El luminoso sendero social

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La República

La mitadmasuno

11 de agosto de 2017

Juan De la Puente

En los años 80, Sendero Luminoso asesinaba a los dirigentes populares porque sostenía que la única función de los sindicatos y organizaciones sociales era anunciar y sostener la “guerra popular”. Quienes demandaban mejores salarios y bienestar eran traidores que merecían ser aniquilados. Con ese pretexto fueron asesinados centenares de dirigentes del SUTEP y profesores universitarios. Me acuerdo ahora de tres de ellos, amigos míos y compañeros: Cirilo Meza Porta, sutepista y alcalde de Tantamayo (Huánuco) asesinado en 1984 frente a sus alumnos; Fermín Azparrent, antiguo dirigente magisterial, alcalde de Huamanga, asesinado en 1989; e Iván Pérez Ruibal, asesinado cuando preparaba sus clases en la universidad del Cusco, en 1991.

El terrorismo, derrotado militarmente, se ha reinventado políticamente. Y tiene éxito. Sendero Luminoso es ahora la fuerza más dinámica y en alza en el movimiento sindical peruano; forma parte de una tendencia amplia y radical en la que caben otras expresiones maoístas o posmaoístas cuyos rasgos son: 1) una firme recusación de las dirigencias sindicales de la izquierda tradicional; 2) un programa extremadamente economicista que aborrece las políticas públicas de mejora de la prestación de los bienes públicos; y 3) una política de alianzas pragmática, de pactos inimaginables contra el enemigo común, según sea el caso.

Esta práctica tiene como resultado la formación de una nueva representación sectorial y local que se ha hecho nacional con la huelga magisterial actual, la más importante movilización social autónoma de los últimos años, y que consolida una penetración sostenida en universidades, minería informal/artesanal, grupos cocaleros y sindicatos en el sector público.

Frente a este fenómeno, algunos intentan apreciar la huelga magisterial con el esquema convencional de la correlación interna del SUTEP, celebrando los reveses del partido político que dirige este sindicato. Otros, entre ellos el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y parlamentarios, respaldan su economicismo basados en las legítimas expectativas salariales de los maestros, sin exigir a sus dirigentes un compromiso con los estudiantes y con la calidad de la educación. Es la micro-política llevada al conflicto social.

Este es un momento de ruptura y redefinición en los movimientos sociales, donde se aprecia por un lado la afirmación de tendencias con enfoques de derechos –sobre todo ambientales y de género– y, por el otro, la recreación de opciones populistas desinteresadas de reformas; populares, claro, pero que no dejan de ser populistas.

Esa debería ser la matriz del debate respecto a los conflictos actuales. La simplificación de algunos análisis (diálogo vs. no diálogo, SUTEP oficial vs. bases) impide una reflexión sobre ciertas tendencias regresivas. Si bien es injusta la acusación de que todos los maestros en huelga son simpatizantes del MOVADEF, un análisis objetivo debería indagar más sobre por qué grupos que se niegan a condenar el terrorismo como método político dirigen a miles maestros peruanos, y qué razones existen para que los maestros acepten esa dirección. En ambos hechos hay lugar para el asombro, a lo que se agregan otros como el respaldo de gobernadores regionales corruptos que no tienen ni idea de un proyecto educativo regional.

En 1972, en el Cusco, una ofensiva básicamente economicista y enfilada contra el gobierno de Juan Velasco, bajo el impulso del maoísmo, el aprismo y otros grupos, fundó el SUTEP como alternativa al otro sindicato magisterial, el FENEP, iniciando el bloqueo de los cambios que el gobierno militar pretendía en la educación. Ahora, 45 años después –con epicentro por coincidencia localizado también en el Cusco–, el maoísmo y posmaoísmo, derrotados militarmente y renacido sindicalmente, han descargado un golpe demoledor al SUTEP oficial, pero han dejado seriamente afectada la reforma magisterial, la más importante de las últimas décadas. Espero que lo sucedido no anuncie una refundación regresiva del sindicalismo y el abandono de una política pública de la calidad educativa.

Cómo odio a la Corte

http://larepublica.pe/impresa/opinion/12401-como-odio-la-corte

La República

La mitadmasuno

03 de julio de 2015

Juan De la Puente

La deformación de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cargo de un numeroso grupo de personas que por su función deberían conocer dicho fallo, es decir, políticos, abogados y periodistas, significa menos una falta de información y más una disposición a cuestionar las sentencias de la justicia internacional en materia de libertades.

Escucho deformaciones como que la Corte ha fallado contra el Operativo Chavín de Huántar, que ha ordenado a la justicia peruana abrir un nuevo proceso a los comandos de ese exitoso operativo, que el pago de 30 mil dólares por costes procesales a las ONG que impulsaron el caso es una indemnización encubierta, o que el fallo es una violación de la soberanía nacional.

Si no es falta de información, ¿Dónde reside el problema? En la cultura autoritaria, mayoritaria en el liderazgo político; dicho de otro modo, ese liderazgo tiene un problema con el sistema interamericano de DDHH. Para ser más precisos, tiene un problema con los derechos humanos, o más específicamente si se quiere, con los DDHH vinculados al  período de violencia política que azotó al país más de 20 años.

