La República
La mitadmasuno
8 de abril de 2016
Juan De la Puente
Un problema derivado del proceso electoral debe ser resuelto por la política.
Es la dura polarización. Sin contar las elecciones de 1990, el Perú no había tenido un proceso electoral democrático tan antagónico. Aquella vez, un porcentaje de electores fabricó una salida de emergencia empoderando a última hora a un candidato, Alberto Fujimori, que apareciendo desde la nada redujo a uno de los extremos en la primera vuelta y derrotó al otro en la segunda. La historia del golpe del 5 de abril de 1992, si somos rigurosos, no fue el epílogo de una dura contradicción sino el inicio de otra.
Antes, las elecciones de 1963 dejó abierto un grave antagonismo; el triunfo de Fernando Belaunde ese año terminó cinco años después en el golpe militar de 1968 luego de varios ministros censurados, políticas bloqueadas y decisiones no adoptadas. La crisis política fue el resultado de una contradicción no resuelta por las elecciones.
Luego de 1990 no tuvimos confrontaciones electorales de las que no pudiésemos salir. Para efectos de lo señalado no cuenta la elección del año 2000, reconocida como fraudulenta y resuelta en una mezcla de salidas parlamentarias y extraparlamentarias, como la Mesa de Diálogo de la OEA, aunque esta última es un elemento a considerar siempre en casos de aguda crisis en cualquier país de la región. Los antagonismos de las elecciones de los años 2001, 2006 y 2011 se cerraron rápidamente con el resultado electoral aunque en este último caso, la elección de Humala, fue reabierto dos años después con la guerra política que aún nos atrapa.
¿Cómo y cuándo retornaremos los peruanos de la polarización abierta en este proceso electoral? ¿Será suficiente el resultado electoral? ¿Cómo se manejarán los antagonismos luego del 28 de julio?
Las respuestas aprendidas a estas preguntas son otras tres: “hay que respetar el resultado”, “que se inicie el juego gobierno/oposición”, y “el que gana tiene derecho a gobernar”. Siendo correctas y obvias tales respuestas, hará falta sin embargo algo más y allí reside el germen de lo que más adelante podría convertirse en un problema de gobernabilidad.
Si las elecciones permiten la formación de una mayoría parlamentaria viable, el punto de partida para ese pacto político será más sólido. Espero que a estas alturas no haya alguien que pretenda ser serio y al mismo tiempo subestime la necesidad de ese pacto. El problema consiste en que este pacto no puede estar suspendido en el aire sino fijado en contenidos en donde, volviendo al punto de inicio del círculo vicioso, se carecen de consensos mínimos en materia económica y política.
Así, pacto y reforma son dos caras de una ecuación que el próximo poder debe echar a andar con el añadido de que en ambos casos se tienen diferencias profundas de inicio. Por ejemplo, hay grupos políticos que resisten la demanda de una mayor regulación estatal de la producción de bienes y servicios y consideran que los cambios a llevarse a cabo deben limitarse a la mejor prestación de los servicios públicos.
No solo se necesita un pacto parlamentario; me temo que varios problemas embalsados en los últimos 15 años, y quizás 25, mantendrán a una sociedad civil movilizada ya sea en el sentido clásico organizativo y ciudadano, o la del otro tipo, la movilización mediática. De estos problemas, la corrupción es la más perentoria y no valdrán retrasos o medidas poco eficaces.
El diálogo político será una condición de la democracia y sería preciso que éste se despliegue también fuera del Congreso. Esta operación se verá seguro limitada por la falta de un centro político. En democracia, los diálogos reclaman partidos bisagra, los mismos que por ahora parece que no tendrán mucha suerte electoral.
Esas serán las necesidades de un sistema político en crisis que luego de las elecciones parecería que le va a faltar casi todo: fuerza, pacto, reforma y mucho diálogo.
