¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas

La República

La mitadmasuno

10 de julio de 2015

Juan De la Puente

Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.

El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).

Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.

En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.

Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.

Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.

Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.

Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 

Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

El conjunto vacío y solitario

http://larepublica.pe/impresa/opinion/8906-el-conjunto-vacio-y-solitario

La República

La mitadmasuno

17 de junio de 2015

Juan De la Puente

Cada cinco años se tiene la esperanza de que el próximo gobierno sea mejor que los anteriores. Con el Congreso, en cambio, la certeza es que el siguiente siempre será peor. La separación de expectativas es la pieza clave de un equilibrio entre un Legislativo que se presume continuamente ineficaz y un Ejecutivo convertido en deplorable a poco de entrar en funciones.

Ese equilibrio es perverso y hace vulnerable al sistema; los gobiernos pugnan por tener una mayoría legislativa que, más que honrar la representación parlamentaria, apoye su gestión, con un oficialismo esclavo cuyo aporte a la gobernabilidad pasa por el deterioro de la legitimidad del Congreso; este, en mayoría y/o minoría, como contraprestación se ha especializado en aprobar o arrancar decisiones sectoriales en un número cada vez menor para beneficio de grupos de interés, a través de normas que organizan, regulan, y flexibilizan, o simplemente impidiendo leyes no deseadas. El resto, el afán autodestructivo de los congresistas –los escándalos personales– es noticioso pero adjetivo, el velo que cubre el vaciamiento de la representación de los grandes intereses y la pérdida de una mínima armonía interna.

Este equilibrio agoniza. El Congreso aprobó en estos años pocas leyes “suyas” (debe tenerse en cuenta que la mayoría de ellas fue con votaciones que diluyen el esquema gobierno/oposición) y aún menos las de fondo, a excepción de algunas electorales, sobre la universidad y contra el crimen organizado. En tanto, el Ejecutivo tramitó con éxito casi 200 normas incluidos varios paquetes de reactivación y 5 delegaciones de facultades de las que salieron 234 decretos legislativos. El Congreso se atrinchera en el control político pero las comisiones investigadoras son juicios mediático-legislativos tocados por el desorden y el adelanto de opinión.

El modelo de cooperación y colaboración ya imperfecto que dispone esta Constitución se ha descosido y hemos retornado a la vieja separación de poderes sin cooperación. El parlamento ha desarrollado una “inteligencia destructiva” porque es lo único que tiene a la mano: inventó el voto ámbar para jaquear a los gabinetes, usa del mecanismo legal de la censura sin interpelación y ha estrenado al ausentismo de bloqueo.

Cierto que se vive estos días el fin de la mayoría nacionalista en el Congreso. Sin embargo, este modelo de Parlamento aislado y reinventado heredará el próximo Jefe de Estado. Como el actual, el próximo Congreso practicará la Ley de la Trivialidad de Parkinson, por la que se dedica a lo menos importante sobre todo porque ya no puede acometer el desafío de lo fundamental, intentando llenar un vacío.

Si la política y la ética deben retornar al Parlamento, es preciso salir del lugar común de los tres dogmas: Congreso malo, bancada mala y parlamentario malo. Si hay algo maligno, son las reglas para la formación de la representación más que el ejercicio de la misma.

Por ejemplo, 77 de los 130 congresistas actuales, un año antes de las elecciones no pertenecían al partido por el que fueron elegidos. Luego, por lo menos 60 de los legisladores son empresarios sin experiencia política, llegados por el dinero y el deseo de movilidad social. No es “malo” tener en el poder a políticos/empresarios pero no es bueno que la mitad de quienes lo ejercen sean empresarios no políticos.

Frente a esto, no hay idea más peregrina que prohibir la reelección congresal. Los mejores parlamentarios, con habilidades y virtudes personales, son los que llevan varios periodos en el cargo. En cambio, otras medidas son sugerentes, como eliminar el cupo de 20% de invitados en las listas y el voto preferencial, hacer obligatorias las elecciones internas,  exigir por lo menos 2 o 3 años de militancia partidaria a los candidatos, que no postulen los actuales congresistas sancionados por la Comisión de Ética, convertir el ejercicio parlamentario como un cargo a dedicación exclusiva, entre otros. Está de moda demoler el Congreso, ok: Ahora, hay que reformarlo con medidas útiles.

El Apra y las izquierdas el 2016

http://larepublica.pe/impresa/opinion/3698-el-apra-y-las-izquierdas-el-2016
La República

La mitadmasuno

29 de mayo de 2015

Juan De la Puente

El 26 de abril pasado, el APRA llevó a cabo sus elecciones abiertas para renovar sus comités regionales, provinciales, distritales y sus comisiones provinciales de política.

Según los datos disponibles votaron ese día 280 mil ciudadanos, de los cuales solo entre el 15% y 20%, fueron inscritos en el padrón de afiliados. Otros datos son interesantes: que en Lima votaron 120 mil, en Piura otros 30 mil, que al proceso interno se presentaron más de 400 listas de candidatos, y que estas incluyeron a 5,200 aspirantes, de los cuales el 60% son jóvenes menores de 35 años y el 50% mujeres.

El proceso implicó la reactivación de núcleos partidarios que suman entre 2 mil y 3 mil militantes, alrededor de los cuales se constituyeron los tribunales electorales. Entre los resultados, en la mayoría de casos se produjo una renovación ordenada de dirigentes y se consiguió el objetivo del traslado de responsabilidades partidarias hacia militantes más jóvenes, con pocos casos de disputas violentas.

¿Por qué el APRA puede llevar a cabo elecciones abiertas en medio de la dura campaña que enfrenta, con frecuentes revelaciones de corrupción de sus militantes, mientras que ninguna de las dos vertientes de la izquierda, que ciertamente han impulsado el actual auge de los movimientos sociales, puede organizar una consulta parecida o estimular un proceso constituyente que involucre a por lo menos 200 mil ciudadanos, a 7 meses de la inscripción de listas para las elecciones del 2016?

Desde los años 80, incluso cuando Izquierda Unida (IU) llevó a cabo sus primarias internas con el modelo un militante un voto (1988), la respuesta a preguntas de este tipo son dos: “la izquierda privilegia la lucha y no la participación (electoral, se supone)” y “no toda consulta abierta es necesariamente democrática”. Ambas apreciaciones son estupendas en la medida en que resumen, luego de casi 30 años, una forma de pensar sobre la relación de la política con la sociedad.

La crisis del sujeto social del aprismo y de la izquierda es parecida; a ambos les ha sido sustraída gran parte de la representación vía los cambios en la economía y la sociedad. El APRA ha perdido el “sólido norte” y otras plazas en manos de grupos más pragmáticos respecto de las expectativas de movilidad social de los ciudadanos, en tanto que las izquierdas han perdido la relación fecunda con los movimientos vecinales y los asalariados.

Nadie sensato pretendería que el APRA y los partidos de la izquierda son muy similares. Por lo mismo, la reacción a estas pérdidas ha sido hasta ahora distinta y no se podrían explicar sin factores determinantes, en algunos casos muy desiguales, como el peso de la tradición cultural, el uso del clientelismo político, el papel del liderazgo y el rol de los incentivos del poder. Finalmente, la respuesta de los partidos a las crisis depende de su naturaleza, de cómo se ubica dentro de las tipologías en función de su base social, su orientación ideológica y su estructura orgánica.