Esta cultura anti-DDHH no es nueva, estuvo presente desde 1980 y es probable que sus orígenes se remonten siglos atrás. Es una cultura tramposa, como toda cultura autoritaria, que se resiste a exclamar abiertamente que los terroristas no tienen derechos y por lo tanto busca coartadas políticas y procesales, aunque para ello deba mentir y esconder. Es además incoherente: pretende que el Perú sea parte del sistema económico internacional, con la OMC, CIADI y el FMI vinculantes, pero que no sea parte del sistema internacional de justicia.

Lo extraño es que esta no-justicia pretenda hablarnos desde la democracia y en nombre de ella, y se venda como liberal siendo profundamente conservadora. Son ellos los que atacan en el mundo a los DDHH, retrasan el reconocimiento de libertades y se resisten a asumir compromisos en materia de derechos y libertades.

El autoritarismo es una de las expresiones políticas de ese conservadurismo, ese combo en el que caben otras negaciones de derechos, como la mano dura –no necesariamente inteligente– contra el delito. Varios de quienes ahora pontifican contra la Corte intentaron retirar al Perú del ámbito contencioso de este tribunal en los 90, y buscaron dejar en la impunidad los crímenes del grupo Colina con el argumento de que eran patriotas y que “alguien debería hacer el trabajo sucio en la democracia”.

En muchos de los puntos de vista que he leído a propósito de la sentencia de la Corte que reconoce que hubo una ejecución extrajudicial luego del operativo de abril de 1997, se advierte una nostalgia montesinista sobre la necesidad de recurrir a actos oscuros para alumbrar el futuro, un argumento irracional que la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH en su momento cuestionaron en fallos y resoluciones.

Apreciados los hechos con objetividad, es entendible ese odio a la justicia penal internacional. Ella ordenó que se juzgue los casos de terrorismo con tribunales ordinarios y no militares, prohibió la actuación de jueces sin rostro y amparó varios casos de los 1,600 detenidos inocentes liberados por recomendación de la Comisión Ad Hoc de Indultos presidida por el Padre Hubert Lanssiers entre 1996 y 1999.

Que no nos vendan gato por liebre; la justicia moderna que termina en los tribunales supranacionales es una construcción moderna y liberal, porque no hay nada más liberal que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un cambio de fondo respecto de las sociedades donde la desigualdad era un orden natural. Y en la administración de justicia no existe nada más democrático que la justicia supranacional constituida por tratados firmados voluntariamente por los estados, ni nada más enriquecedor de la democracia que los estándares internacionales sobre derechos individuales. Por eso, los autoritarios de derecha e izquierda del continente se hermanan en su odio a la Corte. En este punto todos son seguidores de Hugo Chávez.

No se coman la democracia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-se-coman-la-democracia-08-11-2013

La República

La mitadmasuno

8 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

La crítica a la democracia es también democrática, y la democracia se come pero no solo se come. El Latinobarómetro 2013, recientemente publicado se ha metido en problemas a la hora de explicar las percepciones sobre la democracia en algunos de los 18 países de la región.  Para explicar el aumento de apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador, países donde este indicador se ha incrementado en el período 1995-2013 en 16 y 13 puntos respectivamente, el informe utiliza argumentos a los que les otorga un significado disímil, los que deja de lado para explicar otros casos, como el de Chile.

El informe se embrolla respecto del autoritarismo político venezolano, que al privar a la oposición de sus derechos políticos afecta la democracia tanto como calidad como resultado tangible. Explica el aumento del apoyo a la democracia en ese país hasta el 87% con el argumento de que Chávez le dio al pueblo venezolano “bienes políticos” y que el “chavismo se consolida con Maduro”.

Esta visión obedece a una conclusión previa: que el apoyo a la democracia solo se explica desde los partidarios del gobierno de Venezuela sin considerar que una parte de los opositores a este, de derecha o izquierda, también apoyan la democracia como expectativa. Para el informe, la palabra democracia en Venezuela no cruza la disputa gobierno/oposición. La política no importa.

En el caso de Ecuador tampoco importa la política aunque sí la economía. Señala que Correa ha logrado disminuir la pobreza y redistribuir la riqueza, efectos totalmente ciertos, por lo que la población “no considera el asunto del Parlamento y de la prensa como un problema”. Ese ángulo es igualmente increíble porque supone una visión plana del encuestado, que aprueba o desaprueba en bloque los actos del gobierno en relación al paradigma de la democracia. ¿Por lo menos una parte de la “población” opositora a Correa no es democrática?

En el caso chileno, los 8 puntos de aumento de apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 son atribuidos a la alternancia en el gobierno (allí sí la política importa). El informe desbarra cuando señala que “el apoyo a la democracia está limitado por la desigualdad del crecimiento, porque a pesar del crecimiento aún queda gente a la que no le alcanza para comer”. Los analistas no se han enterado que en Chile el problema central no es la seguridad alimentaria (2,8% de pobreza extrema) sino la demanda de una reforma profundamente democrática al extremo en que solo la candidata de la derecha se opone a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Es probable que este desorden se origine en la interpretación de la clásica pregunta de los académicos Leonardo Morlino y Juan Linz que ofrece tres alternativas, apoyo a la democracia, al autoritarismo e indiferencia. Esta famosa interrogante  no mide el apoyo a la democracia como sinónimo de poder/gobierno; es un indicador crucial para entender la cultura política de los ciudadanos aunque es imposible inferir sin mayor explicación que esta opinión política no debe incluir una valoración de las instituciones, de los representantes y de sus decisiones legales y de las políticas públicas.

