La República
23 de setiembre de 2015
Juan De la Puente
(Análisis de las propuestas de reforma electoral en el Congreso, publicado en La República)
La mayoría de bancadas parlamentarias ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio de la Ley de Partidos Políticos, y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y f) el financiamiento.
Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político. La lógica parlamentaria es cerrar el sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 5% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas.
Se debe recordar que con el requisito actual aprobado el año 2009, del 3% del padrón electoral, que obliga a presentar 450 mil firmas, no se ha inscrito ningún partido político. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso está a punto de congelar el sistema político.
Es un grave error anular el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; de prosperar el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.
Los partidos en el Congreso están apostando a la antipolítica en lugar de resolver los problemas que este fenómeno ha dejado, al incrementar de la cuota de independientes invitados del 20% al 25%, una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.
En cambio, es positivo establecer una valla electoral propia para las alianzas políticas, de 1% de votos por cada partido que se agregue, de modo que una alianza de dos partidos políticos está obligada a obtener 6% de votos para mantener vigente su inscripción electoral.
Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, es un error que se programe su inicio luego de las elecciones del año 2016 y que a cambio de ello se deje sin un carácter vinculante la rendición de cuentas del financiamiento privado.
