Parte de crisis 3. Domingo 25 de marzo. 12.40 pm.

Por Juan De la Puente

El Perú se encuentra parado al centro mismo entre el pasado y el futuro. El presente aparece todavía como un espacio corto de tiempo y movimiento. El eco del periodo PPK aún resuena, y la confrontación violenta que implicó esa etapa, antecedida por otra cuyos orígenes podrían situarse en el año 2013, apenas ha cedido. Todavía podemos afirmar que hay una mano invisible que mueve la política en una lógica negativa.

Quienes vivimos los primeros días del período post Fujimori encontramos algunas similitudes con lo que ahora sucede. La más importante quizás sea la convicción de un sector de la elite peruana que no cree en la posibilidad de un cambio y que se sigue manejando con los códigos del pasado, como si no se hubiese producido una recomposición del poder.

Ese es por ahora el principal desafío del nuevo gobierno y de la nueva etapa. La sombra del pasado es todavía fuerte, incluso hegemónica; y produce hechos decisivos que opacan lo nuevo y lo precarizan, como las recientes diligencias judiciales del ex presidente PPK o la renovada lucha entre los hermanos Fujimori.

Vizcarra es por ahora un símbolo, pero la transición que representa se abre paso a través de una cultura que por cinco años recreó el encono. Ni los partidos ni los medios –ya no solo la mayoría de políticos- estuvieron preparados para un momento distinto. Así, procesar el giro desde el modo contra al modo pro, cuesta mucho.

También hay diferencias con el período iniciado en noviembre del año 2000. Ahora, un sector mayoritario de la elite peruana se resiste a considerar que el período iniciado con la caída de PPK es una transición. Con enojo, ponen por delante el aspecto legal del asunto y consideran que Vizcarra solo debe cumplir los 3 años y 4 meses del período por el que fue elegido PPK, que la Constitución no llama a lo que hemos iniciado un Gobierno de Transición -lo que es cierto pero el problema no es el rótulo legal-, que las transiciones no pueden ser “tan largas”, o que solo cabe una transición cuando el proceso se realiza desde un gobierno autoritario, una lectura elemental/lamentable de los profesores  O'Donnell, Linz, Garretón, y Mainwaring, entre otros.

No hay espacio para un gobierno PPK 2.0. Resulta claro que la única opción exitosa de esta etapa es el modelo de una transición a un régimen de mayor democracia, participación, eficiencia publica y transparencia, alcanzada mediante un gobierno amplio, plural y con un sentido de reforma que debe ser, precisamente, objeto de un acuerdo y de una práctica concertada. Tras este objetivo, respirándole al sistema a en la nuca está el 50% de peruanos que quieren que se vayan todos, una de cuyas expresiones –no es la única, no confundir lo político con la viabilidad legal- es el adelanto de elecciones.

El presidente Vizcarra es una garantía del logro de ese objetivo. En él existe un Paniagua que se abre paso, llámese también una forma republicana de encarar el poder con austeridad, y un contenido menos populista y agresivo para las relaciones con los otros.

Por ahora, el sistema tiene pocas armas para esa transición. Luego del posicionamiento del presidente Vizcarra se espera un gabinete a la medida de él y de la etapa iniciada, lo que ha empezado a chocar con el juego de “yo quiero ser ministro” o “nombra al que yo quiero”, en franco desarrollo. La revisión de los gabinetes propuestos, elaborados para que los medios incautos lo difundan para presionar al nuevo presidente –parece algo básico, pero funciona- arroja una visón de la concertación como sinónimo de fragmentación, recojo de estrellas o vigilancia de intereses específicos. Eso es cualquier cosa, menos transición, pluralidad y transversalidad.

Claves de la operación retorno

http://larepublica.pe/impresa/opinion/758292-claves-de-la-operacion-retorno

La República

La mitadmasuno

8 de abril de 2016

Juan De la Puente

Un problema derivado del proceso electoral debe ser resuelto por la política.

Es la dura polarización. Sin contar las elecciones de 1990, el Perú no había tenido un proceso electoral democrático tan antagónico. Aquella vez, un porcentaje de electores fabricó una salida de emergencia empoderando a última hora a un candidato, Alberto Fujimori, que apareciendo desde la nada redujo a uno de los extremos en la primera vuelta y derrotó al otro en la segunda. La historia del golpe del 5 de abril de 1992, si somos rigurosos, no fue el epílogo de una dura contradicción sino el inicio de otra.

