Fallo de La Haya es un triunfo. No es salomónico

Declaraciones al programa Ideéleradio de Radio San Borja
28 de enero de 2014
http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=8986&tip=principal

Ideeleradio.- El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que define un nuevo límite marítimo entre Chile y Perú no es salomónico, es un triunfo para el país, afirmó el analista Juan De la Puente, tras considerar que esa resolución se debe analizar desde una perspectiva estratégica, histórica y política.

“Cuando uno va a una corte, sea por razones estatales o privadas, plantea una reclamación y, obviamente, espera ganar, sino no pediría a un tercero el pronunciamiento. Y un tribunal de justicia dio un veredicto, en este caso la corte de La Haya, y, evidentemente, en gran medida ha logrado satisfacer las demandas territoriales de Perú, y desde ese punto de vista hemos ganado”, señaló en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo incluso cuestionaría el concepto salomónico, porque este concepto se adjudica a un bien en disputa que el juez intenta [beneficiar a todos]. Yo no aplicaría el concepto salomónico, este es un fallo muy favorable al Perú, desde ese punto de vista es un triunfo”, puntualizó.

Fuimos por soberanía y no por derechos de pesca

El analista descartó, en ese sentido, que la sentencia deje al país un sabor agridulce porque no acudimos a La Haya por derecho de pesca, sino para reivindicar territorios y soberanía. Pidió al Perú que no imite la postura chilena que centra su posición en minimizar la pérdida de territorio marítimo en base al aprovechamiento económico de la zona.

“He escuchado voces un poco pesimistas, que dicen que Chile ha conseguido 80 millas paralelas y, luego,  el resto equidistancia como que esto nos deja un sabor agridulce. Yo quiero descartarlo, pasaríamos a la historia como el único país de la tierra que va a un tribunal internacional, que consigue el 70% y la gente cree que ha perdido”, declaró.

“Desde la perspectiva histórica y estratégica, el Perú no fue por derecho de pesca a La Haya, fue a reivindicar territorios, soberanía y derechos. Si es que en el razonamiento de la Corte y el razonamiento de la parte chilena hay una valoración tan excesiva respecto al beneficio o no de los pescadores, nosotros no podemos imitar esa lógica”, manifestó.

Ninguna región tiene mar propio

Finalmente, consideró que se debe tomar en cuenta que el mar peruano es uno solo, ya que ninguna ley atribuye un “mar propio” a determinada región, al hacer referencia al malestar de Tacna. Remarcó que el fallo debe ser visto desde una perspectiva estratégica, histórica y política.

“Tenemos en el 52 y el 54 acuerdos de pesca con Chile y, finalmente, el Estado Peruano tiene la obligación de indemnizar y ayudar a aquellas poblaciones que podrían sentirse no beneficiadas, pero que quede claro que hemos ido por reivindicaciones territoriales”, aseveró.

“He escuchado conceptos como que Moquegua tiene más mar que Tacna, perdón, el mar es un solo. Ninguna ley peruana, la Constitución o la ley de regionalización señalan que alguna de las 10 regiones con litoral del Perú tiene un mar propio, entonces hay que razonar desde una perspectiva estratégica, histórica y política”, concluyó.

Reconoce labor del Servicio Diplomático  

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile favorecerá la popularidad del presidente de la República, Ollanta Humala, estimó el analista político, tras resaltar el rol que cumplió el Servicio Diplomático y, en particular, la labor del excanciller Rafael Roncagliolo en la ratificación del equipo jurídico del Perú en La Haya.

“Es evidente que esto favorece al presidente Humala y para un sector él es un primer ganador en términos personales. No obstante, sería injusto no reconocer que este es un proceso por el cual han atravesado tres presidentes, Toledo, García y Humala y más una institución como la Cancillería y, en esto, en los reconocimientos, no tendríamos que ser mezquinos y [habría que reconocer el trabajo] del Servicio Diplomático del Perú y de los cancilleres que hemos tenido”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Yo creo que el excanciller Rafael Roncagliolo jugó muy bien las cartas de la continuidad, porque en la segunda vuelta electoral jugaron contra Humala y ya de cara al futuro, Humala tuvo el gesto republicano, y en eso Roncagliolo jugó un papel importante de plantear una línea de continuidad, ratificar a la gente y poner como coagente al canciller del gobierno anterior [José Antonio García Belaunde] y vestir mejor el equipo jurídico en La Haya, incorporando también al ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros”, puntualizó.

“Hay un momento que es político y emocional que durará aproximadamente dos semanas o tres semanas, pero creo que en esta etapa lo más importante es sentirse más que triunfadores, digamos satisfechos. No vaya a pasar como en otros episodios; ayer viendo un poco la televisión me pareció que era un poco así, que los chilenos estaban haciendo los esfuerzos por no sentirse perdedores, y muchos peruanos estaban haciendo los esfuerzos para no sentirse ganadores, lo cual me parece esquizofrénico”, expresó.

“Hay una segunda parte que es la parte de ejecución del fallo y en esa es una parte que también requiere unidad nacional. Nosotros hemos tenido en este tema diez meses de dura guerra política, una alta polarización y hemos logrado aislar con mucho esfuerzo una especie de consenso para este asunto”, acotó.

Heraldo Muñoz, el nuevo canciller chileno y el Perú

El designado canciller chileno Heraldo Muñoz, que iniciará sus funciones el 11 de marzo con el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet es un sagaz político y un hábil conocedor del Perú. Su relación con nuestro país data de los años 70 cuando en su condición de dirigente del Partido Socialista tomó contacto con organizaciones de la izquierda peruana en el marco de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Hasta 1986 fue secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista, luego fundador del Partido por la Democracia (PDPD) junto a Ricardo Lagos, y miembro del comando ejecutivo del No en el plebiscito de 1988.

Durante los gobierno de la Concertación desempeñó cargos que siempre lo tuvieron cerca de las relaciones peruano/chilenas. Fue Ministro Secretario General del Gobierno (2002-2003) y antes Subsecretario de Relaciones Exteriores (2000-2002), en el gobierno de Lagos. También fue embajador de Chile en Brasil (1994-1998) ante la OEA (1990-1994) y ante las NNUU (2003-2010).

Desde mayo del 2010, fue Subsecretario General de la ONU y jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esa condición vino varias veces al Perú; una de ellas fue como representante del Secretario General de NNUU Ban Ki-moon a la toma de posesión del Presidente Ollanta Humala el 28 de julio del 2011. Con el Presidente Humala se ha reunido varias veces y ha compartido con él actos públicos. Tuvo igualmente una relación cercana con el canciller Rafael Roncagliolo.

Poco antes de la segunda vuelta electoral del 2011, Muñoz salió al paso de las visiones catastrofistas que auguraban que un triunfo de Humala llevaría al Perú al regazo de Hugo Chávez, Durante un viaje a España declaró que no se debería descartar que el entonces candidato nacionalista Humala pueda convertirse en el “Lula” peruano. Dijo que no creía que las elecciones peruanas puedan tener un “efecto particular” en las relaciones y equilibrios políticos de los países de Sudamérica y aseveró que lo que hay en América Latina es diversidad.

En noviembre del 2012, participó en Lima en la presentación del Cuaderno la Protesta Social en América Latina, documento elaborado por el Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) de PNUD. Allí dijo que el conflicto social no es negativo y que detrás de estos conflictos hay deterioros reales de la calidad de vida de la gente, que tiene que ver con postergaciones, como la educación, por ejemplo, la carga histórica de la desigualdad.

También estivo en Lima en noviembre del año pasado para presentar el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. En esa oportunidad cuestionó las políticas de “mano dura” contra el crimen y dijo que cada país se necesita un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana en el que participen desde los gobiernos y los partidos políticos a la sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado.

