La República
La mitadmasuno
23 de febrero de 2012
Juan De la Puente
El Programa Gestores para el Desarrollo Local creado recientemente
por el Parlamento es sometido a una dura crítica desde fuera y dentro
del Congreso tanto por la presunta politización de sus actividades como
por la falta de información sobre sus integrantes. La controversia
generada por algunos gestores nada indicados para hablar a nombre del
Parlamento y la áspera discusión que se opera entre los congresistas,
los gestantes del proyecto, impedirán por ahora debatir el agudo
problema relacionado a este proyecto: la crisis de la función de
representación del Parlamento y de cada congresista.
Aun así algunas ideas. Desde 1980 el Congreso se enfrenta a la
demanda de los electores para gestionar decisiones del Estado,
principalmente del gobierno, más allá de las leyes. En el acto de
elección de un parlamentario existe un invisible contrato que obliga al
elegido, principalmente el de “provincias”, a realizar esfuerzos por
llevar a sus poblaciones de origen obras y beneficios que deben ser
arrancados a un Estado lento, centralista y egoísta, una “cláusula
necesaria y justa” que figura en otros textos constitucionales (la 8ª
Sección del Artículo Uno de la Constitución de EEUU, por ejemplo) pero
que la deficiente redacción del artículo 102° de la nuestra lo convierte
en casi etérea.
Los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto pero sí de gestión;
de hecho la baja tasa de reelección del Parlamento peruano se debe,
entre otras razones, a la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos.
Presionados por esta demanda, desde el 2001 el Parlamento ha innovado
funciones: ha instalado una Comisión de Defensa del Consumidor, módulos
para denuncias y oficinas en las regiones; ha realizado audiencias
descentralizadas, instalado brevemente un Foro Agenda Legislativa con la
sociedad civil (M. Cabanillas), realizado reuniones bipartitas en las
regiones (J. Velásquez) y establecido la semana de la representación (D.
Abugattás). Ahora mismo, el mayor tiempo de un parlamentario laborioso
se invierte en la atención de sus electores y en la gestión de sus
demandas.
La crítica respecto a que el Legislativo no puede reemplazar al
Ejecutivo debe ser analizada bajo la perspectiva del papel que debe
cumplir el Congreso en el desarrollo y en la descentralización del país,
tomando en consideración que la representación parlamentaria es, al
mismo tiempo, individual y de bancada. En ese sentido, el Parlamento
debe darle cara a la función de representación y canalizar el afán
individual de sus miembros; es paradójico que los lobbies accedan más
fácil y eficazmente al Parlamento que los alcaldes, presidentes
regionales o líderes sociales. Ante la imposibilidad de modificar la
Constitución para favorecer la función de representación quedan
mecanismos de emergencia: el control político, la Estación de Preguntas y
los pedidos en mérito del artículo 96° de la Constitución, entre otros.
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