La República
La mitadmasuno
8 de mayo de 2015
Juan De la Puente
La mayoría de los grandes conflictos sociales de la última década, salvo los cocaleros, acabaron en episodios de capitulación del Estado, desde el “Arequipazo” (2002), hasta los recientes de Pichanaki, Andahuaylas y La Convención este año, pasando por Cerro Quillish (2004), Combayo (2006), el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009) y Conga (2012), entre otros.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.
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