Muñoz es el canciller ideal para este momento de la política internacional chilena que sin duda será jalonada por el fallo de La Haya, el 27 de este mes. Es un negociador hábil y se relaciona con facilidad con las diversas tendencias de la política regional. Junto a José Miguel Insulza son los chilenos más experimentados en la política internacional; fue facilitador de las consultas sobre la reforma del Consejo de Seguridad (2007-2008) de las NNUU y Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU (2004). En el Consejo de Seguridad, también presidio el Comité de Sanciones contra Al Qaeda y los Talibanes (2003-2004). En febrero de 2009, Ban Ki-moon lo nombró Presidente de la Comisión de Investigación sobre el asesinato de la ex-Primera Ministro de Pakistán Benazir Bhutto, responsabilidad que ejerció hasta su término el 15 de abril de 2010.

Gatillo fácil quiere más sangre

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La República

La mitadmasuno

17 de enero 2014

Juan De la Puente

Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.

El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.

En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.

Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.

El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.

Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.

Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.

El miedo concentrado

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La República

La mitadmasuno

10 de enero 2014

Juan De la Puente

El debate sobre la concentración de medios presenta varios ángulos, y es frecuente parapetarse en uno de ellos para negar la importancia de los otros. El ángulo más legitimado es el legal, habida cuenta que los tribunales serán los que decidan sobre el recurso de amparo presentado por varios periodistas en el Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, demandando anular la compra de Epensa por El Comercio, por evidenciar un acaparamiento de medios de comunicación.

El debate legal se ha quedado por el momento en el plano procesal y en una discusión constitucional plana e inmóvil, centrada en el retaceo de un artículo de la Constitución llevado a cabo en la lógica bipolar de verdadero/falso, ignorando los sentidos de la interpretación constitucional y la necesidad de un modelo pluralista del ejercicio de las libertades.

Este reduccionismo debería dar paso a un ejercicio jurídico enriquecido por el derecho comparado y la jurisprudencia nacional e internacional reconocidas. El argumento Kirchner/Correa/Chávez sirve como espolón contra los opositores a la concentración, pero no permite que sus mensajeros construyan una idea convincente en favor del acaparamiento. De allí que, a falta de conceptos, se recurra a la explotación de la cita y a la frase sacada de contexto y se enarbole una supuesta amenaza de estatización de la prensa.

El modelo de debate legal es surrealista. Por un lado se demanda que el tema no se politice, que el Presidente de la República guarde silencio y que los políticos no expresen opinión, Al mismo tiempo, se tejen alianzas políticas, se esgrimen argumentos políticos y se ejecuta una campaña política gigantesca.

El debate legal en tono castrador y huidizo no conduce a ninguna parte. Imposible despolitizar lo que es político y no hay nada más político que la libertad. De hecho, la revisión de la trama de lo ocurrido entre junio y agosto pasado evidencia que la concentración de medios es más política que legal, es decir, primero política y luego lo demás.

El Perú conservador tiene miedo y por eso quiere medios. Más medios es menos miedo. Miedos y medios se organizan como una correlación agresiva desde hace varios años, por lo menos desde la campaña del Fredemo en los años 1989/1990, para impedir el cambio. Y debe reconocerse que es una correlación relativamente eficaz porque si bien no alcanza triunfos electorales (de allí las derrotas de los candidatos respaldados por los medios en 1990, 2001, 2006 y 2011) permite bloquear reformas democráticas, impulsar otras en un sentido conservador o restrictivo, cuando no regatear cambios específicos y cogobernar con los que ganan.

La concentración de medios iniciada el año pasado no preside el proceso de la derecha peruana, pero es la pieza de arranque de una concentración mayor, la de los sectores económicos, partidistas y mediáticos que se preparan para impedir el 2016 un susto similar al del año 2011 y para garantizar la consolidación de un modelo de económico e institucional de largo plazo. Para este caso específico, concentración es sinónimo de unificación.

La operación es audaz; en general, toda forma de concentración del mercado lo es. Me temo, no obstante, que no es moderna, que expresa un renunciamiento a los métodos democráticos que se aplican a la competencia política y un retorno abierto al patrimonialismo del siglo XIX. Esa concentración/unificación termina por desplazar a los partidos de la escena y viabiliza la construcción de un contrapoder que acabará siendo más fuerte que el Estado, el único poder que en la teoría no debería ser superado más que por la soberanía popular.

El temor natural a la derrota que debería canalizar la formación de un polo conservador democrático está siendo mal manejado. Un grupo de halcones –alguien los ha llamado el tea party peruano– está desbordando a los suyos sometiendo el sistema a una tensión que se replicará en otros momentos y ámbitos. Por ahora no están siendo contestados internamente y no sé si habrá allí espacio para la sensatez.

El año de la gran debilidad

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La República

La mitadmasuno

3 de enero de 2014

Juan De la Puente

El 2014 tendrá la virtud de no ser un año ocasional o exclusivamente de tránsito hacia un nuevo país político que se concretará el 2016; será pleno en lo que Antonio Gramsci llamaba movimientos orgánicos, es decir, sostenibles y no necesariamente coyunturales. Varios hechos serán parte de estos movimientos y influirán en ellos notablemente, como el esperado fallo de La Haya sobre los límites marítimos Perú/Chile; los dictámenes de las comisiones investigadoras de los ex presidentes García y Toledo; la elección de la mesa directiva del Congreso; las elecciones regionales y municipales; y la realización en Lima de la Conferencia Mundial de Cambio Climático, COP20, entre otros.

Se ha extinguido el impulso de la restauración democrática de los años 2000 y 2001; ha muerto porque no pudo alumbrar un nuevo sistema político, renovando actores, ideas e instituciones y universalizando derechos. Tuvo ciertos logros como haber superado la maldición de los 12 años, es decir, más de 12 años de democracia ininterrumpida desde el 28 de julio del 2001, organizado las regiones y acompañado el auge económico con algunas medidas distributivas y de incentivo a la demanda. En ese período se ha progresado, aun con efectos dispares, en varios indicadores sociales de acuerdo al reciente Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio de las NN.UU.

Las causas de este agotamiento quedarán para la disputa entre los historiadores: si se debe a las fallas del producto, es decir, a las limitaciones de la transición iniciada el año 2000 o a la fuerza de lo que Carlos Vergara ha llamado acertadamente la promesa neoliberal, relativamente exitosa en la construcción de su propia ciudadanía y, claro, de un régimen político adaptable a ella.

Esta fase del agotamiento es concurrente con una guerra política intensa, que está dejando de ser la clásica confrontación que se alterna con el consenso. Es la política democrática la que ha empezado a escasear y cede su lugar a una sucesión de reyertas, celadas y operaciones de baja intensidad. La antipolítica peruana se ha superado a sí misma y está dando paso a la contrapolítica; ambas son, al fin y al cabo, formas que asume la política, aunque la última de ellas expone una severa crisis de varios espacios del régimen, ya advertida en el pasado.

A pesar de todo lo señalado, el actual régimen político no adolece de una grave inestabilidad y parece dispuesto a soportar estos remolinos y embistes. Luego de tantas críticas sobre la displicencia de los partidos y de sus líderes para emprender una reforma consistente habría que concluir que para las necesidades de la contrapolítica el régimen no necesita reformarse. Puede funcionar con financiamiento partidario privado elevando a niveles estratosféricos las campañas electorales; con voto preferencial funcional a los intereses privados; con políticos “independientes” fichados para la ocasión; y con caudillos más fuertes que sus partidos, grupos que ganan elecciones pero que no gobiernan.

Una ruptura institucional es una posibilidad muy lejana: más bien el régimen está a punto de ser tomado por dentro y este año se consolidará la confluencia de poderes empresariales, mediáticos y partidarios con ese propósito; lo harán en el contexto de una visible debilidad del poder. La gran debilidad previa a la gran transformación.

