Reyerta sin el pueblo

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La República
La mitadmasuno
15 de setiembre 2017

Juan De la Puente

Desde el año 2001, la relación del Gobierno y el Congreso ha sido de tensión constante, y creciente. El principal atributo de nuestra gobernabilidad durante 16 años ha sido la inestabilidad conocida, de la que emergió una democracia de baja intensidad y con grandes brechas institucionales. Este proceso tuvo el año pasado un momento de quiebre debido a que los electores le dieron por primera vez la mayoría absoluta a un partido, el que precisamente perdió la segunda vuelta, y dejaron al gobierno con una escasa representación.

Esta gobernabilidad se reformuló sobre nuevas bases y se hizo más conocida por los actores desde julio del año pasado, aunque la crisis abierta recientemente por la interpelación a la ministra de Educación y la cuestión de confianza planteada por el Gobierno, abre la posibilidad de otra gobernabilidad, más precaria, más inestable y menos predecible. A pesar de ello, siguen vigentes algunas constantes que dejaron las crisis Congreso-Gobierno del ciclo 2001-2017. Consigno aquí algunas de ellas.

Primero. Todos los ministros que en este período fueron objeto de dura crítica del Congreso o muy dura crítica social, interpelados o no, más o menos 32 (7 en el Gobierno de Toledo, 12 de García, 15 de Humala, y 3 de PPK hasta ahora), han terminado fuera del cargo, seriamente desgastados y con poca capacidad de maniobra previa a su salida. Esta constante se debe a varias razones, entre ellas las deficiencias del reclutamiento de ministros, el deterioro de las bancadas oficialistas y el auge del control político parlamentario.

Segundo. Los gobiernos no pueden ingresar a largos periodos de tensión con el riesgo de un mayor desgaste social, debido a lo ya anotado –el auge del control político– y a dos realidades del equilibrio de poderes a la peruana: 1) el brote de varios conflictos políticos a la vez, que se hacen latentes por la intervención de la prensa, con su lógica propia y su creciente capacidad de investigación; y 2) el escaso compromiso de los parlamentarios con las políticas públicas, sea por sus debilidades o por la jerarquización de sus intereses. El modo en que el Congreso trató el voto de investidura de los gabinetes de Ana Jara y René Cornejo, al filo de la inconstitucionalidad, son dos botones de muestra.

Tercero. Los gobiernos se debilitan y caen en aprobación ciudadana principalmente por su relación con la sociedad y no necesariamente por su buena o mala relación con el Congreso. Toledo y Humala tuvieron mayorías parlamentarias cuatro de los cinco años de sus mandatos, pero para ellos fueron determinantes eventos extraparlamentarios como el “Arequipazo”, Ilave, Conga o Espinar, en tanto que García logró una mayoría parlamentaria durante todo su gobierno, pero su gobierno se debilitó por el “Moqueguazo”, el caso Business Track o el “Baguazo”.

Cuarto. El sistema ha subestimado durante 16 años la necesidad de reformas y no ha resuelto un problema de arquitectura. La Constitución de 1993 fue elaborada para facilitar la cooperación en favor del Ejecutivo y no para procesar las tensiones, de modo que aspectos cruciales de la gobernabilidad, como la vacancia presidencial, carecen de rigor constitucional, siendo frecuente que se convierta en amenaza contra el Jefe del Estado. Sucede lo mismo con la rebaja de tres a dos el número de gabinetes derribados para dar paso a la disolución del Congreso.

Quinto. Finalmente, en el contexto de una crisis de representación, el Congreso se dedica desde el segundo año de su mandato a diferenciarse del Gobierno, con la ilusión de una fácil reelección, dando paso a una espiral populista y sin contenidos. Es inútil, el Congreso peruano no puede divorciarse del Gobierno ante los ojos de la sociedad y a lo sumo se pelea con él de espaldas al país. Por ello, la tasa de reelección parlamentaria apenas supera el 25%. Es el drama de la convivencia forzada que el sistema fija, porque no hay segunda vuelta en la elección parlamentaria, porque carecemos de Senado o porque no tenemos renovación por tercios.