El APRA, no obstante, está siendo más audaz que las izquierdas para encontrar una salida electoral. Encarando el hecho de que no puede legitimar los logros de su gestión 2006/2011, se prepara premunido de una fuerte voluntad política a construir una maquinaria electoral para procesar su traslado al centro político. De ese modo resuelve sus problemas de identidad que de paso ayuda a resolver los de unidad.

En cambio, la izquierda de jefes opera en una frecuencia distinta a la izquierda de la sociedad. Las cúpulas partidarias ya perdieron los primeros meses del año enfrascadas en el problema de la unidad, prestando poca atención a la necesidad de promover una salida electoral a la apuesta de la sociedad contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, la desaceleración de la economía y la imposición autoritaria de #TíaMaría. De ser encarado este desafío, ojalá no lo sea con una danza alrededor de un programa confuso y kilométrico, con la misma emoción con la que los antiguos bailaban alrededor del fuego porque no sabían hacer otra cosa.

Habíamos exagerado tanto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/habiamos-exagerado-tanto-10-04-2015#

La República

La mitadmasuno

10 de abril de 2015

Juan De la Puente

Me quedo con la imagen del hemiciclo mudo luego de anunciarse que Ana Jara había sido censurada y con los rostros fríos de los perdedores y ganadores de aquella noche. Salvo los políticos muy experimentados, menos de una decena, la mayoría se parecía a los chicos asustados después de romper un juguete que habían manipulado tanto, mirándose y a punto de acusarse del desastre. Ni un solo aplauso ni exclamación de alegría.

Una de las razones de aquella taciturna reacción proviene de la convicción de que unos y otros habían exagerado. Sobre ello, el punto no reside en que la censura es un mecanismo democrático. El punto es si ese acto era conveniente, necesario, justo y oportuno, es decir, políticamente correcto, sobre todo si los mecanismos constitucionales –interpelación, censura, acusación, vacancia, desafuero e inhabilitación– no son papeles que pueden ser usados al desgaire, especialmente si no se tiene una idea precisa del paso siguiente. Claro, solo un oficialismo desavisado puede ser llevado al límite del matadero y colaborar voluntariamente con el rito del degüello.

Perdedores y ganadores sospechaban quizás de la reacción ciudadana que tampoco se siente representada por la censura. Al día siguiente, dos demandas emergieron o reaparecieron, ¡Cierren el Congreso! y ¡Que se vayan todos! Al punto que no creo que el Parlamento reciba un premio de la opinión pública por haber censurado a la premier. En cambio, la elite política se ha aislado un poco más de la sociedad y ha brindado la impresión de que se siente muy cómoda ajustando cuentas en una esquina del escenario mientras el país reclama nuevos y creíbles horizontes en economía, empleo, educación, transporte y lucha contra la corrupción. Estos resultados colaterales, que ofrece la imagen de “la pelea de los otros” y de un sistema agotado aunque fuerte, no fueron estimados por los actores políticos que protagonizaron ese acto.

La censura fue el momento estelar de una oposición unida ajustando cuentas con un gobierno absolutamente aislado. Implicó un hecho inédito y probablemente irrepetible durante este gobierno. Esta singularidad explica su fuerte impacto en el sistema y su carácter precursor de movimientos más audaces y temerarios luego del año 2016. Será más fácil votar ámbar, desarmar mayorías y censurar gabinetes. Gane quien gane.

En la censura han ganado algunos, cierto, pero han perdido todos. Por eso, la designación de Pedro Cateriano ha tumbado todos los pronósticos. No ha significado ni el incendio de la pradera ni la curación de las heridas, sino un resultado intermedio, un agónico alejamiento del abismo. El primer efecto ha sido la rebaja de tensiones y la moderación de los actores políticos, incluido el mismo Cateriano, y la posibilidad de un encuentro, hasta ayer impensado, de dos líderes políticos con su némesis ya convertido.

Este imprevisto resultado solo puede ser analizado desagregando dos elementos del escenario, los distintos reclamos del corto y mediano plazo; y la cada vez más urgente relación entre la política y la economía. La moderación de los sectores hasta hace poco emplazados a muerte contra el gobierno indicaría que ninguno se encuentra dispuesto a facilitar la disolución del Congreso a tan escasos meses del inicio de la campaña electoral. Al mismo tiempo, esa moderación es una confesión de la sobreactuación de varias de las posturas aparentemente principistas en relación con la censura.

Las posiciones irreductibles están siendo subordinadas ante la posibilidad que los fuegos artificiales del corto plazo comprometan el mediano plazo electoral. También es cierto que los grupos políticos han vuelto a mirar al mercado, y consideran que una guerra abierta durante los próximos meses, que incluya elecciones parlamentarias en los meses de julio y agosto, implicaría el riesgo de una inútil tensión que limitaría más las posibilidades de crecimiento de la economía durante este año. Ese sentido tiene esta situación de guerra que, sin embargo, obliga a los enemigos a pactar tácitamente.

Política, antipolítica y contrapolítica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politica-antipolitica-y-contrapolitica-13-03-2015
La República
La mitadmasuno

13 de marzo de 2015

Juan De la Puente

Un apreciable porcentaje de ciudadanos no acepta ninguna forma de reelección, ni de financiamiento público de los partidos, y cree –con mayor o menor intensidad– que todos los políticos son una maldición corrupta e ineficaz que debe ser erradicada. De acuerdo al último Latinobarómetro, publicado el 2014, el Perú, junto a Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, se encuentra a la vanguardia de los países con mayor porcentaje de ciudadanos que cree en una democracia sin partidos y sin Congreso, con menos interés en la política y más escépticos respecto de la posibilidad de que sus gobiernos puedan resolver los problemas en los próximos cinco años.
Fuera de las comparaciones, otros datos permiten apreciar la resistencia de los ciudadanos a la política. Según la encuesta de GfK de febrero de este año, el 55% cree que el actual diálogo político no servirá para nada o profundizará los desacuerdos y otro tanto sostiene que ni al gobierno ni a la oposición le interesa llegar a acuerdos. Ese mismo sondeo revela que dos tercios no se sienten cercanos a ninguna opción política.
Las explicaciones centradas en la decepción y la desconfianza son ciertas pero crecientemente básicas e insuficientes. El desencanto peruano pasa a mayores y va a contracorriente de otros fenómenos, como la relativa satisfacción de progreso y de legitimidad del mercado; no es el resultado de una crisis perfecta en la que la falta de adhesión a la política es compartida por los partidos y la economía.
La explicación podría suministrarla los 25 años de antipolítica, es decir, el sacrificio de la competencia democrática, el pluralismo y la deliberación en manos del decisionismo y de los poderes fácticos. Una parte de los ciudadanos empieza a recusar esta forma de hacer política y de gestionar el Estado debido a los resultados presentes, especialmente los referidos a la corrupción y a la falta de seguridad. Sin embargo, aquí no funciona el péndulo; ese sector no se decanta necesariamente a favor de lo que se denomina tradicional, es decir, líderes, partidos, símbolos y narrativas convencionales, Para ellos, no hay a la vista nada nuevo y nada bueno. Todos son iguales.
Esta contrapolítica envía mensajes antisistémicos, pero no solo estos; también voltea la mirada hacia formas ilegales de política, que son nuevas pero no expresan necesariamente una apuesta democrática, como se pudo apreciar en varios resultados en las elecciones regionales pasadas. En cualquier caso, sin embargo, debe anotarse que no solo parece haberse agotado la transición post fujimorista sino el ciclo mayor no tocado por esta, la antipolítica.
No encuentro progresista esta extrema recusación de la política. Al contrario, sufre la enfermedad de la desideologización. Contra quienes creen que es la base para el surgimiento de un Podemos peruano (en similar proceso que el de España), creo que este segmento es infértil, se indigna pero no se moviliza, y reclama pero no está dispuesto a mover un dedo por el cambio.
La contrapolítica es un riesgo para nuestra democracia despolitizada y no solo para los partidos y líderes. Siendo que no le interesa el antagonismo, las relaciones de poder y la alternancia, es decir, deja de escoger o preferir, puede conducirnos con audacia a increíbles resultados electorales en nombre de lo nuevo. Quizás basados en esta percepción y al mismo tiempo posibilidad, el Perú es en estos momentos el primer laboratorio mundial de outsiders, y a este afán se dedica tiempo, dinero y sobre todo esperanzas. De los programas y proyectos de país se habla poco y se entiende: “todos son iguales”
Es preciso reaccionar frente a la contrapolítica, una forma de política en modo de negación. Ciertamente no solo es una obligación de los partidos, cuya mochila los ciudadanos y medios cargan todos los días con exigencias que deberían ser compartidas. Sin abandonar el espíritu crítico y la exigencia de la reforma como alternativas a la crisis de representación no es recomendable saludar y alegrarse por este “que se vayan todos” peruano.

