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sábado, 30 de junio de 2018

La renovación retrograda

https://larepublica.pe/politica/1265104-renovacion-retrograda
La República
La mitadmasuno
22 de junio de 2018
Juan De la Puente
Una mirada inicial a las candidaturas para las elecciones regionales y municipales de octubre próximo arroja cambios en la formación de las opciones y notifica del agravamiento de la crisis de los partidos.
En términos absolutos se aprecia el incremento de la falta de cobertura nacional de los partidos. Salvo Alianza para el Progreso (presente en 25 regiones, 184 provincias y 1309 distritos) y de Acción Popular (22 regiones, 156 provincias y 962 distritos) los grupos denominados nacionales no logran presentarse en el 50% de las regiones, y han presentado listas en poco más de un tercio de municipios provinciales y en alrededor de un quinto de municipios distritales.
Los partidos parecen haber llegado a la conclusión de que sus fuerzas les permiten asumir limitadamente solo el ámbito regional; de las 367 listas presentadas a las regiones, 265 son de los partidos y 102 de los movimientos regionales. En cambio, las provincias y distritos han sido “abandonados” en manos de los movimientos regionales, considerando la ley aprobada por el Congreso el año pasado que estrecha la presencia de los movimientos locales.
Esa presencia limitada de los partidos, es todavía más precaria debido al fichaje de candidatos a gobernadores regionales y alcaldes independientes, de modo que crece sustantivamente el número de listas vientres de alquiler. Un ejemplo perfecto es Lima, donde 11 de los 21 candidatos que pretenden competir por la alcaldía metropolitana no pertenecen al grupo político que los llevan en sus listas.
¿Qué ha pasado con los militantes? Se acentúa el proceso iniciado años atrás que, ante el incremento del costo de las campañas y la destrucción del tejido partidario, entrega los lugares más destacados en las listas a quienes tienen más dinero o quienes resultan más conocidos por razones extra políticas. El militante es ya un ciudadano de segunda categoría dentro de su partido.
Esta dinámica combinada de debilidad partidaria y arremetida interna y externa del poder económico con propósitos electorales, arroja un cuadro donde predomina la imagen del asalto de las regiones y municipios por fuerzas incontroladas carentes de vocación orgánica con el régimen democrático. Si a lo descrito se agrega la prohibición de la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, el sueño del “que se vayan todos” se va haciendo realidad. Es la renovación indeseable y retrógrada. Se van los partidos, los militantes, los grandes movimientos regionales y las élites comprometidas con la descentralización. Y se quedan o vienen los aventureros y el dinero.
La revisión de nombres arroja algunas conclusiones preliminares. Las más importantes reportan la presencia de candidatos cuestionados por desempeños anteriores, incluido el manejo oscuro de los recursos públicos, que retornan a la competencia arrastrando procesos judiciales (los casos de Ancash, Junín, Huánuco, Cusco, Puno, Cajamarca); candidatos que saltan de las regiones a los municipios o viceversa en un carrusel de pactos sospechosos con enemigos irreconciliables; candidatos que lo son a costa de fracturar los partidos existentes; y el retorno de políticos nacionales a las “ligas menores” sin haber destacado en la representación parlamentaria.

Este proceso no tendría lugar si no estuviera acompañado de un vaciamiento de programa. He revisado las propuestas de los candidatos en algunas regiones y en Lima y la conclusión es la ausencia de ideas fuerza, inclusive de la promesa de obras como sustituto del programa electoral. El “que se vayan todos” se ha interpretado como que se vayan también las ideas y sean reemplazadas por la nada. El que tiene dinero habla como quiere, y si no quiere, solo hace campaña sin ideas. En este contexto, es presumible que la campaña electoral sea principalmente un acto permanente de contracampaña, y que los elegidos no se sientan obligados por los electores a asumir determinados compromisos y, por lo tanto, tengan las manos libres para hacer lo que les plazca desde el cargo que ocupen.

