Mostrando entradas con la etiqueta Código Electoral. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Código Electoral. Mostrar todas las entradas

viernes, 25 de mayo de 2018

Reforma y/o populismo

https://larepublica.pe/politica/1240684-reforma-populismo
La República
La mitadmasuno
11 de mayo de 2018
Juan De la Puente
Hay varias maneras de evitar las reformas, por lo menos tres; una de ellas es no hacerlas; la otra es hacer lo contrario, es decir, inventar una contrarreforma; y la tercera, pugnar o realizar entusiastas cambios que no lo son a pesar de las apariencias.
Las dos primeras modalidades se consumaron en el Perú a propósito de la reforma electoral, una exigencia que no fue atendida por decisión de la mayoría de direcciones partidarias y bancadas parlamentarias entre los años 2008-2018, a pesar del interés y presión de los organismos electorales, en un momento articulados en la Plataforma por la Reforma Política Electoral (2010-2015). La revisión de los proyectos de ley presentados en la última década brinda una idea completa de cómo se ha evadido esta urgencia y, al mismo tiempo cómo la élite política pudo tejer sucesivas alianzas para evitar cambios cantados y demandados, una resistencia exitosa ayudada por el crecimiento económico qua hacía (¿hace?) prescindible todo cambio sustantivo.
Estas alianzas lideraron hasta tres movimientos de contrarreforma, con el siguiente ritmo: 1) elevar de 140 mil firmas a 560 mil el número de firmas para inscripción de los partidos (Ley Nº 29490, de 2009); 2) aumentar a 900 mil firmas este requisito y otros ajustes antidemocráticos como aumentar de 20% a 25% el porcentaje de invitados en las listas de candidatos a elección popular (Ley Nº 30414, de 2015); y 3) suprimir la fiscalización de los recursos financieros por parte de la ONPE (Ley 30689, de 2017) aunque acompañado de algunos reajustes positivos respecto al financiamiento, y la ley que permite postular a quien no viven en la circunscripción electoral, aunque haya nacido en ella (Ley Nº 30692 de 2017).
Con realismo, en esta etapa existe menos posibilidades de concretar una reforma ligeramente coherente, a tenor de la disposición de fuerzas parlamentarias y de la ausencia de un liderazgo político extraparlamentario activo e influyente. Desde la derrota del proyecto de Código Electoral elaborado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre, queda claro que la agenda mínima de la reforma no será abordada en el mediano plazo. Esta convicción no implica “tirar la toalla” sino reorientar la estrategia para lograr los cambios, asumiendo que luego de una década de demandas y bloqueos se ha conformado que la reforma política y electoral no se hará con los partidos y con el Legislativo.
Por tal razón, y en ese contexto realista y desafiante, el principal riesgo actual es la distracción respecto de las claves de fondo. Esto acaba de ponerse de manifiesto con la propuesta de eliminar la relección parlamentaria. El respaldo abrumador a este planteamiento hace presumir que en esta medida se deposita gran parte del cambio.
No obstante, es un señuelo; es la parte populista de la reforma. Lo cierto es que desde el año 2001 la tasa de reelección parlamentaria peruana es la más baja de Sudamérica, una tasa que apenas superó el 20% en las elecciones del año 2016. Cuatro congresos “nuevos” en los últimos 16 años no han hecho mejor al Parlamento peruano, como tampoco mejoraran las regiones y municipios la muy aplaudida prohibición de reelección de gobernadores y alcaldes, o persistir en un Congreso unicameral y pequeño, otra idea popular.
La evidencia indica que existe una correlación entre la reelección parlamentaria y los partidos más institucionalizados y que, al contrario, existe otra correlación, perversa, entre los parlamentarios nuevos no militantes de sus partidos y la falta de institucionalidad de los grupos políticos, un escenario enmarañado donde la cohesión partidaria se bate en retirada empujada por el dinero y el independentismo legislativo, el virus disolvente del sistema. 