Antes, las elecciones de 1963 dejó abierto un grave antagonismo; el triunfo de Fernando Belaunde ese año terminó cinco años después en el golpe militar de 1968 luego de varios ministros censurados, políticas bloqueadas y decisiones no adoptadas. La crisis política fue el resultado de una contradicción no resuelta por las elecciones.

Luego de 1990 no tuvimos confrontaciones electorales de las que no pudiésemos salir. Para efectos de lo señalado no cuenta la elección del año 2000, reconocida como fraudulenta y resuelta en una mezcla de salidas parlamentarias y extraparlamentarias, como la Mesa de Diálogo de la OEA, aunque esta última es un elemento a considerar siempre en casos de aguda crisis en cualquier país de la región. Los antagonismos de las elecciones de los años 2001, 2006 y 2011 se cerraron rápidamente con el resultado electoral aunque en este último caso, la elección de Humala, fue reabierto dos años después con la guerra política que aún nos atrapa.

¿Cómo y cuándo retornaremos los peruanos de la polarización abierta en este proceso electoral? ¿Será suficiente el resultado electoral? ¿Cómo se manejarán los antagonismos luego del 28 de julio?

Las respuestas aprendidas a estas preguntas son otras tres: “hay que respetar el resultado”, “que se inicie el juego gobierno/oposición”, y “el que gana tiene derecho a gobernar”. Siendo correctas y obvias tales respuestas, hará falta sin embargo algo más y allí reside el germen de lo que más adelante podría convertirse en un problema de gobernabilidad.

Si las elecciones permiten la formación de una mayoría parlamentaria viable, el punto de partida para ese pacto político será más sólido. Espero que a estas alturas no haya alguien que pretenda ser serio y al mismo tiempo subestime la necesidad de ese pacto. El problema consiste en que este pacto no puede estar suspendido en el aire sino fijado en contenidos en donde, volviendo al punto de inicio del círculo vicioso, se carecen de consensos mínimos en materia económica y política.

Así, pacto y reforma son dos caras de una ecuación que el próximo poder debe echar a andar con el añadido de que en ambos casos se tienen diferencias profundas de inicio. Por ejemplo, hay grupos políticos que resisten la demanda de una mayor regulación estatal de la producción de bienes y servicios y consideran que los cambios a llevarse a cabo deben limitarse a la mejor prestación de los servicios públicos.

No solo se necesita un pacto parlamentario; me temo que varios problemas embalsados en los últimos 15 años, y quizás 25, mantendrán a una sociedad civil movilizada ya sea en el sentido clásico organizativo y ciudadano, o la del otro tipo, la movilización mediática. De estos problemas, la corrupción es la más perentoria y no valdrán retrasos o medidas poco eficaces.

El diálogo político será una condición de la democracia y sería preciso que éste se despliegue también fuera del Congreso. Esta operación se verá seguro limitada por la falta de un centro político. En democracia, los diálogos reclaman partidos bisagra, los mismos que por ahora parece que no tendrán mucha suerte electoral.

Esas serán las necesidades de un sistema político en crisis que luego de las elecciones parecería que le va a faltar casi todo: fuerza, pacto, reforma y mucho diálogo.

Control político o cama saltarina. Seis comentarios al voto de investidura que no es de investidura

Por Juan De la Puente

Lo sucedido con el llamado voto de investidura se presenta otra vez como una comedia de enredos que, vista con realismo y principismo, no beneficia ni al gobierno ni a la oposición, al mismo tiempo que deja sentado antecedentes que debilitan el sistema político peruano y su régimen democrático. Aquí algunas ideas:

1.- La comedia de enredos surge de una decisión equívoca del Congreso en marzo pasado a raíz de la presentación del gabinete Cornejo cuando, a partir de una interpretación con escaso sentido práctico y jurídico, se impide que la votación mayoritaria en ámbar (abstención) no signifique un rechazo al pedido de confianza. Esta disposición, que no figura ni en la Constitución ni en el Reglamento del Congreso, se origina en un acuerdo del pleno de 11 de diciembre del año 2003 que aprueba un informe de la Comisión de Constitución sobre el procedimiento a seguir cuando una comisión ordinaria pide facultades de investigación y sobre la aplicación del Reglamento en el caso de que como resultado de una votación las abstenciones sean mayores a los votos a favor o en contra. Esta decisión no se convirtió en norma positiva y como se aprecia no resiste un mínimo test de legalidad.