Las elecciones regionales y municipales jugarán un rol dinamizador de este proceso; la descentralización terminará de ser copada por un conjunto abigarrado de grupos, fuerzas, tendencias y líderes. En ese cuadro, un elemento básico del nuevo país político, los partidos serán imperceptibles. Esas elecciones serán, sin embargo, una oportunidad para la izquierda local y regional que desde allí podrían reconstruir una presencia nacional que se augura esquiva por las dificultades en la formación de un frente amplio.

La promesa conservadora es casi inevitable en la medida en que sea imposible proyectar un nuevo centro político. El Perú necesita una nueva fe reformista y construir una comunidad nacional, pero parece que ese liderazgo está vacante.

Un año de medio pelo

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La República

La mitadmasuno

27 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

Las malas noticias políticas del 2013 son varias y es preciso realizar un esfuerzo para reconocer las de mayor incidencia, pasando del comentario al análisis. Entre todos los fenómenos, escojo cuatro como los más relevantes: la pérdida de la mayoría política y social por el gobierno, la guerra política gobierno/oposición, el hundimiento del centro político y el reflujo de los movimientos sociales.

La caída de la aprobación presidencial, 33 puntos en 10 meses, es aún motivo de debate; la mayoría de observaciones apunta a que esta obedece a un concepto genérico denominado “mala gestión”, que hace énfasis en el efecto, impidiendo precisar las causas. Es sintomático que en la mayoría de encuestas haya desaparecido la variable “incumplimiento de ofertas” como una de las razones de la desaprobación presidencial. De ese modo, en el ámbito “Humala comentario” la desaprobación se debe a sus desaciertos, aunque en el “Humala análisis” la serie de insatisfacciones como inseguridad, corrupción, conflictos, programas sociales, retraso salarial y derechos, debe leerse como el abandono definitivo del programa de cambio, en sus componentes más básicos. Aquí, la sustitución del análisis por el comentario es crucial porque reduce la intensidad de cualquier política de relanzamiento del gobierno: cambio en las formas y gestos sin recuperación de las reformas desechadas.

También fue un año de intensa confrontación gobierno/oposición; la guerra política escaló para situarse a niveles cercanos a los experimentados en 1987, luego del anuncio de la estatización de la banca, y el 2000, cuando la reelección de Alberto Fujimori. La áspera batalla ha sido llevada a cabo por un arco de fuerzas conservadoras partidarias, empresariales y periodísticas, siendo esta última la más vigorosa, coherente y exitosa. La debilidad del gobierno es evidente sin que amenace su continuidad, en un esquema de tensiones donde el acoso se intercala con la tutela.

Bajo ese marco impuesto es casi un chiste debatir si las decisiones las toma el Presidente o su esposa cuando es evidente que las decisiones de fondo son impulsadas o bloqueadas por los grandes poderes que no se ubican, necesariamente, en Palacio de Gobierno. El mismo marco de acoso/tutela quizás sirva como un escarmiento para futuros intentos de desafío al establishment.

El país se acerca a las elecciones del 2016 sin centro político; este sucumbió como efecto de la polarización anotada líneas arriba pero también por otros eventos, el más importante de ellos la caída de Alejandro Toledo bajo acusaciones de corrupción serias y documentadas. Toledo no era el único centrista pero era uno de los más caracterizados; su hundimiento en los estudios de aprobación de líderes políticos agrega en él una responsabilidad política además de los otros cuestionamientos. ¿Cuánto más podrá funcionar el sistema peruano sin centro y en qué condiciones podrá ser reconstruido de cara al 2016?

Un cuarto fenómeno es el reflujo de los movimientos sociales que no se produce luego de la satisfacción de sus reclamos. La separación de la izquierda del gobierno tiene un efecto letal sobre la parte más demandante de la sociedad civil. Sin considerar el caso Conga, un proyecto dormido por el gobierno y a la espera del beso reactivador, los conflictos sociales persisten aunque su imposibilidad de producir efectos políticos es mayor. No pasa desapercibido el escaso éxito del paro nacional del 26 de setiembre pasado y la señal que proyecta: el proceso político se lleva a cabo sin la presión de la calle, con el costo que ello implica.

Estos cuatro grandes fenómenos se han producido simultáneamente y en algún caso condicionando unos a otros; han operado en el contexto de un régimen político precario y probablemente debido a ello. No obstante, no ha producido una crisis de envergadura, lo que evidencia que la democracia peruana es más fuerte de lo que generalmente se piensa. A pesar de ello han abierto una transición a otro país político con reglas nuevas aunque no siempre con actores nuevos.

Tercer autoritarismo universitario

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La República
La mitadmasuno

13 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

El Congreso no debería aprobar la Ley Universitaria sin un verdadero debate nacional. Su obligación es aprovechar el inicio de esta intensa discusión que, ¡por fin!, se ha logrado luego de 20 años de silencio sobre la educación superior universitaria. Así, el Estado empezaría a resolver con una activa participación de estudiantes y profesores los graves problemas que le han generado al país sus decisiones parciales y parches constitucionales en materia universitaria.

Las dos más importantes decisiones sobre la universidad en los últimos 30 años han sido tomadas a espaldas de la universidad;  la Ley 23733, aprobada en diciembre de 1983, en su momento conocida como “Alayza-Sánchez” por los senadores que la inspiraron, consagró un modelo de universidad fragmentada, desfinanciada y de baja calidad. La Constitución de 1993 agravó la crisis al abrir las puertas a la explosión de universidades privadas sin control y límites, en una orgía privatista y mediocre, con muy escasas excepciones.

Este tercer autoritarismo universitario es bien intencionado pero demodé. Reproduce casi exactamente la crítica conservadora a la universidad como un espacio de desorden. Es cierto que se nutre de la necesidad impostergable de resolver los desaguisados originados por el mismo Estado. No obstante, una discusión inviable es aquella que predica que como “algo” hay que hacer, debe aprobarse un nuevo marco normativo. ¿Una nueva ley a cualquier costo? No.

La discusión de fondo es la autonomía universitaria; la vieja autonomía que levantó la Reforma Universitaria de Córdova de 1918, que llegó al Perú al año siguiente, contra la educación clerical, el claustro conventual y la eternidad de las cátedras y de las ideas, es vieja pero sigue alumbrando nuevas oscuridades. En los últimos 30 años esa autonomía fue precaria, trágica y miserable; sobre todo fue un libre albedrío, especialmente en la universidad pública, pobre y empobrecida. ¡Qué difícil es ser autónomo y al mismo tiempo indigente!

Esa autonomía, de papel y de mendrugos, no le sirve a la educación superior, y sobre ello no se ha dicho nada en el debate parlamentario. Esa indigencia ha hecho que todas las universidades públicas se hayan “semiprivatizado” disponiendo cobros por ingresos, matrículas, créditos y cursos desaprobados. En el debate se ha perdido de vista que el principal problema de los claustros, antes incluso que la calidad, es el acceso a la universidad pública. El proyecto, por ejemplo, no ha eliminado la boyante industria de los exámenes de admisión, el eje sobre el que giran las academias preuniversitarias y los colegios preuniversitarios.

Luego, se tiene tres modelos para enfrentar la fragmentación de universidades, facultades y carreras. El primero es la sobrevivencia de ese cuerpo inerte denominado Asamblea Nacional de Rectores, el segundo la creación de lo que el dictamen en mayoría llama la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU) y el tercero la creación de un sistema regido por un órgano democrático y colegiado al que concurran rectores, representantes designados por los profesores y los colegios profesionales. En este cuadro de estas alternativas, ni la ANR ni la Superintendencia garantizan la superación de la fragmentación y la conquista de la calidad.

