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viernes, 10 de agosto de 2018

Pacto sin retorno

https://larepublica.pe/politica/1281731-pacto-retorno
La República
La mitadmasuno
20 de julio de 2018
Juan De la Puente
El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha respaldado las marchas contra la corrupción del sistema de justicia, suscribiendo una alianza expresa con la opinión pública movilizada, apoyándose en ella, dándole voz a la calle esta crisis, y compensando un tanto su debilidad numérica frente al Congreso.
Vizcarra está tomando aire fresco, pero no solo es oxígeno. Este pacto implica un giro hacia la sociedad, de lo que precisamente carecieron sus primeros 100 días de gobierno. El preludio de este hecho ya presentaba logros; de hecho, las renuncias y procesos de las últimas dos semanas, luego de la primera entrega de lo audios por IDL Reporteros, se debieron a una coincidencia tácita entre la voluntad del gobierno y la indignación de los peruanos. Hasta ahí las cosas son de manual.
No obstante, el momento es inédito y ejemplar, como lo fueron los sucesos que vivimos desde las elecciones del año 2016. Es la primera vez en varias décadas que una severa crisis no tiene como centro al gobierno sino a otros poderes e instituciones, dejando a la presidencia del país con una amplia capacidad de movimiento y juego.
El Ejecutivo no es parte del problema. Todavía; Vizcarra y el premier Villanueva han desplegado algunas iniciativas audaces entre ellas la de exigir la renuncia de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como elemento imprescindible de la reforma judicial. Luego, con la creación de la comisión presidida por Allan Wagner y la promesa de trazar el 28 de julio las líneas gruesas de los cambios en la administración de justicia, han inaugurado un curso de reforma que no podrá ser cerrado fácilmente sin medidas de algún calado.
El gobierno resuelve en parte el problema de la etapa post PPK que era de una estabilidad un tanto vacía, sin promesas y sin centro de gravedad. Es un camino sin retorno que podría permitirle al país encarar con éxito la reforma que las sucesivas explosiones de la corrupción brasileña plantearon sin éxito.
El parte de esta batalla de dos semanas es promisorio; en 14 días se ha logrado más que en 14 años. El cuadro, con el jefe de la ONPE suspendido, el CNM acéfalo, un vocal supremo a punto de entrar a la cárcel, y el Poder Judicial –sacudido– debatiendo cambios a los que se resistió varios años, para más de uno es el escenario de un desorden, pero visto en la perspectiva de la infertilidad de un sistema que se niega al cambio, más que desorden es movimiento.

El Congreso está en serios problemas. Una crisis que se abre paso de la mano de una opinión pública indignada indica que por ahora valen más las voces que los votos. Fuerza Popular está siguiendo la pauta marcada por la calle y el gobierno, sin más estrategia que la defensa y la concesión, impactado por la situación de Héctor Becerril, cuya permanencia cada día en el Congreso representa el desangrado del fujimorismo.

