El Apra y las izquierdas el 2016

http://larepublica.pe/impresa/opinion/3698-el-apra-y-las-izquierdas-el-2016
La República

La mitadmasuno

29 de mayo de 2015

Juan De la Puente

El 26 de abril pasado, el APRA llevó a cabo sus elecciones abiertas para renovar sus comités regionales, provinciales, distritales y sus comisiones provinciales de política.

Según los datos disponibles votaron ese día 280 mil ciudadanos, de los cuales solo entre el 15% y 20%, fueron inscritos en el padrón de afiliados. Otros datos son interesantes: que en Lima votaron 120 mil, en Piura otros 30 mil, que al proceso interno se presentaron más de 400 listas de candidatos, y que estas incluyeron a 5,200 aspirantes, de los cuales el 60% son jóvenes menores de 35 años y el 50% mujeres.

El proceso implicó la reactivación de núcleos partidarios que suman entre 2 mil y 3 mil militantes, alrededor de los cuales se constituyeron los tribunales electorales. Entre los resultados, en la mayoría de casos se produjo una renovación ordenada de dirigentes y se consiguió el objetivo del traslado de responsabilidades partidarias hacia militantes más jóvenes, con pocos casos de disputas violentas.

¿Por qué el APRA puede llevar a cabo elecciones abiertas en medio de la dura campaña que enfrenta, con frecuentes revelaciones de corrupción de sus militantes, mientras que ninguna de las dos vertientes de la izquierda, que ciertamente han impulsado el actual auge de los movimientos sociales, puede organizar una consulta parecida o estimular un proceso constituyente que involucre a por lo menos 200 mil ciudadanos, a 7 meses de la inscripción de listas para las elecciones del 2016?

Desde los años 80, incluso cuando Izquierda Unida (IU) llevó a cabo sus primarias internas con el modelo un militante un voto (1988), la respuesta a preguntas de este tipo son dos: “la izquierda privilegia la lucha y no la participación (electoral, se supone)” y “no toda consulta abierta es necesariamente democrática”. Ambas apreciaciones son estupendas en la medida en que resumen, luego de casi 30 años, una forma de pensar sobre la relación de la política con la sociedad.

La crisis del sujeto social del aprismo y de la izquierda es parecida; a ambos les ha sido sustraída gran parte de la representación vía los cambios en la economía y la sociedad. El APRA ha perdido el “sólido norte” y otras plazas en manos de grupos más pragmáticos respecto de las expectativas de movilidad social de los ciudadanos, en tanto que las izquierdas han perdido la relación fecunda con los movimientos vecinales y los asalariados.

Nadie sensato pretendería que el APRA y los partidos de la izquierda son muy similares. Por lo mismo, la reacción a estas pérdidas ha sido hasta ahora distinta y no se podrían explicar sin factores determinantes, en algunos casos muy desiguales, como el peso de la tradición cultural, el uso del clientelismo político, el papel del liderazgo y el rol de los incentivos del poder. Finalmente, la respuesta de los partidos a las crisis depende de su naturaleza, de cómo se ubica dentro de las tipologías en función de su base social, su orientación ideológica y su estructura orgánica.

El APRA, no obstante, está siendo más audaz que las izquierdas para encontrar una salida electoral. Encarando el hecho de que no puede legitimar los logros de su gestión 2006/2011, se prepara premunido de una fuerte voluntad política a construir una maquinaria electoral para procesar su traslado al centro político. De ese modo resuelve sus problemas de identidad que de paso ayuda a resolver los de unidad.

En cambio, la izquierda de jefes opera en una frecuencia distinta a la izquierda de la sociedad. Las cúpulas partidarias ya perdieron los primeros meses del año enfrascadas en el problema de la unidad, prestando poca atención a la necesidad de promover una salida electoral a la apuesta de la sociedad contra la corrupción, la inseguridad ciudadana, la desaceleración de la economía y la imposición autoritaria de #TíaMaría. De ser encarado este desafío, ojalá no lo sea con una danza alrededor de un programa confuso y kilométrico, con la misma emoción con la que los antiguos bailaban alrededor del fuego porque no sabían hacer otra cosa.

#TíaMaría, los mínimos y los máximos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/1876-tiamaria-los-minimos-y-los-máximos

La República

La mitadmasuno

22 de mayo de 2015

Juan De la Puente

Como antes en Conga (2011/2012) pero con mayor intensidad, el conflicto de #TíaMaría revela los límites de los discursos tradicionales, reducidos al mínimo efecto, y la autonomía de la práctica. En poco menos de un mes, los hechos han reemplazado a los alegatos y han debilitado algunas claves que organizaban el debate público, es decir, sistema/antisistema, centralismo/regiones y mineros/antimineros.

Ha perdido sentido el argumento y adquieren fuerza la violencia cruenta y las estrategias de las partes, sin necesitar de los discursos. En dos meses hemos consumido imágenes y símbolos contundentes. No hay argumento frente a un paro de 60 días, la muerte de dos civiles y de un policía con el cráneo destrozado, el agricultor al que la policía “sembró” una prueba, las batallas entre la autoridad y el hombre de la calle como iguales, la voz de Julio Gutiérrez vendiendo a sus discípulos y la mujer a la que raparon por desafiar a los huelguistas.

A este límite de los discursos se debe a que ya se consumieran 7 de los 60 días de la pausa anunciada  por Southern, el 10% del tiempo, sin que se dibuje una ruta que lleve a alguna parte. La anunciada pausa concierne a un proyecto que no ha empezado, en tanto no se ha suspendido el paro, las estrategias en pugna, los insultos y la confusión. Lo cierto es que se ha suspendido la palabra y luego casi nada; quizás también hemos suspendido el miedo, que no es mucho pero no es poco.

El primer discurso en desuso es el que sostiene que gran parte de la culpa la lleva el Estado, sin asumir ninguna propia. Siendo cierto, es un argumento facilón y básico, que no puede evitar que se aprecie que las claves están, más allá del gobierno, policías, militares, fiscales y jueces, en las estrategias que no han sido alteradas.

El discurso del diálogo como forma de acercamiento de las diferencias también ha fracasado, no tanto por la desconfianza como por la precaria representación de los actores y la ausencia de posiciones (otra vez los argumentos). En #TíaMaría hay 4 actores (la empresa, la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno regional) pero sobre la mesa solo existen dos puntos de vista redondos y cerrados.

El argumento de los políticos también presenta límites. Dicen que este conflicto debe resolverse desde la política ¡qué bacán! y sin embargo sus líderes carecen de discursos desde ese ángulo, al punto en que deben plegarse a los símbolos existentes. La mayoría de partidos y líderes, especialmente el Apra, el fujimorismo y la izquierda, muestran dificultades para escaparse de los libretos de las estrategias mediáticas que marcan la pauta para lo que fuese, tanto para la creación de un consenso a favor del Estado de Emergencia como para el pedido de suspensión del proyecto, un cambio de demanda operado en solo 48 horas.

No es justo que no sepamos qué hacer con el orden, el desorden o la pausa. Es demasiado. No habrá salida a este conflicto mientras no se recuperen los argumentos desde una perspectiva nueva y creíble. Sin esa nueva politización en el sentido más creador de la palabra, y muerta la visión plana de las cosas y su remedio casero tipo principio de autoridad sin principio de justicia, la suspensión de 60 días será seguida de otros 60, una aritmética liberadora que llevará el problema a un nuevo gobierno que tendrá que vérselas con el mismo pueblo.

Finalmente, debemos estar atentos a la autonomía de los proyectos y a cómo han superado sus marcas tradicionales. Por ejemplo, este es el momento estelar del anti-extractivismo, uno de los ejes seguros de la campaña electoral, forzando la definición de los candidatos. No perdamos de vista que #TíaMaría ha dividido al país pero ha unido al sur.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo se ha reencontrado luego de la pérdida del consenso alrededor del crecimiento económico, asomando con fuerza su clásica campaña de estigmatización de los adversarios. A su factura se debe la guerrilla urbano/digital de las últimas semanas que los partidarios del proyecto minero parece que han ganado.

El Estado alocado y los genios sin dinero

http://www.larepublica.pe/impresa/opinion/273-el-estado-alocado-y-los-genios-sin-dinero
La República
La mitadmasuno

15 de mayo de 2015

Juan De la Puente

A propósito de la relación del Estado y las empresas, ahora que se le reclama al primero que imponga por la fuerza el proyecto #TíaMaría, reseño la potente investigación de la economista italiana Mariana Mazucatto (El Estado emprendedor, mitos del sector público frente al privado, RBA Libros 2014), que aborda las relaciones entre el Estado, la empresa y el capital.

