La
República
La
mitadmasuno
19 de
julio de 2019
Por Juan De la Puente
Si alguna
definición le cabe al conflicto de Tía María es la de duradero, sin
solución, sin diálogo y pleno de medidas de presión, físicas o políticas. A
ello deberían agregarse otros rasgos: 1) los actores, todos, han perdido
importantes cuotas de legitimidad nacional y regional: 2) carecen de la fuerza
suficiente para movilizarse por sus intereses en la zona de conflicto, léase Arequipa y no solo
Islay, para imponer una salida; y 3) ha perdido centralidad el argumento
técnico y especializado, y ha ganado terreno la consigna.
Un problema de
fondo reside en que Arequipa ha paralizado durante 10 años Tía María, pero
no ha podido generar un proyecto propio para su economía y sociedad en rápida
transformación y efectos de corto y mediano plazo. Por ahora, si seguimos la
lógica de las consignas, la de esta región es Mina no, Agro no, Agua no.
Es el poder
regional el principal obligado a aprovechar este conflicto para generar un
consenso que impida el deterioro de un territorio que cambia aceleradamente,
que aumenta en población por encima del promedio nacional, se urbaniza
aceleradamente y que ha logrado una frágil convivencia de la economía
industrial, de servicios y rural, esta última en retroceso y que, a pesar de
sus dificultades –especialmente respecto a la agricultura familiar– presenta
avances en la actividad agroexportadora.
Sus autoridades
también abandonaron al agro arequipeño. La región, tan desconfiada con la inversión
minera, no ha rechazado el canon y regalías por casi 950 millones de soles en
los últimos 9 años. Esos recursos han sido escasamente invertidos en al agro y
en la mejora del recurso hídrico (El 90% se han quedado para los gastos de la
administración regional), de modo que en pleno conflicto, ya convencidos del
abandono del país rural por parte de los gobiernos nacionales como registro
histórico, queda preguntar sobre qué ha hecho la región por el agua y el agro
en su territorio, considerando los graves reveses que ha tenido el Valle de
Tambo cuando fracasó la autoridad autónoma del agua (2003), los retrasos en la
construcción de la represa de Paltiture (desde el 2013) o el conflicto durante la
sequía de 2016, por el uso del agua de la represa de Pasto Grande.
No tengo dudas de
que las observaciones técnicas a Tía María son
consistentes, y que estas no pueden responderse solo con el argumento de las
aguas desalinizadas. Coincido en que la clave del proyecto es la licencia
social, que no puede ser subestimada como instrumento de convivencia. No
obstante, el conflicto de Tía María no puede esconder la agenda regional sino
mostrarla en su complejidad.
Arequipa difería
hasta hace poco de otras regiones del sur con contextos ultraconflictivos (Puno
y Cusco). Ahora es un polvorín, carece de proyecto de desarrollo y exhibe una
alta fragmentación social, con actores informales débiles (ver resultados de
las elecciones 2014 y 2018), cuando no ilegales (¿55 mil mineros ilegales?).
Este cuadro tiene desenlaces de manual, como una competencia sin límites por el
poder, la judicialización de la política y el surgimiento de proyectos de
identidad con fuerte acento populista. Es hora también de un compromiso hacia
adentro.