2.- Esta interpretación que parecería beneficiar a un gobierno, en este caso al de Ollanta Humala, en realidad beneficia a la oposición, aunque a la larga perjudica a todos. Permite que el Congreso, formando una mayoría no política (es decir con programa propio) bloquee al gobierno. Muy al estilo peruano, el hecho que el Congreso no apruebe ni rechace al gabinete abre un período signado por la pérdida de legitimidad, lo que en realidad no es el propósito del mecanismo constitucional del llamado voto de investidura. La figura de sesiones de voto infinitas -no se ponen de acuerdo y si son tres o más- es tan insolvente que podría tenerse a un gabinete rebotando cada dos días, un modelo de política italiana que no debería imponerse en el Perú, un país de instituciones débiles.

3.- El mismo “voto de investidura” peruano no lo es, como tampoco lo es nuestro "premier"; es así que en los artículos 130° y 134° de la Constitución este procedimiento recibe el nombre de voto de confianza.  El voto de investidura es propio de los regímenes parlamentarios donde la jefatura de gobierno está separada de la jefatura de Estado, de modo que el Congreso inviste, nombra y permite formar gobierno recurriendo para ello a una mayoría política, es decir aquella que se presenta con un programa propio y si es necesario a través de alianzas. En nuestro régimen presidencial, el Congreso no forma gobierno, no inviste y no designa al premier; su papel es confirmar, controlar y si se quiere ratificar o habilitar, y de allí la palabra confianza. Por lo mismo puede no confiar, desaprobar o no confirmar y en ese caso existe un procedimiento establecido: nuevo gabinete, y si es el caso nuevas elecciones si dos gabinetes han sido censurados o no alcanzaron la confianza. En esa perspectiva, el debate de la llamada investidura ha sido en general juicioso y por esa razón debió concluir en una decisión cierta y útil. Lo que se tiene en cambio es una incertidumbre constitucional, política y específicamente gubernamental.

4.-Una cosa es el control político y otra una cama saltarina. Así como el Congreso no puede bloquear al gobierno, aunque si puede censurar o no entregarle la confianza, tampoco puede establecer figuras que salen de los límites de sus funciones de control. La idea del diálogo Ejecutivo/Legislativo es consustancial al control y de hecho el llamado indirizzo político europeo (colaboración de órganos más control) es rico en ejemplos. Es un acto y un proceso, no una medida de presión o una coartada. Por ello que la idea de negociar nombres de ministros y políticas es muy peligroso para el mismo Congreso que termina, por ese mecanismo, siendo parte de las decisiones del Ejecutivo, un Congreso gobernante o casi gobernante. Todo esto lo digo coincidiendo en que fue un error del gabinete ir al Congreso como si fuera el primero del gobierno y sin dejar en su casa al ministro Eleodoro Mayorga.

5.- De modo que ahora tenemos un Congreso que no ha negado la confianza ni ha habilitado al gabinete pero en cambio ha bloqueado al gobierno y acaba de aplicarle al Ejecutivo un dardo adormecedor. Si somos optimistas, esta etapa puede durar tres días, aunque igualmente treinta. Todo ello en lugar de votar verde o rojo a la primera o considerar como lo dicta el sentido común que el voto ámbar es igualmente un rechazo a la confianza y por lo tanto con efecto jurídico constitucional. Son las consecuencias de la práctica de un pseudo parlamentarismo en el marco de un presidencialismo ya deformado por la Constitución de 1993.

6.- Me interesa también la perspectiva política de los hechos y su prospectiva. En ese sentido, este episodio tiene dos actos; el primero el de la cama saltarina, pero advierto que en el segundo la base de esta cama se desfondará y los actores, los que saltan y hacen saltar, recibirán tomates y naranjas del respetable.

Encuestas, Toledo, Humala, Nadine, el diálogo político y la concentración de medios

http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=8100&tip=especiales

16 de setiembre de 2013. Entrevista en el programa No hay Derecho de Ideeleradio, en Radio San Borja, por Glatzer Tuesta.

El riesgo del giro conservador

El gobierno de Ollanta Humala que ingresó con una propuesta de reforma se juega el futuro del próximo régimen, porque si la gente siente que ha fracasado, habrá más posibilidades de que entre un administración de tipo conservador, aseveró el analista político Juan De la Puente.