Si la mitad de emoción y demanda contra la reelección parlamentaria se pusiese en la exigencia de discutir el Código Electoral, o en poner sobre la mesa que solo 92 de los 130 congresistas están afiliados a los partidos por los que fueron elegidos, según los recientes datos de la Asociación Civil Transparencia, estaríamos en otro momento de esta batalla.

lunes, 5 de junio de 2017

Código electoral y condiciones previas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/874820-codigo-electoral-y-condiciones-previas
La República
La mitadmasuno
12 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
Ha concluido el trabajo de la subcomisión presidida por la congresista Patricia Donayre que elaboró el proyecto de Código Electoral. El desempeño ha sido auspicioso, de modo que podría decirse que este es el empeño más responsable de los últimos años para encarar la parte electoral de la reforma política.
Sabemos cómo empieza este proceso pero nadie puede predecir con exactitud cómo concluirá, teniendo como antecedente los 13 años de bloqueo a los cambios (2001-2013) y dos años desastrosos (2014-2016) que culminaron con la contrarreforma que implicó la nefasta Ley N° 30414. Aun así, el mejor argumento para empezar el debate nacional es la posibilidad de contar por primera vez con un Código Electoral.
La codificación de las normas es un desafío complejo para nuestra precariedad institucional. La última vez que el Congreso aprobó un código fue hace 13 años, el Código Procesal Constitucional del año 2004, a lo que habría que añadir que la mayoría de nuestros 15 códigos vigentes fueron expedidos por el Ejecutivo merced a facultades delegadas por el Congreso, y que desde hace más de una década el Parlamento no puede producir una reforma exitosa de los códigos Civil y Penal.
Un Código Electoral tendría la virtud de agrupar normas con rango de ley dispersas, incorporar decenas de reglamentos de los tres organismos electorales e integrar al derecho positivo la frondosa y desmedida jurisprudencia que ha producido el Jurado Nacional de Elecciones en materia de legalidad de los actos partidarios. Si deberían producirse dos consensos alrededor de este nuevo código es que debe detenerse firmemente la producción dispersa e ilimitada de normas electorales que hacen más caótico el sistema político, y que se elimine el financiamiento ilegal y mafioso de la política. Asimismo, si hay un desafío estratégico alrededor de esta incipiente reforma es que necesitamos principios políticos-electorales que rijan los procesos de elección popular.
Por lo señalado, es conveniente considerar algunas condiciones del debate que se abre nuevamente. La primera de ellas es la necesidad de que los cambios garanticen un enfoque de representación y de derechos, en respuesta a la deformación que ya se advierte en algunas opiniones en una dirección “partidocentrista”. Por ejemplo, es positivo que los primeros consensos se refieran a la paridad de género en las listas, la ubicación alternada de mujeres y varones en ellas, y la sanción al acoso político a las políticas, candidatas o representantes mujeres. A propósito, no está de más recordar algo que se olvida en los debates sobre la mejora de la representación: que la crisis se origina en la formación de la representación, y que los elegidos que pierden rápidamente legitimidad vienen “marcados” por un proceso de designación informal y campañas electorales violentas.
La segunda condición es el pacto. Las reformas exitosas en América Latina recientes han tenido un componente de pluralidad y acuerdo que los hace más legítimas que aquellas impuestas o cocinadas en cuatro paredes. Esta perspectiva contrasta con la tendencia de estrechar el debate actual peruano, criticando las iniciativas que no provengan del Congreso. Extraño además que en los últimos 15 años se criticara a los gobiernos por no interesarse en la reforma política y que se le cuestione al actual precisamente por hacerlo.

