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miércoles, 13 de septiembre de 2017

De la obstrucción al auto bloqueo. Lo jurídico y lo político.

Por Juan De la Puente
La cuestión de confianza planteada por el premier Fernando Zavala al Congreso presenta una parte jurídica y otra política que no corren por cuerdas separadas. La evolución del caso hace presumir que lo jurídico, a razón del manejo de los tiempos por parte del Congreso, será lo que determine lo político. Aquí algunas opiniones provisionales ante un caso en proceso
:
1.- Pedido procedente. El Congreso permitió que hace meses que el entonces ministro Alfredo Thorne presentase una cuestión de confianza luego del debate de la interpelación, haciendo una interpretación forzada del artículo 86º del Reglamento del Congreso que señala que la cuestión de confianza se plantea en la sesión del Pleno. En ese momento, el Congreso fijó el precedente, de modo que ahora el pedido de Zavala es viable.
3.- Materia procedente. Al aparecer juntos en la conferencia de prensa, se presume que los miembros del gabinete han aprobado el pedido y que este se refiere a la defensa de una política pública y a un ministro. Eso se conoce como pedido de confianza solidaria. La práctica parlamentaria en el mundo está llena de pedidos de confianza en defensa de ministros, políticas, leyes, presupuestos, entre otros, y depende de cada gobierno cómo usar su bala de plata. De hecho, la discusión sobre que lo pedido por Zavala es “renovación” y no “cuestión”, es intrascendente. En el lenguaje constitucional es la misma figura: se pide renovar una confianza entregada previamente.
4.- Obligación constitucional. El Congreso tiene la obligación de derivar el pedido al pleno y convocar al premier para sustentarlo. Trasladar el pedido a la Comisión de Constitución implica una dilación con el riesgo de infracción constitucional. Es más, de acuerdo al artículo 129º de la Constitución, el premier puede ir al pleno sin ser invitado y bien podría plantear una cuestión de confianza luego de pedir un cuarto intermedio.
El artículo 129º dice: El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar. El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.
Esta disposición se lee como que hay tres tipos de concurrencia ordinaria: i) por iniciativa propia; ii) cuando son invitados y; iii) cuando van a la Estación de Preguntas.
Como se aprecian las posiciones, el pedido no aceptado por el Congreso podría ser materia de una larga acción de cumplimiento, de acuerdo al artículo 200º de la Constitución y regulado en el Código Procesal Constitucional.
5.- De la obstrucción al auto bloqueo. Dicho esto, en lo político, el pedido de la confianza tiene un mal tiempo y no creo que logre que el gobierno recupere iniciativa política y aprobación ciudadana. Es un error. No veo qué resultado se espera para considerar una victoria, porque incluso en la hipótesis más promisoria –que se aprueba la confianza y se quede la ministra Martens- los factores de deterioro no desaparecerán, agudizando el bloqueo del Gobierno y tensionando la convivencia forzada que los ciudadanos impusieron en las elecciones del año pasado.
Un gabinete que aún tiene un margen de maniobra no puede ser puesto en riesgo por un integrante que ha demostrado falta de habilidades. Todo esto a pocos días del viaje de PPK al exterior, cuando la bancada oficialista está dividida y el gobierno tiene una mayoritaria desaprobación. Recordemos que la cuestión de confianza es un intento del Gobierno de recuperar iniciativa política y de buscar alianzas para gobernar. Bueno, no veo una táctica de acumulación en curso; a Saavedra lo apoyaba la izquierda y parte de la calle, lo que no sucede ahora.
6.- Los ciclos de tensión política en el Perú tienes sus leyes. Parece que actuamos prescindiendo de ellas: i) todos los ministros en los últimos 16 años incluso de gobiernos con mayoría parlamentaria, objeto de duro cuestionamiento del Congreso, han terminado fuera del cargo por desgaste pronunciado; y ii) todo ciclo de tensión prolongada entre los poderes afecta severamente al Ejecutivo en su capacidad operativa y ante la sociedad. No encuentro razones para pensar que ahora será distinto.
7.- El cementerio de la política está lleno de valientes. El argumento más escuchado en estas horas es que PPK ha sido valiente y que ya es hora de “parar” al fujimorismo. Sería ideal que la política fuese solo un asunto de valentía. Prefiero pensar en un proceso más que en un acto, y considero que incluso como gesto épico y valiente, este carece de utilidad porque el fujimorismo parece que eludirá la confrontación y es probable que finalmente vote a favor de la confianza, pero censurando a Martens antes o después.
En nuestro modelo de distribución de poderes, el Parlamento tiene la potestad de aprobar la confianza del gabinete y al mismo tiempo continuar con la interpelación/censura de cualquiera de sus miembros, por una razón legal: censura y confianza son dos instituciones distintas que nacen de modo distinto y a cargo de poderes distintos
Como en diciembre, cuando se debatió por primera vez el asunto de la cuestión de confianza a raíz de la interpelación y censura del ministro Saavedra, se debe tener en cuenta que la sola presentación de la confianza no garantiza que se inicie el procedimiento para la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias. En el Derecho Constitucional nada es automático.

