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domingo, 13 de septiembre de 2015

El caso Nadine y tres razones públicas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/15893-el-caso-nadine-y-tres-razones-publicas
La República
La mitadmasuno
17 de jukio de 2015
Juan De la Puente
Me interesa profundizar sobre tres argumentos que relativizan lo sucedido en las últimas semanas con Nadine Heredia porque sostengo que más allá de lo que sucede con la investigación de la que es objeto, que creo debe continuar, resumen una apreciación frecuente del otro y de sus derechos, y una apuesta determinada por el debate público; no solo político sino, en un sentido amplio, público.
Los tres son argumentos de “otro tipo”; no son aquellos que aplauden los insultos; no pertenecen al desenfrenado mundo del pútrido racismo marca Perú del que se ha escrito estas semanas, y que toman la política, el deporte, la música y, en general, la vida solo como un pretexto clasista o elitista para decirnos que la desigualdad es natural. Estos presentan más bien un ángulo aparentemente más tolerante, racional y liberal. Solo aparentemente.
Argumento uno. Es el que sostiene que no importa si la pregunta a Heredia en la Comisión Belaunde Lossio fue ofensiva, invasiva o humillante, porque lo más importante es que ella está siendo investigada y no debemos distraernos de lo principal. Esta apreciación es más frecuente de lo que se piensa; es la teoría sobre que el fin justifica los medios, llevada a la práctica política pero que se aplica en otros ámbitos, sobre todo en el reconocimiento de los derechos del otro. Es obvio, ¿por qué Heredia debería tener derechos, si es esposa de un político, política ella misma, acusada y sospechosa como miles de sospechosos y acusados en el Perú? Y tampoco olvidemos que ese vaciamiento de derechos opera todos los días con miles de personas que alcanzan en sus objetivos violando reglas y procedimientos, otra marca Perú.
Argumento dos. Sostiene que Heredia se ha ganado todo esto solita; es una consecuencia de sus actos, varios de ellos vedados o políticamente incorrectos y que se ha “expuesto demasiado”. Este ángulo tampoco es desconocido y se dirige a justificar los errores de otros en los actos propios de uno. Es la teoría de la provocación. Lo escuchamos en otros territorios, como cuando criticamos a los asaltados (“si sabe que roban para qué retira dinero en efectivo), a los ciclistas (“para que manejan en Lima conociendo como son las calles”) o las mujeres acosadas sexualmente (“cómo se le ocurre ponerse minifalda”).
Argumento tres. La pregunta chismosa en la Comisión Belaunde Lossio la conocían pocas personas, y es Heredia quien lo hizo público al reclamar su contenido ofensivo, con el afán de victimizarse. Esta es la justificación más elaborada y al mismo tiempo más letal y desvergonzada. Resulta que si ella se hubiese quedado callada era mejor para todos, sobre todo para ella. Este argumento suena a dos preguntas mucho más ofensivas: ¿Ya ves, para eso te quejaste? y ¿No estabas mejor calladita? Este argumento pertenece a la despiadada reacción contra todo aquel que levanta la voz contra una agresión y es una invitación a comerse el honor y la libertad. Como abogado lo he visto tantas veces, utilizado especialmente contra las mujeres que denuncian maltratos o violación sexual.
Es totalmente procedente encontrar en el tratamiento reciente del caso Heredia la proyección de las formas tradicionales de abordar lo público. No hay razones para sostener que en su caso reaccionamos de un modo especial y que el atavismo que muchos exhiben no lo aplican en su vida cotidiana y en su relación con los otros. Este asunto es público/político y público/privado.
El problema es que los efectos políticos de corto plazo de este episodio implican daños consistentes que la elite política se niega a considerar, al igual que los medios y formadores de opinión solazados y arropados por las redes sociales. Este asunto, y los otros de su tipo que vendrán, terminarán matando el debate político o estableciendo un no-debate, una discusión pobre, atrasada, adjetiva y un poco idiota (que ya la tuvimos el año pasado en el proceso electoral regional y municipal) de la que no saldrá la agenda que el país necesita y merece. O quizás sí nos la merecemos, atendiendo a la teoría de la provocación ahora en boga.
 
