La República
La mitadmasuno
21 de diciembre 2012
Juan De la Puente
El presidente Humala terminará el año con 50% de aprobación de acuerdo a la reciente encuesta de GfK publicada por La República. Desde setiembre, su respaldo ha trepado 13 puntos y 14 desde que en julio decidiera cambiar el Gabinete Valdés, el de la mano dura. Es también estimable que luego de varios meses la aprobación supere a la desaprobación (42%).
La pregunta obligada es por qué sube Humala. El sondeo entrega solo algunas pistas en la línea de que son varias razones y no solo una. Las dos más apreciables son que el Jefe de Estado capitaliza el excelente resultado económico con el que termina este año: 6,3% de crecimiento en lugar del 5,5% inicial y 7,5% de aumento de la demanda; y el momento de unidad nacional que significó la presentación del alegato peruano en La Haya. En conjunto, las relaciones exteriores, los programas sociales, el fomento del empleo y el manejo de la economía son las áreas mejor evaluadas del gobierno, criticadas por porcentajes bajos, de entre el 14% y 26%.
El análisis se complica porque el aumento del respaldo presidencial no se relaciona con el movimiento en alza de otros indicadores de opinión pública. El gobierno es desaprobado con altas cuotas en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo. Y tampoco mejora la percepción sobre el manejo de la educación y la salud. El único indicador que se ha movido seriamente, no obstante, es el de los conflictos; en julio, un escaso 10% aprobaba el manejo gubernamental de los conflictos sociales contra el 51% que lo cuestionaba. En diciembre y luego de las huelgas de octubre, lo aprueba el 20%, el 28% lo desaprueba y el 46% lo considera regular.
La relativa paz social lleva ya más de dos meses, el gobierno ha podido dormir el conflicto por el proyecto Conga y ha salido hasta ahora airoso de la reforma salarial y pensionaria de las FFAA y de la PNP. Luego, con la ayuda del Parlamento le ha dado un curso a la Ley de la Reforma Magisterial, al Gasoducto del Sur y a la certificación ambiental de la explotación de los recursos naturales vía la aprobación de la ley que crea el SENACE.
En el respaldo presidencial también importa la incidencia de la oposición; Alejandro Toledo tuvo al frente a Alan García, y este tuvo como opositores a Ollanta Humala y a Toledo. En cambio, Humala presidente tiene hasta ahora el silencio de García, el apoyo rezongón de Toledo y la oposición intermitente y focalizada de Keiko Fujimori. Y lo más importante para los efectos de la calle: el gobierno no enfrenta una oposición férrea de los medios, de los movimientos sociales, de la izquierda y de los presidentes regionales, una ausencia que conduce a otra interrogante: ¿El 32% que votó por Gana Perú en la primera vuelta habrá ya consentido el giro de Humala?
Este escenario se ve impactado por una campaña que va tomando forma y que propone remover las trabas que impiden la inversión privada; entre estas aparecen en la primera línea la consulta previa y la fiscalización ambiental, con lo que el mensaje es claro: desandar el camino recorrido, un movimiento que puede devolvernos a la confrontación y a los conflictos cruentos. Habría que recordar que según la Defensoría del Pueblo, de los 168 conflictos activos, 128 son de carácter ambiental (76%).
Esta campaña es extraña aunque explicable; un sector del país considera que ha llegado el momento de imponerle al gobierno una nueva agenda y forzar una vuelta de tuerca en la perspectiva de reducir la presencia del Estado frente al mercado, un error muy grueso.
Las trabas que se requieren remover son aquellas que retrasan la inversión desde la cultura burocrática y de la falta de gestión y no desde la regulación o del reconocimiento de derechos sociales. No deberíamos equivocar el debate ni abandonar la perspectiva de la inclusión; la discusión que necesitamos ahora es cómo encarar el retraso de la inversión pública y de los salarios de los trabajadores públicos, la universalización de los derechos y la reforma para una mayor equidad.
