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lunes, 5 de agosto de 2019

Una cuestión de sustancia

https://larepublica.pe/politica/1474513-cuestion-sustancia/
La República
La mitadmasuno
24 de mayo de 2019
Por Juan De la Puente

En el actual conflicto entre el Gobierno y el Congreso, la pugna por las formas quizás no permite que se visibilice el aspecto de fondo, que es la firme tendencia instalada que detendrá este proceso, y que ya lo ahoga en la cuna. Un sistema fuerte, en crisis, pero fuerte, más fuerte que los grupos dispersos que pugnan por reformarlo, se dispone a derrotar desde el Congreso el movimiento de cambio más importante desde el año 2000.
A diferencia de año pasado, no existe una coalición dispuesta a la batalla. El reciente gesto presidencial de desafiar al Congreso se realiza luego de que la rebelión que él encabezara el año pasado concluyera extrañamente por falta de mensaje y especialmente acciones. La lucha por las formas en estos días reverdece las imágenes reformistas del año pasado, pero no implican su relanzamiento. La reforma sin coalición está sentenciada a la derrota.
Es cierto que también incidirá en este resultado el reagrupamiento de fuerzas conservadoras y la falta de un programa político que le permita al Gobierno atender con eficacia los problemas del gobierno de todos los días –seguridad, servicios y regulación, por ejemplo– como indican las encuestas recientes. No obstante, existe un problema de estrategia y enfoque.
Uno de ellos es la falta de un proceso movilizador en una perspectiva democratizadora. Desde la presentación del informe de la comisión creada con tal propósito, se ha privilegiado una dinámica institucionalista creyendo que este es un asunto exclusivo del poder, a lo más de las élites, en tanto no se toma en cuenta a la sociedad, la parte más activa en la demanda de cambio.
Forma parte de esta estrategia equívoca la propuesta de diálogo exclusivo con el Congreso, sin la sociedad y los partidos, que no son necesariamente lo mismo que sus bancadas, y aderezada en las últimas semanas con el llamado a un pacto minimalista Ejecutivo/Legislativo. La visita presidencial al Congreso pareció sugerir la adopción de una estrategia distinta de cara a la sociedad, pero sin nuevas señales posteriores en esa línea. En esta como en otras crisis, y en toda coyuntura crítica, un sistema fuerte reclama como requisito de cambio un eje movilización/pacto. Ya deberíamos haber aprendido.
En un contexto como el descrito, sería igualmente equívoco bajar los brazos. Se tiene sobre la mesa una cuestión de sustancia. Por lo mismo, desde el campo de la reforma es otro error pugnar con demandas improvisadas del tipo “no se peleen chicos” o “el Perú no está para divisiones” como si no estuviesen en juego legítimas opciones que entrañan modelos de convivencia y representación.

La reforma es irrenunciable y la sociedad –en su sentido amplio de conciencia social– está en disputa. Sea cual fuese el resultado específico de las 12 reformas entregadas por el Gobierno al Congreso, es muy importante insistir en el cambio, en la formación de una amplia conciencia nacional sobre su necesidad, advirtiendo no solo sobre el riesgo de una contrarreforma sino de los potenciales peligros de un sistema que renovará sus autoridades el año 2021 en medio de una debilidad de la institución de la presidencia y una alta fragmentación del Parlamento.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Ver el hashtag pero no el bosque

http://larepublica.pe/politica/1137016-ver-el-hashtag-pero-no-el-bosque
La República
La mitadmasuno
27 de octubre de 2017
Juan De la Puente
Los delitos sexuales en el Perú son, quizás siempre lo han sido, delitos masivos cuya incidencia ya debe ser comparada con el robo y el narcotráfico. Por esa razón es absurdo que el sector conservador-machista de nuestro país pretenda cuestionar sin base empírica, y solo desde lo masculino, el famoso hashtag #PerúPaísdeVioladores.
A los datos expuestos añado tres que confirman esta criminalidad masiva: 1) De los 83,000 internos en cárceles peruanas, 14,800 lo son por los cuatro tipos penales de violencia sexual (violación sexual a menores de edad, violación sexual tipo básico, actos contra el pudor y actos contra el pudor contra menores de edad), es decir el 17.8% del total. Este porcentaje es menor al de los internos por robo, pero cerca de los presos por tráfico de drogas que son 18,900, es decir, el 20.4%.
2) El Ministerio Público reporta que desde el año 2000, ha investigado 256 mil denuncias por violación sexual, un ciclo de 16 años cuya principal característica es el aumento de denuncias a una tasa de 9.6% por año. La progresión del delito es muy clara: el año 2000 hubo 5 mil denuncias y el año pasado casi llegan a 22 mil. Salvo la extorsión, no hay delito que haya progresado tan aceleradamente en el país. ¿Se denuncia más ahora? Sí.
3) Las sentencias van en aumento y no se puede decir sin mayores datos que en este tema predomina impunidad. De hecho, dos tercios de los internos en cárceles por delitos sexuales han sido sentenciados, una cifra alta si se compara con el tráfico de drogas que tiene solo al 28% de sentenciados. De los datos del Poder Judicial se desprende que los jueces están condenando violadores y autores de delitos contra el pudor en forma creciente. El 2015 sentenciaron a 5,885 personas, el año pasado 6,106, y hasta agosto de este año a 4,775. El aumento de sentenciados en las cortes superiores de Arequipa, Cusco, Junín, Lima Este, Madre de Dios, Puno y Ucayali, es impresionante.
La masividad de estos delitos nos remite a una primera conclusión. Este estallido no se puede combatir solo desde el derecho penal o la política criminal clásica. La explosión delictiva da cuenta de profundos problemas no encarados, y patentiza una batalla en el plano de las ideas y de las políticas públicas.
Cuando ves o lees a personas que prefieren luchar contra la llamada “ideología de género” con más énfasis que contra las violaciones, o a un grupo de legisladores votar a favor de beneficios penitenciarios de violadores sentenciados, es señal de que las prioridades no son las mismas frente a estos delitos. Los delincuentes están haciendo lo que saben hacer, y quienes fallan son el Estado y la sociedad.
La indignación sin cambio es una moneda que ha perdido valor. Encarar estos delitos masivos precisa de consensos básicos como los que operan en la lucha contra la extorsión o el tráfico de drogas. Es una batalla que demanda asumir los derechos de género y contra la violencia sexual en una sola dimensión, una unidad que los indignados selectivos e intermitentes creen que pueden reemplazar por su demanda de pena de muerte, a sabiendas de que no funciona.
Toda la actuación del Estado se dirige a la etapa posterior al delito; se elevaron las penas para los casos de violación, se retiraron los beneficios penitenciarios en dos de los cuatro delitos contra la libertad sexual, se convirtieron esos delitos en perseguibles por acción pública, y mejoraron (solo un poco) los procedimientos de denuncia, reconocimiento de víctimas y juzgamiento. A pesar de ello no ha decaído el delito.

