La República
La mitadmasuno
25 de octubre de 2013
Juan De la Puente
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo esta semana un envidiable esfuerzo por situar el voto electrónico (e-voto) en la agenda de cambios que mejoren la calidad de las elecciones. Lo ha hecho en el marco de una discusión que asoma sobre cómo evitar que naufrague una democracia ya encharcada por denuncias, escándalos, investigaciones y confesiones.
El esfuerzo vale en un país en el que desde el año 2001 ha tenido seis consultas presidenciales, tres elecciones con dos vueltas cada una, se han elegido tres Parlamentos y otras tantas veces se ha ido a las urnas para elegir autoridades locales y regionales, en el último caso con segunda vuelta. Entre proceso y proceso se han registrado centenares de revocatorias y por lo menos dos referéndums.
No hay duda que el Perú es un país que vota aunque también es cierto que cada vez es más difícil cristalizar un proceso que demanda recursos, instalación de decenas de miles de mesas, centenares de miles de miembros de mesas, miles de ánforas, entre otros. La neutralidad y la eficiencia de los organismos electorales han permitido que cada prueba sea exitosa.
Dime cómo votas y te diré quién eres. Esta plataforma eficiente debería dar un salto, y uno de los elementos de esa evolución es el voto electrónico. En ese contexto, una pregunta clave es por qué a pesar del incremento fantástico de los procesos digitales en todos los quehaceres sociales, el voto electrónico demora en ser adoptado. Somos crecientemente digitales en lo social y económico. Nos comunicamos vía correo electrónico, compramos vía Internet, hacemos negocios en la red, usamos la firma digital y ya tenemos dinero electrónico. Vivimos en el futuro pero votamos como hace 100 años, con ligeros cambios.
Esta es una paradoja tecnológica, pero fundamentalmente política. Está relacionada con un menor desarrollo de la fuerza política de los organismos electorales, la escasa implicancia de los partidos en los procesos tecnológicos, la falta de desarrollo de la participación política como un derecho fundamental y con una cultura política que no exige calidad en el ejercicio de ese derecho.
La confianza es un valor de la política pero no es una variable independiente, está condicionada a varios factores, entre ellos a la neutralidad de los organismos electorales que en el caso peruano está en alza. La resistencia al voto electrónico más que falta de confianza, es un asunto de cultura política. El Perú no tiene hasta ahora e-voto porque tampoco ha podido concretar una reforma política profunda que acompañe y potencie los procesos de calidad de los organismos electorales. El diseño del software y del modelo in house del e-voto, con el aporte de dos universidades peruanas, elaborado hace varios años no ha seguido su curso por las mismas razones que retrasan la reforma política.
Sería ideal que como un paso decisivo, las elecciones municipales del 2014 en Lima sean mediante el voto electrónico y mejor aún si en esas elecciones se puedan echar a andar algunos cambios en la elaboración de las listas y en las campañas electorales.
Los procesos electorales con más calidad no serán piezas de un círculo virtuoso si persisten partidos débiles, se proscriben las elecciones primarias y se mantiene el voto preferencial y sin lista alternada de mujeres y varones, o con partidos que huyen de las regiones y municipios, sin padrón electoral, con financiamiento en muchos casos ilegal y con campañas electorales parlamentarias que cuestan 150 mil dólares por persona.
En ese marco de carencias y expectativas se ha producido un acercamiento entre los organismos electorales y varias instituciones sociales y de cooperación, las que han constituido una Plataforma por la Reforma Política y Electoral. Esta plataforma le ha planteado al Congreso el debate de un Código Electoral y la reforma de la Ley de Partidos Políticos. Lejos de proponer un debate nacional en la perspectiva de los cambios, el Parlamento aprobó en la agonía de la anterior legislatura un paquete que bien podría llamarse de contrarreforma política.
