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viernes, 9 de octubre de 2015

Antifujimorismo y antialanismo, nuevas claves

http://larepublica.pe/impresa/opinion/707473-antifujimorismo-y-antialanismo-nuevas-claves
La República
La mitadmasuno
Juan De la Puente
2 de octubre de 2015
Dos de los más acendrados “antis” en la política peruana son los que atañen a Keiko Fujimori (KF) y Alan García (AGP). Los discursos contra ambos han sido formas poderosas de comunicación utilizadas para simbolizarlos como un peligro como para cimentar una férrea identidad defensiva de sus partidarios. De hecho, es un sentido común que KF perdió las elecciones del 2011 gracias a una recreación tardía y exitosa del antifujimorismo.
Parece que KF ha aprendido a manejar ese “anti” sobre todo porque se trata del viejo antifujimorismo cuyo principal símbolo es su padre. Este “solo” es polémico: un sector cree que no se necesita más que activar la percepción selectiva de los años noventa pero otros sostienen que el país ha asimilado y olvidado los crímenes del gobierno de esa década.
La campaña contra KF se sustenta en un discurso publicitario con énfasis en condenables actos de Alberto Fujimori: 1) la corrupción y el papel en ella de Vladimiro Montesinos; 2) las violaciones de los DDHH; 3) la fuga al Japón y la renuncia por fax; 4) los familiares perseguidos por la justicia; 5) los maltratos a Susana Higuchi; 6) el golpe del 5 de abril de 1992; y 7) la compra de los diarios chicha.
Lo que falla en este discurso es la comunicación sin política; esta –la política– no ha sido empleada o, para ser más exactos, contiene poca valoración política entendida como crítica a lo que ahora es KF y no solo lo que ha sido o sigue siendo.
No existe un nuevo antifujimorismo, a pesar de que hay razones para ello. Es extraño, por ejemplo, que no se insista en el férreo compromiso del fujimorismo con los aspectos más excluyentes del modelo económico, las denuncias contra sus nuevas adquisiciones y sus conflictos orgánicos en varias partes del país.
KF está logrando construir una segunda identidad del fujimorismo o, si se quiere, una identidad compartida donde ella adquiere un peso propio y se debilita la proyección de Alberto Fujimori. Esta apreciación puede ser cuestionada –otra vez desde la publicidad– pero merece un mínimo de discusión, especialmente luego de su presentación en Harvard en la que pareció postular un “postalbertismo” cuyo atributo es una menor excitación ideológica que aquella que los marca como radicales peligrosos para la democracia.
García supo manejar el antialanismo. El 2006 disolvió en parte la polarización entre Lourdes Flores y Ollanta Humala y se coló por el centro, diluyendo un parte su “anti” y construyendo otro más agresivo, el antihumalismo. En su segundo gobierno construyó un segundo alanismo que logró arrinconar al primero aun a pesar de la posterior guerra centrada en la Megacomisión que AGP ganó en términos políticos y legales.
Sin embargo, los narcoindultos y otras nuevas acusaciones han parido un nuevo antialanismo que se relaciona con una “nueva” corrupción encarada con respuestas tradicionales. Al contrario de lo que sucede con KF, contra AGP se dirige un discurso en el que lo publicitario y político lucen eficaces, sean o no veraces: 1) García debilitó la lucha contra el narcotráfico indultando no a centenares sino a miles de mafiosos; 2) una mafia organizada lucraba con los indultos y de esto se beneficiaban un grupo de militantes apristas; y 3) AGP no ofrece garantías de que un tercer mandato suyo sea transparente.
El Apra se ha resistido a reconocer este nuevo antialanismo, al que combate con la clave de lo viejo. Sus líderes aducen que es el antiaprismo de siempre y que ellos resistirán como siempre a este embate conocido, un arma eficaz para la cohesión interna pero de dudosa utilidad con las masas. La posibilidad de disculpas públicas por lo narcoindultos que inicien a un giro programático ha sido bloqueada, y en cambio la idea de sacar a los militares a la calle suena a una huida hacia adelante.
Así, las diferencias en la intención de voto no pueden explicarse con el argumento de una campaña aún en ciernes sino por la insuficiencia de un antiguo “anti” que favorece a KF y la eficacia de uno nuevo que perjudica a AGP.

