La República
3 de narzo de 2017
La mitadmasuno
Juan De la Puente
Las dos encuestas publicadas recientemente (IPSOS Perú y GfK Perú) revelan que las facturas de la crisis del Lava Jato peruano han empezado a ser giradas al sistema, con las cuentas más cargadas a unos que a otros. La tendencia más importante que dibujan los sondeos es la aparición de un “que se vayan todos”, débil todavía pero consistente, un fenómeno a la espera de liderazgos y de movimiento.
Fuera de la caída de la aprobación presidencial de varios puntos en dos meses, los datos indican la pérdida de la posición personal del presidente en percepciones cruciales como la confianza y liderazgo, una aguda individualización de su papel en esta crisis. La aprobación/desaprobación de PPK se ha transformado en una discusión alrededor de PPK, fortaleciendo los dilemas de la oposición acerca de la intensidad de la crítica al gobierno en esta hora.
Si se pasa al detalle de las expectativas, las demandas se refieren a un abanico de problemas donde la corrupción es solo un dato, un cuadro amplio en el que se exige con igual o mayor intensidad seguridad, atención a los desastres naturales y reactivación de la economía. Esta diversidad contrasta con la percepción de la elite peruana enfocada en abordar la corrupción, de modo que se produce una politización de la crisis del Lava Jato arriba y una despolitización abajo. Por ahora no veo a nadie intentando resolver esa brecha.
Esta despolitización es compleja por donde se le mire; su principal elemento consiste en que para la mayoría, la corrupción no tiene ni modelo económico ni ideología. Es cierto que más personas están informadas sobre los escándalos de la corrupción brasileña, aunque las conclusiones de este conocimiento son la convicción de que todos son corruptos y que la solución es un gobierno de “mano dura”, el código social que identifica a un poder que no se detiene en las formas. Del populismo político hemos pasado al populismo penal y de allí al populismo anti corrupción que es igualmente político, en clave recargada.
Es cierto que ante a los casos denunciados el sistema está funcionando –en un desempeño relativo, caótico y fragmentado–, lo que es advertido por una opinión pública que no parece estar sedienta de sangre pero sí de resultados tangibles. El único desempeño estatal aprobado y de modo ligero es el de la fiscalía, con un registro inferior al de la prensa, señal inequívoca del predominio del juicio mediático que a diferencia de Brasil, no ha sido todavía superado por las indagaciones del Estado.
Estos datos indican que el juicio público se ha independizado del juicio mediático. No obstante, ¿Por cuánto tiempo más el consumo de imágenes y de datos atajará la exigencia de resultados? Difícil estimarlo en un país donde casi todos creen que la mayoría o todos los políticos son corruptos y, al mismo tiempo, que los peruanos son igualmente corruptos (IPSOS).
En la idea de “tu corrupción es mi corrupción” puede residir en parte la explicación de un “que se vayan todos” todavía pasivo y poco callejero; al fin y al cabo, más allá de la disposición de la gran mayoría de salir a las calles para exigir castigo a los responsables (GfK), otra mayoría también piensa en que no vale la pena denunciar un acto de corrupción porque “igual no pasa nada”, o que denunciar un acto de corrupción es peligroso porque “después se la agarran contigo” (GFK).
El “que se vayan todos” peruano no tiene todavía representación política; es un instante revolucionario sin revolucionarios, una crisis sin liderazgos que fuercen los cambios, y una tendencia con poco movimiento. Alberto Adrianzén llama a esto una crisis sin actores, es decir, un extraño momento donde las fuerzas parecen libradas a su suerte. En algún momento me ha parecido que los protagonistas de este período y las tendencias que encarnan, a pesar de la virulencia con la que se expresan en las redes sociales y en los medios, y del modo en que anatemizan a sus adversarios, vagan en un drama a la espera de un guion que no aparece.
