado por un pliego
interpelatorio primarioso, rocambolesco y muy malo; malo de pésimo y de abuso.
En cambio,
Thorne tiene un audio que lo persigue todos los días, y que no pasa un test básico
de transparencia pública. Contra él no solo está emplazado el fujimorismo sino
la izquierda y otras bancadas. Los medios han expresado cierta comprensión de
su diálogo elíptico con el Contralor pero no al punto de jugarse entero por su
permanencia. El caso Thorne tiene menos calendario, pero más definiciones.
El indulto
es el asunto más complejo y sus posibilidades de alterar el escenario es clara.
Los recientes cambios en el gabinete fortalecen la tendencia a la concesión de
esta gracia presidencial, pero no al punto de que no importe la jurisprudencia
del sistema interamericano de DDHH y el rechazo del gobierno en los foros
internacionales, considerando el buen desempeño de nuestra política
internacional.
Si las
crisis siguen abiertas se corre el riesgo de que condicionen el 28 de julio y
el mismo mensaje presidencial, por lo que el Gobierno debería ser el principal
interesado en reducir los conflictos en número o intensidad. Será también el
modo de blindar al gabinete Zavala que sigue teniendo una capacidad de maniobra
sustantiva y que cuenta con una virtud que no se encontrará en cualquier otro
equipo que venga: es un gabinete del presidente, hecho por el presidente y que
tiene la confianza del presidente.
Resolver
estas crisis no tiene la misma urgencia para Fuerza Popular. Es cierto que las
dos últimas encuestas –de Ipsos y GFK- reportan que los ciudadanos perciben que
el conflicto entre los poderes ha aumentado, pero no expresan censura a la
tensión. En lo más cercano a una
reprobación, critican la desconfianza en esas relaciones y prefieren que estas
sean constructivas, es decir, la palabra obstrucción aún en germen. En cambio,
la aprobación de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza ha aumentado en medio de la
tensión, a pesar incluso de la caída de la aprobación del Congreso.
Cerrada la
posibilidad de un diálogo político para el mediano plazo -porque el iniciado en
enero ha naufragado- queda el lenguaje ancestral de las señas. Salvo lo del
indulto (por sus implicancias estratégicas), y la censura de Basombrio (por su
potencial demoledor de lo avanzado en seguridad ciudadana), las opciones para
estas señas están abiertas, en el caso del Gobierno para defender su
arquitectura principal diseñada en julio pasado y relanzar al Gobierno mismo y,
en el caso del Congreso y de su fuerza mayoritaria, el fujimorismo, para no
darle contenido expreso a la palabra obstrucción. Ambos actores que han
hegemonizado el escenario hace semanas deberían tener en cuenta que deben hacer
juego y que no se puede siempre vivir de la crisis.