Un nuevo Acuerdo Nacional

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-nuevo-acuerdo-nacional-27-02-2015
La República

La mitadmasuno

27 de febrero 2015

Juan De la Puente

Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.

Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.

Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.

Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.

El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.

Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.

El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.

Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.

El candidato (a) distinto (a)

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-candidato-a-distinto-a-13-02-2015
La República

La mitadmasuno

13 de febrero 2015

Juan De la Puente

Según la reciente encuesta de GfK, el 56% no simpatiza con ningún político, porcentaje que sube a dos tercios entre aquellos que no tienen interés en la política (que son la mitad de los electores). Asimismo, el 50% cree que el próximo gobernante del Perú no serán Alan García, Keiko Fujimori o PPK, los mejor ubicados en los sondeos de opinión, y piensa en cambio que hay oportunidad para un candidato distinto.

El poco interés en la política y la desconfianza en ella, léase ambas razones como una desilusión de los ciudadanos respecto de lo público y de los actores públicos, serán desafíos para todos en el proceso electoral que asoma y no solo para el marketing. De hecho, parir candidatos sorpresivos o sorprendentes se está volviendo un afán nacional aunque el sistema se encuentra relativamente cerrado por el requisito de medio millón de firmas para la legalización de un partido, un ojo de aguja para que pase un elefante.

El espacio de los políticos y partidos aceptados por menos de la mitad de peruanos no puede ser considerado como el de la política tradicional. Esta, entendida como el espacio que protagonizan las formaciones partidarias clásicas como el Apra, la izquierda, AP, PPC, practica cada vez menos reglas convencionales y en cambio es impactada por la antipolítica en distintos grados, tanto en el reclutamiento de militantes, como en la designación de candidatos, el financiamiento de sus campañas y en el manejo de sus programas.

De hecho, ninguno de estos grupos se hace acreedor al título de “partido tradicional” aunque sus candidatos puedan ser percibidos así por ser conocidos y porque representan una forma de decir la política. En resumen, el Perú no tiene partidos tradicionales y los políticos tradicionales son una especie muy amenazada.

El otro grupo, más de la mitad de peruanos, anhela y espera una nueva política. En realidad lo hace desde hace 25 años, con la diferencia de que ahora la crisis de representación es más aguda y concluyente. En esa mayoría caben aquellos que no tienen interés en la política, por lo que su deseo de relacionarse con las propuestas conocidas es mucho menor.

La búsqueda de nuevas sensaciones e identidades que vienen de fuera del sistema es fundamental en nuestra democracia; ha sido lo más importante en los inicios de los 6 procesos electorales desde 1990 que dieron a luz decenas de recién llegados, la mayoría de los cuales se juraba el nuevo de turno, de modo que la construcción del outsider en nuestro precario sistema se ha convertido en un auténtico carnaval, lleno de fanfarria, disfraces y un poco de cursilería. Outsider, los de otros tiempos.

Después de 25 años también se puede decir que nuestro sistema es también un cementerio de outsiders. Salvo tres (Fujimori, Toledo y Humala) decenas de nuevos políticos fueron sepultados por mala suerte, por falta de dinero o por escasez de capacidades elementales. Al fin y al cabo, esos tres políticos sorpresa eran más que recién llegados en tanto que dos de ellos no pudieron ganar en la primera elección, relativizándose su condición de nuevos y de ajenos al sistema. Todo ello nos devuelve a la pregunta si los outsiders nacen o se hacen.

Sostengo que para el Perú de hoy no es suficiente y quizás innecesario un outsider y hacen mal los medios, la academia y los políticos mismos en buscarlos bajo tierra. Si se trata en realidad, hablando en plural, de nuevas políticas, políticos, discursos y símbolos, habría que mirar los perfiles más que los orígenes. Así, se podrá encontrar proyectos y espacios en construcción y apreciar mejor las posibilidades de los actores “nuevos” respecto de la agenda del futuro. En esa perspectiva los nombres que circulan, como los de Gastón Acurio, Julio Guzmán, Martín Vizcarra, Verónika Mendoza, Marisa Glave, Julio Arbizu o Claudia Cisneros, corresponden a identidades diferenciadas para proyectos diferentes. En el reino de la antipolítica, nueva o antigua, no es suficiente ser nuevo. Ser nuevo no es lo mismo que ser distinto.

Charlie Hebdo, libertad vigilada

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/charlie-hebdo-libertad-vigilada-09-01-2015

La República

La mitadmasuno

9 de enero de 2015

Juan De la Puente

Leo entrelíneas alusiones a una supuesta incitación de las caricaturas del semanario Charlie Hebdo como el origen del reciente asesinato de 12 personas en París, entre ellas varios periodistas. De estas insinuaciones se desprende que hubo provocación, exceso, burla y blasfemia; así, suave nomás, se justifica la masacre de hombres libres perpetrada por quienes se sienten ofendidos por las ideas de otros, estigmatizando la sátira y la ironía.

Es dramático que la sátira, un estupendo recurso que pone en evidencia los vicios de la humanidad –léase los elementos satíricos de “El Quijote”, “El Lazarillo de Tormes” o “Las aventuras de Tom Sawyer”– y critica desde el humanismo lo que debe ser cambiado, devenga en la causa moral del asesinato, haciendo de la frase de Mark Twain “La verdad es lo más valioso que tenemos, economicémosla”, una sospecha. Pasa lo mismo con la ironía; los asesinos de París creen que no es un discurso, un magnífico método de persuasión y una propuesta elocuente. Quizás le teman y prefieran la vieja retórica plana en la que importa más la opinión que la verdad.

La sátira y la ironía son construcciones que desde hace siglos colisionan con el fundamentalismo, que además de carecer de ideas, no tiene humor, y a la que también le falta una adhesión principista a la libertad y a una de sus altas expresiones, el arte. Los fanáticos desconfían de los artistas, de los comediantes y de la risa, otro recurso que, como decía Fedor Dostoievski, necesita ante todo de sinceridad.