viernes, 5 de junio de 2015

Juicio mediático y apanado político

http://larepublica.pe/impresa/opinion/5444-juicio-mediatico-y-apanado-político
La República
La mitadmasuno
5 de junio de 2015
Juan De La Puente
El país sobrelleva 10 grandes casos (narcoindultos, López Meneses, Región Áncash, Alejandro Toledo, Orellana Rengifo, Aurelio Pastor, Belaunde Lossio, Nadine Heredia, pañales y Oropeza) en los que fiscales, jueces, congresistas y medios comparten roles procesales.
Es un momento crucial en la lucha contra la corrupción, en la que la prensa juega un rol dinámico en la medida en que investiga, revela, denuncia e informa. Por lo menos en la mitad de los casos señalados, gracias a la prensa se iniciaron investigaciones que han llegado a procesos judiciales.
Como en cualquier otro país, la prensa no se satisface con ese rol y practica con entusiasmo el juicio mediático o paralelo. Este juicio es además amplio, en la medida que al mismo tiempo se juzga a fiscales y jueces.
Nunca tuvimos tanta política judicializada ni tantos juicios politizados, un asunto que no depende solo de la prensa pero que se relaciona con el juicio mediático. Este problema es abordado en varios países con distintas medidas, entre ellas acelerar las causas y transparentar los procesos. En otros, se pretende en cambio ahogar la información; como en España, donde se aprestan a impedir que la prensa difunda imágenes de los detenidos.
En nuestro caso, el problema es mayor porque el juicio mediático peruano es pobre en forma y contenido. La prensa juzga desde las corazonadas, confunde la opinión con el análisis legal; carece de instrumentos y de autorregulación; y se priva conscientemente de reglas aplicables a todos los casos. Aquí dos ejemplos: 1) se afirma que el debido proceso expresado en la Sentencia del Caso Tineo Cabrera (Exp. Nº 00156-2012 del TC) no es aplicable a Alan García o Keiko Fujimori pero sí a cualquier otro político investigado; y 2) los periodistas que condenan con vehemencia la publicación del expediente reservado sobre Nadine Heredia, difundieron centenares de expedientes filtrados de delitos perseguibles por acción pública en los últimos años.
Guiada por la ojeriza al gobierno, una parte de la prensa incurrió en por lo menos tres errores en el caso MBL, sin rectificación hasta ahora: 1) inducido por abogados despistados, insistió en que ante la presencia de MBL en Bolivia la opción correcta era la expulsión y no la extradición, ignorando los cambios a la legislación boliviana en aplicación de una sentencia de la CIDH sobre refugiados; 2) hizo suya sin análisis la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que rechazó el primer pedido de extradición de MBL aduciendo falsamente que el Código Penal Boliviano no sanciona la complicidad en el delito de peculado; y 3) aseguró que Ollanta Humala y Evo Morales fraguaron un plan para sustraer a MBL de la justicia, desmentido por el impecable comportamiento boliviano.
No es posible ni correcto impedir que la prensa informe y opine. Lo ideal sería que siga cada caso y que si decidiese emitir una “sentencia mediática” lo haga con cierto rigor, reseñando pruebas, dando voz a los imputados y motivando la opinión, es decir, desde la verdad y la calidad. Claro que para ello haría falta algo aún más difícil en el contexto peruano: superar la improvisación y el odio, que los reportajes separen lo legal de lo político, y que si se mezclan ambos planos, la opinión política no sustituya la ignorancia de lo jurídico.
No creo como señalan algunos juristas que el juicio mediático sea una disfunción periodística. Creo en cambio que habría que evitar que se convierta en lo que el maestro Luigi Ferrajoli llama una patología judicial, que consiste en que los periodistas simpatizamos con la idea de que el fin no justifica los medios, de lo que se hace eco el modelo garantista de justicia, pero nos mantenemos en una cultura inquisitiva haciendo de cada acusado nuestro, culpable, peligroso y enemigo. Sobre todo si se trata de un acusado que no nos simpatiza, porque de los otros hacemos abandono de expediente. Es el caso, otro ejemplo, del Sr. Lelio Balarezo, ignorado por la mayoría de medios estos días en que nos hemos ocupado tanto de la Primera Dama.