La última de las condiciones es la convicción del no retorno al pasado. Aun se advierten en algunas opiniones la nostalgia por el viejo sistema de partidos que de modo precario se reorganizó entre 1977 y 1992 y la pugna por reconstruirlo. Las discusiones sobre comités, firmas de adherentes, rigidez de las alianzas y el desborde del espíritu sancionador indican que en un sector de la política –e incluso de la academia– no se ha tomado en cuenta el carácter irreversible del colapso de los partidos y la necesidad de abrir paso a otras prácticas institucionales que renueven la democracia en lugar de recrear el fracaso.

viernes, 8 de agosto de 2014

La reforma huérfana

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-huerfana-08-08-2014
La República
La mitadmasuno
8 de agosto de 2014
Juan De la Puente
La reforma política fue abordada incluso antes de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos (LPP) Ley N° 28094 del 2003. Como se recuerda, luego de la caída del fujimorismo se plantearon cambios institucionales y constitucionales de alto calado, cuyo paradigma más elevado fue la formación de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva constitución, y en una lógica minimalista la reinstalación del bicameralismo y la descentralización.
La misma LPP fue recibida con desconfianza y poco entusiasmo; gestionada como parte de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional suscrito un año antes, fue posible solo por el empeño de un reducido grupo de líderes políticos y de la Asociación Civil Transparencia e Idea Internacional. Entonces, la academia razonaba con un receloso perfil, advirtiendo: 1) que lo más importante era fortalecer los partidos existentes y no debilitarlos normativamente; 2) que no debería ampliarse más un sistema ya demasiado abierto; 3) que debería colocarse más barreras de entrada al sistema y vallas para la permanencia en él: 4) que era riesgoso promover la renovación desordenada de las dirigencias partidarias; y 5) que era preciso abocarse a la reforma del Estado como un mecanismo legitimador de la política.
La LPP tuvo un sentido institucionalizador de lo existente antes que reformista, y a esa mediatización se debe su rápido fracaso. En el 2006 se hizo evidente la crisis de lo poco que quedada del sistema de partidos, cuando el parlamento se pobló de legisladores independientes ganadores de costosas campañas y cuando los partidos se replegaron a Lima y a las elecciones nacionales abandonando el resto del país. Los comicios del 2010 y 2011 profundizaron la crisis; en el 2010, las estructuras nacionales solo ganaron en 4 de 25 regiones, en 77 de 195 provincias y en 693 de 1.605 distritos. Y en el parlamento del 2011, por lo menos 65 legisladores electos no eran militantes de los partidos por los que postularon, a pesar de que algunos pasaron por fórmulas de comicios internos, obviamente fraudulentas. Nuestro Legislativo, un órgano político por excelencia, fue diezmado de políticos.
Si la LPP fue un hijo no deseado y esperado, la reforma política es evitada. La mayoría de partidos han desarrollado una sensibilidad contra la reforma y los que lo desean poseen dirigencias débiles ante sus bancadas, especialmente en este tema. Ello no ha impedido que la LPP haya sido modificada 8 veces y en 17 de sus 41 artículos, sobre todo para cerrar el sistema, elevando a 450 mil las firmas requeridas para legalizar nuevos partidos.
La reforma policía fue obviada por los candidatos presidenciales que compitieron el 2011; también fue ignorada por casi todos los medios y silenciada en los partidos; y hasta hace poco, la mayoría de académicos, politólogos y analistas pasaban de largo frente a ella con el registro general de que el problema de la políticas y de los políticos no son las reglas, una rotunda fórmula negadora. Este temperamento alcanzó inclusive a los proyectos de Código Electoral y de Ley de Partidos presentados en consenso por los organismos electorales al Parlamento.
La mención a la reforma que hiciera el Presidente de la República en su reciente mensaje a la Nación se produce luego del estallido de la corrupción regional aparejada con la fundición de las bancadas parlamentarias. En este nuevo momento se acepta por fin la necesidad de la reforma, aunque deberán pasar algunos años más para concretarla. Por ahora se han empezado a trazar los mapas de navegación de tan trascendental cambio.
Lamentablemente, el nuevo sentido común de la reforma política es todavía débil para imponerse; las llaves de la misma se encuentran en poder de los que viven y se reproducen gracias al viejo sistema de la formación de la representación. Los “comeoros”, “robacables”, lobistas y negociantes son todavía mayoría en el Congreso y hará falta una gran movilización ciudadana que echarlos de los salones del poder.