La derrota del juicio público y mediático

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La República

La mitadmasuno

27 de abril de 2018

Juan De la Puente

Las masas hacen la historia, pero no siempre la justicia. Ayer el Tribunal Constitucional (TC) ha consentido el pedido de hábeas corpus solicitado por Ollanta Humala y Nadine Heredia, revocando la prisión preventiva a la que fueron condenados hace 9 meses.

Como en ningún caso anterior, esta decisión implica una derrota de los juicios público y mediático, esta vez dirigido contra la ex pareja presidencial, pero que en todos los casos se ha expresado mayoritariamente contra los políticos acusados de corrupción, reclamando para ellos cárcel efectiva.

Hasta ahora, las veces que el juicio público se asociaba con el juicio mediático habían resultado victoriosos. Par concretar esa alianza era necesaria una intensa movilización de ambos más allá incluso de las razones objetivamente acusatorias. En cambio, cuando la movilización mediática no era intensa, el juicio público descargaba su ira de otros modos, entre el insulto, la ironía o la cólera constante.

Si en adelante esta asociación desea triunfar, tendrá que recargarse. En tanto, tienen razón los que señalan que la decisión del TC no solo deja descontentos a los que piden ahora prisión para los Humala, sino que dejará mañana sin alegrías a los que quieren ver tras las rejas vía prisión preventiva a Keiko Fujimori, Alan García o Pedro Pablo Kuczynski por razones distintas a una causa en curso. El TC ha parado en seco el carnaval de prisiones preventivas que han deformado un tanto la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, y no solo en lo tocante a los políticos. De paso, les ha dado una oportunidad de coherencia a quienes en casos análogos reclaman prisión para sus adversarios y libertad para sus amigos.

Los argumentos de la sentencia en favor de Humala/Heredia se refieren a tres aspectos: 1) uno doctrinario; 2) otro procesal; y 3) uno precisamente sobre la relación entre la justicia y la calle. En referencia a lo primero, la sentencia se ha atrincherado en la opción garantista que no es nueva en el TC, que ha sido expuesta el año 2002 y reiterada los años 2006 y 2012, y en total en 7 sentencias anteriores, que sostiene que la prisión preventiva es una regla de ultima ratio, es decir, de uso absolutamente indispensable o excepcional.

El TC ha recordado que existe una teoría democrática elemental en el juzgamiento moderno que, como expresa el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las NNUU, recomienda que en aras del reconocimiento de la importancia axiológica del derecho a la libertad personal y de la presunción de inocencia, los Estados deben recurrir a la prisión preventiva solo en tanto sea necesario para satisfacer una necesidad social apremiante y de forma proporcionada a esa necesidad.

En la parte procesal, el TC desmiente que los cálculos probabilísticos sobre el peligro procesal que plantea un investigado hagan de por sí razonable, le de fuerza necesaria y justifique una limitación tan grave de la libertad personal. En esa parte, el TC ha defendido el principio de la debida motivación de las resoluciones judiciales, un llamado serio de atención a la segunda instancia en este caso, más que a la primera, considerando un grave error que se haya aceptado como elemento de juicio para presumir el riesgo de perturbación de la actividad probatoria, evidencias que no fueron legalmente incorporadas al proceso. Con ironía fina, el TC cree que no se puede encarcelar a una persona por no declarar conforme a la verdad, por haber tenido conductas que no se acerquen a ella.

Finalmente, el TC la emprende con el modelo de juicio de masas a los que nos estábamos acostumbrando, cuestionando las audiencias programadas casi de modo inmediato luego de la presentación de la solicitud de prisión preventiva, o dándoseles continuidad o reprogramación a altas horas de la noche, e incluso, en algunos casos, de madrugada. Es probable que a tenor de lo expresado en otras oportunidades por los máximos representantes de la fiscalía y el Poder Judicial, esta precisión conduzca a audiencias menos tormentosas, espectaculares y predecibles.