Inicialmente orientada a convencer al estado británico de que no recorte programas de apoyo a las empresas, el libro revela con detalle el papel del Estado en la financiación de Internet, Apple y Google, incluido el desarrollo específico de proyectos como Iphone, desvirtuando la leyenda de que los grandes hitos de la tecnología se deben a genios jóvenes con zapatillas y sin dinero que se encerraron en un garaje para producir los asombrosos inventos de la última hora de la humanidad.

La base de la investigación de Mazucatto sostiene que un Estado que asume riesgos es capaz de relacionarse con el sector privado saliendo de la camisa de fuerza que pretende reducirlo a una función exclusiva de corrección de las fallas del mercado o a reducir impuestos. Explica con datos que empresas como Intel, Compaq y Apple recibieron fondos públicos para las etapas iniciales de sus proyectos, superando un problema serio para el desarrollo, y más agudo en las economías emergentes: la falta de financiamiento de largo plazo y de capital riesgo.

Por citar dos casos, en EEUU, el financiamiento público de las investigaciones farmacéuticas fue de 972 mil millones de dólares entre los años 1936-2011, y de 30 mil millones el 2012, que se entregan a través de 50 mil subvenciones a más de 350 mil investigadores. El caso de Apple es aún más revelador; las tecnologías en las que basa sus productos son el resultado de décadas de apoyo estatal a la innovación y que, a diferencia de lo que se piensa generalmente, obedecen menos a un desarrollo propio que a su capacidad de integrarlos en una arquitectura innovadora, además de una cultura emprendedora “alocada” como solía decir Steve Jobs. A pesar de ello, según el Departamento de Hacienda de EEUU, solo el año 2008 las empresas de tecnología (incluida Apple) solicitaron 8,300 millones de dólares en desgravaciones fiscales por investigación y experimentación.

En nuestro caso, la crisis del boom de las exportaciones de materias primas nos encuentra sin inversión en tecnología (I+D) clave para el agregado a nuestra economía y en un proceso de diversificación productiva atrasado y precario. El Perú solo invierte el 0.12% de su PBI en I+D, por debajo del promedio de A. Latina que es de 0.75% PBI, y lejos de los países de la OCDE que destinan 2.2% PBI. Se entiende por ello que el 2004, nuestras exportaciones no tradicionales sumaban el 28% del total mientras que el 2013, cuando ya se hacía tangible la crisis del boom, bajaron a 23%.

El libro cuestiona las teorías de la mano invisible del mercado que fuerza la retirada del Estado bajo la presunción de que es demasiado grande y pesado, y a cuyo amparo se ha producido su desmantelamiento. Mazucatto pone bajo fuego el concepto del papel subsidiario del Estado en la economía, que solo justifica la intervención cuando el beneficio social es superior al beneficio privado.

Estas y otras investigaciones han disuelto el mito de la incapacidad del sector público como agente inversor, un discurso todavía vigente en el Perú, un rezago ideológico que impide una vigorosa alianza público-privado para la agenda TIC, más allá de las obras de infraestructura y del cálculo de los beneficios sociales y privados.

Finalmente, la crítica al Estado capturado y sometido a los intereses privados que solo le extraen subvenciones, privilegios innecesarios, recorte de impuestos y eliminación de trámites, y al que se le exige imponer por la fuerza la inversión, es incompleta si no conduce, como lo hace Mazucatto, a la  propuesta de un Estado que se proponga crear y dar forma al mercado, un proceso revolucionario que opera en varias economías emergentes.

Yo te mato tú me matas

http://www.larepublica.pe/politica/163-yo-te-mato-tu-me-matas
La República

La mitadmasuno

8 de mayo de 2015

Juan De la Puente

La mayoría de los grandes conflictos sociales de la última década, salvo los cocaleros, acabaron en episodios de capitulación del Estado, desde el “Arequipazo” (2002), hasta los recientes de Pichanaki, Andahuaylas y La Convención este año, pasando por Cerro Quillish (2004), Combayo (2006), el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009) y Conga (2012), entre otros.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.

Mamá, yo quiero ser outsider

La República

La mitadmasuno

1 de mayo de 2015

Juan De la Puente

Trabajo con jóvenes universitarios y observo que un creciente número de ellos se propone dedicarse a la política y postular a cargos de elección popular. Me refieren que sus padres tratan de disuadirlos mientras que la realidad los impulsa a la acción. En más de una ocasión, un punto de transacción en sus diálogos familiares consiste en la promesa de que serán políticos independientes y outsider, sin relación con los partidos.

Les digo que solo una vez se es outsider y que la política más duradera y principista es la que se hace desde los partidos, programas e ideologías. Ello es cierto, como que según las encuestas la mitad de los peruanos pide candidatos distintos a los conocidos.

También es cierto que tuvimos algunos outsider que llegaron al Congreso en el actual ciclo democrático, y en algunas regiones y municipios. No obstante, salvo Humala el 2006, ningún outsider ha disputado la presidencia o se ha situado entre los grandes candidatos desde el 2001 (el mejor ubicado fue Humberto Lay el 2006 con 4,3% de votos).

No solo es desafiante la política tradicional sino también la nueva. De cara al 2016, no es imposible que surjan outsider por la derecha o por la izquierda. No obstante, en ambos casos y tomando en cuenta el escenario preelectoral, haría falta que además confronten puntualmente al sistema para diferenciarse del grupo ya conocido.

Ello no solo depende de la voluntad. En la derecha, haría falta que la inseguridad ciudadana gire en espiral violento, se transforme en mayor miedo y terminen fusionándose la percepción y la realidad. En la izquierda, haría falta que se generalice el rechazo a la corrupción y se haga más evidente la ruina del sistema político.

Es probable que esto no suceda, por lo menos en la dimensión necesaria para instalar outsider en el escenario. Queda la opción de un outsider menos “puro” de lo que espera el respetable, pero más clásico para el registro peruano, donde los dos outsider victoriosos, Ricardo Belmont (1989) y Alberto Fujimori (1990), irrumpieron desde el centro de un escenario polarizado.

Llámese como se llame, centrista, pro modelo o no antisistema, este formato de outsider también tiene una perspectiva acotada. Son los apuros por los que pasa el primero en lanzarse, Julio Guzmán, correcto y audaz pero cuyo buenismo de alquimia al parecer no es suficiente, y al que inmediatamente se le ha exigido ser, además de outsider, más antisistema.

La mitad del país espera un candidato nuevo pero los sondeos no han profundizado sobre los elementos de lo nuevo. Podría ser que eso no signifique un candidato “nuevo de verdad”, sino uno con atributos decisivos, como ser antisistema, con popularidad propia (la primigenia definición de outsider) aunque ya “contaminado” con la política, nuevo por ser de fuera de Lima, o que siendo parte del grupo conocido sea autónomo y distinto de él. Hay tantas formas de ser nuevo. Y de no serlo.

Un dato final conectado con el sueño del outsider es que la búsqueda/espera de lo nuevo también debe ser leída como la búsqueda/espera del cambio. Hasta ahora, y salvo la narrativa liberal de Mario Vargas Llosa entre 1987/90, el cambio social es lo único que ha podido venderle al país una ilusión electoral sin precisar de un outsider, desde Alan García –en sus dos versiones, el futuro diferente de 1985 y el cambio tranquilo del 2006– y Ollanta Humala y la gran transformación/hoja de ruta del 2011. Esto explica la reciente patología de los candidatos de derecha que satanizan a la izquierda pero se presentan como izquierdistas.

Belmont y Fujimori aparecen lejanos. Entre ellos y nosotros hay 25 años de antipolítica –con 8 de autoritarismo y 15 de un ciclo democrático que expira–, una historia de fracasos de independientes y tecnócratas, y un período de contrapolítica que ha empezado a poner sus reglas. La espera de un outsider se parece a veces a un argumento del realismo mágico literario, el infinito retorno de la bananera a un pueblo abandonado y al que le cuesta imaginar el futuro, que García Márquez relata en sus memorias.

Seguridad, la tormenta perfecta

La República

La mitadmasuno

24 de abril de 2015

Juan De la Puente

¿Querían un estado mínimo? Ahí lo tienen. Mínimo de policías, procuradores, jueces y fiscales; mínimo de comisarías, cárceles y juzgados; mínimo en control, prevención, sentencias y rehabilitación. Se desmorona la utopía neoliberal que pretendía un estado que no promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en el mercado y, al mismo tiempo, promueva, controle, regule, supervise y sancione las actividades en la sociedad.

No es posible un estado mínimo para ti y máximo para el resto. Los Oropezas, Orellanas y Ferraris, y las bandas que se bautizan como apelativos familiares son la carcajada del crimen ante un estado débil, estrecho y sin recursos para combatirlo. La mayor prueba es la Ley contra el Crimen Organizado, Ley N° 30077, de agosto de 2013, sin recursos y con escasos magistrados.