La Superintendencia es una pésima idea; no solo es inconstitucional sino poco práctica. Es imposible construir un sistema universitario que no integre democráticamente la autonomía universitaria. La historia del antiguo Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) debería servir para reflexionar sobre que la libertad no se puede aherrojar.

No está demás decir que la universidad no solo requiere una reforma, sino una reforma democrática. Es una de los ámbitos que más ha padecido del mal del autoritarismo, incluyendo la violencia de Sendero Luminoso que se agregan a los males de la mediocridad y de la corrupción. Dejen ya de experimentar en ese cuerpo.

2014 y los sembradores de vientos

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La República

La mitadmasuno

6 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

Los partidos políticos nacionales se preparan nuevamente para cosechar tempestades y la siembra es más intensa que en el pasado. Se disponen a culminar el abandono de las regiones y municipios en las elecciones del 2014. A excepción de uno, Acción Popular, han decidido como prioridad no presentar candidatos propios y en cambio negociar con los movimientos regionales cupos en las listas. En otras plazas, sus líderes se despojan del uniforme partidario para crear movimientos independientes en tanto el partido se desactiva.

Con ello culminará el proceso de instalación en el poder de las elites regionales. En las elecciones del 2002, los partidos cosecharon el poder en 18 regiones; el Apra obtuvo 12 regiones, los otros partidos nacionales (Perú Posible, FIM, Somos Perú, Patria Roja y UPP) otras 6, y los movimientos regionales triunfaron en 7. No obstante, solo los del Apra mantuvieron una relación política con el partido. Los elegidos por los otros partidos fueron “fichajes” de temporada electoral que a poco de ser elegidos se separaron del partido que los cobijó, de modo que en la práctica, 13 de las 25 regiones fueron gobernadas por líderes regionales. El 2006 el divorcio entre política nacional y elite regional se acentuó; el Apra obtuvo solo dos presidencias regionales, UPP una y Patria Roja otra. Las elites regionales tomaron 21 regiones.

En las elecciones del 2010, El Apra, Somos Perú y Acción Popular ganaron una región cada uno y Alianza para el Progreso dos. Las otras 20 regiones fueron ganadas por movimientos regionales. No obstante, solo dos de los presidentes regionales se relacionan con su partido nacional (La Libertad y Lambayeque), en tanto que un presidente regional elegido como independiente se relaciona con su partido nacional (Cajamarca), de modo que para efectos prácticos las elites regionales manejan 22 de los gobiernos regionales.

En el ámbito municipal, el 2006 los partidos triunfaron en 88 (45%) de las 195 alcaldías provinciales, pero ya se advertía el desplazamiento de los movimientos regionales hacia ellas, haciéndose de 74 alcaldías provinciales (38%) en tanto que los movimientos provinciales ganaron 25 alcaldías (8%) y las alianzas electorales 18 (9%). El 2010 los partidos retroceden, ganan en 53 de las 195 provincias, las alianzas en 15, las organizaciones locales en 26 y más de 100 provincias pasan al control de los movimientos regionales.

En los distritos los partidos aún resisten; el 2006 ganaron en 839 (51%) de las 1,615 circunscripciones, los movimientos locales distritales y provinciales triunfan en 158 (10%) de ellas y las alianzas electorales en 155 (10%). No obstante, los movimientos regionales ganaron en 463 distritos (29%). El 2010 los partidos ganan 489 (30%) alcaldías de los 1,605 distritos donde se realizan elecciones y los movimientos regionales más de mil.

En resumen, los movimientos regionales gobiernan en casi todas las regiones, en más del 50% de alcaldías provinciales y en dos tercios de las alcaldías distritales. Con excepciones reproducen allí las prácticas clientelares tradicionales con una escasa visión de país. Eso no sería mucho más dañoso que la tragedia de los partidos si no fuese por la severa crisis de la representación regional.

Hay pocos presidentes regionales que no se encuentran investigados. Uno de ellos, el de Ayacucho, se encuentra prófugo, otro investigado por lavado de activos y a un tercero le embargaron sus bienes en un proceso por cobros indebidos. Por lo menos 8 presidentes regionales tienen pendientes sentencias judiciales por casos de corrupción. Al mismo tiempo, en este período, el JNE ha batido el récord de alcaldes vacados y suspendidos.

La corrupción no tiene militancia aunque la fragmentación, la volatilidad y la antipolítica han convertido a la corrupción en el principal problema de las regiones. No obstante, la decisión de los partidos nacionales de dejar la representación regional y local en manos de una elite precaria penetrada por la corrupción, es grave.

Cohabitación a palos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/cohabitacion-a-palos-29-11-2013

La República

La mitadmasuno

29 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

Encuentro extremadamente sesgados los análisis de las elecciones en Lima del domingo pasado para designar a 19 regidores en reemplazo de los vacados en la revocatoria de marzo. De un lado, los ganadores magnifican su victoria creyendo que han ganado todo y que los perdedores han perdido todo; y del otro, se realiza una fácil extensión de los resultados a las elecciones municipales del próximo año y a las generales del 2016.

Los números indican la derrota de la opción que respalda a la actual administración y la victoria de dos grupos políticos, el PPC y Somos Perú, en distinta dimensión. El PPC obtuvo 29,5%, un resultado claro que si bien es lejano del 38% obtenido por Lourdes Flores el 2010, refleja el trajinar de una formación política que presionada fuera y dentro supo apostar a la gobernabilidad de la ciudad. La cosecha de más de 1 millón de votos es al mismo tiempo un premio y un castigo. Aunque sea más lo primero que lo segundo, ese doble mensaje debería ser asimilado con madurez por una formación política que ya sabe asumir el costo de sus decisiones. Si hay un partido que ha ganado y perdido con sudor sus votos, ese es el PPC.

El resultado de Somos Perú es ganancia completa y es ingenuo atribuirla solo a razones emocionales, especialmente el recuerdo de su líder Alberto Andrade. El paso del 4% de votos el 2010 al 25% el 2013 no puede desconocer la polarización municipal de los últimos dos años en la que Somos Perú supo colocarse en una posición menos tirante y más centrista, de modo que el pasado domingo el elector lo ubicó (¿encontró?) como una garantía de estabilidad. Esto vale también para Acción Popular que pasó de 2% a 10%. ¿Fue un voto fácil? Sí, pero los goles son goles.

Extender el resultado del domingo a las elecciones del próximo año y al 2016 es un ejercicio de inocencia. La atipicidad de los comicios es fundamental para impedir inferencias cargadas de futuro: la elección fue de listas y sin rostros en campaña, tuvo poco despliegue de dinero, no participaron grandes partidos municipales o nacionales (Apra, fujimorismo, Gana Perú y Solidaridad Nacional), no acudieron a votar más de 1 millón 200 mil electores (19%), es decir 1 de cada 5, y más de un millón de los que acudieron (19%) viciaron su voto.

A pesar de ello, sus resultados son aleccionadores para el futuro, en consideración a la máxima de que es más fácil perder los votos que se ganan fácilmente, un aviso para Somos Perú, Acción Popular, Siempre Unidos y Perú Posible. El mayor desafío le corresponde, sin embargo, al PPC que ha empezado a moverse entre el bloqueo y la desorientación, convenientemente presionado por quienes apuestan por interrumpir la gestión de Susana Villarán.

Comparativamente, una oposición municipal no tiene las competencias de una oposición parlamentaria. Según la ley, el Concejo Municipal es órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía un órgano ejecutivo con un alto poder decisorio que ejerce a través de decretos y resoluciones de alcaldía. Este esquema alcaldista no permite un juego tipo check and balance propiamente dicho y por esa razón las posibilidades de colisión entre ambos órganos es mayor. Sin embargo, el Concejo Municipal puede ser letal al tener entre sus potestades la declaración de vacancia de la alcaldía que si bien necesita los 2/3 de los votos, opera como dinamizador de un estado de guerra municipal.