 

viernes, 5 de junio de 2015

Juicio mediático y apanado político

http://larepublica.pe/impresa/opinion/5444-juicio-mediatico-y-apanado-político
La República
La mitadmasuno
5 de junio de 2015
Juan De La Puente
El país sobrelleva 10 grandes casos (narcoindultos, López Meneses, Región Áncash, Alejandro Toledo, Orellana Rengifo, Aurelio Pastor, Belaunde Lossio, Nadine Heredia, pañales y Oropeza) en los que fiscales, jueces, congresistas y medios comparten roles procesales.
Es un momento crucial en la lucha contra la corrupción, en la que la prensa juega un rol dinámico en la medida en que investiga, revela, denuncia e informa. Por lo menos en la mitad de los casos señalados, gracias a la prensa se iniciaron investigaciones que han llegado a procesos judiciales.
Como en cualquier otro país, la prensa no se satisface con ese rol y practica con entusiasmo el juicio mediático o paralelo. Este juicio es además amplio, en la medida que al mismo tiempo se juzga a fiscales y jueces.
Nunca tuvimos tanta política judicializada ni tantos juicios politizados, un asunto que no depende solo de la prensa pero que se relaciona con el juicio mediático. Este problema es abordado en varios países con distintas medidas, entre ellas acelerar las causas y transparentar los procesos. En otros, se pretende en cambio ahogar la información; como en España, donde se aprestan a impedir que la prensa difunda imágenes de los detenidos.
En nuestro caso, el problema es mayor porque el juicio mediático peruano es pobre en forma y contenido. La prensa juzga desde las corazonadas, confunde la opinión con el análisis legal; carece de instrumentos y de autorregulación; y se priva conscientemente de reglas aplicables a todos los casos. Aquí dos ejemplos: 1) se afirma que el debido proceso expresado en la Sentencia del Caso Tineo Cabrera (Exp. Nº 00156-2012 del TC) no es aplicable a Alan García o Keiko Fujimori pero sí a cualquier otro político investigado; y 2) los periodistas que condenan con vehemencia la publicación del expediente reservado sobre Nadine Heredia, difundieron centenares de expedientes filtrados de delitos perseguibles por acción pública en los últimos años.
Guiada por la ojeriza al gobierno, una parte de la prensa incurrió en por lo menos tres errores en el caso MBL, sin rectificación hasta ahora: 1) inducido por abogados despistados, insistió en que ante la presencia de MBL en Bolivia la opción correcta era la expulsión y no la extradición, ignorando los cambios a la legislación boliviana en aplicación de una sentencia de la CIDH sobre refugiados; 2) hizo suya sin análisis la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que rechazó el primer pedido de extradición de MBL aduciendo falsamente que el Código Penal Boliviano no sanciona la complicidad en el delito de peculado; y 3) aseguró que Ollanta Humala y Evo Morales fraguaron un plan para sustraer a MBL de la justicia, desmentido por el impecable comportamiento boliviano.
No es posible ni correcto impedir que la prensa informe y opine. Lo ideal sería que siga cada caso y que si decidiese emitir una “sentencia mediática” lo haga con cierto rigor, reseñando pruebas, dando voz a los imputados y motivando la opinión, es decir, desde la verdad y la calidad. Claro que para ello haría falta algo aún más difícil en el contexto peruano: superar la improvisación y el odio, que los reportajes separen lo legal de lo político, y que si se mezclan ambos planos, la opinión política no sustituya la ignorancia de lo jurídico.
No creo como señalan algunos juristas que el juicio mediático sea una disfunción periodística. Creo en cambio que habría que evitar que se convierta en lo que el maestro Luigi Ferrajoli llama una patología judicial, que consiste en que los periodistas simpatizamos con la idea de que el fin no justifica los medios, de lo que se hace eco el modelo garantista de justicia, pero nos mantenemos en una cultura inquisitiva haciendo de cada acusado nuestro, culpable, peligroso y enemigo. Sobre todo si se trata de un acusado que no nos simpatiza, porque de los otros hacemos abandono de expediente. Es el caso, otro ejemplo, del Sr. Lelio Balarezo, ignorado por la mayoría de medios estos días en que nos hemos ocupado tanto de la Primera Dama.

viernes, 9 de enero de 2015

La caída del emblema. 12/12/2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-caida-del-emblema-12-12-2014
La República
La mitadmasuno
12 de diciembre de 2014
Juan De la Puente
Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.
En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.
El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.
No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.
Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.
Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.
Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 
Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.