Que se vayan todos en código pasivo

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La República

3 de narzo de 2017

La mitadmasuno

Juan De la Puente

Las dos encuestas publicadas recientemente (IPSOS Perú y GfK Perú) revelan que las facturas de la crisis del Lava Jato peruano han empezado a ser giradas al sistema, con las cuentas más cargadas a unos que a otros. La tendencia más importante que dibujan los sondeos es la aparición de un “que se vayan todos”, débil todavía pero consistente, un fenómeno a la espera de liderazgos y de movimiento.

Fuera de la caída de la aprobación presidencial de varios puntos en dos meses, los datos indican la pérdida de la posición personal del presidente en percepciones cruciales como la confianza y liderazgo, una aguda individualización de su papel en esta crisis. La aprobación/desaprobación de PPK se ha transformado en una discusión alrededor de PPK, fortaleciendo los dilemas de la oposición acerca de la intensidad de la crítica al gobierno en esta hora.

Si se pasa al detalle de las expectativas, las demandas se refieren a un abanico de problemas donde la corrupción es solo un dato, un cuadro amplio en el que se exige con igual o mayor intensidad seguridad, atención a los desastres naturales y reactivación de la economía. Esta diversidad contrasta con la percepción de la elite peruana enfocada en abordar la corrupción, de modo que se produce una politización de la crisis del Lava Jato arriba y una despolitización abajo. Por ahora no veo a nadie intentando resolver esa brecha.

Esta despolitización es compleja por donde se le mire; su principal elemento consiste en que para la mayoría, la corrupción no tiene ni modelo económico ni ideología. Es cierto que más personas están informadas sobre los escándalos de la corrupción brasileña, aunque las conclusiones de este conocimiento son la convicción de que todos son corruptos y que la solución es un gobierno de “mano dura”, el código social que identifica a un poder que no se detiene en las formas. Del populismo político hemos pasado al populismo penal y de allí al populismo anti corrupción que es igualmente político, en clave recargada.

Es cierto que ante a los casos denunciados el sistema está funcionando –en un desempeño relativo, caótico y fragmentado–, lo que es advertido por una opinión pública que no parece estar sedienta de sangre pero sí de resultados tangibles. El único desempeño estatal aprobado y de modo ligero es el de la fiscalía, con un registro inferior al de la prensa, señal inequívoca del predominio del juicio mediático que a diferencia de Brasil, no ha sido todavía superado por las indagaciones del Estado.

Estos datos indican que el juicio público se ha independizado del juicio mediático. No obstante, ¿Por cuánto tiempo más el consumo de imágenes y de datos atajará la exigencia de resultados? Difícil estimarlo en un país donde casi todos creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos y, al mismo tiempo, que los peruanos son igualmente corruptos (IPSOS).

En la idea de “tu corrupción es mi corrupción” puede residir en parte la explicación de un “que se vayan todos” todavía pasivo y poco callejero; al fin y al cabo, más allá de la disposición de la gran mayoría de salir a las calles para exigir castigo a los responsables (GfK), otra mayoría también piensa en que no vale la pena denunciar un acto de corrupción porque “igual no pasa nada”, o que denunciar un acto de corrupción es peligroso porque “después se la agarran contigo” (GFK).

El “que se vayan todos” peruano no tiene todavía representación política; es un instante revolucionario sin revolucionarios, una crisis sin liderazgos que fuercen los cambios, y una tendencia con poco movimiento. Alberto Adrianzén llama a esto una crisis sin actores, es decir, un extraño momento donde las fuerzas parecen libradas a su suerte. En algún momento me ha parecido que los protagonistas de este período y las tendencias que encarnan, a pesar de la virulencia con la que se expresan en las redes sociales y en los medios, y del modo en que anatemizan a sus adversarios, vagan en un drama a la espera de un guion que no aparece.