“Hemos tenido, bajo una experiencia de reformismo fracasada, golpes militares o gobiernos conservadores. El gobierno de Ollanta Humala que ingresó con una propuesta de reforma se juega también el futuro del próximo. Es decir, si la gente siente que ha fracasado la reforma, tendríamos obviamente más posibilidades de entrar a un gobierno conservador con lo que esto significaría para un país como el nuestro”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[Habría más posibilidades de entrar a un gobierno conservador con lo que esto significaría para un país como el nuestro] que ha duplicado el PBI, pero que tiene enormes demandas de universalización de derechos, de resolver estas brechas de la modernidad entre ciudades desarrolladas y un país rural atrasado”, apuntó.

El analista consideró, en ese sentido, que la posibilidad de que la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores Nano, no descarte una alianza con el Apra revela que hay un intento de posicionarse hacia el centro. No obstante, estimó que ve complicada que esta situación se concrete.

“Lourdes intenta anotarse al centro y una de las expresiones es el intento de ir en una alianza con el Apra, que lo veo muy complicado, pero el hecho de plantearlo es una corrida al centro. Pienso que de todas maneras va haber una búsqueda del centro, solo que va a ser mucho más dificultosa porque quizás no vamos a tener centros naturales, sino forzados por las circunstancias de una candidatura de una segunda vuelta electoral”, declaró.

Brecha entre el Gobierno y ciudadanía

Por otro lado, al referirse a la publicación del nuevo sondeo de opinión que revela una nueva caída en la popularidad presidencial -que este mes alcanza el 27- el periodista indicó que hay una brecha muy significativa entre el Gobierno y los ciudadanos en términos de confianza.

“Así como la confianza es un proceso, con cosas que se hacen durante dos o tres semanas, no se puede restañar esa confianza para volver a niveles significativos. Además, hay un humor –lo dice esta encuesta– y otras más contra el poder, lo político y el ejercicio de poder, que además ya se fue expresando en junio, julio y agosto. De modo que esta es una encuesta para que esté alerta el Gobierno, pero no sobre el Gobierno, todos aquellos actores políticos aparece mucha desconfianza en la gente”, detalló.

De la Puente argumentó, del mismo modo, que hay una expectativa sobre el cumplimiento de las promesas y estimó que ello también está relacionado con la capacidad de operación política por parte del Gobierno.

“Las encuestas, estas y otras, señalan que hay una expectativa de la sociedad sobre el cumplimiento de sus promesas, lucha contra la delincuencia, corrupción, temas sociales, reforma política. Me parece que esta confianza está relacionada a la capacidad de operación política en este caso del Gobierno”, aseveró.

“Uno puede ubicarse en el centro, pero eso no basta, tiene que ser activo para recuperar diálogo y para abrir cancha hacia la derecha e izquierda”, subrayó.

Hay nadinitis, nadinofobia y nadionología

La primera dama de la Nación, Nadine Heredia, representa una especie de objeto político y de comodín para determinados sectores, afirmó, al comentar sobre la posible postulación de la primera dama.

“[¿Por qué los medios amplifican tanto el caso Nadine?] Mi impresión es que Nadine es tomada como una especie de objeto político. Cuando se quiere, sirve para debilitar al gobierno, esa es la Nadine intervencionista; cuando se quiere, se le da el poder que tiene y que no tiene”, afirmó.

“[El tema Nadine] es una especie de comodín para determinados sectores. Cuando el Gobierno dijo que no compraba [los activos de] Repsol, yo leí ‘qué bien que esté Nadine ahí’, porque dicen que fue quien sugirió al presidente que tomara esa decisión”, recordó.

El analista estimó, también, que habría que ver cuál es el ángulo de la noticia que recoge el periodismo, al referirse a las declaraciones del congresista Daniel Abugattás, quien dijo, como un militante más, que confía en que el Partido Nacionalista volverá a Palacio de Gobierno no con el presidente Ollanta Humala como candidato, sino con Nadine Heredia.

“El problema es cómo lo levantan los medios también, porque la opinión de Daniel Abugattás es personal, pero como hay 'nadinitis', 'nadinofobia', y 'nadinología' en los medios de comunicación, una mención a Nadine se convierte en una portada”, agregó.

Peso constitucional del MEF es inédito

En la perspectiva del diálogo habría que incorporar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como un actor porque es evidente que tiene voz propia y el peso constitucional de este portafolio es inédito en el país, aseveró el analista.

“A mí me parece que en la perspectiva del diálogo habría, también, que incorporar al Ministerio de Economía como un actor, porque es evidente que tiene una voz propia muy por encima de otros gobiernos. El peso constitucional del MEF es inédito en el Perú, y eso fue planteado en la Constitución vigente a tal extremo que la Constitución dice que la sustentación del Presupuesto General de la República no lo hace el premier, sino el ministro de Economía”, anotó en el programa.

