Mostrando entradas con la etiqueta narcopolítica. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta narcopolítica. Mostrar todas las entradas

sábado, 16 de agosto de 2014

La rebelión de los malos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-de-los-malos-15-08-2014
La República
La mitadmasuno
15 de agosto de 2014
Juan De la Puente
La delitopolítica es la fase superior de la antipolítica, el sistema de organización del poder y de la gestión del Estado vigente desde hace 25 años y que ahora nos estremece al ponernos sobre la mesa a centenares de candidatos con sentencias penales por delitos sobre los cuales la sociedad tiene un especial cuidado.
Aunque la verdad sin tapujos es que ni el Estado ni la prensa deberían horrorizarse demasiado, sobre todo si el primero fue impulsor y cómplice de la antipolítica y la segunda su entusiasta anunciadora, promotora y defensora. Tampoco el mercado debería sorprenderse tanto porque en las últimas décadas ha pedido y bregado por un sistema político bonito y barato, no necesariamente bueno, y lo ha conseguido.
La presencia de candidatos narcotraficantes, violadores, usurpadores, secuestradores y terroristas en las listas electorales no es reciente aunque revista ahora la forma de una invasión. Están siendo paridos por un sistema que aplaude y premia el rechazo a los partidos, a las ideologías y al compromiso doctrinario. Lo que empezó como la adulación a los independientes por su naturaleza pragmática, sin lealtades y sin historia adquiere ahora la forma de una resignación pública ante un modelo que se sabe puede existir solo sobre la base de partidos pequeños, débiles y a merced de los caudillos, con una vida precaria y sin democracia interna, una travesía en permanente emergencia acosada por movimientos regionales y locales que reproducen y masifican la corrupción, el populismo y el clientelismo.
Los partidos fueron en este proceso víctimas y verdugos. La antipolítica les fue impuesta por lo poderes fácticos aunque se produjo al mismo tiempo como resultado de su falta de competencia para enfrentar las crisis en la década de los ochenta. Ya es un consenso en la academia considerar que el quiebre de lo que alguna vez pudo llamarse sistema de los antiguos partidos es a la vez asesinato y suicidio.
La desprofesionalización de la política se acentuó en la década pasada; a ella concurrieron medidas y fenómenos como la misma Ley de Partidos que consagró el fichaje de independientes y relativizó las elecciones internas. En un proceso paralelo, el voto preferencial y la falta de financiamiento público de los grupos políticos dinamizaron el encarecimiento de las campañas electorales consolidando el eje que mueve casi toda elección: candidatos prestados/dinero. Mi cálculo conservador es que en estas elecciones se gastarán por lo menos 1.000 millones de soles.
Los antiguos partidos se resistieron inicialmente a este impulso de compra y venta de listas electorales, pero han sucumbido a la tentación; la antipolítica ha logrado que todos se adecúen a ella y desde esa legitimidad ha convertido la formación de la representación en lo que ahora es, un proceso generalmente irregular y a veces fraudulento de reclutamiento de militantes, formación de comités y designación de candidatos.
No es extraño que en ese contexto las elecciones sean una oportunidad para que los malos salgan del clóset y se trepen con dinero en la mano a la lista electoral que encuentren. Esta fase superior de la antipolítica está en su momento inicial; los más de 2 mil candidatos sentenciados son apenas el 2% del total de candidatos en todo el país, pero al ritmo en que opera puede alcanzar fácilmente el 6% u 8% en los siguientes comicios, un porcentaje capaz de arrebatarle a la sociedad el impulso de cambio.
Lo que no aparece suficientemente claro en la indignación de medios y líderes es la asociación de la delitopolítica con otros fenómenos que estallan al mismo tiempo, como la corrupción regional y municipal; el plagio de planes de gobierno; la compra de periodistas, jueces y fiscales; y la corrupción de buena parte de jurados electorales especiales. Quizás sea un esfuerzo agónico para decirnos que a pesar de que los malos se rebelan, arrinconan a los buenos y se cuelan a los cargos de representación popular, la reforma política no es necesaria porque aún podemos seguir conviviendo con la antipolítica.