lunes, 5 de junio de 2017

Código electoral y condiciones previas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/874820-codigo-electoral-y-condiciones-previas
La República
La mitadmasuno
12 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
Ha concluido el trabajo de la subcomisión presidida por la congresista Patricia Donayre que elaboró el proyecto de Código Electoral. El desempeño ha sido auspicioso, de modo que podría decirse que este es el empeño más responsable de los últimos años para encarar la parte electoral de la reforma política.
Sabemos cómo empieza este proceso pero nadie puede predecir con exactitud cómo concluirá, teniendo como antecedente los 13 años de bloqueo a los cambios (2001-2013) y dos años desastrosos (2014-2016) que culminaron con la contrarreforma que implicó la nefasta Ley N° 30414. Aun así, el mejor argumento para empezar el debate nacional es la posibilidad de contar por primera vez con un Código Electoral.
La codificación de las normas es un desafío complejo para nuestra precariedad institucional. La última vez que el Congreso aprobó un código fue hace 13 años, el Código Procesal Constitucional del año 2004, a lo que habría que añadir que la mayoría de nuestros 15 códigos vigentes fueron expedidos por el Ejecutivo merced a facultades delegadas por el Congreso, y que desde hace más de una década el Parlamento no puede producir una reforma exitosa de los códigos Civil y Penal.
Un Código Electoral tendría la virtud de agrupar normas con rango de ley dispersas, incorporar decenas de reglamentos de los tres organismos electorales e integrar al derecho positivo la frondosa y desmedida jurisprudencia que ha producido el Jurado Nacional de Elecciones en materia de legalidad de los actos partidarios. Si deberían producirse dos consensos alrededor de este nuevo código es que debe detenerse firmemente la producción dispersa e ilimitada de normas electorales que hacen más caótico el sistema político, y que se elimine el financiamiento ilegal y mafioso de la política. Asimismo, si hay un desafío estratégico alrededor de esta incipiente reforma es que necesitamos principios políticos-electorales que rijan los procesos de elección popular.
Por lo señalado, es conveniente considerar algunas condiciones del debate que se abre nuevamente. La primera de ellas es la necesidad de que los cambios garanticen un enfoque de representación y de derechos, en respuesta a la deformación que ya se advierte en algunas opiniones en una dirección “partidocentrista”. Por ejemplo, es positivo que los primeros consensos se refieran a la paridad de género en las listas, la ubicación alternada de mujeres y varones en ellas, y la sanción al acoso político a las políticas, candidatas o representantes mujeres. A propósito, no está de más recordar algo que se olvida en los debates sobre la mejora de la representación: que la crisis se origina en la formación de la representación, y que los elegidos que pierden rápidamente legitimidad vienen “marcados” por un proceso de designación informal y campañas electorales violentas.
La segunda condición es el pacto. Las reformas exitosas en América Latina recientes han tenido un componente de pluralidad y acuerdo que los hace más legítimas que aquellas impuestas o cocinadas en cuatro paredes. Esta perspectiva contrasta con la tendencia de estrechar el debate actual peruano, criticando las iniciativas que no provengan del Congreso. Extraño además que en los últimos 15 años se criticara a los gobiernos por no interesarse en la reforma política y que se le cuestione al actual precisamente por hacerlo.

La última de las condiciones es la convicción del no retorno al pasado. Aun se advierten en algunas opiniones la nostalgia por el viejo sistema de partidos que de modo precario se reorganizó entre 1977 y 1992 y la pugna por reconstruirlo. Las discusiones sobre comités, firmas de adherentes, rigidez de las alianzas y el desborde del espíritu sancionador indican que en un sector de la política –e incluso de la academia– no se ha tomado en cuenta el carácter irreversible del colapso de los partidos y la necesidad de abrir paso a otras prácticas institucionales que renueven la democracia en lugar de recrear el fracaso.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Partidos made in antipolítica

http://larepublica.pe/impresa/opinion/704237-cinco-batallas-y-una-guerra
La República
23 de setiembre de 2015
Juan De la Puente
(Análisis de las propuestas de reforma electoral en el Congreso, publicado en La República)
La mayoría de bancadas parlamentarias ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio de la Ley de Partidos Políticos, y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y f) el financiamiento.
Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político. La lógica parlamentaria es cerrar el sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 5% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas.
Se debe recordar que con el requisito actual aprobado el año 2009, del 3% del padrón electoral, que obliga a presentar 450 mil firmas, no se ha inscrito ningún partido político. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso está a punto de congelar el sistema político.
Es un grave error anular el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; de prosperar el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.
Los partidos en el Congreso están apostando a la antipolítica en lugar de resolver los problemas que este fenómeno ha dejado, al incrementar de la cuota de independientes invitados del 20% al 25%, una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.
En cambio, es positivo establecer una valla electoral propia para las alianzas políticas, de 1% de votos por cada partido que se agregue, de modo que una alianza de dos partidos políticos está obligada a obtener 6% de votos para mantener vigente su inscripción electoral.
Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, es un error que se programe su inicio luego de las elecciones del año 2016 y que a cambio de ello se deje sin un carácter vinculante la rendición de cuentas del financiamiento privado.