Es debatible el interés religioso como determinante de la actividad terrorista mundial. De hecho, estas acciones no afectan las ideas religiosas que el islamismo radical considera enemigas; ellas están ahí. Sí pone en riesgo un sistema edificado sobre valores convertidos en estructura social, y organizada en torno a libertades y derechos. No proponen enriquecer este sistema, que es el debate sobre el cambio social vigente, sino empobrecerlo. Los que disparan en París, degüellan periodistas en Irak y Siria, azotan a las mujeres que no llevan el niqab, prohíben la venta de alcohol, que hombres y mujeres se mezclen en lugares públicos, y sancionan mediante castigos atávicos como decapitaciones, amputaciones y latigazos.

En la justificación de la masacre de Charlie Hebdo encuentro una defensa religiosa como pretexto totalitario y dogmático; nos oculta un hecho cierto: quien en el siglo XXI asesina en nombre de su dios es el mismo que hace 5 mil años realizaba sacrificios humanos y el que quemaba en la hoguera a los infieles hace tres siglos. Ese hombre está premunido de una razón política a la que concurre la fe como convicción poco religiosa pero dotada en cambio de un poderoso discurso sobre la convivencia forzada con dogmas arbitrarios más que con las leyes.

Dios, las leyes morales que le adjudican y los libros sagrados fueron siempre un excelente pretexto para que los hombres maten a sus hermanos y se apropien de su trabajo y de sus derechos. Tomás Hobbes sustentó que la única forma de evitar o limitar este salvajismo que consideraba natural era construir un pacto civilizatorio. La garantía de este pacto ha evolucionado hasta situarse en un estado democrático y social de derecho a pesar de dos guerras mundiales y de varias otras regionales motivadas por el saqueo de recursos y la hegemonía de sistemas políticos.

Todavía vivimos en un mundo donde quienes se empeñan en hacer hablar a los dioses, santos y profetas son los mismos que hacen hablar a las armas con otros fines. Por ello, sería cómodo para el análisis reducir esta confrontación a una guerra de civilizaciones y culturas entre un occidente moderno, cristiano y democrático y un oriente radical, atrasado e islamista. Túnez, de mayoría musulmana, acaba de revalidar en las urnas un régimen laico, en tanto Grecia, occidental hasta la médula, resiste la austeridad del FMI y la troika europea que ha empujado a millones a la pobreza. El mundo es sacudido una vez más por fuerzas que pugnan por eliminar derechos y libertades, y eso no debería pasarse por alto.

Las tres ideas del 2015. 02/1/2015

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-tres-ideas-del-2015-02-01-2015

La República

La mitadmasuno

2 de enero de 2015

Juan De la Puente

En el escenario que se organiza de cara a las elecciones del próximo año imposible pedir una reconciliación política. La competencia partidaria tiene sus propias leyes y la etapa cuyo inicio coincide con el nuevo año tendrá más de confrontación que de cooperación. En cambio, suena sensato demandar dos condiciones para el desempeño de la agenda pública: estabilidad y veracidad con el futuro.

Lo primero es deseable pero difícil de lograr, considerando la debilidad del gobierno y de la oposición, el amplio campo de maniobra de los medios, la falta de control (y de autocontrol) de algunos hombres públicos e instituciones, y la vida propia que adquirieron un puñado de escándalos, denuncias y controversias. Aun así, debe tenerse en cuenta que un escenario extremadamente inestable no parirá necesariamente un gobierno fuerte y con apoyos iniciales sustantivos.

La veracidad de las propuestas obliga a un compromiso con el porvenir más que con el presente. No obstante, los fenómenos que marcaron el año pasado, la explosión de la corrupción, la desaceleración de la economía, el delito como el principal problema nacional y la crisis en varios órganos del Estado no tendrán la misma respuesta. Tres ideas que responden a esta realidad son y serán ensayadas este año, y tendríamos que ser conscientes más allá de las banderas partidarias e ideológicas de sus efectos en el mediano plazo y de los riesgos para nuestro futuro.

La primera es la del inmovilismo; es la idea que preconiza que casi todo está bien, salvo pequeños desajustes. Esta perspectiva conservadora señala que si el país vuelve a la senda del crecimiento económico a una tasa alrededor del 5% y que si se pone freno a las tendencias antisistema, habría que cambiar poco, a lo sumo controlar la corrupción y contener el crecimiento del delito. Privada de un análisis sobre el origen de las cosas, esta perspectiva acrítica y cortoplacista se apresta a repetir el libreto de las elecciones del 2006 y 2011 premunida de la convicción de que todo cambio ofrecido tiene el tufo chavista.

La segunda es la del cambio muy acotado; es la idea que preconiza un abordaje de las consecuencias con poco énfasis en las causas. Por ejemplo, frente al estallido de la corrupción, propone más control; y ante el auge del delito, más penas, más policías, más cárceles y más autoseguridad. Esta perspectiva predomina entre líderes y partidos políticos y desde esta visión se construirán la mayoría de discursos y programas para el 2016.

La tercera es la de la reforma; es la idea que con matices señala que si bien no todo está mal, ha concluido el impulso de la transición iniciada hace 14 años y que el país necesita abrir un nuevo ciclo de renovación institucional y de políticas. Esta perspectiva tiene una diferencia crucial con los programas que compitieron en la segunda vuelta del 2006 y con el que ganó la segunda vuelta del 2011, todos ellos más centrados en el cambio económico, al señalar que el cambio político-institucional del Perú es apremiante e imprescindible.

¿Por qué esta idea que ha definido los ciclos de cambio en los que se embarcan Chile y Uruguay, y en menor medida Colombia y Brasil, no es mayoritaria en el Perú? Imposible responder sin tocar sensibles fibras de nuestra conciencia colectiva, de nuestro violento pasado reciente y de nuestros fracasos de la última década. Alberto Vergara ha definido con acierto esta conciencia como expresión de un desencuentro entre dos promesas, la neoliberal y la republicana.

Esta conciencia amenaza con ser permanente. La idea de la reforma no es popular, es contestada desde los medios y el poder económico con desconfianza, la academia remolonea frente a ella y hasta la izquierda, históricamente sensible, se distancia. De esta negativa colectiva parece haberse escapado una parte de esta reforma, la que refiere a las reglas de juego electoral que, sin embargo, el Congreso ha secuestrado. Aun así, a pesar de su soledad, esta idea se encuentra a la búsqueda de una representación política. Ojalá la encuentre.

2014, el año del estallido. 26/12/2014

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/2014-el-ano-del-estallido-26-12-2014

La República

La mitadmasuno

26 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

A diferencia del año pasado, abigarrado en sucesos que era necesario desenredar para anotar los de mayor incidencia, un balance objetivo del 2014 no puede evitar señalar cuatro fenómenos que lo definieron inevitablemente: 1) la explosión de la corrupción; 2) la desaceleración de la economía; 3) la consolidación del delito como el principal problema nacional; y 4) el agravamiento pernicioso de la crisis en varios órganos del Estado.

Es arriesgado señalar cuál de estos fenómenos es más decisivo para la formación del escenario público nacional. No obstante, dos de ellos, la corrupción y el agravamiento de la crisis de seguridad, se relacionan directamente con otro que los determina y los hace sostenibles, la crisis en varios organismos cuyas funciones en el sistema político son insustituibles para la vigencia de la legalidad: el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Para efectos de un análisis ponderado, también es difícil agregar fenómenos de tan similar intensidad, especialmente por la necesidad de proyectar tendencias. Con ese afán, lo más irrebatible reside en el carácter de estallido de los fenómenos señalados, es decir, en su explosiva ocurrencia y en las revelaciones, procesos, sagas y personajes que irrumpen con ellos con cierto furor y violencia.