Nuestra crisis de seguridad es una grave amenaza para la democracia. Casi la mitad de los peruanos (46.7%), de acuerdo al reciente Barómetro de las Américas, cree que la inseguridad es nuestro principal problema. La tormenta perfecta sobre la que varios alertamos hace cinco años, finalmente se ha formado. Las variables de la crisis de seguridad se han encontrado y estrellado. Una alta percepción de victimización es aleatoria de la desconfianza en las instituciones y de la búsqueda de alternativas a la falta de eficacia del Estado.

La mayoría de funcionarios, políticos, periodistas, jueces y fiscales continúan en el momento anterior. Solo la policía parece consciente del nuevo momento, atrapada entre los dos momentos y samaqueada por la irrupción de lo inédito que se vuelve cotidiano: la extorsión desde las cárceles, los niños sicarios, los asaltos a restaurantes y las nuevas bandas con su escandaloso cohorte de autos de alta gama y casas refugio para el desenfreno.

El viejo momento del delito impregna casi todo, especialmente las instituciones que siguen mirando a la policía como la fuerza pública salvadora. La prensa, cuando no, alegre de cascos, se ha limitado a ampliar la cobertura de esta crisis como un problema básicamente policial; y persiste, salvo excepciones, el análisis propio del viejo momento, centrado en la idea de que asistimos al aumento de índices que no han desbordado el marco de un país acosado por el delito, nada fuera de “más de lo mismo”, y que lo central es combatir el llamado narcoterrorismo, una construcción enredada y nostálgica que encadena el narcotráfico al terrorismo y nos priva de la posibilidad de atajar el potencial criminal externo e interno de las mafias de las drogas y del crimen organizado.

La crisis de seguridad tiene que ver menos con la policía y más con otras instituciones. Los cinco intentos por asumir el delito como un todo único fracasado. Estos fueron el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia (GTAN) creado el 2001 por acuerdo de 5 organismos públicos; la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales luego que la Corte Suprema declarase en reestructuración el PJ; la Ley Nº 28083 del 2003, que creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS) que propuso un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia; la creación el 2006 del Grupo Impulsor de la Modernización de la Administración de Justicia; y el Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez en abril de 2013.

Me gustaría decir que la historia de fracasos ha concluido, pero me temo que no. En las elecciones del 2011 ningún candidato propuso medidas serias contra el delito, y en las elecciones de octubre pasado las propuestas se movieron entre lo superficial y lo ridículo. Abrigo pocas esperanzas que de cara al 2016 los partidos y candidatos se esmeren en modelos efectivos y democráticos contra el delito y el crimen. Al contrario, más de un aspirante ha soltado la especie de que la única salida es militarizar la seguridad ciudadana y aumentar penas, es decir, el populismo penal.

 

 

 

La izquierda y la angustia por la unidad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-izquierda-y-la-angustia-por-la-unidad-17-04-2015

La República

La mitadmasuno

17 de abril de 2015

Juan De la Puente

La izquierda de América Latina siempre ha encarado la dinámica entre el derecho a la diversidad y la necesidad de la unidad. Donde ha logrado el equilibrio, en El Salvador (FMLN), Uruguay (Frente Amplio) y recientemente en Chile (Nueva Mayoría), ha construido poderosas experiencias electorales con resultados políticos y sociales reconocibles. Donde no fue posible este equilibrio, los resultados son diversos, desde la irrupción de exitosos movimientos críticos de la historia de la misma izquierda, como en Bolivia (MAS), Ecuador (Alianza País), Venezuela (MVR), Argentina (Frente para la Victoria) y Brasil (PT), hasta la formación de nuevas expresiones muy influyentes como en Colombia (Polo Democrático) y México (PRD).

El Perú es una excepción; la izquierda no fue ni equilibrio ni irrupción consistente. Izquierda Unida (IU) solo duró 8 años y la incursión de Humala el 2011 se quedó en la puerta. Varias explicaciones andan en libros y diarios pero dos me parecen sustantivas y convergentes: la debilidad de sus partidos y la ausencia de grandes e inteligentes líderes (no picarse, compañeros).

Es cierto entonces que el progresismo en América Latina no tiene necesariamente el rostro obligado de la unidad. En sus victorias hay especificidades locales identificables pero también hay una razón transversal, y se llama audacia.

Me parece sensato el actual llamado a la unidad de la izquierda pero no creo que esta sea central, ni que de ella dependa la supervivencia de la izquierda y del país. Creo que es legítimo el derecho de la izquierda a romper con el aislamiento y superar su debilidad, pero es preciso razonar sobre la naturaleza de ambos.

La izquierda está aislada pero más aislada en la sociedad que en el establishment, y ello explica su debilidad. Rotos sus vínculos tradicionales urbanos y rurales tiene dificultades para respirar en este espacio inédito en el que se ha convertido una sociedad atravesada por nuevos problemas sin que se resolvieran los viejos. En esta izquierda que no ha podido aprender a respirar fuera del agua conozco líderes que no tienen correos electrónicos personales, no saben lo que es Facebook y Twitter, y dirigen partidos o gremios que no tienen páginas web o blogs.

La izquierda está más dividida que hace 20 años porque hay más razones para la división. Las distancias entre la izquierda de todos derechos y la izquierda de algunos derechos (especialmente de los derechos colectivos) son apreciables a simple vista, al igual que la distancia de estos con la izquierda de las regiones, la más audaz, sufrida y vigorosa del continente, por ser una izquierda no reconocida, huérfana, ilegítima para las direcciones nacionales, a la espera de una inclusión política que nunca llega. 

Es cierto que es una obligación de las fuerzas progresistas impedir que se haga del poder un programa autoritario, conservador y que profundice el neoliberalismo. También es cierto que esa perspectiva solo será posible si se construye una coalición política y social (ojo, social) de centro. Es asimismo cierto que toda recusación al centro es infantil e irracional habida cuenta de los resultados electorales de los comicios de 1980, 1985, 1990, 2001, 2006 y 2011 (¡seis elecciones!).

No es seguro, sin embargo, que el centro esté reservado por mandato divino para aquella izquierda que sensatamente abra su programa. Se hará de este espacio quien se presente con coherencia, equilibrio, voluntad política, apertura, cambio y audacia. Es preciso decir que el Perú es un cementerio de centristas y que en el contexto de toda polarización los centros pasivos o tibios son devorados por otras opciones. El centro no es una palabra, es una imagen, no es un momento quieto sino un movimiento.

La izquierda está frente a un clivaje entre la necesidad de una propuesta progresista que le ofrezca al país cambio, y otra necesidad, la de construir una alternativa de centro, atractiva y ganadora. Progresismo y centrismo han sido en la última década cómplices en varias victorias electorales. Ante ese desafío, la angustia por la unidad es relativa frente a la necesidad de identidad.

Gunter Grass y Eduardo Galeano, otra vez abril

Gunter Grass y Eduardo Galeano, otra vez abril

Por Juan De la Puente
La muerte de Gunter Grass y de Eduardo Galeano, en un mismo día, y en abril, ratifica el sino de este mes como el de las letras universales. El año pasado, el 17 de abril, moría Gabriel García Márquez.
A fuerza de los hechos se asocia este mes a las letras, a su dolor y consuelo. A veces hermosa y otra triste casualidad, como la del autor del Tambor de Hojalata y el del Libro de los Abrazos, no todos están de acuerdo con esta sombra que persigue al cuarto mes. Guillermo Cabrera Infante, que nació un 22 de abril en Cuba, no pensaba así; dijo alguna vez que abril era un mes cruel, y es conocido el refrán que reza "Abriles y yernos pocos hay buenos".
En mi caso, concuerdo más con el poeta español Jorge Guillén, cuando escribía:
¡Oh luna, cuánto abril,
qué vasto y dulce el aire!
Todo lo que perdí
volverá con las aves.
Joaquín Sabina sobre abril cuando canta a cuasi canta dice:
Quién me ha robado el mes de abril
Cómo pudo sucederme a mí
Pero, quién me ha robado el mes de abril
Lo guardaba en el cajón
Donde guardo el corazón.
Se afirma que fue Augusto Tamayo Vargas quien instauró abril como el Mes de la Letras en 1931. Es poco probable que él sea el de la iniciativa, o que lo hiciera en ese año, tomando en consideración que Tamayo nació en 1914 y egresa del colegio La Inmaculada en 1930. Sea como fuese, abril es un mes fecundo para las letras.
Igual da para la magia. El 23 de abril es el Día del Idioma, en recuerdo del día en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. También un 23 de abril fallecieron el Inca Garcilaso de la Vega y el dramaturgo inglés William Shakespeare. Por esas y otras razones, la UNESCO eligió esa fecha como el Día del Libro, del Derechos de Autor y del Bibliotecario.
César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 y José Carlos Mariátegui, político, esteta y una de las más altas cumbres del pensamiento político peruano murió el 16 de abril de 1930. En abril también nacieron Abraham Valdelomar y Carlos Oquendo de Amat, y murieron Pedro Peralta Barnuevo y José María Eguren.
En abril también nace Emile Zola, autor de la célebre serie las Tres Ciudades (Lourdes, Roma. Paris) y en ese mes ffallecen Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el poeta francés Charles Baudelaire, y Emilio Salgari, el italiano autor de las incomparables novelas de aventuras que alegraron nuestra infancia, como Sandokan, el Tigre de la Malasia, el Corsario Negro y el Capitán Tormenta. En otros ámbitos de la cultura se tiene en abril otros sucesos como la muerte de Pablo Picasso y Francis Bacon, pintor expresionista irlandés. En abril nace Charles Chaplin.