El oficialismo y la oposición en el municipio metropolitano deben asimilar el nuevo escenario que los condena a cohabitar. Por ejemplo, la oposición podrá exigir el cambio de los funcionarios pero no podrá designar los cargos; podrá bloquear decisiones pero no adoptarlas contra la opinión de la alcaldía; podrá investigar irregularidades vinculadas  a proyectos pero no bloquear su ejecución. En el caso del oficialismo, está claro que un gobierno en minoría obliga a consultar más y negociar mejor, en una lógica menos decisionista. De una cohabitación, incluso a palos, saldrán ganando la ciudad y los actores políticos municipales.

La crisis perfecta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-crisis-perfecta-22-11-2013

La República

La mitadmasuno

22 de noviembre 2013

Juan De la Puente

La revelación sobre el ilegal resguardo policial del domicilio de un ex operador montesinista ha generado una crisis política inédita por la audiencia que concita, por la naturaleza de los protagonistas y por las versiones que circulan. Es una crisis perfecta donde el pasado, resucitado o sobreviviente, se abraza con el presente, y donde sobran los datos, nuevos o almacenados, casi en la misma intensidad que los chismes. Es un momento en el que todas las hipótesis parecen ciertas pero los explicadores no son creíbles y donde todos son malos o están a punto de serlo.
Esta no es una situación de todos contra todos sino de todos contra uno; el proceso ha atrapado a un gobierno ya desguarnecido antes del escándalo. El caso ha disparado otros fenómenos de modo que estamos ante varias crisis, un menú de crisis con un plato de fondo que por ahora nadie se atreve a pedir, el adelanto de elecciones o la salida de quien fue elegido democráticamente. La palabra vacancia es rumiada en algunas tiendas de campaña pero aún no ha sido escupida.
El sistema ha soportado el escándalo, lo que desdice la presunta fragilidad de la democracia. Sobre la mesa, más allá de la crisis misma se encuentra lo que ella revela, la existencia de redes, o una red de redes, que recrea la ilegalidad, una suerte de Estado de baja intensidad o de segundo piso que vive del primero, el producto de lo que Carlos  Meléndez llama una “antipolítica montesinista”, que no se queda en la escucha ilegal o la protección policial sino que trafica con todo.
El caso está cercado por una épica hipócrita o por lo menos equivocada, la de los caballeros armados que defienden a las FF.AA. de la Policía o a esta de los militares, que llaman a limpiar las instituciones pervertidas por el Estado de baja intensidad pero que guardan silencio ante la reforma. La corrupción ha llegado a su peor nivel: es un arma arrojadiza entre el gobierno y la oposición.
La última encuesta anticorrupción elaborada por Ipsos por encargo de Proética (agosto, 2013) señala que el 53% cree que la PNP es la institución más corrupta del país, pero nos sorprendemos si el Presidente de la República lo insinúa. ¿Quién debe decirlo? ¿Los porcentajes solo tienen relevancia estadística? ¿Es válido poner el dedo acusador anticorrupción frente a políticos y jueces y no ante policías y militares?
La crisis sigue abierta aunque la ferocidad de los actores haya cedido; no existe un manual de cómo cerrar un período con esa complejidad. Las recetas de gerencia política que circulan como catecismos no consideran la magnitud, el peso de los actores o la correlación de fuerzas. Los tontos creen que nunca falla un golpe de efecto, los más tontos dicen que una noticia mata a otra y los retontos que las crisis se cierran solitas y que solo hay que guardar silencio.
La crisis tiene dos hechos intrínsecos que bloquean la salida; el primero es la inculpación del montesinismo que aparece como un cuerpo vivo e inmutable. Esta visión político/policial simplifica el caso al reducirlo a quién estuvo más ligado a Montesinos y en qué medida sus vástagos han infiltrado el sistema
Este escenario proyectará una larga disputa basada en “nosotros tuvimos/tenemos menos montesinistas”. El segundo hecho que bloquea la salida reside en que nadie hace lo suficiente para superar el momento.
La única respuesta institucional viable es la reforma. Sin embargo, la mayoría de actores se quedan en la investigación; denuncian, interpelan, revelan, atacan, se defienden y se limpian de montesinismo. Gran parte de las actuaciones estridentes son para las galerías.
El gobierno debe tomar un espacio estratégico, huir de la disputa sobre los detalles y abrir un escenario que le permita elaborar un discurso único y una práctica reformista frente a las redes ilegales, llamando a ello a la oposición. Forma parte de ese posicionamiento la salida del gobierno de los protagonistas del escándalo, por acción u omisión, y la rápida designación de una comisión investigadora expresamente nombrada.

Mala política y mala noticia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/mala-politica-y-mala-noticia-15-11-2013

La República

La mitadmasuno

15 de noviembre 2013

Juan De la Puente

Colombia debate el futuro, es decir, cómo construir la paz desde un diálogo hereje de enemigos que se han matado 50 años. Sin concesiones militares a las FARC, un gobierno democrático audaz se ha colado por una rendija para intentar una salida que, si no funciona, deberá saldar la guerra con las armas del Estado de Derecho. Importa mucho que a pesar del despliegue de los opositores al diálogo, dirigidos por un ex presidente muy popular, el 64% lo respalde.

Chile también debate el futuro. Luego de las elecciones de este domingo, el vecino país tendrá en un mediano plazo una nueva institucionalidad. El dique pasadista se ha roto desde las calles y desde el sistema político, al punto que las palabras cambio y futuro compartido son las más pronunciadas en la campaña.

Brasil también discute el porvenir. Sobre todo el sentido de su modernización y el lugar de los jóvenes en ella. El sistema asimila la voz de la calle, no la apalea, y debate con fuerza la lucha contra la corrupción, la inversión en infraestructura, la demanda energética, el acceso universal a la educación y salud y la posibilidad de un plebiscito reformista.

El Perú, en cambio, debate el pasado con frenesí devorando el futuro, o debate el presente para evitar el futuro. No es malo debatir el pasado pero el espíritu conservador lo impone como un esquema cuyo objetivo es evitar el cambio. Por ejemplo, importan exclusivamente las ilegales decisiones que permitieron a la Policía custodiar a un operador de Vladimiro Montesinos, pero se elude el tema de por qué sobreviven las prácticas montesinistas en la PNP y por qué fracasaron las reformas policiales a poco de iniciarse.

En el reciente episodio del subgrupo de DD.HH. en el Congreso parecería que el único tema en agenda fuese el cuestionamiento a la CVR, un empeño por lo demás inútil frente a su potente eco en la sociedad peruana que ya lleva una década, y no el compromiso del Parlamento y sus partidos con los DD.HH., las secuelas de la violencia, las reparaciones y, por qué no, el reconocimiento de DD.HH. que hacen cola en el Congreso, empezando por el derecho al agua.

Un elemento que jalona la mala política es el formato de “Esto es guerra” y “Combate” en el que se ha convertido la noticia política, secuestrada en favor de cuatro personajes: Humala, Toledo, García y Fujimori. Este formato segmenta la política en cuatro cajones y deja poco espacio para los temas cruciales del futuro. Es la perfecta cortina que permite la huida de lo que importa, como la documentada denuncia de los malos manejos en APDAYC, que se desliza por el desagüe, o la aprobación de la llamada Ley Antauro.

Al cumplir los medios su función de jerarquizar la noticia, desarrollan este modelo noticioso donde la áspera confrontación no es sinónimo de intercambio de ideas, y donde la frase, la respuesta y la epidermis de la noticia es lo más importante, sobre todo si impide profundizar en los titulares. La mayoría de medios se jalan de las narices a practicar ese modelo informativo, de modo que, por ejemplo, importa si las decisiones las toman Ollanta Humala o Nadine Heredia y no los grupos de poder que sí han tomado las más importantes decisiones los últimos dos años, entre ellas una central: bloquear las reformas.

