La República
La mitadmasuno
26 de junio de 2015
Juan De la Puente
Los cuatro candidatos que concentran casi dos tercios de la intención de voto para las elecciones del próximo año son al mismo tiempo considerados, con algunas diferencias, como totalmente o “mayormente” corruptos, según una reciente encuesta de Ipsos. Un siguiente dato es concluyente: el porcentaje de los que piensan que alguno de los aspirantes es “totalmente” honrado no supera en ningún caso el 12%.
Podríamos sostener un eterno debate sobre si es posible que una persona solo sea “un poco corrupta” sin serlo “totalmente”. No es el caso por ahora. Lo más importante reside en la revelación de una aparente contradicción entre la crítica a la clase política y la disposición a votar por ella.
Esta conducta se explica generalmente desde la teoría de la elección racional; según esta, el votante se guía por la búsqueda de ventajas personales luego de un cálculo de costo/beneficio, una tesis que posteriores estudios relativizaron poniendo más énfasis en el voto de identidad, más colectivo y menos individual. Desde esta teoría, la preferencia del elector peruano a favor de quien “roba pero hace obra” o alguien parecido a esta figura expresaría un voto extremadamente pragmático a causa de la decepción y la desconfianza, y no de la ignorancia.
Estas razones no dejan de ser ciertas, pero no ayudan a explicar totalmente lo que está a punto de suceder con por lo menos 15 millones de votos dentro de unos meses, especialmente si el argumento induce a pensar que el elector peruano era bueno y se ha convertido en malo por culpa de los malos políticos.
Sucede que nuestro pragmatismo es también una forma de populismo construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las elites y los ciudadanos se influyen mutuamente. El voto por candidatos a los que se consideran corruptos o “algo” corruptos no solo es un efecto; es también la síntesis de una larga interacción, una concurrencia, una correlación en la que tiene un papel decisivo la corrupción misma, no como un problema de los de arriba sino como uno de los movimientos sociales más vastos de los últimos años.
No nos engañemos; que una parte de los ciudadanos se apreste a votar por candidatos a los que cuestiona moralmente no significa necesariamente una concesión a la corrupción “de los otros” sino el reconocimiento de que esta es profunda, sostenible e íntima. En el peor de los casos, desde esa lógica no parece ser muy clara la brecha entre los corruptos de arriba y los honrados de abajo.
Este contexto en que medios, políticos y académicos adulan al elector y señalan a los corruptos y a los que podrían serlo pero callan sobre el fenómeno, es ideal para que la sociedad le vuelva la espalda al problema. El resultado de este modelo de abordar la corrupción como caso judicial y no como movimiento social llevó a que en las elecciones regionales fuesen elegidos 14 gobernadores regionales investigados, denunciados o imputados, de los cuales tres (los de Huancavelica, Ayacucho y Moquegua) fueron objeto de sentencia y otros cuatro están a la espera de una decisión judicial.
Es importante como hito fundacional el pronunciamiento reciente “Nos merecemos más”, aunque los actuales escándalos de corrupción que copan los medios en forma determinante difícilmente serán el primer imperativo de la agenda electoral. En este punto, el votante peruano promedio es más prosistema de lo que parece, al grado de que por ahora no debería esperarse que el llamado voto ético sea significativo. Una muestra de esto es la escasísima atención que le prestan a la corrupción los dos frentes de izquierda que se forman de cara a las elecciones y las pocas referencias que recibe de los nuevos políticos.
Es evidente que, en este asunto, los sondeos no presentan nada nuevo, aunque de igual modo colocan sobre la mesa una compleja dinámica donde lo ilegítimo es relativo por la escasa censura social que concita. Tampoco importa mucho por ahora –mañana podría ser tarde– que exprese el punto más alto de la crisis de representación.
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