Habíamos exagerado tanto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/habiamos-exagerado-tanto-10-04-2015#

La República

La mitadmasuno

10 de abril de 2015

Juan De la Puente

Me quedo con la imagen del hemiciclo mudo luego de anunciarse que Ana Jara había sido censurada y con los rostros fríos de los perdedores y ganadores de aquella noche. Salvo los políticos muy experimentados, menos de una decena, la mayoría se parecía a los chicos asustados después de romper un juguete que habían manipulado tanto, mirándose y a punto de acusarse del desastre. Ni un solo aplauso ni exclamación de alegría.

Una de las razones de aquella taciturna reacción proviene de la convicción de que unos y otros habían exagerado. Sobre ello, el punto no reside en que la censura es un mecanismo democrático. El punto es si ese acto era conveniente, necesario, justo y oportuno, es decir, políticamente correcto, sobre todo si los mecanismos constitucionales –interpelación, censura, acusación, vacancia, desafuero e inhabilitación– no son papeles que pueden ser usados al desgaire, especialmente si no se tiene una idea precisa del paso siguiente. Claro, solo un oficialismo desavisado puede ser llevado al límite del matadero y colaborar voluntariamente con el rito del degüello.

Perdedores y ganadores sospechaban quizás de la reacción ciudadana que tampoco se siente representada por la censura. Al día siguiente, dos demandas emergieron o reaparecieron, ¡Cierren el Congreso! y ¡Que se vayan todos! Al punto que no creo que el Parlamento reciba un premio de la opinión pública por haber censurado a la premier. En cambio, la elite política se ha aislado un poco más de la sociedad y ha brindado la impresión de que se siente muy cómoda ajustando cuentas en una esquina del escenario mientras el país reclama nuevos y creíbles horizontes en economía, empleo, educación, transporte y lucha contra la corrupción. Estos resultados colaterales, que ofrece la imagen de “la pelea de los otros” y de un sistema agotado aunque fuerte, no fueron estimados por los actores políticos que protagonizaron ese acto.

La censura fue el momento estelar de una oposición unida ajustando cuentas con un gobierno absolutamente aislado. Implicó un hecho inédito y probablemente irrepetible durante este gobierno. Esta singularidad explica su fuerte impacto en el sistema y su carácter precursor de movimientos más audaces y temerarios luego del año 2016. Será más fácil votar ámbar, desarmar mayorías y censurar gabinetes. Gane quien gane.

En la censura han ganado algunos, cierto, pero han perdido todos. Por eso, la designación de Pedro Cateriano ha tumbado todos los pronósticos. No ha significado ni el incendio de la pradera ni la curación de las heridas, sino un resultado intermedio, un agónico alejamiento del abismo. El primer efecto ha sido la rebaja de tensiones y la moderación de los actores políticos, incluido el mismo Cateriano, y la posibilidad de un encuentro, hasta ayer impensado, de dos líderes políticos con su némesis ya convertido.

Este imprevisto resultado solo puede ser analizado desagregando dos elementos del escenario, los distintos reclamos del corto y mediano plazo; y la cada vez más urgente relación entre la política y la economía. La moderación de los sectores hasta hace poco emplazados a muerte contra el gobierno indicaría que ninguno se encuentra dispuesto a facilitar la disolución del Congreso a tan escasos meses del inicio de la campaña electoral. Al mismo tiempo, esa moderación es una confesión de la sobreactuación de varias de las posturas aparentemente principistas en relación con la censura.

Las posiciones irreductibles están siendo subordinadas ante la posibilidad que los fuegos artificiales del corto plazo comprometan el mediano plazo electoral. También es cierto que los grupos políticos han vuelto a mirar al mercado, y consideran que una guerra abierta durante los próximos meses, que incluya elecciones parlamentarias en los meses de julio y agosto, implicaría el riesgo de una inútil tensión que limitaría más las posibilidades de crecimiento de la economía durante este año. Ese sentido tiene esta situación de guerra que, sin embargo, obliga a los enemigos a pactar tácitamente.

¿Todos somos sospechosos?

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/todos-somos-sospechosos-03-04-2015

La República

La mitadmasuno

03 de abril de 2015

Juan De la Puente

Al margen del resultado de la moción de censura contra Ana Jara, no puedo pasar por alto las gravísimas afirmaciones de 3 congresistas nacionalistas durante el debate del pasado 30 de marzo, que expresan una visión policiaca del estado y una preocupante filosofía sobre las relaciones entre la sociedad y el estado.

Estas afirmaciones siguen una misma línea y que presumo que se originan en una posición oficial de algunos de los servicios de inteligencia. Una de ellas señala que “La DINI (…) verifica situaciones que pudieran resultar penosas, se hace una labor de constatación y chequeo, si se encuentra algo irregular informará a quien tenga que informar” (Teófilo Gamarra); otra señala: “El Estado tiene la obligación de sospechar de todos (…) todos los 30 millones de habitantes deberíamos estar en la situación inclusive de sospechosa” (Rubén Condori); y la tercera dice: “En la democracia nadie debería tener corona, todos son potenciales sospechosos que podrían quebrar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática” (José Urquizo).

Este germen de política de seguridad interior pretende devolvernos a un estado anterior al Estado de Derecho, donde los ciudadanos no eran tales y la arbitrariedad del poder no era objeto de interdicción. Sin embargo, en dos siglos la humanidad ha consagrado la intimidad personal como derecho, cuyo contenido esencial no soporta limitación de ningún orden, aunque en su contenido no esencial tolere escasas restricciones respetuosas del principio de razonabilidad.

El “todos somos sospechosos” es un nuevo ataque a la intimidad que ya se encuentra bajo acoso de otras formas de intrusión.

Desde la protección, el derecho ha regulado excepciones para evitar la invasión generalizada, entre ellas las Medidas de Intervención Telefónica, MIT (Ley 27697 y D Leg. 991) y las excepciones en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El mismo Código Penal no hace distinción entre la información “abierta” o “cerrada”, castigando la violación de la intimidad sin establecer diferencias entre estas (artículos 154 y 157).

Varias teorías abordan la colisión del derecho a la intimidad con otros derechos. Una de ellas es la teoría de los derechos preferentes. El Tribunal Constitucional ha señalado que el interés público, no morboso, puede ser un parámetro que permita ponderar ciertas conductas invasivas de la intimidad. El interés público, no obstante, es el interés de los ciudadanos, no es el sinónimo de un supuesto interés del Estado por encima de la sociedad.

No existe un derecho del Estado a espiar a sus ciudadanos. La idea de que todos somos sospechosos convierte la excepción en una regla y anula el espacio privado en beneficio de lo público, una resurrección de Roma antigua en la que, como decía Aristóteles, no debe permitirse que un hombre se pertenezca a sí mismo sino que a toda la ciudad.

¿Hemos llegado al nivel en que la sociedad no controla al Estado sino que este la vigila? La ética de esta visión es peligrosa; es la ética de la desconfianza y de la presunción de la existencia de un ciudadano malo vigilado por un puñado de buenos.

Es esta ética, importan más los malos de adentro que la vigilancia de los intereses legítimos del Perú en relación con sus vecinos. El principio de la soberanía se transforma a partir de la convicción de que el país está sitiado desde adentro. No importa que sea una visión poco práctica, porque si el poder no es capaz de determinar quiénes son sospechosos y cree que todos lo son, es seriamente ineficaz.

Lamentablemente esta no es una visión solitaria en este tiempo. En algunos países, la lucha contra el terrorismo internacional pretende legitimar la transgresión del carácter íntimo de los datos personales y a ello se resisten las sociedades. Es claro, entonces, que estamos avisados; luego de varios siglos ha retornado Tomás Hobbes, su Estado de Naturaleza y su tesis de que el hombre es el lobo del hombre. Es el Leviatán, es el miedo, es el Estado policía que algún día asesinará al Estado de Derecho.