El hombre político, ya en crisis, sucumbe a ese formato y le presta su voz e imagen, como los concursantes de la farándula que sobreactúan. La política es un espectáculo, cierto, pero es un espectáculo propio; nadie ha dicho que deba ser mediano, engañoso, hiperpersonalizado y antipolítico.

El argumento “solo soy mensajero” tiene límites; también está en crisis el hombre/mujer prensa que construye una jerarquía informativa, acotando la noticia, quitándole sus raíces y frutos y promoviendo una sola mirada y un acercamiento ficticio a la realidad. Es, si se quiere, la piedra angular de este modelo escogido porque, no digan que no, saben lo que hacen. Aunque de vez en cuando finjan indignación por lo bajo que ha caído la política y nos cuenten que hay mala política pero no mala noticia.

No se coman la democracia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-se-coman-la-democracia-08-11-2013

La República

La mitadmasuno

8 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

La crítica a la democracia es también democrática, y la democracia se come pero no solo se come. El Latinobarómetro 2013, recientemente publicado se ha metido en problemas a la hora de explicar las percepciones sobre la democracia en algunos de los 18 países de la región.  Para explicar el aumento de apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador, países donde este indicador se ha incrementado en el período 1995-2013 en 16 y 13 puntos respectivamente, el informe utiliza argumentos a los que les otorga un significado disímil, los que deja de lado para explicar otros casos, como el de Chile.

El informe se embrolla respecto del autoritarismo político venezolano, que al privar a la oposición de sus derechos políticos afecta la democracia tanto como calidad como resultado tangible. Explica el aumento del apoyo a la democracia en ese país hasta el 87% con el argumento de que Chávez le dio al pueblo venezolano “bienes políticos” y que el “chavismo se consolida con Maduro”.

Esta visión obedece a una conclusión previa: que el apoyo a la democracia solo se explica desde los partidarios del gobierno de Venezuela sin considerar que una parte de los opositores a este, de derecha o izquierda, también apoyan la democracia como expectativa. Para el informe, la palabra democracia en Venezuela no cruza la disputa gobierno/oposición. La política no importa.

En el caso de Ecuador tampoco importa la política aunque sí la economía. Señala que Correa ha logrado disminuir la pobreza y redistribuir la riqueza, efectos totalmente ciertos, por lo que la población “no considera el asunto del Parlamento y de la prensa como un problema”. Ese ángulo es igualmente increíble porque supone una visión plana del encuestado, que aprueba o desaprueba en bloque los actos del gobierno en relación al paradigma de la democracia. ¿Por lo menos una parte de la “población” opositora a Correa no es democrática?

En el caso chileno, los 8 puntos de aumento de apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 son atribuidos a la alternancia en el gobierno (allí sí la política importa). El informe desbarra cuando señala que “el apoyo a la democracia está limitado por la desigualdad del crecimiento, porque a pesar del crecimiento aún queda gente a la que no le alcanza para comer”. Los analistas no se han enterado que en Chile el problema central no es la seguridad alimentaria (2,8% de pobreza extrema) sino la demanda de una reforma profundamente democrática al extremo en que solo la candidata de la derecha se opone a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Es probable que este desorden se origine en la interpretación de la clásica pregunta de los académicos Leonardo Morlino y Juan Linz que ofrece tres alternativas, apoyo a la democracia, al autoritarismo e indiferencia. Esta famosa interrogante  no mide el apoyo a la democracia como sinónimo de poder/gobierno; es un indicador crucial para entender la cultura política de los ciudadanos aunque es imposible inferir sin mayor explicación que esta opinión política no debe incluir una valoración de las instituciones, de los representantes y de sus decisiones legales y de las políticas públicas.

El Latinobarómetro 2013 presume que la calidad de la democracia debe medirse desde la norma y las instituciones como un tópico separado de la relación entre la democracia y la pobreza. Esta relación, sin embargo, es dinámica; en los países con menor pobreza persisten razones para demandar de la democracia otros resultados económicos y políticos. En ese sentido es muy debatible aseverar rotundamente que medir la democracia no es medir la calidad de la democracia. Morlino, uno de los creadores de la famosa pregunta se ha esmerado, precisamente, en evitar esa separación.

Estos vacíos o confusiones quizás denoten un problema mayor, que sirve de poco medir el apoyo de la democracia en la región si se niega a interpretar algunas respuestas como la síntesis de un estado de ánimo que los movimientos sociales y públicos revelan en favor de profundas reformas que trascienden las plataformas convencionales de gobierno.

Larga peruanidad gastronómica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/larga-peruanidad-gastronomica-01-11-2013

La República

La mitadmasuno

1 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

La publicación del voluminoso trabajo de Elmo León, 14 mil años de alimentación en el Perú (USMP 2013), introduce nuevos y reveladores datos sobre cómo se alimentaban los antiguos peruanos, alejando los horizontes conocidos hasta ahora y acercándonos a través de la historia y la arqueología a un tiempo biodiverso y sorprendente que nos ratifica como una cocina a la vez propia y fruto de la trashumancia, agresiva en la domesticación de plantas y tempranamente aficionada a la combinación de elementos.

El primer aporte del texto es la referencia a las formas de reconstrucción científica de los alimentos prehispánicos, especialmente la modificación de los fechados radiocarbónicos mediante la calibración del Carbono 14 que permite una data más precisa de la antigüedad, y que supone situar el consumo de alimentos en un período más lejano. En el libro se presentan más de 4.000 fechados de los recursos alimenticios comidos por los antiguos peruanos en base a datos hallados en excavaciones arqueológicas, el  estudio de coprolitos y otros procedimientos químicos.

Sobre los alimentos vegetales descubre el consumo extendido de tubérculos, rizomas, cereales y legumbres cuyo uso actual es menos frecuente, no se ha extendido como otros o ha sido abandonado. Son los casos de la achira, la arracacha, el yacón, la oca y la jíquima, y de otros alimentos cuya recuperación urbana es muy reciente como la maca, la mashua y la kiwicha. León documenta dietas perdidas como la ingesta de papas, camotes y achira en los mismos platos o combinados, 3.000 años a. C.; o el consumo de yuca en Tacna hace casi 10 mil años.

El libro reitera que el proceso de domesticación de la papa se inició hace 10 mil años sobre los 4.000 msnm, entre Puno y Bolivia, aunque es cierto que otro centro de domesticación se registra más al sur, en Chile. El texto reintroduce el debate acerca de la peruanidad del maíz, ya planteado por el desaparecido arqueólogo Duccio Bonavia (El maíz: su origen, su domesticación y el rol que ha cumplido en el desarrollo de la cultura, USMP 2008). León insiste en que si bien es originario de México es cultivado en Perú casi simultáneamente que en esa región, hace 8 mil años.

El autor evidencia un consumo profuso de frutas en nuestro pasado. Sobresalen en antigüedad variedades de ingesta ahora poco común. Los peruanos comíamos calabazas y lúcumas hace 10 mil años, aunque la fruta más consumida en el Perú prehispánico fue la guayaba, hace más de 7 mil años. Nuestra antigua dieta en frutas rebosa de variedades de escaso consumo actual, como la ciruela, el pepino dulce, el aguaymanto y el tomate silvestre. Tampoco nos limitábamos en el consumo alimenticio de animales (cuy, llama, venado, vizcacha, perro, zorro, batracio, lagartija, lobo marino y ballena), aves (perdiz, guanay, piquero, gaviota, pelícano y pato) y peces (sardina, pejerrey, mojarrilla, entre otros). Es preciso mencionar el caso de la anchoveta, cuya tenaz reintroducción en la dieta peruana es contestada con igual apatía; su consumo se inicia hace casi 13 mil años en la costa sur y se extiende hacia los valles de la costa centro y norte, al extremo de que en Chincha, en el período inca, se tenían depósitos para almacenamiento, para el consumo e intercambio.