sábado, 16 de diciembre de 2017

Lava Jato después de PPK

La República
La mitadmasuno
15 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El país ha atravesado otras crisis de las que ha sobrevivido. Para un análisis objetivo de la actual, conviene la objetividad, no parecernos a la mayoría de políticos que sobreactúan, y procurar una reflexión desagregada de los elementos que componen este momento. Aquí algunas reflexiones:
La crisis. Esta no es una crisis de gobierno, exclusivamente, ni una crisis terminal del régimen político (todavía). La crisis afecta a dos poderes del Estado –a uno más que a otro– cuyos líderes formales y reales cargan acusaciones de corrupción, y a la elite política derrotada previamente en las elecciones pasadas. Para que la crisis se haga terminal, sería necesaria una grave dificultad de funcionamiento del Estado, una presencia ciudadana activa que muestre una ruta alternativa, y un bloqueo institucional visible a primera vista. El país no ha tocado fondo.
Las otras crisis. Lo que sucede con el presidente de la República es lo más grave, delicado y urgente a resolver, pero no es el único registro de la realidad. El sistema es impactado por otras constantes de modo que “resuelto” el caso Kuczynski, quedan procesos cuya evolución no pueden ser controlados por las fuerzas políticas y poderes: actuales investigaciones de corrupción, delaciones en camino, y nuevas investigaciones y revelaciones, ahora que Odebrecht se ha convertido en el primer poder del Estado. Esta segunda explosión del Lava Jato (la primera fue hace un año) augura otras cuyo volumen es inestimable, de modo que las opciones para encarar el “caso PPK” son provisionales, limitadas y parciales. Es probable que los hechos sucedan en dos tiempos.
Los escenarios. Las revelaciones de Odebrecht cambian radicalmente las tendencias que presentaban las crisis. En el momento previo se apreciaban cuatro escenarios: 1) Una escalada simétrica entre el fujimorismo y el gobierno que elevaba las tensiones y cuyo punto de relación es Odebrecht, y que el sistema estaba tolerando; 2) la posibilidad de un pacto entre el Gobierno y el Congreso que rebajara tensiones, que PPK insinuó cuando a inicios de semana se refirió a un nuevo diálogo; 3) una sucesión constitucional en la presidencia, sea por vacancia o por renuncia, y que deje el Gobierno en manos del primer vicepresidente; y 4) una sucesión constitucional completa que lleve al presidente del Congreso a dirigir un Gobierno de Transición con elecciones adelantadas para los dos poderes.
En este esquema, el escenario Nº 1 estaba en plena vigencia con posibilidades de pendular con el escenario Nº 2 (el juego tensión/cooperación). Las revelaciones sobre los pagos a PPK altera este cuadro y hacen viable el escenario Nº 3 (renuncia o vacancia) e impulsa por ahora levemente las posibilidades del escenario Nº 4 (elecciones adelantadas). Colabora con este cuadro el hecho de que la opinión pública ha procesado ya una vacancia simbólica de los poderes, según las encuestas.
Los poderes. Partidos y otros sectores sociales se han empezado a ubicar en torno a los escenarios Nº 3 (vacancia o renuncia de PPK) y 4º (elecciones adelantadas, los grupos extraparlamentarios). Se entiende que el grueso del sistema se oponga a las elecciones adelantadas especialmente porque no están dispuestos a correr los riesgos en un nuevo ordenamiento de fuerzas. En esa dirección, se asoma un pacto tácito para encumbrar al vicepresidente Martín Vizcarra, pero nadie parece dispuesto a ir más allá y sostenerlo formalmente. Esto obligaría al nuevo mandatario a profundizar el carácter casi parlamentario del Ejecutivo.

Lo positivo en medio del pesimismo es que cualquiera de los escenarios anotados se ubican dentro el marco del régimen democrático, de manera que si la crisis no se alarga demasiado no se producirán salidas rupturistas o violentas, salvo revelaciones explosivas. La escasa movilización ciudadana en los meses previos indica cierta comodidad de los actores para sortear –otra vez, por ahora– el que “se vayan todos”. Esta tendencia abriga, no obstante, una clave oscura y negativa: la fortaleza de un sistema que se resiste a los cambios de fondo.