Este estallido refleja una crisis que nos ha cambiado y nos cambiará aún más; nos ha traído otra política, una que ha llegado para quedarse debido a dos de sus componentes: 1) una creciente falta de legitimidad de lo público y por extensión de los hombres públicos, aunque también comprende a la sociedad: y 2) la asimilación de este estallido por el establishment y de los ciudadanos, ambos en distinto sentido, como una forma de legitimación cultural de lo existente que zanja de un modo pragmático las relaciones entre los intereses públicos y los apetitos privados a decir del profesor Daniel Bell, y que en nuestro caso no es posible determinar por cuánto tiempo.

En el sistema político peruano, la procesión a veces va por dentro y otras por fuera. La intermitente salida del closet de la crisis de legitimidad de nuestra sociedad no es una originalidad nacional, por lo que no habría que extremar las visiones catastrofistas sobre que algo feo pasará aquí en muy poco tiempo. Del mismo modo, su visibilidad tampoco es garantía de que se resuelva; las mejores perspectivas económicas para el año 2015 impiden mayores discusiones “sobre el modelo” que las ya realizadas, en tanto que el bloqueo de toda posibilidad de reforma institucional, aun las mínimas, hace que marchemos al 2016 sin cambios en las reglas de juego. En ese contexto, el sistema no hará nada respecto de una crisis que incluso algunos académicos se resisten a nombrar cono tal.

Sobre la corrupción, los datos más sólidos son dos: que una pequeña parte de la sociedad ha empezado a reaccionar frente a ella, ante la crisis y la nueva política que esta implica aunque la tendencia rupturista es extremadamente débil. El segundo dato proviene de todos los sucesos que agregados indican una tendencia social predominante de acondicionarse al estallido, de caminar con esa política, no renunciar a ella y, obviamente,  gobernar con ella todo el tiempo que sea posible.

No identifico una voz nacional potente que recuse la crisis y proponga resolverla. De cara a las elecciones, los discursos que se articulan sufren de minimalismo, salvo las medidas de mano dura en clave conservadora que asoman respecto a la seguridad ciudadana pero que carecerán de correlato legislativo y constitucional y por esa vía también serán bloqueadas.

El estallido del 2014 va camino a ser tragado por esa enorme panza peruana llamada conformismo, falta de voluntad, conservadurismo o racionalismo pragmático. El estallido no deja de ser tal pero parece que ha empezado a parecerse a fuegos artificiales, de los que emergen casos de corrupción indudable congelados en los tribunales, ministros populares que dirigen sectores con percepciones espantosas y promesas de cambio que si no ahora, mañana no serán tales.

El voto que no me gusta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-voto-que-no-me-gusta-10-10-2014

La República

La mitadmasuno

10 de octubre de 2014

Juan De la Puente

En el Perú, el voto que el establishment no entiende o que no le gusta termina siendo contestatario o ignorante; de ese modo el país está formateado antes de cada elección, sin posibilidades de interpretación de los resultados: 1) el voto por los partidos es en favor del sistema; 2) el voto por los movimientos regionales es antilimeño y antisistema; y 3) el voto por la izquierda es ignorante y “atrasador” del desarrollo.

Es absurdo apreciar los resultados solo por la identidad de los candidatos. Este software, compatible para analistas de izquierda y derecha, gira en torno a un eje: que el voto está condenado desde hace 14 años a aceptar o negar el sistema, una aplicación cerrada que no permite opciones de sufragio como: 1) aceptar el modelo económico pero rechazar el modelo político; 2) aceptar las reglas políticas pero pugnar por innovar las de la economía; 3) re-construir ambos modelos desde el espacio regional/local; 4) premiar o castigar a líderes y autoridades; 5) respaldar o reconocer promesas de interés personal o dádivas del candidato; y 6) honrar lealtades políticas y principios éticos.

Sostengo que en la reciente elección se ha relativizado el clásico voto antisistema, que aún puede apreciarse en Cajamarca, Moquegua, Puno y Cusco, donde varias listas en cada caso recabaron entre el 40 y 60% de votos, y en menor medida en Junín, Apurímac y Huancavelica, donde abarcaron entre el 30 y 40%. En cambio, no me imagino que el voto por Waldo Ríos (Áncash) se oponga al sistema, o el de Gilmer Horna (Amazonas), Jaime Rodríguez (Moquegua), Wilfredo Oscorima (Ayacucho), Luis Picón (Huánuco), César Acuña (La Libertad) e Yván Vásquez (Loreto), entre otros. Eso sí, el voto por Rudecindo Vega (Amazonas) fue explícito contra la corrupción, al igual que el de Rubén Alva (Huánuco) y Fernando Meléndez (Loreto).

También es razonable sostener que la idea de un desarrollo regional abierto y no contra el modelo económico, aunque con críticas a lo político, haya recabado votos para Reynaldo Hilbk y Jhony Peralta (Piura), Javier Ísmodes (Arequipa) Omar Jiménez y Fernando Martorell (Tacna), José Murgia (La Libertad) y Fernando Cilloniz (Ica), entre otros.

El inmenso saco del voto antisistema no sirve para apreciar las nuevas identidades ciudadanas. Por ejemplo, impide identificar un voto consciente contra la ley o voto informal/ilegal en zonas que han desafiado a la política desde la política, como el que expresan Waldo Ríos (Áncash), Luis Otsuka (Madre de Dios), Manuel Gambini (Ucayali) y Walter Aduviri (Puno) y en centenares de distritos y provincias.

No es racional juntar la crítica política, el rechazo económico, los proyectos ilegales y los emprendimientos mafiosos, si en gran parte del país la fragmentación electoral no obedeció al grado de confrontación con Lima o el sistema (que no tuvieron defensores) sino al ajuste local de cuentas. De otro modo, el radicalismo político en sus vertientes de derecha o izquierda habría ganado más plazas electorales.

A pesar de ello, el país conservador está escandalizado y les atribuye a los resultados un sentido que se bate en retirada, un análisis básico en la línea del voto irracional contra las máquinas y el progreso. Otra ruta de análisis aparentemente progresista recupera la idea del voto de protesta convirtiéndolo equivocadamente en dominante.

Es preciso dejar de ver bajo cada piedra un líder o un proyecto antisistema y apreciar otros fenómenos en sus efectos inmediatos. Contra lo señalado en los análisis inmediatistas, las elecciones envían un mensaje directo: que el debilitamiento extremo de los partidos acompaña la pérdida de la identidad regional y municipal que apareció en la década pasada como respuesta a los partidos nacionales. Salvo excepciones, los nuevos actores difieren de los anteriores que exhibían peso propio, prestigio y programa; en cambio los que irrumpen en la escena son en abrumadora mayoría propietarios de maquinarias financieras y escasos escrúpulos, es decir, un regionalismo político pobre y atrasado.

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014

La República

La mitadmasuno

23 de mayo 2014

Juan De la Puente

De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.

Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.

La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.

Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.

Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.

La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.

No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.

De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?

El ocaso de la segunda línea

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ocaso-de-la-segunda-linea-02-05-2014

La República

La mitadmasuno

2 de mayo 2014

Juan De la Puente

La reciente encuesta de GfK publicada por La República reitera la alta desaprobación de los tres órganos fundamentales del Estado convertida en endémica en los casos del Congreso y del Poder Judicial y por lo menos en recurrente en el caso del Ejecutivo. Descubre asimismo el contagio de la crisis del sistema político a la segunda línea del Estado, es decir, a los organismos constitucionalmente autónomos.