8.-  Creo que el principal factor de deterioro del gobierno está más abajo. Arriba se confronta, y abajo qué. No estoy seguro de que los ciudadanos simpaticen con un ciclo de confrontación extrema de los poderes, que parece más un afán de gran parte de la élite que ha olvidado a la sociedad. Por esa razón, un juego complejo que termine en que PPK se priva de un gabinete para designar luego otro instrumental para provocar la disolución del Congreso y nuevas elecciones, no creo que sea respaldado por los ciudadanos. Esas elecciones, estoy seguro, no las ganará el Gobierno y es una opción extremadamente incierta. Sigo pensando que el problema de fondo no es cómo el gobierno se entiende con el Parlamento sino de cómo se entiende con la gente y que el principal desafío del Gobierno no es la confianza del Congreso sino la confianza y legitimidad social.

viernes, 10 de enero de 2014

El miedo concentrado

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-miedo-concentrado-10-01-2014#comment-form
La República
La mitadmasuno
10 de enero 2014
Juan De la Puente
El debate sobre la concentración de medios presenta varios ángulos, y es frecuente parapetarse en uno de ellos para negar la importancia de los otros. El ángulo más legitimado es el legal, habida cuenta que los tribunales serán los que decidan sobre el recurso de amparo presentado por varios periodistas en el Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, demandando anular la compra de Epensa por El Comercio, por evidenciar un acaparamiento de medios de comunicación.
El debate legal se ha quedado por el momento en el plano procesal y en una discusión constitucional plana e inmóvil, centrada en el retaceo de un artículo de la Constitución llevado a cabo en la lógica bipolar de verdadero/falso, ignorando los sentidos de la interpretación constitucional y la necesidad de un modelo pluralista del ejercicio de las libertades.
Este reduccionismo debería dar paso a un ejercicio jurídico enriquecido por el derecho comparado y la jurisprudencia nacional e internacional reconocidas. El argumento Kirchner/Correa/Chávez sirve como espolón contra los opositores a la concentración, pero no permite que sus mensajeros construyan una idea convincente en favor del acaparamiento. De allí que, a falta de conceptos, se recurra a la explotación de la cita y a la frase sacada de contexto y se enarbole una supuesta amenaza de estatización de la prensa.
El modelo de debate legal es surrealista. Por un lado se demanda que el tema no se politice, que el Presidente de la República guarde silencio y que los políticos no expresen opinión, Al mismo tiempo, se tejen alianzas políticas, se esgrimen argumentos políticos y se ejecuta una campaña política gigantesca.
El debate legal en tono castrador y huidizo no conduce a ninguna parte. Imposible despolitizar lo que es político y no hay nada más político que la libertad. De hecho, la revisión de la trama de lo ocurrido entre junio y agosto pasado evidencia que la concentración de medios es más política que legal, es decir, primero política y luego lo demás.
El Perú conservador tiene miedo y por eso quiere medios. Más medios es menos miedo. Miedos y medios se organizan como una correlación agresiva desde hace varios años, por lo menos desde la campaña del Fredemo en los años 1989/1990, para impedir el cambio. Y debe reconocerse que es una correlación relativamente eficaz porque si bien no alcanza triunfos electorales (de allí las derrotas de los candidatos respaldados por los medios en 1990, 2001, 2006 y 2011) permite bloquear reformas democráticas, impulsar otras en un sentido conservador o restrictivo, cuando no regatear cambios específicos y cogobernar con los que ganan.
La concentración de medios iniciada el año pasado no preside el proceso de la derecha peruana, pero es la pieza de arranque de una concentración mayor, la de los sectores económicos, partidistas y mediáticos que se preparan para impedir el 2016 un susto similar al del año 2011 y para garantizar la consolidación de un modelo de económico e institucional de largo plazo. Para este caso específico, concentración es sinónimo de unificación.
La operación es audaz; en general, toda forma de concentración del mercado lo es. Me temo, no obstante, que no es moderna, que expresa un renunciamiento a los métodos democráticos que se aplican a la competencia política y un retorno abierto al patrimonialismo del siglo XIX. Esa concentración/unificación termina por desplazar a los partidos de la escena y viabiliza la construcción de un contrapoder que acabará siendo más fuerte que el Estado, el único poder que en la teoría no debería ser superado más que por la soberanía popular.
El temor natural a la derrota que debería canalizar la formación de un polo conservador democrático está siendo mal manejado. Un grupo de halcones –alguien los ha llamado el tea party peruano– está desbordando a los suyos sometiendo el sistema a una tensión que se replicará en otros momentos y ámbitos. Por ahora no están siendo contestados internamente y no sé si habrá allí espacio para la sensatez.