“Es el único que tiene ese rótulo. Algunos dicen en broma que mejor cada cinco años no hagamos elección de presidente, sino del [ministro] de Economía. En la idea de concentrar un centro, es evidente que el Ministerio de Economía debe plantear el problema del canon y tiene que haber un acuerdo para su reposición, sobre el retraso salarial, el financiamiento del nombramiento de los profesores, si va haber gaseoducto andino y el tema de la modernización de Talara. Tenemos cuatro o cinco temas puntuales”, argumentó.

En este aspecto, sostuvo que el problema no son las personas, sino las políticas, al ser consultado sobre la posibilidad de salida del ministro de Economía, Luis Castilla, planteado en el diálogo por el Frente Amplio de Izquierda.

“[¿Serviría de algo sacar a Castilla?] Para mí el problema son las políticas, no las personas. Creo que es un problema de políticas más que personas”, indicó.

Debate sobre concentración de medios

En otro momento, al ser consultado sobre la posibilidad de que la asociación comercial de Epensa con el Grupo El Comercio signifique una concentración de poder y de medios, sostuvo que el debate da como para dos años y que su discusión incluirá medidas legales sobre el tema.

“Todavía estamos en una etapa del debate operacional. Quienes criticamos la concentración de medios por parte del Grupo El Comercio, por parte de Epensa nos responden [que] no. Si la República hubiera comprado, igual era concentración, y no se superaba el 50%. Pasando a una segunda etapa vamos a entrar a un debate legal y supongo que va a ser en función de las medidas que acuerden que tomen los medios que se sienten perjudicados”, indicó.

“En el mundo hay jurisprudencia respecto a la concentración de medios y nos dicen que las leyes protegen e impiden la concentración de medios en el caso de radios y televisión, porque tiene que ver con el espacio radioeléctrico. La Constitución habla de medios en general y hay jurisprudencia en América Latina y América del Sur sobre este asunto. De modo que tenemos un debate como para unos dos o tres años que van incluir medidas legales, pero no podemos salir de este debate sumando mal”, apuntó.

Estrategia política camina al fracaso

El expresidente de la República, Alejandro Toledo, debería tener una estrategia legal más que política, aseveró el analista Juan de la Puente, al referirse a la forma en que llegó al Perú el ex jefe de Estado, para responder por los presuntos actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito por el caso de la empresa Ecoteva.

“[¿Cómo ve el ingreso de Toledo anunciando ser candidato al 2016?] Pienso que él debería tener una estrategia legal, más que política y mi impresión es que no tiene clara esa disyuntiva. De modo que se politiza un caso en el cual hay tantos elementos que juegan en contra de él y denotan que no dijo todo lo que debió decir. Cuando fue al Parlamento o cuando se le preguntó, eso obliga una estrategia legal, más que una estrategia política y por ahí puede ser el camino al fracaso”, argumentó.

 

Si se hunde Toledo, se hunde el centro

El analista y periodista consideró que es muy difícil que el expresidente Alejandro Toledo pueda intentar pasar como un perseguido político. Indicó, del mismo modo, que las evidencias dan un horizonte muy preciso al caso.

“En la discusión está la transparencia de los hombres públicos, y en el mundo, hoy la política lucha para que los actores políticos no se relacionen con paraísos fiscales, para que no haya opacidad y haya transparencia. Por ese lado, si esa es la estrategia, [estas] están equivocadas. El hundimiento de Toledo es el hundimiento del centro y este es un país que ha cuidado y construido un centro”, afirmó.

“En las elecciones del 80 funcionó el centro, la del 85 y 90. No hablemos las otras dos, la del 2001, 2006 y en el fondo la del 2011 también implica la construcción de un centro de determinada posición. Algunos dicen que el Perú está condenado a elegir al centro”, aseveró.

No obstante, afirmó que el Gobierno está preocupado en reorganizar y reconstruir el centro y que la situación del exmandatario no permite que tengamos un centro más estable. Además, considero que ha habido irresponsabilidad del exmandatario en su posición de garante de Gobierno.

“Hay irresponsabilidad de Toledo, sobre todo, en su papel de soporte garante. De hecho cinco de quince miembros de su bancada han salido, eso ya es un debilitamiento porque es un actor político más en el Parlamento con el cual hay que tener una relación diferenciada”, finalizó.