La aprobación del Tribunal Constitucional (26%) y de la Defensoría del Pueblo (39%) es baja, a lo que se suma la bajísima aprobación a la elección del nuevo Fiscal de la Nación (12%). Contrariamente, se ha incrementado la aprobación de la ONPE (59%), Jurado Nacional de Elecciones (45%) y el Reniec (68%). Es probable, asimismo que otros sondeos recojan una estimable aprobación del Banco Central de Reserva.

Los pesos muertos que arrastran hacia abajo la aprobación de varios organismos constitucionalmente autónomos son desde hace buen tiempo la corrupción, el delito en sus varias dimensiones, la administración de justicia y los conflictos sociales no resueltos, aunque en el caso de la Defensoría ha pesado decisivamente la demora de más de tres años del Congreso para elegir a su titular.

La brecha de legitimidad que se abre entre estos organismos es una mala noticia tomando en cuenta su papel crucial en el sistema político. En nuestro modelo constitucional, a pesar de que por su naturaleza no participan en el juego de poderes reservado a los “tres grandes”, estas instituciones son decisivas para la entrega de derechos, la organización de la vida pública y la defensa de la legalidad.

La situación de cuatro de estos organismos es delicada. El Ministerio Público es el más golpeado por una crisis interna y transversal que ha empezado a condicionarse con la ilegalidad externa. El TC está suspendido en el aire y opera en condiciones de causa finita a la espera de que el Congreso designe a seis de sus miembros, aunque esta omisión es solo la superficie de un problema que incluye sentencias invasivas y peligrosas. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está atravesado por disputas internas y la mayoría de sus miembros tienen entre sí un juego cada vez menos oculto de debe/haber; y la Contraloría ha sido desbordada por la micro y macro corrupción, dando la impresión que su sorpresa la ha paralizado.

Las crisis de estas instituciones en más de un caso expresa un agotamiento, un ocaso que debe resolverse con medidas de gran calado. Sería necesario imaginar, por ejemplo, una forma de elección del TC y de la Defensoría que no pase por el Pleno del Congreso sin obviar la necesidad de un alto consenso político, o que pasando por el Parlamento la elección no sea secuestrada por el juego de las bancadas; que se reduzca el carácter colegiado del Ministerio Público o que su titular tenga más poderes ejecutivos y deba su elección a otro órgano; que la Contraloría tenga facultades sancionadoras no de última ratio sino de uso más frecuente; y que el CNM sea más previsible, más transparente y menos sujeto al hoy por ti mañana por mí.

Esto tiene un nombre y se llama reforma institucional, un cometido que en las condiciones normales de un régimen democrático corresponde impulsar al mismo Congreso, recogiendo las evidencias de estos problemas sociales no resueltos y de un juego institucional bloqueado y en proceso de deterioro. No obstante, la crisis del Parlamento, su falta de legitimidad y de voluntad hace imposible albergar la esperanza de una iniciativa de esa envergadura. El modo cómo el Congreso aborda las demandas de reforma política, desde una perspectiva de conservación de las ventajas de sus integrantes y cerrando el sistema en lugar de renovarlo, es una muestra suficiente de lo que en este momento de la democracia peruana es capaz de realizar el Legislativo.

Quizás sea necesario pensar en un vasto movimiento cívico político que recoja con amplitud las expectativas de reforma en varios ámbitos del sistema político y proponer un referéndum que alcance el cambio ya no con ellos sino a pesar de ellos.

La sociedad de la náusea

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-sociedad-de-la-nausea-18-04-2014

La República

La mitadmasuno

18 de abril 2014

Juan De la Puente

La indignación de la opinión pública frente a la corrupción, la informalidad, la inseguridad ciudadana y el sangriento caos del transporte opera como la náusea de una sociedad débil que no puede impulsar a un Estado igualmente débil a acometer estas tareas. La crítica social y pública se queda en las arcadas y en la cólera. Somos el país del asombro y la ira donde ni los ciudadanos ni el Estado pueden enderezar los renglones torcidos.

Esta debilidad se asocia al Estado neoliberal que llega a su fin descosido por el lado que menos esperaba, es decir, la dificultad de los peruanos para ejercer su libertad personal sin seguridad personal, un tipo de libertad “antigua” en el orden jurídico que antecede a las libertades económicas, ellas también jaqueadas por la falta de regulación pero que las sorteamos cuando ingresamos por la puerta de la informalidad.

Tomando en cuenta los plazos históricos de la tesis de Alberto Vergara (Ciudadanos sin república. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? (Lima, Planeta, 2013), la promesa neoliberal habría llegado a su límite programático y lo que asoma es un épica pugna por re/construir la república y en ese camino va siendo evidente que el encuentro entre ambas promesas, la neoliberal y la república, no será posible por lo que los abogados llamamos la sustracción de la materia.

La agónica promesa neoliberal no le puede ofrecer al Perú (Vergara dice que nunca lo prometió) seguridad, cumplimiento de las reglas de convivencia, regulación, honradez pública y formalidad/legalidad. No obstante, la política liberal y democrática tampoco puede hacerlo y no solo por falta de leyes o instituciones sino de actores y organizaciones. Si la autoridad del Estado alcanza hasta donde se escuchan los gritos de los funcionarios públicos, la fuerza de la sociedad solo llega a través de los medios y el frenesí de las redes sociales, frecuentemente el único mecanismo de movilización ciudadana autónoma del poder y de la prensa.

Este juego de debilidades condicionantes es crucial para la interacción entre lo público y lo privado. Por ejemplo, el delito vial tiene más de una década como fenómeno agudo con tasas que se desarrollan en espiral: el 2003 hubo 74 mil accidentes y 95 mil el año 2012, en tanto que los últimos 10 años han muerto en las pistas 36 mil personas. Sin embargo, a pesar de que los accidentes dejaron heridas el último año a 54 mil personas y muertas a 4,200, la demanda de la sociedad no ha encontrado mecanismos para promover cambios eficaces. Con la fuerza de la sociedad no pasa nada.

Esta carencia de fuerza se relaciona con varios elementos sobre los que al neoliberalismo también le cabe una responsabilidad, particularmente la desinstitucionalización de derechos, instituciones y reglas. Volviendo al caso del transporte público, el delito vial es el resultado de un modelo que solo es posible anulando las capacidades reguladoras estatales y sus elementos constitutivos como la sobreoferta del servicio, la eliminación de las revisiones técnicas, la habilitación de unidades pequeñas y frágiles, la liberación de rutas y la falta de derechos laborales de los conductores, entre otros. El neoliberalismo es también la hegemonía de lo informal y de lo no regulado.

En otras circunstancias las náuseas ciudadanas podrían generar reacciones reformistas en una parte del sistema político, especialmente en el programa y en la acción de los partidos y de los políticos. Sin embargo, para ciertos temas como los aquí señalados las instituciones se muestran vacías de contenido, particularmente los partidos, el Congreso y los cuerpos colectivos de gobierno. Por esa razón, en un contexto de arcadas sin vómito, lo más eficaz es la fuerza como mecanismo para recabar derechos o para hacerse escuchar.

Una sociedad débil y fragmentada, con movimientos sociales y partidos débiles es incapaz de influir en el Estado. Sin reforma política, ese monstruo que asusta a los políticos, los dramas cotidianos tendrán por mucho tiempo solo nuestra ira.

