Ancash corrupción más corrupción (I, II y Final)

Ancash  corrupción más corrupción (I, II y Final)
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http://larepublica.pe/impresa/opinion/870070-ancash-corrupcion-mas-corrupcion-final
La República
La mitadmasuno
14, 21 y 28 de abril de 2017
Juan De la Puente

Lo que sigue es una seria de tres artículos publicados en La República los días 14, 21 y 28 de abril, respectivamente, en los que abordo el desenlace de la corrupción post corrupción en Ancash, como una caso de la escasa utilidad de la movilización anti corrupción sin pactos y soin cambios en la formación de la representación y en el juzgamiento de las tramas de crimen político organizado.

(14 de abril de 2017)

El 15 de marzo del 2014 fue asesinado el ex consejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco. Nueve meses después, el 7 de diciembre de ese año, en la segunda vuelta de las elecciones regionales y municipales, fue elegido como gobernador regional Waldo Ríos. Entre ambas fechas se realizó una intensa movilización en favor de la transparencia pública que no evitó el triunfo de Ríos, ex convicto de corrupción.

El de Áncash es un laboratorio del fracaso de las políticas de transparencia pública. Lo que se registra allí es un auge de prácticas públicas ilegales que ha logrado superar la caída y desarticulación del grupo criminal liderado por César Álvarez y reconstruir redes mafiosas que, aunque menos organizadas, definen una forma de gestionar los bienes públicos y las relaciones del poder con la sociedad.

Nunca como luego del asesinato de Nolasco se llevó a cabo en Áncash una denuncia tan indignada y detallada del poder venal. Los ciudadanos se enteraron de las actividades ilegales organizadas alrededor del Movimiento Regional Cuenta Conmigo que bajo la dirección de Álvarez tejió una red que sedujo a la justicia, la policía y la prensa, y cuyos tentáculos llegaron al Congreso, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Ministerio Público. Los reportajes sobre esta red, la detención de decenas de personas, las audiencias públicas, las marchas ciudadanas y la publicidad de las investigaciones judiciales y del Parlamento, dieron forma a un escenario anticorrupción inédito.

Esa movilización no obstante fue débil ante los desafíos. En mucho fue más indignación que acción; no significó la formación de alianzas para recuperar el sentido creador de la gestión pública en ese territorio, ni implicó cambios en la oferta política a los ciudadanos. Situada esta movilización en una etapa de dura resistencia a los cambios, no se benefició de una reforma electoral sencillamente porque esta fue burlada.

Ese escenario posibilitó el retorno de Waldo Ríos: él fue sentenciado a 4 años de prisión por recibir 10 mil dólares de Vladimiro Montesinos para pasarse a la bancada fujimorista el año 2000. De retorno a las canchas, formó el Movimiento Regional Puro Áncash con el que ganó las elecciones regionales del año 2014 prometiendo entregar 500 soles a cada ancashino de los recursos del canon minero, del presupuesto de la región de las provincias y de los distritos para que los ciudadanos “se compren refrigeradoras, cocinas, televisores, laptops, bicicletas, y juego de dormitorio”, tal como rezaban sus consignas de campaña.

Por supuesto que no cumplió su promesa y los ciudadanos –entre ingenuos y burlados– realizaron en noviembre de 2015 un paro exigiendo que se concrete. Luego, el gobierno de Ríos fue escandalosamente corrupto y aunque purga ahora prisión por un delito cometido cuando fue alcalde de Huaraz en los 90, tiene varias causas abiertas por su reciente gestión. Su vicepresidente, Enrique Vargas, acaba de ser condenado a 5 años de prisión por mentir en su hoja de vida.

En Áncash la corrupción es más institucional que la política, y es más competitiva que ella, especialmente más que los partidos políticos. En las elecciones regionales y locales de 2014 compitieron 18 listas y las que pasaron a la segunda vuelta electoral no sumaron ni el tercio de votos emitidos. El Movimiento Ande Mar obtuvo 14% y el de Ríos, Puro Áncash, el 13.6%.