Andahuaylas y el abuso de mercado

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/andahuaylas-y-el-abuso-de-mercado-27-03-2015

La República

La mitadmasuno

27 de marzo de 2015

Juan De la Puente

He leído severas críticas contra los ciudadanos de Andahuaylas que recientemente protestaron contra el servicio de electricidad que brinda Electro Sur Este. Los adjetivos más usados son exceso, infiltración y agitación. Contrariamente, luego de la suscripción del acta que pone fin a las protestas, la premier Ana Jara ha señalado que lo que le pasa a Andahuaylas no le puede pasar a otra región, validando acuerdos sobre la revisión de la tarifa del servicio de energía eléctrica, la eliminación de cobros indebidos y la reorganización de Osinergmin en Apurímac.

De hecho los reclamos en esa ciudad eran y son justos. Walter Gutiérrez, una reconocida autoridad en materia de derecho de los consumidores, ha alertado sobre que el paro de Andahuaylas es un nuevo tipo de protesta, que no es minera ni ambiental, sino contra los abusos e ineficiencia del mercado, y contra la inacción del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Añade que existe el riesgo que si no se registran cambios, estos paros se extenderán por todo el país.

El despertar de los consumidores se acelera impulsado por la ampliación de las fuentes de información, el incremento de la denuncia pública, y la posibilidad de que la sociedad se entere de ellas, las comparta y demande colectivamente atención y sanciones. El episodio del cierre de todas las tiendas de una cadena de pizzerías por una desastrosa gestión de la calidad es solo una muestra de esta maduración que viene acompañada de varias formas de movilización.

El Código de Consumo ha sido rebasado por el mercado y el Estado a través de prácticas tradicionales que no han podido ser corregidas, situándonos en un nuevo momento donde la ley pasa a ser una víctima del sistema que se resiste a cambiar.
Es el momento de la ruptura de la inercia empezando por el Estado. Indecopi parece que no va más. La revisión de sus estadísticas permite apreciar su aislamiento de la sociedad y soledad respecto del Estado. En el último año ha recibido 42 mil reclamos, la mitad de los cuales se presume concluyeron parcialmente en conciliaciones entre el consumidor y proveedor. Pero Indecopi no está en condiciones de informarnos  sobre el destino de las otras reclamaciones y, sobre todo, de su seguimiento, una ausencia muy preocupante considerando que estas denuncias se recogen mediante el Sistema de Atención de Reclamos (SAC), el de más fácil acceso.

Por otro lado, casi la mitad de las 12 mil denuncias tramitadas mediante los Órganos de Procedimiento Sumarísimos (OPS) han sido declaradas inadmisibles, archivadas, es decir, rechazadas. El inmovilismo de Indecopi que se considera una mesa de partes y que opera por demanda y no por oferta de derechos, lleva a que, por ejemplo, en el último año hayan recibido mediante ese sistema escasamente 310 denuncias referidas al servicio educativo en colegios, considerando las decenas de miles de quejas con relación a cobros indebidos e incumplimiento de contratos.

Los ciudadanos no denuncian porque no creen en el Estado y porque el país carece de una institucionalidad de consumo con órganos competentes y relacionados. Se aprecia ello, por citar otro ejemplo, en las deficiencias de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que ha permitido la formación de una suerte de burbuja de las tarjetas. El sistema contaría con 8 millones de tarjetas de crédito, parte de las cuales fueron entregadas sin las previsiones del caso, y ahora es claro que varias decenas de miles deberán ser anuladas con las consecuencias legales que conlleva, entre ellas el embargo de bienes de sus  titulares.

Es probable que la maduración de los consumidores sea parcial y en ocasiones sesgada, lo que se advierte, en un tercer ejemplo, en el reclamo de una mejor calidad de los servicios de telefonía que va acompañado sin embargo de la negativa a que se instalen nuevas torres de telefonía móvil. No obstante, en cualquier caso, el país no cuenta con una política pública referida al consumo, y debería contarla con rapidez para evitar la irrupción de esta nueva forma de conflictos.

Cuatro escenarios electorales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/cuatro-escenarios-electorales-20-03-2015

La República

La mitadmasuno

20 de marzo de 2015

Juan De la Puente

El inicio de la campaña electoral se produce con escasas novedades en torno a la irrupción de candidatos nuevos y fuerzas nuevas. Lo más relevante sea quizás la presencia de Daniel Urresti a nombre del nacionalismo, que ha empezado a integrarse al sistema, y el hecho de que PPK cuente con un partido propio. En este escenario inicial se tienen en liza a Keiko, Alan, PPK, Urresti, Toledo, a los que se agregarían por lo menos dos candidatos de la izquierda, y quizás otros dos que emerjan de las decisiones que adopten a la mitad del año el PPC, AP, Somos Perú, Alianza para el Progreso y Solidaridad Nacional.

Con 8 o 9 candidatos entre grandes y medianos se tendría a la vista un cuadro de partida de mayor fragmentación que la presentada el 2001 (que tuvo en el arranque 5 candidatos entre medianos y grandes), el 2006 (6) y el 2011 (5). Si persiste este paisaje, su principal efecto será la dispersión del voto y el hecho de que los dos ganadores de la primera vuelta no sumen juntos el 50% de votos y sea más difícil la gestación de alianzas para una mayoría gobernante.

Gruesamente, esta oferta se distancia de la expectativa ciudadana en la que resalta que por lo menos el 50% de los electores no simpatiza ahora con alguno de los políticos actuantes o se encuentra a la espera de un candidato que considere nuevo. Esto le da sentido a la promesa de un outsider, afanosamente anunciado, buscado y promovido desde varios ángulos de la política. No obstante, considerando el formato de nuestro sistema, no es inevitable la irrupción de un outsider con posibilidades, especialmente si a la vista se tiene por lo menos cuatro escenarios probables.

En el primero se tendría una campaña centrada en los temas adjetivos que ahora mismo se ventilan y dominan la política, con alguna incidencia de la seguridad ciudadana en el discurso de los candidatos, junto a una promesa general de un gobierno que recupere el tiempo perdido, en un contexto en que la administración Humala no sea capaz de proyectar su legado y con varios casos de corrupción judicializados. Este escenario tendría como resultado un recambio tradicional a decidirse cerradamente entre los actores del sistema en alguna de sus versiones de derecha o de centro derecha; un desenlace que no alteraría el cuadro que ahora dibujan las encuestas. Este es, por ahora, el resultado más probable.

En un segundo escenario, repitiéndose los elementos de la debilidad del gobierno, habría que agregar también la debilidad de la oposición, desgastados ambos por la crítica y la desconfianza de la opinión pública, y con dificultades para proponer un horizonte de país con diferencias sustantivas con el presente. En este escenario se facilita la irrupción de un mensaje de gobierno de mano firme haciendo centrales los temas de la seguridad ciudadana y el orden, que ya fueron determinantes del voto el año 2011, y el desenlace sería un recambio populista de derecha.

Un tercer escenario dependería de la evolución de la economía este año. Si esta crece a una tasa menor al 2%, acompañada de una mayor caída del empleo (en Lima, entre diciembre y febrero se perdieron 10.600 puestos de trabajo), la reducción del consumo y de la inversión pública (no se hable ya de la inversión privada que este año podría tener un crecimiento negativo), la economía ingresará con fuerza al debate electoral, mejorando las posibilidades de los candidatos que cuenten con una oferta creíble de recuperación del crecimiento. Este escenario tendría como resultado un recambio o remake neoliberal a ultranza.

Un cuarto escenario se produciría por la conversión de la corrupción en el principal problema del país y de la política, con grandes escándalos judicializados, y una creciente debilidad del sistema para producir respuestas aceptables. Esta posibilidad, que por ahora se aprecia lejana, dependería de una intensa movilización anticorrupción que no se tiene a la vista, y mejoraría las posibilidades de la izquierda o de un candidato que siendo contestatario sea también un outsider.