El Latinobarómetro 2013 presume que la calidad de la democracia debe medirse desde la norma y las instituciones como un tópico separado de la relación entre la democracia y la pobreza. Esta relación, sin embargo, es dinámica; en los países con menor pobreza persisten razones para demandar de la democracia otros resultados económicos y políticos. En ese sentido es muy debatible aseverar rotundamente que medir la democracia no es medir la calidad de la democracia. Morlino, uno de los creadores de la famosa pregunta se ha esmerado, precisamente, en evitar esa separación.

Estos vacíos o confusiones quizás denoten un problema mayor, que sirve de poco medir el apoyo de la democracia en la región si se niega a interpretar algunas respuestas como la síntesis de un estado de ánimo que los movimientos sociales y públicos revelan en favor de profundas reformas que trascienden las plataformas convencionales de gobierno.

El síndrome venezolano

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-sindrome-venezolano-26-04-2013

La República

La mitadmasuno

26 de abril 2013

Juan De la Puente

La maraña de calificativos utilizados para abordar la situación en Venezuela confunde el debate y, a la vez, lo simplifica. Para lo primero, se coloca sobre la mesa adjetivos imprecisos para el caso como “democracia popular”, “dictadura”, “revolución”, “totalitarismo” o “populismo de izquierda” que reflejan percepciones pero que no permite la elaboración de visiones completas del fenómeno; para el segundo caso, se construye una ecuación cerrada compuesta solo por dos elementos, el aplauso o la condena de los actuales sucesos, metiendo en un saco a gobiernos, estados, personas y partidos.

La ciencia política moderna permite con comodidad la definición de los regímenes, especialmente cuando se trata de sistemas híbridos, una de cuyas variantes es el autoritarismo competitivo, usado en los años noventa para clasificar al gobierno de Alberto Fujimori y ahora para marcar la naturaleza del régimen venezolano.

Esta definición necesita ser contrastada con los actuales estándares democráticos enriquecidos por nuevos derechos, libertades, competencias e instituciones, aplicados a un régimen que se aleja con angustia y rapidez de los modelos democráticos expuestos. La situación venezolana no califica para el modelo procesal que condiciona la democracia a las elecciones libres y a la práctica de libertades y derechos; tampoco califica para el modelo minimalista que hace énfasis en la capacidad del voto y de la lucha multipartidaria para formar el poder, subestimando inclusive las desiguales posibilidades para acceder a la competencia política.

Siendo que Venezuela no cumple con estos estándares, una parte de la izquierda persiste en denominar como democrático el actual proceso en ese país e insiste en defender, desde la ideología y muy poco desde la política, las arbitrariedades que se suceden desde los gobiernos de Hugo Chávez hasta el actual de Nicolás Maduro. Se constata allí una suerte de parálisis conceptual que abandona el paradigma liberal que la izquierda asumió luego de la caída del Muro de Berlín y que ha servido para construir en América Latina exitosas experiencias de renovación política desde la izquierda y el mundo popular, en democracia.

Razonando desde la democracia y las libertades, la izquierda no necesita pensar y actuar como la derecha para explicarle al país lo que sucede en Venezuela. Para la derecha, lo de Venezuela es una dictadura y la solución consiste en reponer las cosas al estado previo a la toma del poder por Hugo Chávez en 1998, es decir, restaurar la vieja democracia venezolana infértil, mañosa y corrupta. En respuesta,  la izquierda no puede asumir el proceso venezolano como un producto obligado e imprescindible del fracaso de la democracia, cerrando las puertas a un proceso democratizador nuevo y superior.

La izquierda necesita acompañar el proceso venezolano cuestionando al régimen de Nicolás Maduro y sus violaciones a la legalidad democrática, como lo hace un pequeño y valiente sector de la izquierda de ese país. No puede convalidar prácticas intimidatorias contra los opositores y violaciones a la legalidad electoral asumiendo como propias las deformaciones del proceso chavista, justificando los vicios de la democracia en Venezuela con los vicios tradicionales de la derecha peruana y continental. El resultado de esta operación es una coartada autoritaria desde la izquierda, gemela de la que se elabora desde la derecha.

La izquierda no puede atarse a Maduro y a Chávez; tiene el legítimo derecho de diferenciarse de la campaña internacional que pretende una restauración no democrática en Venezuela y pugnar al mismo tiempo por una transición que reconociendo los avances sociales concrete una salida democrática. Debe superar el síndrome del apoyo sumiso de los autoritarismos y romper la ecuación cerrada de los grupos conservadores para quienes solo existen las alternativas del aplauso o la condena. No se puede despreciar en otros países las libertades que pedimos para el nuestro.