Las agendas perdidas

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La República

La mitadmasuno

19 de mayo de 2017

Por Juan De la Puente

Si se sistematizan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso habría que anotar que a pesar de las apariencias, estas han experimentado más episodios de cooperación que de gran tensión. Entre las primeras se cuentan 1) el voto de investidura; 2) la ley de límite del déficit fiscal; 3) la delegación de facultades; 4) la aprobación del presupuesto del MEF casi sin cambios; 5) el control constitucional de los decretos legislativos con escasas derogaciones; y 6) la aprobación relámpago de la Ley de Reconstrucción.

Las fricciones vividas hasta ahora son propias de una convivencia forzada que pueden agruparse en dos tipos en función de su contenido e intensidad: la tirantez depredadora cotidiana y cortoplacista, la que más erosiona a los actores, a los dos; y las grandes tensiones, importantes por los hechos institucionales que generan y por la toma de posición a la que obligan, que fueron dos: 1) el caso Moreno (octubre) que motivó la creación de la Comisión Presidencial de Integridad; y la censura de Jaime Saavedra (diciembre) que reactivó el dialogo por un corto tiempo. Las interpelaciones a los ministros Vizcarra y Basombrío, incluso si no terminaran en censuras, será el tercer episodio de gran tensión en 10 meses de gobierno.

Las reglas que han seguido las grandes tensiones y en alguna medida aplicables también a la tirantez cotidiana, son: 1) un episodio detonante, de gran cobertura en los medios; 2) el anuncio de fuertes medidas de control por parte del Congreso, aderezado con un alto nivel de sobreactuación, a gusto de los incautos; 3) la toma de posición de los medios por alguna opción, en el contexto de una aguda guerra política; y 4) el desenlace, etapa en la que ninguno acumula fuerzas o gana políticamente a costa del otro.

Esta dinámica satisface tanto el Gobierno como al Congreso al punto que lo practican de memoria, un proceso que sin embargo muestra debilidades que pasan desapercibidas en medio de los análisis planos de la política. La primera de ellas es la falta de control por el oficialismo y el fujimorismo de sus propias fuerzas, una dificultad que alcanza a la construcción de los mensajes, patente en los debates sobre la libertad de Fujimori, el carácter de la reconstrucción y la respuesta a la corrupción, por citar algunos casos. En ninguno de estos episodios hemos asistido a un discurso claramente diferenciador.

La segunda debilidad es la falta de coherencia interna en ambos lados del escenario, incluso si no hay en marcha alguna estrategia para erosionar al adversario. Pareciera que ambos poderes han renunciado a participar en la formación de la agenda pública y que tienen dificultades para definir prioridades. Más que disensos internos, el signo dominante –y lo que está en discusión– es la falta de fuerza de los dos más altos liderazgos públicos en el Gobierno y en la oposición.

La tercera es la depredación como sustituto de la cooperación, que además suele presentarse como una fortaleza y no como una debilidad. Es extraño que los episodios de acuerdo desde julio del año pasado se refieran al mediano y largo plazo, y, en cambio, el corto plazo sea dominado por la micropolítica, tirante y caótica, esa que se hace gratis o con poco esfuerzo. Así, nosotros, que somos capaces de tener un sistema de democracia sin partidos, vivimos ahora una política sin política, es decir, privados de los grandes temas que deberían ser definitorios en el primer año de un quinquenio constitucional.

Esta dinámica de poca cooperación, escasa tensión, y hegemonía de la depredación puede gustarle a una parte de la élite peruana pero es seguro que no a los peruanos. El único beneficio de esta situación ha sido hasta ahora el bloqueo de otras formas de oposición, más programáticas y ciudadanas, y ajenas a las alturas. A cambio, se ha instalado en nuestro sistema, que ya necesitaba una profunda renovación, una democracia express, de coyuntura, de choque y fuga, y de agendas perdidas. Sin proyecto.