domingo, 19 de mayo de 2013

La contrarreforma política

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-contrarreforma-politica-09-05-2013
La República
La mitadmasuno
10 de mayo de 2013
Juan De la Puente
Se anuncia el recojo de firmas para presentar al Congreso una iniciativa legislativa que permita instalar la revocatoria de los parlamentarios. La iniciativa, a cargo de uno de los promotores de la revocatoria a la alcaldesa de Lima, es presentada como un esfuerzo serio por la reforma política. Y no lo es.
En el Parlamento y en la sociedad se debate hace dos años iniciativas de reforma política que abarcan varias áreas: el fortalecimiento de los partidos, incluyendo la democracia interna; el financiamiento público; los requisitos para el ingreso y la salida del sistema político; el proceso de selección de los candidatos, los distritos electorales; el voto preferencial; la alternancia de género en las listas a cargos de elección popular; la responsabilidad de los postulantes y de los elegidos; la pérdida de la investidura parlamentaria; las incompatibilidades; y la rendición de cuentas, entre otros.
El proceso se tramita con lentitud pero avanza y se espera que este año, considerado crucial para la reforma, se concreten algunos cambios en la formación de la representación y en la gestión de los partidos y de los procesos electorales. Para el efecto, dos sucesivos grupos de trabajo de la Comisión de Constitución elaboraron informes y recomendaciones y, en ese contexto, dicha comisión aprobó hace poco el financiamiento público de los partidos. Existen otras decisiones en camino y en el horizonte el Congreso se prepara para un amplio debate del Código Electoral presentado por el JNE.
Puede afirmarse que aún a trompicones, el debate de la reforma ha empezado y ciertamente un tema en él es la renovación del mandato congresal. Una variante de esta figura es la que se propondría en la iniciativa de cuyo inicio se informa.
La iniciativa ciudadana es un mecanismo dispuesto por la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 26300, que permite presentar al Parlamento un proyecto de ley acompañado del 0,3% de firmas del padrón nacional. De hecho, desde el año 2001, la ONPE ha vendido kits para la presentación de 147 iniciativas ciudadanas. Con los estimados actuales se requerirían 60 mil firmas que, debidamente verificadas, obligarán al Parlamento a debatir un proyecto de ley.
Siendo la iniciativa legislativa el mecanismo ideal para promover desde la sociedad el debate de normas, no es cierto que la reforma política por excelencia sea la revocatoria parlamentaria. Empezar por la renovación del parlamento a mitad del mandato, sea por tercios o por mitades, sería acometer el problema de la crisis de los partidos poniendo énfasis en el resultado de la elección de la representación y no en la formación de esta representación.
No es una distinción adjetiva. La clave de la crisis que afecta a los elegidos y a las instituciones que ellos conforman se relaciona con incentivos nefastos que aparecen mucho antes de que el parlamentario se siente en el escaño. El más importante de ellos es el voto preferencial, el mecanismo que más contribuye al empobrecimiento de la representación y a la crisis de los partidos. A ello se agregan otros estímulos del caos como el financiamiento privado de las campañas, los distritos electorales demasiado amplios, la designación antidemocrática de los candidatos, la marginación de las mujeres de las listas, entre otros.
Empezar la reforma haciendo más precario el ejercicio de la labor parlamentaria, en un congreso unicameral, un mandato ya debilitado en la Constitución vigente, no sería una reforma sino un bloqueo de los cambios que se debaten, es decir, una contrarreforma, un diversionismo que hace más compleja la labor legislativa y que corre el riesgo de volverse contra el mismo sistema. Esa fue una de las razones para que la Constitución de 1920 suprimiera la renovación por tercios. Si se trata de la resistencia parlamentaria a purgar a quienes han cometido delitos, el derecho constitucional comparado ha establecido otros procedimientos. El más cercano es la figura colombiana de la pérdida de investidura congresal por mandato externo.