sábado, 3 de agosto de 2013

Narcopolítica, normal nomás

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/narcopolitica-normal-nomas-02-08-2013
La República
La mitadmasuno
2 de agosto de 2013
Juan De la Puente
La Policía especializada parece haber dado un golpe certero a una red de tráfico de drogas que incluye a una ex congresista que en el anterior período representó al actual partido de gobierno. El nivel de la implicada y sus actividades cuando ocupaba un escaño parlamentario revelan un grado significativo de penetración del narcotráfico en la política. Los datos sobre la relación de Nancy Obregón con el tráfico de drogas no son nuevos: un asesor suyo (2006/2007) fue capturado con 140 kilos de cocaína y ella misma fue vinculada por informes periodísticos y policiales a la propiedad de pozas de maceración de coca. Como varios otros líderes cocaleros, su defensa de los cultivos ilícitos escondía el delito.
Es el más importante caso de narcopolítica de los últimos años, pero no el único. El especialista Jaime Antezana señaló en mayo del 2011 que ese año fueron elegidos 10 congresistas relacionados con el narcotráfico, detallando los distritos electorales de los que venían. El mismo Antezana reveló en abril del año pasado que en Apurímac, Puno, Junín y Lima se tenía a varios alcaldes vinculados al narcotráfico.
En  la campaña electoral del 2011 La República reveló que dos candidatos de Fuerza 2011 por Huánuco eran investigados por lavado de activos procedentes del narcotráfico. Un año antes, el Apra retiró toda su lista de candidatos al Gobierno Regional de Ucayali porque la dirigencia de esa zona se negó a retirar la postulación de la esposa del procesado ex alcalde de Pucallpa,  Luis Valdez. Ese mismo año, el propio Valdez, desde la prisión, logró inscribir su candidatura a la alcaldía de esa provincia, luego tachada.
La historia es más vieja; el 2006, se detectó hasta seis candidatos en las elecciones municipales y regionales de ese año que tenían antecedentes por tráfico de drogas.  Uno de ellos era Humberto Chávez Peñaherrera, quien había cumplido una condena de 10 años por narcotráfico y postulaba a la alcaldía de Campanilla (San Martín); el otro, abogado de carteles de la droga, pretendía la alcaldía de un distrito de Lima.
Toda historia tiene prehistoria; en los años ochenta varios políticos de alto nivel, entre ellos congresistas, se relacionaron con firmas del narcotráfico en tanto que la caída de Reynaldo Rodríguez López “El Padrino” reveló los contactos de este con altos mandos policiales. Ni qué decir de la sociedad ilimitada de Vladimiro Montesinos con los capos de las drogas a la que arrastró a algunos uniformados de alto rango.
En un país que ocupa el primer lugar en la producción de cocaína, con valles cocaleros en expansión y con una fuerte asociación entre el narcotráfico y la banda armada del VRAEM, es inexplicable, por lo extraño y sospechoso, que la política no se haya preocupado por atajar sus contactos con ese tipo de delito.
El rechazo a la narcopolítica es episódico y despreocupado. El más serio esfuerzo lo impulsó en abril del 2010 el entonces jefe de DEVIDA, Rómulo Pizarro, a cuyo llamado 19 partidos y movimientos políticos suscribieron el Compromiso Ético Contra la Infiltración del Narcotráfico. Este compromiso incluía cláusulas novedosas, entre ellas no considerar como candidatos a quienes hayan sido sentenciados por delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren investigados; y no considerar como candidato a quien no pueda justificar razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.
Los firmantes también acordaron no aceptar donaciones o alguna otra forma de financiamiento de personas naturales o jurídicas que, al momento de realizar la donación, no declaren expresamente no haber sido notificadas de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera. El final de este pacto es poco conocido; solo dos partidos firmantes aplicaron sus cláusulas a la elección de sus candidatos y el pacto desfalleció porque de los seis convenios necesarios para que se facilite la información sobre antecedentes de los candidatos, se concretaron solo dos.