Crisis y correlación de fuerzas

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La República

La mitadmasuno

10 de febrero de 2017

Juan De la Puente

Existen pocos consensos respecto a la naturaleza del escenario general que proyectan los casos de la gran corrupción de la política peruana; acaso los dos únicos registrados son: 1) que la crisis será sistémica y larga; y 2) que pone en tela de juicio el ciclo democrático iniciado el año 2000. Para M. Lauer (La República) ha entrado en crisis el antifujimorismo, una posición compartida por VA. Ponce (El Montonero).

De allí, todo son divergencias. Un sector del análisis cree que esta crisis alude básicamente al núcleo económico del modelo neoliberal (M. Tanaka y A. Zapata en La República) y otro considera que lo que se ha desfondado es la parte política de ese mismo modelo (C. Meléndez y F. Vivas en El Comercio), en tanto que una tercera visión sostiene que la crisis se debe a que el modelo no ha sido suficientemente liberal, desde una perspectiva institucionalista (J. de Althaus y F, Guiffra en El Comercio y M. Lauer en La República).

Estas radiografías colocan énfasis distintos a fenómenos que ya habían sido tratados con una matriz parecida en los últimos 15 años, tanto desde la idea del “piloto automático” (qué importa la mala política si tenemos es una buena economía), como desde la opinión de que no eran necesarias las reformas institucionales, sea porque el sistema ya estaba muy abierto o porque la crisis del sistema de partidos era irreversible.

El debate es nuevo como la misma crisis de la corrupción. No obstante, sin relativizar la afectación del modelo económico por este vendaval –tenemos 15 años de “viejos” conflictos por causas económicas a los que se agregan los nuevos conflictos de consumo como el del peaje de Puente Piedra– el factor hegemónico de ella es la política, es decir, el agotamiento de la capacidad de reproducción del sistema, para concretar respuestas desde la democracia a las demandas de recambio, una crisis del “gran Estado” a decir de Gramsci, incluyendo en esta dimensión de las cosas a las relaciones económicas, el diálogo entre política y economía, entre Estado y economía y, por supuesto, las relaciones de arriba/abajo.

Es imposible estimar la dirección final del barco en plena borrasca. En la etapa inicial de la crisis, lo que se abre a partir de las primeras revelaciones con nombre y apellido es la disputa por el desenlace, la clásica correlación de fuerzas en pugna directa. En ese contexto, se advierte que el juicio mediático pierde hegemonía porque el juicio público de la calle abre su camino propio.

Ese es el sentido de la marcha del 16 de febrero. Al otro lado, el tercer actor, los poderes y partidos apuestan por reducir este proceso a los asuntos estrictamente procesales con escaso diálogo con los medios y los ciudadanos, con el riesgo de ser desbordados por estos. Mientras que los medios y la calle tejen alianzas y lanzan opciones, el gobierno y el Congreso juegan camotito con tendencias que asoman fuertes.

No habrá salida exitosa al mediano plazo si el juzgamiento judicial no va acompañado de reformas muy fuertes. Un antecedente: nunca como en el año 2014 Áncash fue escenario de una intensa movilización anticorrupción de la sociedad y del sistema político. A pesar de ello, en las elecciones de ese año fue elegido gobernador Waldo Ríos, un ex convicto por corrupción, reincidente en actos ilegales y ahora detenido.

Una nota final. En este punto, es incompleto el argumento escuchado estos días de indignación y sensación de traición ante las revelaciones sobre A. Toledo. De estos sentimientos no puede excluirse las responsabilidades políticas, incluso de quienes no participaron en decisiones vinculadas a obras públicas. Por esa razón, a pesar de que hace más de 10 años por decisión propia no existe una relación personal y política con Toledo, y de que conservamos una vida profesional pública limpia, debemos asumir una responsabilidad política aún a costa del detrimento de nuestro predicamento personal. Es lo que corresponde en un país en el que escasea la autocrítica y es más fácil repartir culpas sin mirarse al espejo.