No es el caso preguntarse si los antiguos peruanos comían más y mejor que ahora, sobre todo si el concepto mejor alude a la evolución de los sabores. No obstante, a pesar de tener menos conocimiento de las propiedades de lo que consumían se alimentaban de un modo más sano. Es cierto que se han documentado enfermedades de carácter parasitario pero no se ha podido acreditar si fue el resultado de la ingesta de alimentos.

El libro de León se muestra como la apertura de una caja de sorpresas y la introducción de la historia y la arqueología en el mágica escena que vive la cocina peruana, que a menudo suele dar la impresión de estar suspendida en el tiempo, con preparados que aspiran a la novedad desconociendo el valor del insumo, de la memoria del sabor, de la fecha y el calendario.

La paradoja del voto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-paradoja-del-voto-25-10-2013

La República

La mitadmasuno

25 de octubre de 2013

Juan De la Puente

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo esta semana un envidiable esfuerzo por situar el voto electrónico (e-voto) en la agenda de cambios que mejoren la calidad de las elecciones. Lo ha hecho en el marco de una discusión que asoma sobre cómo evitar que naufrague una democracia ya encharcada por denuncias, escándalos, investigaciones y confesiones.

El esfuerzo vale en un país en el que desde el año 2001 ha tenido seis consultas presidenciales, tres elecciones con dos vueltas cada una, se han elegido tres Parlamentos y otras tantas veces se ha ido a las urnas para elegir autoridades locales y regionales, en el último caso con segunda vuelta. Entre proceso y proceso se han registrado centenares de revocatorias y por lo menos dos referéndums.

No hay duda que el Perú es un país que vota aunque también es cierto que cada vez es más difícil cristalizar un proceso que demanda recursos, instalación de decenas de miles de mesas, centenares de miles de miembros de mesas, miles de ánforas, entre otros. La neutralidad y la eficiencia de los organismos electorales han permitido que cada prueba sea exitosa.

Dime cómo votas y te diré quién eres. Esta plataforma eficiente debería dar un salto, y uno de los elementos de esa evolución es el voto electrónico. En ese contexto, una pregunta clave es por qué a pesar del incremento fantástico de los procesos digitales en todos los quehaceres sociales, el voto electrónico demora en ser adoptado. Somos crecientemente digitales en lo social y económico. Nos comunicamos vía correo electrónico, compramos vía Internet, hacemos negocios en la red, usamos la firma digital y ya tenemos dinero electrónico. Vivimos en el futuro pero votamos como hace 100 años, con ligeros cambios.

Esta es una paradoja tecnológica, pero fundamentalmente política. Está relacionada con un menor desarrollo de la fuerza política de los organismos electorales, la escasa implicancia de los partidos en los procesos tecnológicos, la falta de desarrollo de la participación política como un derecho fundamental y con una cultura política que no exige calidad en el ejercicio de ese derecho.

La confianza es un valor de la política pero no es una variable independiente, está condicionada a varios factores, entre ellos a la neutralidad de los organismos electorales que en el caso peruano está en alza. La resistencia al voto electrónico más que falta de confianza, es un asunto de cultura política. El Perú no tiene hasta ahora e-voto porque tampoco ha podido concretar una reforma política profunda que acompañe y potencie los procesos de calidad de los organismos electorales. El diseño del software y del modelo in house del e-voto, con el aporte de dos universidades peruanas, elaborado hace varios años no ha seguido su curso por las mismas razones que retrasan la reforma política.

Sería ideal que como un paso decisivo, las elecciones municipales del 2014 en Lima sean mediante el voto electrónico y mejor aún si en esas elecciones se puedan echar a andar algunos cambios en la elaboración de las listas y en las campañas electorales.

Los procesos electorales con más calidad no serán piezas de un círculo virtuoso si persisten partidos débiles, se proscriben las elecciones primarias y se mantiene el voto preferencial y sin lista alternada de mujeres y varones, o con partidos que huyen de las regiones y municipios, sin padrón electoral, con financiamiento en muchos casos ilegal y con campañas electorales parlamentarias que cuestan 150 mil dólares por persona.

En ese marco de carencias y expectativas se ha producido un acercamiento entre los organismos electorales y varias instituciones sociales y de cooperación, las que han constituido una Plataforma por la Reforma Política y Electoral. Esta plataforma le ha planteado al Congreso el debate de un Código Electoral y la reforma de la Ley de Partidos Políticos. Lejos de proponer un debate nacional en la perspectiva de los cambios, el Parlamento aprobó en la agonía de la anterior legislatura un paquete que bien podría llamarse de contrarreforma política.

Perú/Chile después de La Haya

http://www.larepublica.pe/22-10-2013/el-fallo-de-la-haya-consolidara-proceso-de-integracion-entre-chile-y-peru

El siguiente es el resumen del conversatorio Perú/Chile después de La Haya realizado por La República el pasado domingo 20, moderado por el suscrito y que contó la participación de los ex cancilleres peruanos Rafael Roncagliolo, José A. García Belaúnde y Eduardo Ferrero Costa, y del ex canciller chileno Juan Gabriel Valdés. Lo que sigue es un resumen, aunque se pueden apreciar en el mismo link los tres videos de la reunión que duró más de una hora.

 

Juan De la Puente: Esta tarde, La República tiene el honor de reunir a connotados internacionalistas, quienes cumplieron importante labor al servicio del Estado. Me refiero a Juan Gabriel Valdés, ex canciller chileno, y tres ex cancilleres peruanos de relevante participación en la política: Eduardo Ferrero Costa, José Antonio García Belaúnde y Rafael Roncagliolo.

Este encuentro está dirigido al análisis y el trazado de perspectivas de lo que se ha empezado a denominar el proceso post La Haya. Ambas naciones no solo han ratificado que este fallo va a ser respetado, sino, además, se ha generado un conjunto de procesos que se han venido dando en cada país y de modo bilateral.

El primero tiene que ver con esta gran integración de la última década. El tránsito de personas, de bienes, es el más alto de la historia de las dos repúblicas y la presencia permanente de ciudadanos de un país en el otro es también creciente.

Una primera pregunta de este conversatorio es si la idea de esta gran integración y gran cooperación social es un desborde de las políticas estatales, la profundización de un proceso que viene desde el pasado y ha corrido paralelo a la instancia política.

Juan Gabriel Valdés: Creo que en América Latina vivimos un momento en el cual el proceso de integración adquiere características que van más allá de la voluntad de los estados. Cuando miramos el panorama, nos encontramos con que los organismos de integración, la mayoría de ellos, están, si no en dificultad, en crisis. Hay cierta ideologización de los procesos de los mecanismos de integración, tenemos dificultades en Mercosur, polarizaciones en torno al tema del Alba, un cuadro de división entre México y Brasil.

Sin embargo, lo que vemos  aquí son estas empresas translatinas que generan inversión y energía integradora en la mayor parte de la región,  y poblaciones que circulan.
Tenemos en Chile una población de cerca de 200 mil peruanos que están integrados y que nos han dado no solo una presencia muy activa en nuestra vida social en Santiago sino que nos han llevado la maravilla de la cocina peruana. La integración va más allá de lo que los gobiernos habían delineado, se están generando proceso nuevos,  ricos en términos de procesos de integración.

Juan De la Puente: Eduardo Ferrero fue canciller del Perú hace más o menos 15 años, cuando ya se avizoraba esta gran integración, el comercio tan intenso de bienes y traslado de personas.