Tributo a Torre Tagle

La República
La mitadmasuno
7 de febrero de 2014
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/tributo-a-torre-tagle-07-02-2014

La sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre los límites marítimos Perú/Chile corona un memorable esfuerzo de la política exterior peruana, quizás el más importante de los realizados entre la segunda mitad del siglo pasado y en lo que va del actual, tanto por los objetivos planteados como por la destreza con la que se encararon. Si existe una figura central en este largo proceso, esta es la diplomacia peruana.

Desde los años ochenta y por 30 años Torre Tagle ha sabido construir y sostener una estrategia que logró sobrevivir las vicisitudes de la política interna. El “memorando Bákula” de 1986, el documento que entregara a la cancillería chilena el embajador Juan Miguel Bákula luego de una visita expresa a Santiago, enviado por el canciller peruano de entonces, no es una causalidad; corta y precisa, sus 936 palabras sintetizan la maduración de la convicción en Torre Tagle sobre la necesidad de resolver definitivamente el más importante pendiente de las relaciones peruano chilenas desde el Tratado de 1929 desde una perspectiva realista, principista, y no revanchista.

En el documento se alude a los ejes de una posición que se mantendrá hasta en la fase oral de La Haya el año 2012, y después: 1) que los acuerdos de los años 50 fueron fórmulas cuyo objetivo era evitar incidentes de pesca; 2) que una interpretación extensiva de estos afectaría los legítimos intereses territoriales del Perú; y 3) que es preciso definir los límites marítimos entre ambos países como consecuencia de la aprobación de la Convención sobre el Derecho del Mar que contó con el voto del Perú y de Chile.

La elaboración y gestión de esto que llamaríamos la visión de La Haya fue posible por la intersección de dos generaciones de diplomáticos, la vieja guardia (a decir de Bákula “la última que puede sentir rencor hacia Chile”) influida por el Tratado de 1929 y las gestiones limítrofes del siglo XX con Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, y un grupo de entonces jóvenes diplomáticos progresistas y al mismo tiempo “políticos” en el sentido más fiel de la palabra. El fruto de esta intersección fecundó a las dos generaciones siguientes de Torre Tagle.

Esta convicción fue perturbada por la autodenominada etapa “pragmática” de nuestras relaciones internacionales durante el fujimorismo, que atravesaron por el ignominioso despido de 117 diplomáticos en 1992 y las borrascosas Convenciones de Lima, gestionadas chambonamente y que obviamente quedarán en el debe de nuestra contabilidad diplomática. A pesar de ello, siendo justos, en esa etapa también se cerró la frontera con Ecuador en medio de sucesivas crisis políticas luego de la Guerra del Cenepa de 1995.

Fue mérito de Torre Tagle que se mantenga inalterable la visión que nos llevó a La Haya en todos los hitos de este proceso: el mismo memorando (1986); la presentación por Chile de su carta náutica ante las NNUU (2000); el pedido formal de negociaciones bilaterales a Chile (2004); la aprobación por el Congreso de Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú (2005); la presentación de la demanda y la formación del equipo peruano (2008); la presentación de la memoria (2009); la continuidad del equipo a pesar del cambio de gobierno (2011); y el informe oral (2012).

Debió ser complicado para Torre Tagle lidiar en este punto con políticos y hombres de negocios utilitarios y oportunistas tomando en cuenta que nuestra cancillería es también objeto y escenario, como otras instituciones de servicio público, de rencillas personales y de grupo. El más complejo de los desafíos fue la estrategia de las cuerdas separadas, jaqueada tanto por las decisiones chilenas –por ejemplo su cuantioso equipamiento militar– y por los extremos internos, desde el aperturismo radical y casi antisoberanista que nos proponía huir hacia adelante en materia comercial buscando con el empresariado chileno un lenguaje común ajeno a la política y pasar de las cuerdas separadas a los mundos divorciados hasta la visión militarista que pugnaba por el rearme peruano de cara a la confrontación, incluido el congelamiento comercial.

Una épica sin ideas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/una-epica-sin-ideas-24-01-2014

La República

La mitadmasuno

17 de enero de 2014

Juan De la Puente

El comunicado de la CONFIEP del pasado 12 de enero ha sido severamente criticado desde dentro y fuera del gremio. No son pocos los ejecutivos de empresas que consideran que el tono y el fondo fueron desproporcionados y poco corteses con un gobierno que se ha prodigado generosamente en favor de las demandas empresariales enajenando inclusive su relación con otros sectores sociales.

El pronunciamiento es ciertamente de antología. Su estilo tremendista junta en un haz un conjunto de problemas políticos en proceso, serios y debatibles, a los que se le adjudica la condición de “hechos” que afectan la confianza empresarial que alteran el clima de inversiones, generando discordia y división. Si se buscaba un ejemplo del discurso trillado impropio de los que hablan a nombre de la empresa peruana, se ha encontrado uno perfecto.

Una de las intervenciones más políticas de la CONFIEP pretende quitar el sentido político de complejos asuntos de Estado que si bien merecen la opinión de todos, incluyendo la de los empresarios, es inadmisible considerar que pertenecen a un ámbito intocable y que por lo tanto sobre ellos no cabe ni la opinión ni la decisión del Estado.

No deja de ser extraño que la CONFIEP haya guardado silencio sobre el alto nivel de confrontación política que se experimenta desde hace casi un año y que en más de una ocasión haya alimentado esta con posiciones radicales. El concepto “ruido político”, aunque muy debatible, que los economistas usan en la medición de expectativas no parece haberlos alterado durante varios meses y solo han reparado en él cuando fueron tocados algunos intereses vinculados a los medios de comunicación. Una vez más se presentan asuntos privados como si fueran de todos.

Sin embargo, quizás no deberíamos preocuparnos demasiado por este comportamiento, en el contexto en que la CONFIEP ha dejado de ser el eje sobre el que gira el temperamento de la empresa peruana. Varias de sus partes tienen una vida propia muy intensa, proactiva y moderna, y pertenecen al segmento moderno de la empresa que a fuerza de los desafíos ofrece una relación más abierta de la sociedad y del Estado, menos patrimonialista y con una visión menos demandante y más colaborativa. Las experiencias de los recientes CADE, los congresos mineros y los procesos de responsabilidad social exponen un desarrollo desigual del quehacer empresarial donde la CONFIEP queda reducida a un papel sindical empresarial duro, a costa de sacrificar su tradicional papel de gremio de gremios.

Este desfase es inevitable en un país en el que el crecimiento segmenta a las empresas y a los sectores de acuerdo al nivel de la inversión y a la conciencia de sus ejecutivos. Un conjunto de empresas cuyo número se incrementa, se apropia de preocupaciones sociales, ambientales, laborales y de innovación tecnológica en beneficio del recurso humano; ese sector procura la toma de posición en torno a las instituciones y la democracia y es más resistente a mezclarse con campañas políticas dirigidas.

Otros países con un mercado menos amplios y diversificados tienen una elite empresarial más articulada y coherente que han sabido dar paso a think tanks orgánicos de la empresa en procura de una visión de país. En El Salvador, por señalar un caso, funciona la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). En el Perú, en cambio, la CONFIEP no ha podido generar un centro de reflexión propio por falta de claridad y de desprendimiento; en el mundo empresarial son conocidos sus problemas de liquidez para los gastos corrientes.  

Un papel de reflexión para y desde el mundo de la empresa lo cumplen en cierto modo exitosas consultoras como Macroconsult y Apoyo y otras empresas especializadas en rubros específicos. No obstante no deja de ser extraño que en un país donde se lleva a cabo una batalla épica entre los últimos bastiones del modelo económico neoliberal y las políticas heterodoxas que embisten el continente hace una década, la defensa de la fortaleza sea tan escasamente organizada, esperanzada en los comunicados.