Corrupción, el espejismo brasileño

La República
La mitadmasuno
24 de noviembre de 2017
Juan De la Puente
La lucha contra la corrupción ha entregado resultados en las últimas semanas. La información y las diligencias recientes representan un pequeño impulso del sistema de justicia hacia arriba y hacia adelante, suficientes para transformar el Lava Jato peruano en un proceso contra la clase política nacional, el resultado más significativo que emerge del balance del primer aniversario del estallido de la corrupción brasileña en el Perú.
Este rasgo del proceso es igual al registrado en Brasil, aunque otras similitudes escasean. El curso que ha tomado el proceso peruano indica la fortaleza del sistema para evitar grietas en sus muros de contención y, al mismo tiempo, soslayar los cambios. Increíble giro para una corrupción subsidiaria, considerando que el volumen de las denuncias hacía suponer procesos menos controversiales, pero con mayor efecto político. Al revés, lo que tenemos son menos consecuencias y más impugnación de las decisiones judiciales.
A estas alturas, Brasil es quizás un espejismo. A diferencia de nuestros vecinos, aquí no se ha producido un pacto de impunidad entre los políticos, sino que cada sector de la elite gobernante ha cavado su propia trinchera que opera con sus propias reglas, la más importante de las cuales es la denuncia y acción solo contra los adversarios, en tanto se protege a los partidarios. En el tablero general escasean los actores públicos que apoyan resueltamente la acción de la justicia. Como consecuencia, el Perú carece de una movilización social contra la corrupción, una ausencia que deja literalmente aislados a la Fiscalía y al Poder Judicial.
Desde que estalló la crisis no hemos visto a la sociedad civil en acción, de modo que, a diferencia de Brasil, no hubo aquí una transición anticorrupción. Modestamente, solo se aprecia un vacío institucional y social, un cuadro poco dinámico que evidencia la ausencia de liderazgo y de las grandes ideas para la reforma en favor de la transparencia, o por lo menos una discusión activa. La revisión de las agendas de los centros de pensamiento nacional muestra la falta de centralidad de la corrupción.
Por esa razón, a un año del estallido del Lava Jato peruano, el segundo rasgo de nuestro proceso es la falta de alternativa; contra los deseos de entonces, esa explosión no se ha transformado en un juicio resuelto contra el modelo de democracia sin cambios del ciclo 2001-2016. Al perderse el instante revolucionario que implicó las revelaciones de diciembre del año pasado, lo que se ha impuesto es un “que se vayan todos” en código pasivo.
Hemos pedido la oportunidad de una épica nacional anticorrupción. En cambio, las que relumbran son las guerras civiles entre “tu corrupción y la mía”. Esas guerras no han logrado alinear favor de algún bando a la opinión pública, la que se muestra mayoritariamente dispuesta a no creerle a nadie y a reclamar castigo para todos.
Entre los tres posibles desenlaces advertidos hace un año: el democrático-reformista que ataje la impunidad, sustituya al liderazgo y reforme las instituciones; el populista-penalista que sancione a medias a los responsables y que deje pasar la oportunidad de cambio; y el conservador-legalista que deje todo en manos de jueces y fiscales, a quienes luego responsabilizar; se ha impuesto el tercero, con un ligero cambio: la hostilidad ahora hacia la fiscalía y probablemente más adelante hacia los jueces.

No habría que descartar otros dos asuntos que atañen al proceso. El primero, que el sistema derrote este pequeño esfuerzo en favor de la transparencia pública, una tendencia que convive con los avances registrados cada cierto tiempo. La batalla por la colaboración eficaz es quizás la clave de la que depende el éxito o el fracaso de la lucha contra la corrupción, algo que en Brasil no estuvo en debate desde el inicio del Lava Jato. El segundo, la vigencia de los políticos y los partidos cuestionados; en eso sí Brasil nos enseña el camino; Lula, el más cuestionado de los líderes, encabeza las preferencias electorales.