viernes, 5 de junio de 2015

El Apra y las izquierdas el 2016

http://larepublica.pe/impresa/opinion/3698-el-apra-y-las-izquierdas-el-2016
La República
La mitadmasuno
29 de mayo de 2015
Juan De la Puente
El 26 de abril pasado, el APRA llevó a cabo sus elecciones abiertas para renovar sus comités regionales, provinciales, distritales y sus comisiones provinciales de política.
Según los datos disponibles votaron ese día 280 mil ciudadanos, de los cuales solo entre el 15% y 20%, fueron inscritos en el padrón de afiliados. Otros datos son interesantes: que en Lima votaron 120 mil, en Piura otros 30 mil, que al proceso interno se presentaron más de 400 listas de candidatos, y que estas incluyeron a 5,200 aspirantes, de los cuales el 60% son jóvenes menores de 35 años y el 50% mujeres.
El proceso implicó la reactivación de núcleos partidarios que suman entre 2 mil y 3 mil militantes, alrededor de los cuales se constituyeron los tribunales electorales. Entre los resultados, en la mayoría de casos se produjo una renovación ordenada de dirigentes y se consiguió el objetivo del traslado de responsabilidades partidarias hacia militantes más jóvenes, con pocos casos de disputas violentas.
¿Por qué el APRA puede llevar a cabo elecciones abiertas en medio de la dura campaña que enfrenta, con frecuentes revelaciones de corrupción de sus militantes, mientras que ninguna de las dos vertientes de la izquierda, que ciertamente han impulsado el actual auge de los movimientos sociales, puede organizar una consulta parecida o estimular un proceso constituyente que involucre a por lo menos 200 mil ciudadanos, a 7 meses de la inscripción de listas para las elecciones del 2016?
Desde los años 80, incluso cuando Izquierda Unida (IU) llevó a cabo sus primarias internas con el modelo un militante un voto (1988), la respuesta a preguntas de este tipo son dos: “la izquierda privilegia la lucha y no la participación (electoral, se supone)” y “no toda consulta abierta es necesariamente democrática”. Ambas apreciaciones son estupendas en la medida en que resumen, luego de casi 30 años, una forma de pensar sobre la relación de la política con la sociedad.
La crisis del sujeto social del aprismo y de la izquierda es parecida; a ambos les ha sido sustraída gran parte de la representación vía los cambios en la economía y la sociedad. El APRA ha perdido el “sólido norte” y otras plazas en manos de grupos más pragmáticos respecto de las expectativas de movilidad social de los ciudadanos, en tanto que las izquierdas han perdido la relación fecunda con los movimientos vecinales y los asalariados.
Nadie sensato pretendería que el APRA y los partidos de la izquierda son muy similares. Por lo mismo, la reacción a estas pérdidas ha sido hasta ahora distinta y no se podrían explicar sin factores determinantes, en algunos casos muy desiguales, como el peso de la tradición cultural, el uso del clientelismo político, el papel del liderazgo y el rol de los incentivos del poder. Finalmente, la respuesta de los partidos a las crisis depende de su naturaleza, de cómo se ubica dentro de las tipologías en función de su base social, su orientación ideológica y su estructura orgánica.
El APRA, no obstante, está siendo más audaz que las izquierdas para encontrar una salida electoral. Encarando el hecho de que no puede legitimar los logros de su gestión 2006/2011, se prepara premunido de una fuerte voluntad política a construir una maquinaria electoral para procesar su traslado al centro político. De ese modo resuelve sus problemas de identidad que de paso ayuda a resolver los de unidad.
En cambio, la izquierda de jefes opera en una frecuencia distinta a la izquierda de la sociedad. Las cúpulas partidarias ya perdieron los primeros meses del año enfrascadas en el problema de la unidad, prestando poca atención a la necesidad de promover una salida electoral a la apuesta de la sociedad contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, la desaceleración de la economía y la imposición autoritaria de #TíaMaría. De ser encarado este desafío, ojalá no lo sea con una danza alrededor de un programa confuso y kilométrico, con la misma emoción con la que los antiguos bailaban alrededor del fuego porque no sabían hacer otra cosa.