jueves, 23 de febrero de 2012

Gestores y gestantes

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gestores-y-gestantes-23-02-2012
La República
La mitadmasuno
23 de febrero de 2012
Juan De la Puente

El Programa Gestores para el Desarrollo Local creado recientemente por el Parlamento es sometido a una dura crítica desde fuera y dentro del Congreso tanto por la presunta politización de sus actividades como por la falta de información sobre sus integrantes. La controversia generada por algunos gestores nada indicados para hablar a nombre del Parlamento y la áspera discusión que se opera entre los congresistas, los gestantes del proyecto, impedirán por ahora debatir el agudo problema relacionado a este proyecto: la crisis de la función de representación del Parlamento y de cada congresista.
Aun así algunas ideas. Desde 1980 el Congreso se enfrenta a la demanda de los electores para gestionar decisiones del Estado, principalmente del gobierno, más allá de las leyes. En el acto de elección de un parlamentario existe un invisible contrato que obliga al elegido, principalmente el de “provincias”, a realizar esfuerzos por llevar a sus poblaciones de origen obras y beneficios que deben ser arrancados a un Estado lento, centralista y egoísta, una “cláusula necesaria y justa” que figura en otros textos constitucionales (la 8ª Sección del Artículo Uno de la Constitución de EEUU, por ejemplo) pero que la deficiente redacción del artículo 102° de la nuestra lo convierte en casi etérea.
Los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto pero sí de gestión; de hecho la baja tasa de reelección del Parlamento peruano se debe, entre otras razones, a la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos. Presionados por esta demanda, desde el 2001 el Parlamento ha innovado funciones: ha instalado una Comisión de Defensa del Consumidor, módulos para denuncias y oficinas en las regiones; ha realizado audiencias descentralizadas, instalado brevemente un Foro Agenda Legislativa con la sociedad civil (M. Cabanillas), realizado reuniones bipartitas en las regiones (J. Velásquez) y establecido la semana de la representación (D. Abugattás). Ahora mismo, el mayor tiempo de un parlamentario laborioso se invierte en la atención de sus electores y en la gestión de sus demandas.
La crítica respecto a que el Legislativo no puede reemplazar al Ejecutivo debe ser analizada bajo la perspectiva del papel que debe cumplir el Congreso en el desarrollo y en la descentralización del país, tomando en consideración que la representación parlamentaria es, al mismo tiempo, individual y de bancada. En ese sentido, el Parlamento debe darle cara a la función de representación y canalizar el afán individual de sus miembros; es paradójico que los lobbies accedan más fácil y eficazmente al Parlamento que los alcaldes, presidentes regionales o líderes sociales. Ante la imposibilidad de modificar la Constitución para favorecer la función de representación quedan mecanismos de emergencia: el control político, la Estación de Preguntas y los pedidos en mérito del artículo 96° de la Constitución, entre otros.