Política, antipolítica y contrapolítica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politica-antipolitica-y-contrapolitica-13-03-2015
La República
La mitadmasuno

13 de marzo de 2015

Juan De la Puente

Un apreciable porcentaje de ciudadanos no acepta ninguna forma de reelección, ni de financiamiento público de los partidos, y cree –con mayor o menor intensidad– que todos los políticos son una maldición corrupta e ineficaz que debe ser erradicada. De acuerdo al último Latinobarómetro, publicado el 2014, el Perú, junto a Chile, Brasil, Bolivia y Argentina, se encuentra a la vanguardia de los países con mayor porcentaje de ciudadanos que cree en una democracia sin partidos y sin Congreso, con menos interés en la política y más escépticos respecto de la posibilidad de que sus gobiernos puedan resolver los problemas en los próximos cinco años.
Fuera de las comparaciones, otros datos permiten apreciar la resistencia de los ciudadanos a la política. Según la encuesta de GfK de febrero de este año, el 55% cree que el actual diálogo político no servirá para nada o profundizará los desacuerdos y otro tanto sostiene que ni al gobierno ni a la oposición le interesa llegar a acuerdos. Ese mismo sondeo revela que dos tercios no se sienten cercanos a ninguna opción política.
Las explicaciones centradas en la decepción y la desconfianza son ciertas pero crecientemente básicas e insuficientes. El desencanto peruano pasa a mayores y va a contracorriente de otros fenómenos, como la relativa satisfacción de progreso y de legitimidad del mercado; no es el resultado de una crisis perfecta en la que la falta de adhesión a la política es compartida por los partidos y la economía.
La explicación podría suministrarla los 25 años de antipolítica, es decir, el sacrificio de la competencia democrática, el pluralismo y la deliberación en manos del decisionismo y de los poderes fácticos. Una parte de los ciudadanos empieza a recusar esta forma de hacer política y de gestionar el Estado debido a los resultados presentes, especialmente los referidos a la corrupción y a la falta de seguridad. Sin embargo, aquí no funciona el péndulo; ese sector no se decanta necesariamente a favor de lo que se denomina tradicional, es decir, líderes, partidos, símbolos y narrativas convencionales, Para ellos, no hay a la vista nada nuevo y nada bueno. Todos son iguales.
Esta contrapolítica envía mensajes antisistémicos, pero no solo estos; también voltea la mirada hacia formas ilegales de política, que son nuevas pero no expresan necesariamente una apuesta democrática, como se pudo apreciar en varios resultados en las elecciones regionales pasadas. En cualquier caso, sin embargo, debe anotarse que no solo parece haberse agotado la transición post fujimorista sino el ciclo mayor no tocado por esta, la antipolítica.
No encuentro progresista esta extrema recusación de la política. Al contrario, sufre la enfermedad de la desideologización. Contra quienes creen que es la base para el surgimiento de un Podemos peruano (en similar proceso que el de España), creo que este segmento es infértil, se indigna pero no se moviliza, y reclama pero no está dispuesto a mover un dedo por el cambio.
La contrapolítica es un riesgo para nuestra democracia despolitizada y no solo para los partidos y líderes. Siendo que no le interesa el antagonismo, las relaciones de poder y la alternancia, es decir, deja de escoger o preferir, puede conducirnos con audacia a increíbles resultados electorales en nombre de lo nuevo. Quizás basados en esta percepción y al mismo tiempo posibilidad, el Perú es en estos momentos el primer laboratorio mundial de outsiders, y a este afán se dedica tiempo, dinero y sobre todo esperanzas. De los programas y proyectos de país se habla poco y se entiende: “todos son iguales”
Es preciso reaccionar frente a la contrapolítica, una forma de política en modo de negación. Ciertamente no solo es una obligación de los partidos, cuya mochila los ciudadanos y medios cargan todos los días con exigencias que deberían ser compartidas. Sin abandonar el espíritu crítico y la exigencia de la reforma como alternativas a la crisis de representación no es recomendable saludar y alegrarse por este “que se vayan todos” peruano.

La reforma política, un movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-politica-un-movimiento-06-03-2015
La República
La mitadmasuno

6 de marzo de 2015

Juan De la Puente

No sé cómo terminará el debate parlamentario de la reforma electoral. Lo más probable es que se aprueben algunos cambios urgentes, no todos, para mejorar el estándar del próximo proceso electoral. Sin embargo, no parecen haber condiciones para aprobar en su totalidad el paquete mínimo, porque en el Congreso y en los partidos nacionales no ha sido posible construir una audaz mayoría a favor de cambios.
A pesar de ello se ha roto el dique inmovilista; por primera vez la caída del fujimorismo en el país se ha detenido más de un minuto para debatir la reforma política, la parte electoral de ella pero no solo lo electoral. Las discusiones de cenáculo han “descendido” a la sociedad y han perdido su categoría de exclusividad intelectual. Este descenso tiene una virtud que debe ser rescatada, su transversalidad; por ahora no se advierten demasiados sesgos ideológicos y no existen modelos de reforma de izquierda y de derecha. Al contrario, con matices, se aprecian sentidos comunes agregados volcados hacia una mejor política para una mejor representación.
Nada de esto se habría logrado sin dos hechos centrales. El primero, la embestida de la antipolítica durante el proceso electoral regional/municipal de octubre pasado. Esta arremetida, provista de su enorme fuerza económica, expuso ante el país la dimensión de un desborde de formas y los límites de instituciones atadas de manos frente a una masiva ruptura y desprecio de los marcos básicos, un fenómeno que en medio del estallido de la corrupción diluyó los reparos a la reforma, incluso de los que poco antes escribían que el país no necesita nuevas reglas de juego.
El segundo fue la capacidad de reacción de una parte del Estado, en este caso de los organismos electorales, y otro tanto de la sociedad, incluyendo los medios de comunicación y que a pesar del viento en contra insistieron en cambios, aún mínimos. La apertura del JNE, ONPE y RENIEC a la sociedad civil y la campaña unificada #ReformaElectoralYA que las tres instituciones llevan a cabo debe ser reconocida; es un posicionamiento inédito y valeroso en la pugna por la transparencia pública, una especie de pequeña “mani pulite” peruana que en otras condiciones debería ser ciertamente más generalizada.
La curiosa pregunta de por qué los organismos electorales demandan más transparencia pública debería ser reemplazada por otra: ¿Por qué callan otras instituciones frente a la reforma de las reglas para la formación de la representación? De ese silencio escapan el ejemplar comportamiento de la Defensoría del Pueblo y la reciente toma de posición del Fiscal de la Nación que se ha expresado a favor de la inhabilitación de por vida de los funcionarios corruptos y el Contralor General quien ha respaldado la aprobación de los impedimentos de postulación para los sentenciados por corrupción y la eliminación del voto preferencial. El Poder Judicial, el TC, el CNM por ahora callan.
El país se acerca a una batalla institucional entre organismos que pugnan por más transparencia pública y mejores reglas para el ejercicio de la política y otros que se atrincheran en las viejas formas que favorecen la corrupción. Esta disputa es cada vez más probable en la medida que la reforma política se ha transformado en un movimiento, aún pequeño pero imposible de ser ignorado.
Es una mala señal que de ese movimiento no forme parte de modo entusiasta y general lo que queda del sistema de partidos. Muy pocos grupos nacionales se han expresado a favor tanto de la reforma mínima como del paquete más ambicioso de mediano plazo. La mayoría de partidos está emplazado en la acerca del frente, resistiéndose a que se investiguen sus aportes electorales y gastos de campaña y ensayando lamentables coartadas a favor del voto preferencial, contra la alternancia de género o de desprecio a lo mínimo. Este bloqueo partidario a la reforma que se extiende al Congreso es más que una falta de grandeza; resume un grave error de apreciación del nuevo momento y una entrega de banderas a otros que están llegando.

Un nuevo Acuerdo Nacional

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-nuevo-acuerdo-nacional-27-02-2015
La República

La mitadmasuno

27 de febrero 2015

Juan De la Puente

Hace 13 años los partidos, la sociedad civil y el gobierno consideraron la necesidad de un pacto político y social. La preparación del mismo duró 5 meses y el debate de su contenido otros tres, entre el 5 de abril hasta el 22 de julio del año 2002, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional por 7 partidos, 7 instituciones sociales y el gobierno. El pacto contenía 29 políticas de Estado para los 20 años venideros.

Viví intensamente ese período; fui encargado por el entonces presidente Alejandro Toledo de coordinar el compromiso de los actores, la convocatoria y los primeros contenidos. Con la decisiva participación del premier Roberto Dañino, de la Asociación Civil Transparencia dirigida por Rafael Roncagliolo, y un grupo de valiosos peruanos, se dio forma a un espacio que alimentó y oxigenó la transición y entregó un instrumento que a pesar de sus deficiencias, la frondosidad y su carácter no vinculante, estableció un horizonte y marcó a las políticas públicas.

Nada se habría alcanzado si los líderes de entonces no se hubiesen premunido de grandeza. Esta generosidad fue desbordante, al extremo que el gobierno presentó al debate 12 políticas de Estado que los implicados rápidamente llevaron a 29. También se debió a otras dos razones decisivas: que nos encontrábamos a la búsqueda de una nueva política para un nuevo tiempo luego de la recuperación de la democracia, y que lo impulsaba un gobierno que iniciaba sus funciones.

Una parte importante de las políticas del Acuerdo Nacional ha sido implementada; es difícil concluir un balance situados solo en el análisis métrico de lo que se ha hecho y de lo que falta hacer. Sin embargo, es indiscutible que el Perú, un país históricamente alérgico a los acuerdos públicos pero muy amigo de componendas bajo la mesa, pudo romper la maldición de la discordia extrema permanente.