Heraldo Muñoz, el nuevo canciller chileno y el Perú

El designado canciller chileno Heraldo Muñoz, que iniciará sus funciones el 11 de marzo con el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet es un sagaz político y un hábil conocedor del Perú. Su relación con nuestro país data de los años 70 cuando en su condición de dirigente del Partido Socialista tomó contacto con organizaciones de la izquierda peruana en el marco de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Hasta 1986 fue secretario de relaciones internacionales del Partido Socialista, luego fundador del Partido por la Democracia (PDPD) junto a Ricardo Lagos, y miembro del comando ejecutivo del No en el plebiscito de 1988.

Durante los gobierno de la Concertación desempeñó cargos que siempre lo tuvieron cerca de las relaciones peruano/chilenas. Fue Ministro Secretario General del Gobierno (2002-2003) y antes Subsecretario de Relaciones Exteriores (2000-2002), en el gobierno de Lagos. También fue embajador de Chile en Brasil (1994-1998) ante la OEA (1990-1994) y ante las NNUU (2003-2010).

Desde mayo del 2010, fue Subsecretario General de la ONU y jefe para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En esa condición vino varias veces al Perú; una de ellas fue como representante del Secretario General de NNUU Ban Ki-moon a la toma de posesión del Presidente Ollanta Humala el 28 de julio del 2011. Con el Presidente Humala se ha reunido varias veces y ha compartido con él actos públicos. Tuvo igualmente una relación cercana con el canciller Rafael Roncagliolo.

Poco antes de la segunda vuelta electoral del 2011, Muñoz salió al paso de las visiones catastrofistas que auguraban que un triunfo de Humala llevaría al Perú al regazo de Hugo Chávez, Durante un viaje a España declaró que no se debería descartar que el entonces candidato nacionalista Humala pueda convertirse en el “Lula” peruano. Dijo que no creía que las elecciones peruanas puedan tener un “efecto particular” en las relaciones y equilibrios políticos de los países de Sudamérica y aseveró que lo que hay en América Latina es diversidad.

En noviembre del 2012, participó en Lima en la presentación del Cuaderno la Protesta Social en América Latina, documento elaborado por el Proyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) de PNUD. Allí dijo que el conflicto social no es negativo y que detrás de estos conflictos hay deterioros reales de la calidad de vida de la gente, que tiene que ver con postergaciones, como la educación, por ejemplo, la carga histórica de la desigualdad.

También estivo en Lima en noviembre del año pasado para presentar el Informe Regional de Desarrollo Humano (IDH) 2013-2014 "Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. En esa oportunidad cuestionó las políticas de “mano dura” contra el crimen y dijo que cada país se necesita un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana en el que participen desde los gobiernos y los partidos políticos a la sociedad civil, de modo que la seguridad no se vea politizada y se transforme en una política de Estado.

Muñoz es el canciller ideal para este momento de la política internacional chilena que sin duda será jalonada por el fallo de La Haya, el 27 de este mes. Es un negociador hábil y se relaciona con facilidad con las diversas tendencias de la política regional. Junto a José Miguel Insulza son los chilenos más experimentados en la política internacional; fue facilitador de las consultas sobre la reforma del Consejo de Seguridad (2007-2008) de las NNUU y Presidente del Consejo de Seguridad de la ONU (2004). En el Consejo de Seguridad, también presidio el Comité de Sanciones contra Al Qaeda y los Talibanes (2003-2004). En febrero de 2009, Ban Ki-moon lo nombró Presidente de la Comisión de Investigación sobre el asesinato de la ex-Primera Ministro de Pakistán Benazir Bhutto, responsabilidad que ejerció hasta su término el 15 de abril de 2010.

El miedo concentrado

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-miedo-concentrado-10-01-2014#comment-form

La República

La mitadmasuno

10 de enero 2014

Juan De la Puente

El debate sobre la concentración de medios presenta varios ángulos, y es frecuente parapetarse en uno de ellos para negar la importancia de los otros. El ángulo más legitimado es el legal, habida cuenta que los tribunales serán los que decidan sobre el recurso de amparo presentado por varios periodistas en el Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia de Lima, demandando anular la compra de Epensa por El Comercio, por evidenciar un acaparamiento de medios de comunicación.

El debate legal se ha quedado por el momento en el plano procesal y en una discusión constitucional plana e inmóvil, centrada en el retaceo de un artículo de la Constitución llevado a cabo en la lógica bipolar de verdadero/falso, ignorando los sentidos de la interpretación constitucional y la necesidad de un modelo pluralista del ejercicio de las libertades.

Este reduccionismo debería dar paso a un ejercicio jurídico enriquecido por el derecho comparado y la jurisprudencia nacional e internacional reconocidas. El argumento Kirchner/Correa/Chávez sirve como espolón contra los opositores a la concentración, pero no permite que sus mensajeros construyan una idea convincente en favor del acaparamiento. De allí que, a falta de conceptos, se recurra a la explotación de la cita y a la frase sacada de contexto y se enarbole una supuesta amenaza de estatización de la prensa.

El modelo de debate legal es surrealista. Por un lado se demanda que el tema no se politice, que el Presidente de la República guarde silencio y que los políticos no expresen opinión, Al mismo tiempo, se tejen alianzas políticas, se esgrimen argumentos políticos y se ejecuta una campaña política gigantesca.

El debate legal en tono castrador y huidizo no conduce a ninguna parte. Imposible despolitizar lo que es político y no hay nada más político que la libertad. De hecho, la revisión de la trama de lo ocurrido entre junio y agosto pasado evidencia que la concentración de medios es más política que legal, es decir, primero política y luego lo demás.

El Perú conservador tiene miedo y por eso quiere medios. Más medios es menos miedo. Miedos y medios se organizan como una correlación agresiva desde hace varios años, por lo menos desde la campaña del Fredemo en los años 1989/1990, para impedir el cambio. Y debe reconocerse que es una correlación relativamente eficaz porque si bien no alcanza triunfos electorales (de allí las derrotas de los candidatos respaldados por los medios en 1990, 2001, 2006 y 2011) permite bloquear reformas democráticas, impulsar otras en un sentido conservador o restrictivo, cuando no regatear cambios específicos y cogobernar con los que ganan.

La concentración de medios iniciada el año pasado no preside el proceso de la derecha peruana, pero es la pieza de arranque de una concentración mayor, la de los sectores económicos, partidistas y mediáticos que se preparan para impedir el 2016 un susto similar al del año 2011 y para garantizar la consolidación de un modelo de económico e institucional de largo plazo. Para este caso específico, concentración es sinónimo de unificación.

La operación es audaz; en general, toda forma de concentración del mercado lo es. Me temo, no obstante, que no es moderna, que expresa un renunciamiento a los métodos democráticos que se aplican a la competencia política y un retorno abierto al patrimonialismo del siglo XIX. Esa concentración/unificación termina por desplazar a los partidos de la escena y viabiliza la construcción de un contrapoder que acabará siendo más fuerte que el Estado, el único poder que en la teoría no debería ser superado más que por la soberanía popular.

El temor natural a la derrota que debería canalizar la formación de un polo conservador democrático está siendo mal manejado. Un grupo de halcones –alguien los ha llamado el tea party peruano– está desbordando a los suyos sometiendo el sistema a una tensión que se replicará en otros momentos y ámbitos. Por ahora no están siendo contestados internamente y no sé si habrá allí espacio para la sensatez.