Eduardo Ferrero Costa:  Yo creo que sí se han venido superando los conflictos bilaterales territoriales. En el caso peruano-chileno, con la sentencia de La Haya, esperamos dar por terminada la última controversia de este tipo entre estos dos países. Yo diría que se está pasando del concepto más tradicional de la integración regional o subregional, sustentada en gran medida por aspectos económicos, a una integración mucho más, valga la redundancia, integral, que va  más allá de los gobiernos

Y podemos hablar de integración multilateral, sea regional, subregional, e integración bilateral, que es en este caso lo que nos congrega hoy día: la integración progresiva que se viene dando entre Chile y Perú. Progresiva porque ya se viene dando de manera simultánea al proceso ante La Haya que culminará pronto y que será un hito hacia adelante, hacia una opción de mayor cooperación, mayor integración entre los dos países.

Se puede decir que, superadas ciertas etapas históricas de nuestros pueblos, se está pasando ahora a un proceso de integración mucho más pragmático y con mayores posibilidades reales de llevarlo a cabo. Creo que un ejemplo muy interesante es el caso de la Alianza para el Pacífico. Realmente en poco tiempo cuatro países con características comunes e intereses compartidos han creado un proceso de integración que va más allá de muchos casos de los procesos tradicionales de nuestra región y que están superando retos que han sido difíciles de encontrar en proceso previos, en parte porque es un proceso no ideologizado sino más bien un proceso pragmático orientado a aceptar retos comunes con una visión clara que es fundamental: la integración para poder tener una disposición más favorable en el escenario internacional tanto hemisférico como global.

Juan De la Puente: Quiero preguntar a los ex cancilleres recientes cómo esta gran integración ha condicionado el proceso de La Haya para que sea un proceso en que los países han jugado un papel con mucha inteligencia y sensibilidad.

José García Belaúnde: Yo sí creo que los gobiernos han querido siempre hacer integración. Por ejemplo, uno de los casos típicos que se enseñan cuando uno estudia el Organismo Mundial del Comercio (OMC) es un acuerdo comercial de 1934 entre Perú y Chile. Este tipo de acuerdos que eran muy pocos era del Perú y Chile, un ejemplo de lo que se puede hacer en materia de integración entre dos países vecinos. Entonces, sí creo que las sociedades han venido mucho después.

Salvo algún interregno allá por los años 70, donde evidentemente las características ideológicas de las dos dictaduras llevaban a una suerte de confrontación, ha habido interés de ambos gobiernos en hacer integración, y que las condiciones de desarrollo de los países en este momento han permitido que el conjunto de la sociedad se beneficie.

Todo esto ha ayudado de alguna manera en facilitar el manejo de ciertos temas sensibles, y un tema sensible definitivamente es La Haya. Y voy a insistir en eso siempre, que lo mejor que pudimos hacer es abordar ese tema. Estábamos planeando sobre la relación durante muchos años, y lo mejor que había que hacer era abordarlo ya sea por una negociación bilateral.

Yo sí creo que en eso también ha ayudado el cúmulo de intereses. En primer lugar, la Alianza del Pacífico es además una afirmación de que es posible hacer una integración menos rígida que la que teníamos antes.

En suma, sí creo que si seguimos por este camino, si los estados son capaces de estimular más el conjunto de la sociedad en este proceso de integración tenemos un futuro bastante promisorio.

Rafael Roncagliolo: Creo que de las tres intervenciones anteriores, lo que sacamos es que hay miradas comunes, y eso me parece muy importante para adelante. En estos dos años del gobierno del presidente Humala ha habido una especie de paradoja. Se temía que podía ser un gobierno con muchas más tensiones y la verdad es que nunca hemos tenido tanta cooperación, no solo en reuniones de diplomáticos y militares sino en reuniones de todo tipo de ministros y búsqueda de todas las formas de cooperación entre los dos países. Eso me parece muy importante para adelante porque es el punto de partida de lo que va a ser una cooperación mucho más estrecha.

Yo quería destacar un par de cosas solamente. Una es la importancia de la frontera, cinco millones de tránsitos al año por la frontera Tacna-Arica y un proceso, como decía Joselo, de integración entre Tacna y Arica que es casi una conurbación,  la conversión de estas dos ciudades absolutamente complementarias. Entonces ahí hay un trabajo enorme que hacer y cuando hemos conversado con los tacneños y los ariqueños hemos encontrado que la voluntad de los habitantes, la población de estas dos ciudades, es una voluntad de cooperación muy importante, casi diría yo que ambas son víctimas de ciertos centralismos y para superar su centralismo necesitan integrarse mejor, para no mencionar las inversiones y los casi 200 mil peruanos que viven en Chile. Y lo segundo es que yo también creo que Chile y Perú pueden contribuir mucho no solo en el terreno bilateral sino en el terreno multilateral.
Yo creo que Chile y Perú pueden contribuir mucho a la unidad de la región. Por ejemplo, en el caso de la Alianza del Pacífico –es un buen ejemplo– necesitamos que esta no sea ideológica y esté al servicio de América Latina realmente. Estos son como los países de punta que deben ponerse al servicio del resto de países, de ahí que creo que la colaboración entre Chile y Perú puede ser muy importante.

Juan De la Puente: ¿Están   dadas las condiciones para trabajar en una plataforma binacional conjunta entre Perú y Chile después de La Haya?

Eduardo Ferrero Costa: Estamos en un proceso que yo quiero camine hacia ello. Se puede decir que es un proceso positivo que camina hacia ese objetivo, tenemos ahora la última prueba del proceso y yo soy confiado en que se va a cumplir bien y es el acatamiento en la ejecución del fallo, o sea, cumplir con el compromiso que han asumido ambos gobiernos.
Cumplido ese compromiso, se abre un espacio muy interesante para empezar una plataforma bilateral conjunta. Me gusta más una nueva plataforma conjunta, no confundir lo del tratado con la sentencia  de fortalecimiento de mutua entre Perú y Chile. Sí es posible, hay que confiar en ello, hay que poder superar opiniones públicas que puedan estar un poco sorprendidas, hay que llegar al paso de ejecución de la sentencia que se ha dicho que se va a cumplir y así hay que confiar en que se va a cumplir. Sí estamos entrando a un nuevo espacio y hay ejemplos, el ejemplo de Perú-Ecuador y el ejemplo de Argentina-Chile. No estamos especulando, estamos hablando de casos concretos, de situaciones muy complejas que han quedado superadas.

José García Belaúnde: Yo creo que el tema es generar la confianza suficiente en cada sociedad. Yo creo que hay demasiados prejuicios respecto al otro país, extraño, porque hemos tenido después de la firma del Tratado de 1929 largos años sin conflicto ni nada que se le parezca, sí algunas tensiones de vez en cuando pero nada más.

Sin embargo, sí existen percepciones de lado y lado como que ensombrecen la relación. En Chile, por ejemplo, están convencidos de que siempre tenemos algo bajo la manga que sacar para reclamar, y se habla del irredentismo, incluso asocian lo de La Haya, que no tiene nada que ver con ese concepto de irredentismo. Y en el Perú hay la percepción de que Chile no es un amigo confiable, de repente hay algunos halcones en Chile que pueden empujar o gatillar sabe Dios qué. Entonces, ¿cómo trabajar sobre eso?, ¿cómo hacer para que estas percepciones empiecen a ser difuminadas y tengamos pues la percepción de la otra realidad, que son los encuentros entre ambos países?

Yo creo que los chilenos deben ser, como grupo nacional, si no los primeros los segundos turistas desde el año pasado. Entonces, cómo hacemos nosotros para que pueda existir una plataforma donde estas sombras puedan ser liquidadas, ese es el gran tema, y no creo que sea un tratado que los va a liquidar. Tenemos que dar algunas muestras de confianza mutua, tener unos gestos muy concretos que involucren a la sociedad en su conjunto.