El Perú necesita un nuevo Acuerdo Nacional, ya no para la transición sino para la reforma. Como hace 13 años el país se encuentra otra vez en la búsqueda de una nueva política. El impulso de la transición iniciada con la presidencia de Valentín Paniagua ha concluido y son cada vez menos quienes afirman que aquí no pasa nada. También se ha roto el consenso alrededor del crecimiento y se debate en todos los ámbitos sobre qué crecimiento, para qué y cómo. Finalmente, la crisis de las instituciones reclama correctivos de fondo más que de forma.

Parece un sinsentido proponer un nuevo pacto nacional cuando el país se sumerge en una campaña electoral en medio de una polarización que además de ser más intensa que las anteriores, se vacía de contenidos. Se presume que esta etapa es de diferenciación de programas y que no es una buena estrategia hablarle al país de pactos cuando se le debe hablar de votos.

El asunto es más complejo. Durante los últimos tres gobiernos constitucionales, no ha sido posible alcanzar grandes pactos para concretar grandes cambios, varios de ellos incluso consignados en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, precisamente por la resistencia de los gobiernos y de las oposiciones a encarar estos cambios desde el consenso. El juego de leves mayorías y minorías se sustentaba en dos convicciones que están dejando de serlo: 1) el derecho del elegido de organizar “su” gobierno y “su” poder; y 2) la intangibilidad del crecimiento económico.

Tres grandes desafíos obligan a que el gobierno elegido el 2016 recurra a un nuevo Acuerdo Nacional: 1) la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento y de distribución habida cuenta del fin de ciclo de acumulación que se experimenta; 2) la reforma política de instituciones y procedimientos para la formación de la representación; y 3) la formación de una comunidad política en un país que ha crecido y madurado en medio de la precariedad y que necesita con urgencia más cohesión. Si los partidos que entran en campaña queman todas sus naves en la disputa electoral no podrán pedirle al país ese nuevo consenso. Por esta razón, esta campaña debería ser protagonizada por la reforma.

El candidato (a) distinto (a)

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-candidato-a-distinto-a-13-02-2015
La República

La mitadmasuno

13 de febrero 2015

Juan De la Puente

Según la reciente encuesta de GfK, el 56% no simpatiza con ningún político, porcentaje que sube a dos tercios entre aquellos que no tienen interés en la política (que son la mitad de los electores). Asimismo, el 50% cree que el próximo gobernante del Perú no serán Alan García, Keiko Fujimori o PPK, los mejor ubicados en los sondeos de opinión, y piensa en cambio que hay oportunidad para un candidato distinto.

El poco interés en la política y la desconfianza en ella, léase ambas razones como una desilusión de los ciudadanos respecto de lo público y de los actores públicos, serán desafíos para todos en el proceso electoral que asoma y no solo para el marketing. De hecho, parir candidatos sorpresivos o sorprendentes se está volviendo un afán nacional aunque el sistema se encuentra relativamente cerrado por el requisito de medio millón de firmas para la legalización de un partido, un ojo de aguja para que pase un elefante.

El espacio de los políticos y partidos aceptados por menos de la mitad de peruanos no puede ser considerado como el de la política tradicional. Esta, entendida como el espacio que protagonizan las formaciones partidarias clásicas como el Apra, la izquierda, AP, PPC, practica cada vez menos reglas convencionales y en cambio es impactada por la antipolítica en distintos grados, tanto en el reclutamiento de militantes, como en la designación de candidatos, el financiamiento de sus campañas y en el manejo de sus programas.

De hecho, ninguno de estos grupos se hace acreedor al título de “partido tradicional” aunque sus candidatos puedan ser percibidos así por ser conocidos y porque representan una forma de decir la política. En resumen, el Perú no tiene partidos tradicionales y los políticos tradicionales son una especie muy amenazada.

El otro grupo, más de la mitad de peruanos, anhela y espera una nueva política. En realidad lo hace desde hace 25 años, con la diferencia de que ahora la crisis de representación es más aguda y concluyente. En esa mayoría caben aquellos que no tienen interés en la política, por lo que su deseo de relacionarse con las propuestas conocidas es mucho menor.

La búsqueda de nuevas sensaciones e identidades que vienen de fuera del sistema es fundamental en nuestra democracia; ha sido lo más importante en los inicios de los 6 procesos electorales desde 1990 que dieron a luz decenas de recién llegados, la mayoría de los cuales se juraba el nuevo de turno, de modo que la construcción del outsider en nuestro precario sistema se ha convertido en un auténtico carnaval, lleno de fanfarria, disfraces y un poco de cursilería. Outsider, los de otros tiempos.

Después de 25 años también se puede decir que nuestro sistema es también un cementerio de outsiders. Salvo tres (Fujimori, Toledo y Humala) decenas de nuevos políticos fueron sepultados por mala suerte, por falta de dinero o por escasez de capacidades elementales. Al fin y al cabo, esos tres políticos sorpresa eran más que recién llegados en tanto que dos de ellos no pudieron ganar en la primera elección, relativizándose su condición de nuevos y de ajenos al sistema. Todo ello nos devuelve a la pregunta si los outsiders nacen o se hacen.

Sostengo que para el Perú de hoy no es suficiente y quizás innecesario un outsider y hacen mal los medios, la academia y los políticos mismos en buscarlos bajo tierra. Si se trata en realidad, hablando en plural, de nuevas políticas, políticos, discursos y símbolos, habría que mirar los perfiles más que los orígenes. Así, se podrá encontrar proyectos y espacios en construcción y apreciar mejor las posibilidades de los actores “nuevos” respecto de la agenda del futuro. En esa perspectiva los nombres que circulan, como los de Gastón Acurio, Julio Guzmán, Martín Vizcarra, Verónika Mendoza, Marisa Glave, Julio Arbizu o Claudia Cisneros, corresponden a identidades diferenciadas para proyectos diferentes. En el reino de la antipolítica, nueva o antigua, no es suficiente ser nuevo. Ser nuevo no es lo mismo que ser distinto.

Podemos, no queremos, no sabemos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/podemos-no-queremos-no-sabemos-06-02-2015
La República

La mitadmasuno

6 de febrero 2015

Juan De la Puente

En la actual crisis política los actores juegan cerca al borde de la cancha y en corto plazo, sin apuestas estratégicas, una crisis que discurría sin contenidos pero que ha sido impactada por dos elementos que sobresalen por su carácter precursor: 1) la irrupción de una forma/contenido “full contact” de hacer política impulsada por el ministro Daniel Urresti, antecedente de un espiral antagónico casi irreversible donde solo es posible la confrontación, no importa sobre qué; y 2) la presencia de los jóvenes indignados y más que eso, de una forma/contenido aún embrionaria y duramente cuestionadora del establishment político y económico.
La idea cuestionadora de lo político y económico es recurrente desde la caída del fujimorismo. Ambos reformismos fueron inicialmente marginales, por la necesidad de recuperar las instituciones y abrir el juego, la razón por la cual se impuso la opción de Alejandro Toledo (2001-2006). Esa opción se decantó por un modelo económico alternativo, fue derrotado por Alan García (2006-2011) pero triunfó con rebajas, también en lo económico el  2011.
Por lo tanto, podríamos decir que el reformismo político fue marginal desde los inicios del actual ciclo democrático, debido al privilegio de lo económico patentizado en discursos convergentes como “piloto automático de la economía”, “buena economía, mala política” y “aislar el ruido político”.
El estallido de la corrupción, las crisis institucionales en progreso, como las del Congreso, la Fiscalía y el CNM, la crisis de los partidos y las decisiones equívocas tomadas desde arriba, han creado un escenario ideal para la irrupción de las dos promesas señaladas, la populista autoritaria –en ese sentido Urresti es más que Urresti, es el profeta de un proyecto para resolver por la fuerza los nudos de nuestra gobernabilidad– y la reformista que a diferencia del pasado hace énfasis más en la política y en la economía.
Esta última tendencia señala que el problema central del país es la corrupción y el envilecimiento de la política. Esta no se da por aludida, se sigue peleando en las alturas por asuntos de corto plazo, y tiene el secreto deseo de que el 2016 tenga como elementos de discusión la seguridad ciudadana y acaso la defensa del llamado modelo económico si algún candidato lo amenazara, algo poco probable ahora. En ninguna de las contabilidades de las opciones para las próximas elecciones figuran la lucha contra la corrupción, la reforma de la política y de la formación de la representación, y los cambios de fondo en las instituciones impactadas por la corrupción y la ineficiencia.
Estimar, sin tomar en cuenta este escenario la probable irrupción de un fenómeno político similar a Podemos de España es arriesgado. Vistos los antecedentes de la derrota programática de Humala y el abandono de su proyecto, también es apresurado pronosticar la aparición el 2016, y con fuerza, de una opción como la de Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela) o Cristina Fernández (Argentina). Lamentablemente, en el reino de la antipolítica en la que se ha convertido el Perú, tampoco son posibles reformismos más institucionalistas como los de Chile o Uruguay.
A diferencia de varios de los países mencionados, el Perú no se encuentra en crisis económica en tanto que el mercado registra una alta cuota de legitimidad. Es una razón y no una coartada que opera en la conciencia ciudadana como un enorme tapón de cara a los cambios institucionales que requerimos. La falta de conciencia que impulse cambios de fondo a pesar de no registrarse una crisis económica es un problema cultural de la política sobre el que se desarrolla una discusión entre quienes apuntan a cierta anomia social que se gratifica con la corrupción y lo alimenta (las dos caras de la moneda, “déjame trabajar” y “roba pero hace obra”) y quienes todavía rebuscan en los partidos una pequeña señal reformista. En cualquier caso, no deja de ser frustrante que el discurso ético en el país sea vigoroso pero marginal.