viernes, 24 de octubre de 2014

Ahora todos somos reformistas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/ahora-todos-somos-reformistas-17-10-2014
La República
La mitadmasuno
17 de octubre de 2014
Juan De la Puente
El reciente resultado electoral ha puesto de moda dos palabras, antisistema y reforma; la primera, de uso común para explicar incluso fenómenos irreconocibles, y la segunda para resumir la necesidad de cambios en las reglas de organización de la política, especialmente en la formación de la representación y en su ejercicio. De pronto, desde los medios y la empresa se registran llamados insistentes a la reforma política y hasta la academia, mayoritariamente escéptica, se ha unido a la demanda. En los partidos hay menos resistencia aunque las frágiles militancias se vuelcan a favor de cambios que reviertan la larga agonía de sus organizaciones.
De pronto todos somos reformistas, o casi todos, y se suceden anuncios de inminentes cambios a ser aprobados en el Congreso. No obstante, se mencionan modificaciones muy parciales que, de ser adoptadas, no implicarían un quiebre de lo conocido hasta ahora u otros que agravarían la situación que se pretende conjurar.
Algunos ejemplos: si se aprobara solo viabilizar el financiamiento público sin que se haga vinculante la rendición de cuentas y sin fortalecer la democracia interna, se tendría una inyección de recursos a los grupos políticos, generando cúpulas partidarias plutocráticas invencibles; o si se aprobara la eliminación del voto preferencial sin garantizar la presencia de género, se tendría un retorno a la práctica supresión de la participación de las mujeres en las listas para cargos de elección popular; o si se suprimiera legalmente a los partidos regionales, se tendría una suerte de partidos nacionales atravesados por el autonomismo regional.
Algunos rasgos de esa reforma que nos puede conducir a mayores frustraciones se observan en declaraciones, proyectos de ley y dictámenes elaborados desde el año pasado: 1) cerrar el sistema actual, elevando a 800 mil el número de firmas para la legalización de nuevos partidos bajo la premisa de que el problema reside en el número de partidos; 2) centrar los cambios en el ejercicio de la representación, olvidando la formación de la representación, es decir, cómo se nombra un candidato; 3) reducir los controles públicos de las finanzas partidarias; y 4) establecer garantías para las dirigencias sin estimular la participación de los afiliados, su reclutamiento y registro.
En esa dirección se aprecia en el Congreso la voluntad de realizar cambios sin tomar en consideración el proyecto de nueva Ley de Partidos Políticos presentado en diciembre pasado por el JNE, la ONPE y el RENIEC, y los proyectos de Código Electoral y Código Procesal Electoral propuesto el 2011, que los organismos electorales consensuan. Lo peor que podría pasar es que la demanda de reforma termine en contrarreforma.
La anotación de problemas a abordar no deja de ser sugerente para encarar la crisis de legitimidad partidaria: la corrosión del voto preferencial, el financiamiento ilegal, la supresión de la democracia interna, el emprendimiento partidario ultrapersonalizado, la condición vitalicia de los dirigentes fundadores, la falta de elecciones internas, el fichaje de independientes con dinero, los partidos vientre de alquiler, entre otros.
No obstante, sería conveniente precisar los alcances y límites de los cambios para evitar los errores de hace una década que en el caso de la Ley de Partidos consolidaron un movimiento de apertura en falso iniciado por la Constitución de 1993. El debate sobre cuánto debe abrirse o cerrarse el sistema no es malo en la medida en que se tenga un consenso en los principios de la reforma.
Algunos de estos podrían ser: 1) el incremento de la participación ciudadana en los partidos, es decir, una reforma pro ciudadano y no solo pro partido; 2) en lo posible, la superación de la antipolítica garantizando un sistema con elecciones internas organizadas por los organismos electorales, poniendo fin al independentismo político; 3) el establecimiento de una formalidad partidaria nacional y regional, contra la emergencia informal; y 4) reducir en lo posible la fuerza del dinero como principal organizador de la política.