La prensa también pacta

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La Republica

La mitadmasuno

11 de setiembre de 2015

Juan De la Puente

Una de las noticias que resalta en Europa es el reciente editorial de 13 prestigiosos diarios que lanzan a viva voz un llamamiento a los gobiernos de la Unión Europea (UE) que se reunirán el 14 de este mes en Bruselas para iniciar una nueva fase de las negociaciones frente a la grave crisis migratoria, la más seria desde la II Guerra Mundial, que impulsa a millones de personas a abandonar sus países por los brutales conflictos internos y regionales y por razones económicas. Decenas de miles de ellas han llegado al Viejo Continente.

Los medios han llamado a los gobiernos a una solución negociada a la crisis vía medidas decisivas que eviten que se pierdan más vidas, y a demostrar que Europa es un continente construido sobre los principios de solidaridad, igualdad y libertad.

En otros momentos cruciales, los diarios europeos se habían coaligado para defender la paz, contra el terrorismo y las guerras. Pero esta vez han ido más lejos. Posicionados como un eje de referencia pública alternativa han propuesto incluso modificaciones del derecho europeo para que se conceda asilo a personas sin que tengan que arriesgar sus vidas para llegar al continente; que se financie a los países a los que primero llegan los refugiados; que se opte por una evaluación rápida e imparcial de las solicitudes de asilo; que se suspenda el acuerdo de Dublín por el que se obliga a los solicitantes de asilo a volver a su lugar de entrada; que se lleve a cabo un reparto más justo de la cuota de refugiados por país; y que se presione a otros actores internacionales para que hagan el máximo esfuerzo para alcanzar una paz negociada en Siria, gestionada por las NNUU.

No puede decirse que los gobiernos de la UE no reaccionarán ante la crisis de los refugiados aunque es evidente que son desbordados por la intensidad del flujo y las muertes que ocasionan las peligrosas travesías. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados considera que Europa deberá acoger por lo menos a 200 mil personas que huyen de sus países.

Este es un vigoroso ejemplo de cómo los medios pueden ejercer junto a su labor informativa una activa función de orientación, fortaleciendo procesos virtuosos, apurando dinámicas de cambio o desarmando estrategias inmovilistas que, en el caso europeo, implica, por ejemplo, el quiebre de la estrategia británica de no comprometerse con una cuota específica de refugiados.

No puede decirse que en nuestro país los medios no pactaran recientemente una agenda pública, aunque no en un sentido virtuoso. De hecho opera entre la mayoría de ellos un pacto tácito para encarar las denuncias de corrupción desde la epidermis, donde importan más los corruptos que los corruptores, no llamar corrupción a los lobbies privados, y silenciar algunos casos mientras se agrandan otros. Sobre la seguridad ciudadana y el delito opera otro pacto tácito: mostrar con detalle grotesco el delito en sus efectos, pero ignorar con solemnidad las causas, en tanto se alimentan las respuestas populistas igualmente criminales al estilo de “chapa tu choro”. Un emblema de este pacto puede ser la pregunta de una periodista a su colega reportero: ¿Me puedes decir cuántas puñaladas recibió la víctima?

Ya que los medios le han arrebatado a las instituciones y a los políticos gran parte de la agenda pública y diseñan esta con más libertad, sería ideal que pacten de modo expreso o tácito algunos temas de los que depende el futuro del país: 1) la reforma política ya no en su fase minimalista sino en contenidos de largo plazo, como la reforma de la Constitución y la sanción al financiamiento ilegal, por citar dos ejemplos; 2) la lucha contra los sistemas legales e institucionales que generan corrupción, corruptos y corruptores; 3) una política criminal sostenible que tenga como ejes la inteligencia, el juzgamiento eficaz y la prevención; y 4) la atención real al grave problema que implican para el país el cambio climático y los desastres naturales. ¿Podrán, querrán, lo harán?