Las regiones, un nuevo pacto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-regiones-un-nuevo-pacto-30-01-2015

La República

La mitadmasuno

30 de enero 2015

Juan De la Puente

La Asamblea Nacional de Presidentes Regionales (ANGR) presentó recientemente un interesante texto (Los Gobiernos Regionales al inicio de su segunda década; 46 experiencias de éxito de la gestión pública regional), un ejercicio que relaciona el balance, la reflexión crítica y el estudio de casos, una fórmula escasamente usada en el estudio de las políticas públicas.

Las 46 experiencias reflejan 9 ámbitos de la gestión de gobierno en los que se aprecia voluntad política, gerencia técnica, planeamiento del territorio y compromiso con temas sensibles de la agenda pública que en las condiciones de una perspectiva centralista no habrían sido abordados. Entre los casos, es muy destacable la avocación a la relación entre el ordenamiento territorial y las políticas ambientales, como la zonificación ecológica en 3 regiones, la creación de autoridades rectoras ambientales macro o micro en 2 regiones y la Mancomunidad de los Andes que reúne a 5 regiones. Estas experiencias indican una ruta promisoria, la gestión de las dinámicas territoriales bajo la convicción de que la desigualdad incluye una variable territorial que se patentiza en las brechas casi endémicas de ingresos per cápita entre distritos ricos y pobres.

El texto lanza, aborda y deja varios desafíos. El más importante, que recorre el libro como una narrativa de resistencia, es la crisis del proceso iniciado el año 2002. Esta narrativa contradice a otra, la narrativa del fracaso de la descentralización, impuesta como discurso desde marzo pasado por una coalición al mismo tiempo centralista en lo político, conservadora en lo ideológico y neoliberal en lo económico.

Esa idea del fracaso es contestada con otra que afirma que la crisis expresa el fin del impulso del proceso descentralizador, una crisis de expansión de la arena política de acuerdo a la clasificación de Guillermo O’Donnell. Es decir, no es una crisis autónoma sino que forma parte de otra mayor que nos reclama a todos.

El texto sugiere tácitamente como causales de esta crisis un conjunto de responsabilidades del Estado. Siendo ello en general correcto, otro conjunto menos explorado de responsabilidades alude a las sociedades regionales, a las tres generaciones de gobiernos regionales y en específico las élites regionales que desde el año 2006 gobiernan la mayoría de gobiernos regionales. 

El libro propone relanzar la descentralización usando el lema “descentralizar reformando”. Nunca mejor dicho. Ahora, ¿por dónde empezar el relanzamiento? ¿Se puede relanzar el proceso sin reforma política?

Requerimos un nuevo pacto descentralista; a diferencia de otras experiencias, el nuestro solo fue legislativo, no fue un pacto político y me temo que tampoco social. Un nuevo acuerdo no debería producirse mirando al centralismo. A pesar de su presencia en los medios y el Estado, la narrativa centralista es débil frente a la sociedad pues no toma en cuenta que en 12 años la región se ha transformado, y que ahora es un sujeto que ha dejado de ser objeto. Este nuevo acuerdo debería ser parte de la agenda electoral del 2016 y debería ser exigido a los candidatos.

Este sujeto ha evolucionado; cada región usa la autonomía de la que dispone con resultados disparejos y desequilibrados donde importa no solo lo que tienes, sino también lo que eres y de dónde vienes. Así se entiende que el PBI per cápita de Moquegua sea S/. 43 mil y que el de Apurímac sea S/. 5 mil, en una media nacional de S/. 17 mil.

Una última cuestión, sobre la corrupción. Matizo la afirmación del texto que señala que la descentralización no produce corrupción sino que la hereda de un Estado con una larga historia de corrupción y clientelismo. El dato histórico es correcto, pero no explica lo ocurrido en los últimos años en donde la corrupción se ha recreado y se ha convertido en una enorme fuerza social, en algunas regiones quizás una de las más importantes organizadoras de la política. Como diría la academia, la corrupción regional ya hizo sociología.

Monos con metralleta

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/monos-con-metralleta-23-01-2015

La República

La mitadmasuno

23 de enero de 2015

Juan De la Puente

Se tiende a pensar que varios de los fenómenos que sacuden recientemente la agenda pública peruana son el resultado de acciones impensadas o disparos al azar lanzados por personajes imprevistos. Esta idea, que la política ha sido tomada por monos con metralleta, debería ser relativizada en favor de una reflexión que explique la irrupción y/o privilegio de formas regresivas de hacer la cosa pública que están llegando para quedarse. En estos casos, la irresponsabilidad de acciones y declaraciones no es sinónimo de disparate.

En cinco días se han tenido noticias de seguimiento ilegal a por lo menos seis actores públicos relevantes (Jorge del Castillo, Miguel Hidalgo, Marisol Espinoza, Cecilia Tait, Natalie Condori y Tania Quispe); procedimientos que para efectos del análisis deben ser agregados y desagregados en busca de una racionalidad oculta. Salvo el que se realizó a la Vicepresidenta Marisol Espinoza, los otros cinco habrían consistido en operaciones destinadas a elaborar expedientes para el chantaje o para el estatequieto.

Importa dilucidar si estos operativos están a cargo de redes privadas o estatales porque de esto depende no solo la tipicidad del delito sino los móviles, es decir, en favor de qué decisiones se pretendía torcer la voluntad de las víctimas. Si estas redes son privadas estaríamos ante el sucio dinero, importante de atajar pero al fin y al cabo un desborde –doloso– de las bajas pasiones a las que conduce la codicia; pero si las redes fueron públicas, es decir, cualquiera de las instituciones de inteligencia, estaríamos ante la sucia política, el desborde –doloso y peligroso– de la fuerza del Estado para favorecer intereses del poder de turno. Caben otras dos realidades intermedias: 1) que los intereses privados hayan usado –alquilado– la logística del Estado para propósitos privados; y 2) que existan grupos al interior del Estado con lógica de inteligencia propia, lo que se está denominando como “facciones” con objetivos propios.

Cualquiera de estas posibilidades pone en jaque al sistema revelando su debilidad, vulnerabilidad y podredumbre, porque tanto lo privado/sucio como lo público/sucio concurren a un nuevo estadío, la delito-política, la fase superior de la antipolítica, una forma de gestionar la representación que, a los manejos dolosos del erario público patentizado en los escándalos que explotaron el año pasado, suman otras regularidades como el registro de la intimidad familiar y el acopio de datos en los registros públicos. De allí al chaveteo en los callejones solo hay un paso, incluso si, como al parecer sucede, una cosa es el espionaje y otra la misteriosa distribución de expedientes.

Varias preguntas emergen de este fenómeno que quizás no les interese mucho al Congreso y a la fiscalía que investigarán las denuncias de seguimiento: ¿Esta forma de organizar el juego político y las relaciones con los opositores y con los propios tiene un peso decisivo en el Estado? ¿Cuántos recursos y tiempo distrae a los tomadores de decisiones organizar u ordenar estos operativos y prestar atención a sus hallazgos teniendo en cuenta que el día tiene 24 horas? ¿Las instituciones a cargo de estas operaciones tienen también una participación en la elaboración de la agenda pública y por lo tanto voz en el gobierno del país? ¿Por qué callan los funcionarios víctimas de estas prácticas ilegales?

En un país donde se justifica que los procuradores graben a los ministros (lo que hace suponer que los ministros pueden grabar al Presidente) se torna aceptable que el gobierno grabe y espíe a todos. Esa es otra política, la de baja intensidad, la de los aparatos ocultos, de los equipos de chuponeo, de las investigaciones de la vida privada, las filtraciones a la prensa, de la prensa que abraza las primicias con escaso sentido crítico y del ajuste de cuentas por lo bajo. No es la política del debate abierto, de la lealtad hasta en la discrepancia y la disidencia, del juego político de cara a los ciudadanos donde son ellos los que deciden y no los expedientes X; es otro país, el Perú Watergate. ¿Hemos liberado esas fuerzas?