Esa elección ya evidenciaba una virtual inviabilidad del modelo de competencia electoral como mecanismo de reproducción de la democracia; hubo 17% de ausentismo electoral y entre los votos blancos y viciados sumaron 21%. Entre los 8 movimientos independientes que compitieron sumaron el 53% de votos emitidos, en tanto que los 10 partidos nacionales solo alcanzaron el 23% de votos, y salvo las provincias de Asunción Corongo y Huarmey, ningún alcalde de las 17 restantes fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos.

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(21 de abril 2017)

Las elecciones regionales y municipales del 2014 consagraron en Áncash poderes precarizados por bajas adhesiones, alto ausentismo y votos nulos. Si se suman las ausencias y los votos viciados y blancos se tiene que el 38% de los ciudadanos de esa región dejaron de expresarse a favor de la oferta electoral.

Asimismo, salvo las provincias de Asunción, Corongo y Huarmey, ningún alcalde fue elegido con más de 30% de votos. El récord lo batió la provincia de Raimondi cuyo alcalde fue elegido con el 14% de votos emitidos, un ausentismo del 25% y el 30% de votos blancos y nulos. Los alcaldes de las dos provincias más pobladas, Santa (Chimbote) y Huaraz, se hicieron con el sillón municipal apenas con el 19% y 22% de votos emitidos, respectivamente.

En esa elección, 11 de las 20 provincias fueron ganadas por los partidos nacionales (APP 5, Somos Perú 3, UPP 2 y Perú Posible 1) con votaciones igualmente bajas aunque en la mayoría de distritos triunfaron los movimientos regionales y listas independientes. Por la segunda vuelta regional compitieron dos movimientos.

No se podría afirmar que en esa región se sustituyó el viejo sistema de partidos por uno “nuevo” a cargo de las expresiones partidarias posteriores al año 2000 (Fuerza Popular, PNP y Perú Posible). Al contrario, lo más consistente en la política regional en la última etapa han sido movimientos locales con escasa estructura y caudillistas, como Cuenta Conmigo del ex presidente regional César Álvarez; y el Movimiento Acción Nacionalista Peruano (MANPE), del ex alcalde de Huaraz Lombardo Mautino.

Como en la mayoría de regiones, en Áncash se ha instalado un sistema de representación híbrida donde lo regional y local es copado por identidades políticas no partidarias en tanto que la representación nacional es negociada entre los actores regionales y nacionales con gradual predominio de los segundos.

Desde 1978 hasta 1990 la región fue escenario de una competencia de partidos políticos con predominio del Apra, Acción Popular y la izquierda. En las elecciones de 1980 de 9 diputados, AP obtuvo 5 y el Apra 4; en 1985, el Apra ganó 7 diputaciones y la izquierda 2; y en 1990, el Apra ganó 4, Cambio90 2, el Fredemo 2 y la izquierda 1, en un contexto de bajas votaciones preferenciales. En esa etapa la mayoría de municipios estaba en poder de los partidos.

Desde el año 2001, los políticos de escasa tradición partidaria han hegemonizado la representación de Áncash. Ese año de 5 legisladores, el Apra obtuvo 2 y Perú Posible 3; el 2006, el Apra 2, Unidad Nacional 1 y UPP-PNP 2; el 2011, Perú Posible 2, PNP 1, el fujimorismo 1 y Solidaridad Nacional 1; y el 2016, el fujimorismo 3, la izquierda 1 y Alianza para el Progreso 1. En las dos últimas elecciones fue evidente que los partidos nacionales cooptaron liderazgos regionales extrapartidarios, de modo que 9 de los 10 legisladores elegidos los años 2011 y 2016 un año antes de las elecciones no pertenecían a los partidos por los que fueron elegidos. Desde 1995, Huaraz y Chimbote eligen alcaldes independientes, salvo un período en este último caso, en tanto que Casma, una de las provincias más violentas, ha tenido seis alcaldes desde 2007, uno de ellos revocado y otro asesinado.

Podría decirse que la política ancashina ha creado sus propias franquicias que se relacionan exitosamente con las franquicias partidarias nacionales para efectos de una representación compartida. Es esa política antipolítica la que se ha agotado al expresar sus límites e imposibilidad de gestionar el poder con un mínimo de eficacia.

