La República
La mitadmasuno
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13 de diciembre de 2013
Juan De la Puente
El Congreso no debería aprobar la Ley Universitaria sin un verdadero debate nacional. Su obligación es aprovechar el inicio de esta intensa discusión que, ¡por fin!, se ha logrado luego de 20 años de silencio sobre la educación superior universitaria. Así, el Estado empezaría a resolver con una activa participación de estudiantes y profesores los graves problemas que le han generado al país sus decisiones parciales y parches constitucionales en materia universitaria.
Las dos más importantes decisiones sobre la universidad en los últimos 30 años han sido tomadas a espaldas de la universidad; la Ley 23733, aprobada en diciembre de 1983, en su momento conocida como “Alayza-Sánchez” por los senadores que la inspiraron, consagró un modelo de universidad fragmentada, desfinanciada y de baja calidad. La Constitución de 1993 agravó la crisis al abrir las puertas a la explosión de universidades privadas sin control y límites, en una orgía privatista y mediocre, con muy escasas excepciones.
Este tercer autoritarismo universitario es bien intencionado pero demodé. Reproduce casi exactamente la crítica conservadora a la universidad como un espacio de desorden. Es cierto que se nutre de la necesidad impostergable de resolver los desaguisados originados por el mismo Estado. No obstante, una discusión inviable es aquella que predica que como “algo” hay que hacer, debe aprobarse un nuevo marco normativo. ¿Una nueva ley a cualquier costo? No.
La discusión de fondo es la autonomía universitaria; la vieja autonomía que levantó la Reforma Universitaria de Córdova de 1918, que llegó al Perú al año siguiente, contra la educación clerical, el claustro conventual y la eternidad de las cátedras y de las ideas, es vieja pero sigue alumbrando nuevas oscuridades. En los últimos 30 años esa autonomía fue precaria, trágica y miserable; sobre todo fue un libre albedrío, especialmente en la universidad pública, pobre y empobrecida. ¡Qué difícil es ser autónomo y al mismo tiempo indigente!
Esa autonomía, de papel y de mendrugos, no le sirve a la educación superior, y sobre ello no se ha dicho nada en el debate parlamentario. Esa indigencia ha hecho que todas las universidades públicas se hayan “semiprivatizado” disponiendo cobros por ingresos, matrículas, créditos y cursos desaprobados. En el debate se ha perdido de vista que el principal problema de los claustros, antes incluso que la calidad, es el acceso a la universidad pública. El proyecto, por ejemplo, no ha eliminado la boyante industria de los exámenes de admisión, el eje sobre el que giran las academias preuniversitarias y los colegios preuniversitarios.
Luego, se tiene tres modelos para enfrentar la fragmentación de universidades, facultades y carreras. El primero es la sobrevivencia de ese cuerpo inerte denominado Asamblea Nacional de Rectores, el segundo la creación de lo que el dictamen en mayoría llama la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU) y el tercero la creación de un sistema regido por un órgano democrático y colegiado al que concurran rectores, representantes designados por los profesores y los colegios profesionales. En este cuadro de estas alternativas, ni la ANR ni la Superintendencia garantizan la superación de la fragmentación y la conquista de la calidad.
La Superintendencia es una pésima idea; no solo es inconstitucional sino poco práctica. Es imposible construir un sistema universitario que no integre democráticamente la autonomía universitaria. La historia del antiguo Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) debería servir para reflexionar sobre que la libertad no se puede aherrojar.
No está demás decir que la universidad no solo requiere una reforma, sino una reforma democrática. Es una de los ámbitos que más ha padecido del mal del autoritarismo, incluyendo la violencia de Sendero Luminoso que se agregan a los males de la mediocridad y de la corrupción. Dejen ya de experimentar en ese cuerpo.
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