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sábado, 26 de julio de 2014

Elecciones, plata como cancha

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/elecciones-plata-como-cancha-18-07-2014
La República
La mitadmasuno
18 de julio de 2014
Juan De la Puente
¿Cómo financian sus campañas las más de 14 mil listas que se presentan a las elecciones del 5 de octubre si los militantes no cotizan a sus grupos políticos y si nuestro sistema no considera el  financiamiento público directo? Un cálculo conservador estima que si cada lista gasta en promedio, algunas mucho más y otras ligeramente menos, 70 mil soles a lo largo de la campaña, la cifra global que se gastará en pocas semanas será de 1,000 millones de soles, una orgía de dinero sin control convertido en el elemento decisivo de una competencia deformada y aliada del populismo.
Este gasto quizás ayude a frenar la desaceleración de la economía pero debilita la institucionalidad que le queda al sistema. La tendencia de la política peruana es la de colocar más dinero en la campaña con lo que ello significa, es decir, más desigualdad entre los que compiten, más prebendas a los electores, predominio de las campañas pagadas en los medios de comunicación y sustitución del debate de programas por la propaganda.
Está muy claro que el argumento de que las campañas se sostienen a punta de polladas es falaz. La competencia política se ha profesionalizado en un sentido que demanda más recursos que ideas, de modo que quien revise los programas presentados al JNE pasa con facilidad de la risa al llanto por la serie de sandeces escritas para llenar un requisito. Lo que vale es el dinero.
Las modalidades que asume el flujo de dinero negro a las campañas están a la vista y se originan en la legislación electoral que favorece estas prácticas al no exigir elecciones primarias abiertas y un tiempo considerable de militancia, y en cambio promueve el fichaje de independientes y hace laxo el control del dinero por parte de la ONPE. La relación perversa entre dinero negro y política en el Perú se origina en la ley.
Esta legislación ha ordenado las formas de financiamiento sucio; la primera es la compra de lugares en las listas, un cupo casi siempre pagado por un tercero que luego cobrará en lealtades; luego, el gasto de campaña como pago por adelantado a cargo de empresas que, democráticamente, financian a más de una lista; para terminar en verdaderos joint ventures electorales en las que las empresas colocan a sus candidatos como garantía de la defensa de sus intereses. A ello se agregan otros pagos oscuros, el de la minería y tala ilegal, narcotráfico y contrabando, entre otros, y el ilegal gasto de los recursos públicos de los que van a la reelección difícil de vigilar fuera de las grandes ciudades.
La visión del que se asume consciente e informado e incapaz de vender su voto, un tópico en el que se detiene con frecuencia el análisis político, conlleva riesgos por incompleta. El más inmediato resultado de este proceso es la deformación de la agenda pública que obliga al candidato elegido a una acción de gobierno orientada a satisfacer a quienes pagaron la campaña, en perjuicio de los ciudadanos. Campaña oscura y dinero ilegal casi siempre terminan en un ejercicio corrupto de gobierno.
Las compras superfluas y la construcción de obras no prioritarias son el efecto de una gestión subordinada al dinero, la base de la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos o el inicio de un nuevo proceso vicioso de más prebendas, una campaña electoral infinita donde el interés general cede a la negociación ante los grupos de presión, un espiral de corrupción que se traslada a la compra de fiscales, jueces, policías y periodistas, y el asesinato. Este drama nace en un punto: la hipoteca de los políticos al dinero.
Este sistema funciona con eficacia y no tiene visos de ser cambiado porque sobre él ejercen una vigilancia los parlamentarios hijos del voto preferencial, otro de los mecanismos que atrae el financiamiento ilegal. Pero ha logrado apartar a buena parte de los políticos honestos que no están dispuestos a someterse al financiamiento privado por fuera de la ley y que son reemplazados por políticos sin ley, una raza distinta que se mueve a otro ritmo. No son todos, pero son la mayoría y van a gobernar nuestros pueblos. Plata como cancha es la voz.