El costo de esa experiencia es alto: cinco gobernadores regionales en tres años y tres de ellos en la cárcel, varias autoridades asesinadas, otro tanto vacadas y revocadas y una ausencia absoluta de proyecto regional. Entre el 2007-2010, el 10% de las autoridades distritales fueron vacadas y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.

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(28 de abril 2017)

Áncash tuvo cinco gobernadores regionales en tres años, ahora tres de ellos en prisión, autoridades asesinadas, vacadas y revocadas, y una ausencia de proyecto regional. Entre los años 2007 y 2010, el 10% de alcaldes distritales fueron vacados y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.

Áncash es el laboratorio de un modelo donde lo que sigue a la corrupción es más corrupción, una realidad parecida a varias regiones y municipios, y que si nos descuidamos terminará siendo la forma natural e irreemplazable de la política peruana.

Comparto la idea de que la primera medida para impedir la corrupción de los políticos es prevenirla. En tal sentido, en Áncash como en otras regiones han fracasado las estrategias preventivas, incluidas las más recientes, como la Hoja de Vida y la Ventanilla Única. Esta ausencia de prevención se condiciona con los incentivos a la corrupción, a saber: 1) el incremento del costo de las campañas, 2) la facilidad para la formación de la oferta electoral; 3) el fácil retorno al poder de los políticos sancionados; y 4) la destrucción de las capacidades de control social y público y de rendición de cuentas.

Como respuesta, requerimos abordar seriamente las siguientes soluciones, ahora que empiezan a debatirse las reformas electorales: 1) debe rebajarse el costo de las campañas, con topes a los aportes y prohibiciones de reparto de dádivas –incluidos alimentos– y el establecimiento de un piso mínimo de campaña, prohibiendo al mismo tiempo la publicidad en TV y fijando techos financieros a otras formas de publicidad; 2) la política debe retornar al poder y reemplazar al negocio. De hecho, los políticos que aspiran a representarnos tengan que ser eso, políticos, de modo que se exija un tiempo mínimo de militancia en una organización para postular a un cargo de elección popular, que se acabe el fichaje de independientes –la mayoría por su dinero– y que los partidos y movimientos se formen por lo menos tres o cuatro años antes de los procesos electorales; 3) las autoridades revocadas y vacadas no deberían volver al poder, además de los sentenciados por determinados delitos; y 4) innovar la rendición de cuentas y la transparencia para hacerla vinculante, sancionable, y ágil, reformando y descentralizando la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública creada por el D. Leg. 1353, que ha quedado claro que no sirve para luchar contra la corrupción. Al mismo tiempo, si el Sistema de Control no es eso, un sistema, financiado y respetado, no habremos avanzado mucho.

También comparto la idea de que la mejor ofrenda a la corrupción es la impunidad, la misma que asume varias dimensiones: 1) tramas corruptas “tocadas” pero no disueltas; 2) investigaciones y enjuiciamientos largos; 3) resistencia a juzgar la actividad criminal organizada, disolviendo los casos emblemáticos; y 4) sanción a los corruptos pero no a los corruptores.

Como respuesta, requerimos abordar las siguientes soluciones: 1) disolver las tramas corruptas, prohibiendo a las empresas y personas implicadas contratar con el Estado, directamente a través de fondos generados e impedir que el funcionario sancionado retorne al Estado a través de otras modalidades informales; 2) reducir los plazos de investigación fiscal, especialmente en los casos de lavado de activos y crimen organizado; 3) impedir la subdivisión de los casos que llevan al juzgamiento del crimen organizado; y 4) sanción a los corruptores, lo que implica de plano cambiar las bases para la formación de las hipótesis delictivas.

Finalmente, estoy convencido en la utilidad de los pactos sociales. En Áncash, como en Cusco, Loreto, Huánuco, Pasco o Tumbes, regiones castigadas severamente por la corrupción, hubo movilización en favor de la integridad de sus políticos pero no pacto, de modo que no se concretó una ruptura clara con el sistema imperante. Nunca más movilización sin pacto.