La movilización pública implica encarar la prevención desde la escuela y la comunidad y sobre todo en la familia. El gran enemigo es la reproducción de los roles tradicionales desiguales entre el varón y la mujer por mandato divino, el derecho de conquista y la propiedad personal de un ser humano; aunque uno de los peores machismos –lo acabamos de ver en la Comisión de la Mujer del Congreso– es el de las mujeres. Desde el tradicionalismo no se podrá parar este delito masivo.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

El luminoso sendero social

         http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social
La República
La mitadmasuno
11 de agosto de 2017
Juan De la Puente
En los años 80, Sendero Luminoso asesinaba a los dirigentes populares porque sostenía que la única función de los sindicatos y organizaciones sociales era anunciar y sostener la “guerra popular”. Quienes demandaban mejores salarios y bienestar eran traidores que merecían ser aniquilados. Con ese pretexto fueron asesinados centenares de dirigentes del SUTEP y profesores universitarios. Me acuerdo ahora de tres de ellos, amigos míos y compañeros: Cirilo Meza Porta, sutepista y alcalde de Tantamayo (Huánuco) asesinado en 1984 frente a sus alumnos; Fermín Azparrent, antiguo dirigente magisterial, alcalde de Huamanga, asesinado en 1989; e Iván Pérez Ruibal, asesinado cuando preparaba sus clases en la universidad del Cusco, en 1991.
El terrorismo, derrotado militarmente, se ha reinventado políticamente. Y tiene éxito. Sendero Luminoso es ahora la fuerza más dinámica y en alza en el movimiento sindical peruano; forma parte de una tendencia amplia y radical en la que caben otras expresiones maoístas o posmaoístas cuyos rasgos son: 1) una firme recusación de las dirigencias sindicales de la izquierda tradicional; 2) un programa extremadamente economicista que aborrece las políticas públicas de mejora de la prestación de los bienes públicos; y 3) una política de alianzas pragmática, de pactos inimaginables contra el enemigo común, según sea el caso.
Esta práctica tiene como resultado la formación de una nueva representación sectorial y local que se ha hecho nacional con la huelga magisterial actual, la más importante movilización social autónoma de los últimos años, y que consolida una penetración sostenida en universidades, minería informal/artesanal, grupos cocaleros y sindicatos en el sector público.
Frente a este fenómeno, algunos intentan apreciar la huelga magisterial con el esquema convencional de la correlación interna del SUTEP, celebrando los reveses del partido político que dirige este sindicato. Otros, entre ellos el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y parlamentarios, respaldan su economicismo basados en las legítimas expectativas salariales de los maestros, sin exigir a sus dirigentes un compromiso con los estudiantes y con la calidad de la educación. Es la micro-política llevada al conflicto social.
Este es un momento de ruptura y redefinición en los movimientos sociales, donde se aprecia por un lado la afirmación de tendencias con enfoques de derechos –sobre todo ambientales y de género– y, por el otro, la recreación de opciones populistas desinteresadas de reformas; populares, claro, pero que no dejan de ser populistas.
Esa debería ser la matriz del debate respecto a los conflictos actuales. La simplificación de algunos análisis (diálogo vs. no diálogo, SUTEP oficial vs. bases) impide una reflexión sobre ciertas tendencias regresivas. Si bien es injusta la acusación de que todos los maestros en huelga son simpatizantes del MOVADEF, un análisis objetivo debería indagar más sobre por qué grupos que se niegan a condenar el terrorismo como método político dirigen a miles maestros peruanos, y qué razones existen para que los maestros acepten esa dirección. En ambos hechos hay lugar para el asombro, a lo que se agregan otros como el respaldo de gobernadores regionales corruptos que no tienen ni idea de un proyecto educativo regional.
En 1972, en el Cusco, una ofensiva básicamente economicista y enfilada contra el gobierno de Juan Velasco, bajo el impulso del maoísmo, el aprismo y otros grupos, fundó el SUTEP como alternativa al otro sindicato magisterial, el FENEP, iniciando el bloqueo de los cambios que el gobierno militar pretendía en la educación. Ahora, 45 años después –con epicentro por coincidencia localizado también en el Cusco–, el maoísmo y posmaoísmo, derrotados militarmente y renacido sindicalmente, han descargado un golpe demoledor al SUTEP oficial, pero han dejado seriamente afectada la reforma magisterial, la más importante de las últimas décadas. Espero que lo sucedido no anuncie una refundación regresiva del sindicalismo y el abandono de una política pública de la calidad educativa.