La República
La mitadmasuno
2 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
Tres países –Colombia, Venezuela y Brasil– son sacudidos por distintas razones que sin embargo se relacionan con un hecho general, el fin del ciclo progresista o posneoliberal regional que coincide con otro final, el del auge de los precios de las materias primas. Política y economía se funden en una nueva transición como hace 30 años, aunque a diferencia de aquella no estamos ante un movimiento hacia la democracia desde un patrón único autoritario sino de una convulsión que parece no tener agenda evolutiva general.
La derecha no tiene mayor problema en poner todo en el saco contra la izquierda y le es fácil oponerse a una sola voz a la paz en Colombia, aplaudir la destitución de Rousseff y apoyar la salida de Maduro del poder. Ella bate palmas por lo que le sucede a la izquierda sin considerar que se inicia un proceso complejo en el que la sociedad asumirá formas de acción política contestatarias que afectarán a derechas e izquierdas.
Este reduccionismo es similar al de la izquierda más atrasada del continente que apoya la paz en Colombia pero respaldaría un golpe chavista en Venezuela, aunque califique de golpe de Estado lo sucedido con Roussef en Brasil, que efectivamente lo fue.
Algunos académicos señalan que una cosa es el agotamiento del potencial transformador del progresismo y otra el final de su ciclo político (Eduardo Gudynas, Uruguay). Eso parece ahora poco relevante frente al envilecimiento del proyecto chavista en Venezuela y a la caída de Dilma Rousseff en Brasil, procesos en cuya base se localizan tanto el fracaso económico como institucional. En Colombia, en tanto, lo que ha fracasado son las políticas de guerra de la derecha y de la izquierda, superadas por un audaz pacto democrático liberal, resistido por el ultra conservadurismo. Colombia es el único país del mundo en guerra donde se marcha contra la paz.
Es cierto que en la crisis regional juega un papel destacado la derecha, pero reducir todos los efectos a esta participación es un delito conceptual; equivale a negar la deriva autoritaria y corrupta en países como Venezuela o Nicaragua, o los graves errores de los modelos argentino y brasileño que no solo no combatieron la corrupción sino se asociaron a ella. Que Rousseff sea derrocada por un grupo de políticos corruptos que pugnan por librarse de la cárcel –y que ella sea personalmente inocente– no debería hacernos cerrar los ojos ante la descomunal ausencia de la ética pública que ha envuelto la política oficial de ese país. El vómito negro no esconde la infección.
Son lejanos los días en que la viabilidad de la izquierda se subordinaba a dos mutaciones genéticas, la inclusión en el régimen democrático y la rebaja de su programa máximo frente al mercado y la sociedad. En lo segundo, en la mayoría de países gobernados por el progresismo en los últimos 15 años se exhiben avances notables en materia de ingresos y equidad, pero en lo primero se confirma un resonante fracaso.
El progresismo dejó pasar la oportunidad de garantizar una democracia política que acompañe al programa de democracia económica y equidad. Las reformas institucionales realizadas en Bolivia, Venezuela y Ecuador sirvieron para ganar las reelecciones y en otros países, como en Argentina, el gobierno familiar cerró toda opción de futuro. En Brasil no hubo reforma reeleccionista, pero una gigantesca maquinaria estatal corrupta devoró al grupo portador del cambio, el Partido de los Trabajadores (PT), cuya actual impopularidad es una suerte de caída del Muro de Berlín del progresismo regional.
La izquierda está nuevamente enfrentada a sí misma. Ella, que ha llenado bibliotecas con recetas para la reforma del Estado tendrá una nueva oportunidad si asume un programa de cambios democráticos en la región –que no pasen obviamente por el reeleccionismo– y si al mismo tiempo profundiza su compromiso con la ética pública. En otras palabras, se encuentra frente a una nueva cuestión democrática.