Habíamos exagerado tanto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/habiamos-exagerado-tanto-10-04-2015#

La República

La mitadmasuno

10 de abril de 2015

Juan De la Puente

Me quedo con la imagen del hemiciclo mudo luego de anunciarse que Ana Jara había sido censurada y con los rostros fríos de los perdedores y ganadores de aquella noche. Salvo los políticos muy experimentados, menos de una decena, la mayoría se parecía a los chicos asustados después de romper un juguete que habían manipulado tanto, mirándose y a punto de acusarse del desastre. Ni un solo aplauso ni exclamación de alegría.

Una de las razones de aquella taciturna reacción proviene de la convicción de que unos y otros habían exagerado. Sobre ello, el punto no reside en que la censura es un mecanismo democrático. El punto es si ese acto era conveniente, necesario, justo y oportuno, es decir, políticamente correcto, sobre todo si los mecanismos constitucionales –interpelación, censura, acusación, vacancia, desafuero e inhabilitación– no son papeles que pueden ser usados al desgaire, especialmente si no se tiene una idea precisa del paso siguiente. Claro, solo un oficialismo desavisado puede ser llevado al límite del matadero y colaborar voluntariamente con el rito del degüello.

Perdedores y ganadores sospechaban quizás de la reacción ciudadana que tampoco se siente representada por la censura. Al día siguiente, dos demandas emergieron o reaparecieron, ¡Cierren el Congreso! y ¡Que se vayan todos! Al punto que no creo que el Parlamento reciba un premio de la opinión pública por haber censurado a la premier. En cambio, la elite política se ha aislado un poco más de la sociedad y ha brindado la impresión de que se siente muy cómoda ajustando cuentas en una esquina del escenario mientras el país reclama nuevos y creíbles horizontes en economía, empleo, educación, transporte y lucha contra la corrupción. Estos resultados colaterales, que ofrece la imagen de “la pelea de los otros” y de un sistema agotado aunque fuerte, no fueron estimados por los actores políticos que protagonizaron ese acto.

La censura fue el momento estelar de una oposición unida ajustando cuentas con un gobierno absolutamente aislado. Implicó un hecho inédito y probablemente irrepetible durante este gobierno. Esta singularidad explica su fuerte impacto en el sistema y su carácter precursor de movimientos más audaces y temerarios luego del año 2016. Será más fácil votar ámbar, desarmar mayorías y censurar gabinetes. Gane quien gane.

En la censura han ganado algunos, cierto, pero han perdido todos. Por eso, la designación de Pedro Cateriano ha tumbado todos los pronósticos. No ha significado ni el incendio de la pradera ni la curación de las heridas, sino un resultado intermedio, un agónico alejamiento del abismo. El primer efecto ha sido la rebaja de tensiones y la moderación de los actores políticos, incluido el mismo Cateriano, y la posibilidad de un encuentro, hasta ayer impensado, de dos líderes políticos con su némesis ya convertido.

Este imprevisto resultado solo puede ser analizado desagregando dos elementos del escenario, los distintos reclamos del corto y mediano plazo; y la cada vez más urgente relación entre la política y la economía. La moderación de los sectores hasta hace poco emplazados a muerte contra el gobierno indicaría que ninguno se encuentra dispuesto a facilitar la disolución del Congreso a tan escasos meses del inicio de la campaña electoral. Al mismo tiempo, esa moderación es una confesión de la sobreactuación de varias de las posturas aparentemente principistas en relación con la censura.

Las posiciones irreductibles están siendo subordinadas ante la posibilidad que los fuegos artificiales del corto plazo comprometan el mediano plazo electoral. También es cierto que los grupos políticos han vuelto a mirar al mercado, y consideran que una guerra abierta durante los próximos meses, que incluya elecciones parlamentarias en los meses de julio y agosto, implicaría el riesgo de una inútil tensión que limitaría más las posibilidades de crecimiento de la economía durante este año. Ese sentido tiene esta situación de guerra que, sin embargo, obliga a los enemigos a pactar tácitamente.

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014

La República

La mitadmasuno

23 de mayo 2014

Juan De la Puente

De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.

Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.

La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.

Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.

Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.

La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.

No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.

De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?