Juicio mediático y apanado político

http://larepublica.pe/impresa/opinion/5444-juicio-mediatico-y-apanado-político

La República

La mitadmasuno

5 de junio de 2015

Juan De La Puente

El país sobrelleva 10 grandes casos (narcoindultos, López Meneses, Región Áncash, Alejandro Toledo, Orellana Rengifo, Aurelio Pastor, Belaunde Lossio, Nadine Heredia, pañales y Oropeza) en los que fiscales, jueces, congresistas y medios comparten roles procesales.

Es un momento crucial en la lucha contra la corrupción, en la que la prensa juega un rol dinámico en la medida en que investiga, revela, denuncia e informa. Por lo menos en la mitad de los casos señalados, gracias a la prensa se iniciaron investigaciones que han llegado a procesos judiciales.

Como en cualquier otro país, la prensa no se satisface con ese rol y practica con entusiasmo el juicio mediático o paralelo. Este juicio es además amplio, en la medida que al mismo tiempo se juzga a fiscales y jueces.

Nunca tuvimos tanta política judicializada ni tantos juicios politizados, un asunto que no depende solo de la prensa pero que se relaciona con el juicio mediático. Este problema es abordado en varios países con distintas medidas, entre ellas acelerar las causas y transparentar los procesos. En otros, se pretende en cambio ahogar la información; como en España, donde se aprestan a impedir que la prensa difunda imágenes de los detenidos.

En nuestro caso, el problema es mayor porque el juicio mediático peruano es pobre en forma y contenido. La prensa juzga desde las corazonadas, confunde la opinión con el análisis legal; carece de instrumentos y de autorregulación; y se priva conscientemente de reglas aplicables a todos los casos. Aquí dos ejemplos: 1) se afirma que el debido proceso expresado en la Sentencia del Caso Tineo Cabrera (Exp. Nº 00156-2012 del TC) no es aplicable a Alan García o Keiko Fujimori pero sí a cualquier otro político investigado; y 2) los periodistas que condenan con vehemencia la publicación del expediente reservado sobre Nadine Heredia, difundieron centenares de expedientes filtrados de delitos perseguibles por acción pública en los últimos años.

Guiada por la ojeriza al gobierno, una parte de la prensa incurrió en por lo menos tres errores en el caso MBL, sin rectificación hasta ahora: 1) inducido por abogados despistados, insistió en que ante la presencia de MBL en Bolivia la opción correcta era la expulsión y no la extradición, ignorando los cambios a la legislación boliviana en aplicación de una sentencia de la CIDH sobre refugiados; 2) hizo suya sin análisis la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que rechazó el primer pedido de extradición de MBL aduciendo falsamente que el Código Penal Boliviano no sanciona la complicidad en el delito de peculado; y 3) aseguró que Ollanta Humala y Evo Morales fraguaron un plan para sustraer a MBL de la justicia, desmentido por el impecable comportamiento boliviano.

No es posible ni correcto impedir que la prensa informe y opine. Lo ideal sería que siga cada caso y que si decidiese emitir una “sentencia mediática” lo haga con cierto rigor, reseñando pruebas, dando voz a los imputados y motivando la opinión, es decir, desde la verdad y la calidad. Claro que para ello haría falta algo aún más difícil en el contexto peruano: superar la improvisación y el odio, que los reportajes separen lo legal de lo político, y que si se mezclan ambos planos, la opinión política no sustituya la ignorancia de lo jurídico.

No creo como señalan algunos juristas que el juicio mediático sea una disfunción periodística. Creo en cambio que habría que evitar que se convierta en lo que el maestro Luigi Ferrajoli llama una patología judicial, que consiste en que los periodistas simpatizamos con la idea de que el fin no justifica los medios, de lo que se hace eco el modelo garantista de justicia, pero nos mantenemos en una cultura inquisitiva haciendo de cada acusado nuestro, culpable, peligroso y enemigo. Sobre todo si se trata de un acusado que no nos simpatiza, porque de los otros hacemos abandono de expediente. Es el caso, otro ejemplo, del Sr. Lelio Balarezo, ignorado por la mayoría de medios estos días en que nos hemos ocupado tanto de la Primera Dama.