domingo, 30 de junio de 2013

Brasil, barbas en remojo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/brasil-barbas-en-remojo-27-06-2013
La República
La mitadmasuno
28 de junio de 2013
Juan De la Puente
El eje de la política en A. Latina ha cambiado sorpresivamente por la emergencia del movimiento reformista brasileño. La región miraba con embeleso su auge económico que lleva una década y sostenía una discusión trepidante sobre los estándares democráticos en un grupo de países, y si tenía alguna prevención esta era la desaceleración del crecimiento y las sombras que echan en esta parte del mundo la crisis internacional.
El institucionalismo, nuevo o clásico, vivía su mejor momento; había logrado persuadir de que lo crucial de los cambios residía en los aspectos formales de las instituciones, es decir, las constituciones, el sistema de partidos y las reglas de acceso al sistema político, reduciendo el foco de atención sobre la ciudadanía social y económica y la cultura política. En este esquema Brasil había hecho la tarea, con la Asamblea Nacional Constituyente de 1988, el plebiscito de 1993 y decenas de reformas constitucionales y leyes reglamentarias del sistema político que tuvieron relativo éxito en moderar una excesiva apertura del sistema. En los años ochenta, Brasil tuvo 13 partidos representados en el Parlamento, luego pasaron a 20 y con la nueva ley de partidos de 1995 quedaron en 9.
Lo acontecido en las calles brasileñas expone el límite de un modelo que apuesta por la reforma de las instituciones sin correlato con la sociedad y específicamente con los ciudadanos y el mercado. En la explicación de lo sucedido, un sector de analistas ha simplificado las causas apuntando al asistencialismo y a la corrupción. No obstante, si se nombra como asistencialismo las políticas sociales exitosas de los últimos años, estaríamos ante un grave error de percepción. Las calles se han poblados de ciudadanos que ciertamente recusan la corrupción, que no rechazan las políticas sociales ni el activismo del Estado en la reducción de la pobreza pero que sí cuestionan al Estado en otros ámbitos.
El malestar brasileño tampoco puede reducirse a las clases medias. Al contrario, es creciente la percepción de que se trata de un movimiento más social que político que pugna por profundizar la democracia y el bienestar, transversalmente. En la mayoría de las ciudades, el costo de un pasaje promedio tiene un valor de 4,5 soles peruanos y puede llegar a constituir el 30% de los salarios más deprimidos. El Movimiento Pase Libre (MPL) también demanda reformas en la educación, salud y vivienda y respalda a otros grupos ciudadanos que el mundo oficial mira de reojo, como Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y Periferia Activa, que exige mayor inversión en infraestructura.
Este fenómeno que exige un mejor Estado Social cuestiona que los gastos para la organización del Mundial de Futbol 2014 superen los 13 mil millones de dólares con notas graves de despilfarro. Protesta contra el costo de vida ante una inflación que si bien se situó en los últimos años entre el 5% y 7%, moderado para la región, ha elevado la canasta familiar en 22% en los últimos 12 meses a pesar de que el salario se incrementó solo el 9%. En Sao Paulo, cuna de las protestas, entre el 2000 y 2013, el índice de precios al consumidor subió 135% y el aumento de los pasajes fue del 200%.
Por donde se le mire, las demandas en Brasil llevan el sello de reclamo contra la injusticia. Claramente, es un movimiento de la calle por la reforma democrática y social y solo se saldará desde ella. La calle ha sido allí un elemento decisivo de las reformas; fue en ellas donde se inició en 1984 la demanda para elecciones directas (“Diretas Já”) para que no sea el Congreso sino los ciudadanos lo que eligieran al Presidente de la República, lo que ocurrió en 1989, y desde donde en 1992 (los “cara pintada”) se forzó la dimisión de Fernando Collor de Melo por corrupción.
Sin ilusiones, salvo aspectos muy puntuales, las razones de la protesta brasileña tienen más similitudes con lo que ocurre en el Perú, de modo que suena forzada la afirmación de que lo que está explotando allí es un “otro” modelo. Más vale poner las barbas en remojo.