sábado, 3 de agosto de 2013

Narcopolítica, normal nomás

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/narcopolitica-normal-nomas-02-08-2013
La República
La mitadmasuno
2 de agosto de 2013
Juan De la Puente
La Policía especializada parece haber dado un golpe certero a una red de tráfico de drogas que incluye a una ex congresista que en el anterior período representó al actual partido de gobierno. El nivel de la implicada y sus actividades cuando ocupaba un escaño parlamentario revelan un grado significativo de penetración del narcotráfico en la política. Los datos sobre la relación de Nancy Obregón con el tráfico de drogas no son nuevos: un asesor suyo (2006/2007) fue capturado con 140 kilos de cocaína y ella misma fue vinculada por informes periodísticos y policiales a la propiedad de pozas de maceración de coca. Como varios otros líderes cocaleros, su defensa de los cultivos ilícitos escondía el delito.
Es el más importante caso de narcopolítica de los últimos años, pero no el único. El especialista Jaime Antezana señaló en mayo del 2011 que ese año fueron elegidos 10 congresistas relacionados con el narcotráfico, detallando los distritos electorales de los que venían. El mismo Antezana reveló en abril del año pasado que en Apurímac, Puno, Junín y Lima se tenía a varios alcaldes vinculados al narcotráfico.
En  la campaña electoral del 2011 La República reveló que dos candidatos de Fuerza 2011 por Huánuco eran investigados por lavado de activos procedentes del narcotráfico. Un año antes, el Apra retiró toda su lista de candidatos al Gobierno Regional de Ucayali porque la dirigencia de esa zona se negó a retirar la postulación de la esposa del procesado ex alcalde de Pucallpa,  Luis Valdez. Ese mismo año, el propio Valdez, desde la prisión, logró inscribir su candidatura a la alcaldía de esa provincia, luego tachada.
La historia es más vieja; el 2006, se detectó hasta seis candidatos en las elecciones municipales y regionales de ese año que tenían antecedentes por tráfico de drogas.  Uno de ellos era Humberto Chávez Peñaherrera, quien había cumplido una condena de 10 años por narcotráfico y postulaba a la alcaldía de Campanilla (San Martín); el otro, abogado de carteles de la droga, pretendía la alcaldía de un distrito de Lima.
Toda historia tiene prehistoria; en los años ochenta varios políticos de alto nivel, entre ellos congresistas, se relacionaron con firmas del narcotráfico en tanto que la caída de Reynaldo Rodríguez López “El Padrino” reveló los contactos de este con altos mandos policiales. Ni qué decir de la sociedad ilimitada de Vladimiro Montesinos con los capos de las drogas a la que arrastró a algunos uniformados de alto rango.
En un país que ocupa el primer lugar en la producción de cocaína, con valles cocaleros en expansión y con una fuerte asociación entre el narcotráfico y la banda armada del VRAEM, es inexplicable, por lo extraño y sospechoso, que la política no se haya preocupado por atajar sus contactos con ese tipo de delito.
El rechazo a la narcopolítica es episódico y despreocupado. El más serio esfuerzo lo impulsó en abril del 2010 el entonces jefe de DEVIDA, Rómulo Pizarro, a cuyo llamado 19 partidos y movimientos políticos suscribieron el Compromiso Ético Contra la Infiltración del Narcotráfico. Este compromiso incluía cláusulas novedosas, entre ellas no considerar como candidatos a quienes hayan sido sentenciados por delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren investigados; y no considerar como candidato a quien no pueda justificar razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.
Los firmantes también acordaron no aceptar donaciones o alguna otra forma de financiamiento de personas naturales o jurídicas que, al momento de realizar la donación, no declaren expresamente no haber sido notificadas de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera. El final de este pacto es poco conocido; solo dos partidos firmantes aplicaron sus cláusulas a la elección de sus candidatos y el pacto desfalleció porque de los seis convenios necesarios para que se facilite la información sobre antecedentes de los candidatos, se concretaron solo dos.