Plagio, mentira pública e informalidad

http://larepublica.pe/impresa/opinion/737181-plagio-mentira-publica-e-informalidad

La República

La mitadmasuno

29 de enero de 2016

Juan De la Puente

El plagio de la tesis doctoral de César Acuña es un libro abierto que trasciende las elecciones. Ojalá solo fuese un asunto de votos pero me temo que lo electoral acaba siendo coyuntural frente a un asunto más serio, la educación, la honestidad intelectual y la verdad en los hombres públicos.

Imposible despolitizar este caso aunque no deberíamos quedarnos en lo estrictamente político. Por lo pronto, me impresiona la defensa de Acuña ensayada desde la separación entre lo público y privado y la reflexión francamente elitista que señala que este es un asunto de los engreídos de arriba a quienes interesa los medios contra los de abajo a quienes interesa solo los fines.

La lógica de ambos es parecida; operan con la premisa de que la mentira privada es distinta a la pública, de modo que solo lo segundo es reprobable. Sobre esto existe un debate interminable. Una tesis sostiene que la mentira en los actos privados –la mentira privada– puede tolerarse especialmente si no tiene relevancia pública y que en cambio es inexcusable la mentira pública, salvo en las cuestiones de Estado. Una tesis contraria la expuso Inmanuel Kant,quien sostenía la diferencia entre la treta y la mentira, y que esta última es reprobable en cualquier circunstancia.

En este debate terció Benjamín Constant que polemizó con Kant afirmando que la verdad solo debe ser dicha a quienes la merecen. El filósofo francés sentenció que decir la verdad es un deber con aquellos que tienen derecho a la verdad y que nadie tiene derecho a una verdad que perjudique a otros.

Ese parece ser el punto que topa con el caso Acuña. Una tesis plagiada es una mentira ante una universidad, y quien cayó en ella regenta a su vez una universidad y pretende gobernar un país. Es una mentira más en un mar de zapatillas y prendas de vestir con marcas falsificadas, medicinas adulteradas, beneficiarios “bamba” del Vaso de Leche y Pensión 65, certificados médicos comprados para lograr días de licencia, plagios en los exámenes para la carrera docente, sustitución de postulantes a las universidades, cobros disfrazados y adulteración de facturas.

Nuestras mentiras privadas terminan siendo públicas. Hay un punto donde se juntan y ese es el derecho de instituciones y personas a que se les diga la verdad.

Por otro lado, es falso que ese contexto sea clasista; estos engaños son propios de los “arriba” y los de “abajo”. A riesgo de caer en un error grueso, no se puede sentenciar que el plagio no le importe al pueblo, incluso para los efectos de la elección de un jefe de Estado. El concepto pueblo es muy grande para generalizar en este caso porque tiene matices de tiempo y espacio. Así como se aprende a robar en los círculos más íntimos, se aprende a mentir, engañar, ocultar, y aprovecharse del otro en los espacios sociales inmediatos. Si vamos a hacer sociología de las reglas del comportamiento humano, no lo hagamos desde el racionalismo; recordemos el viejo debate sobre lo bueno y lo malo en la historia de las ideas: para Hobbes, el hombre nace malo; para Rousseau nace bueno y la sociedad lo corrompe; y para Marx, solo nace, es el medio el que lo hace bueno o malo.

Todo hombre público tiene el deber de la verdad y lo de Acuña es una mentira pública que no puede pretender ser privada; tiene relevancia con el corto plazo electoral y con el largo plazo de un país ilegal que adora en paquete el llamado emprendedorismo y cuestiona el trámite como hace 30 años amaba lo informal. Hasta que empezamos a ser asesinados por las combis.

La posibilidad de que Acuña renuncie a la candidatura o el hecho de que varios de sus adversarios también mintieron o tienen cuentas pendientes con el Estado y la sociedad no pueden ser ignorados, aunque tampoco pueden operar como una coartada frente a una realidad potente: ninguna mentira pública es privada. Este es un caso en el que las pasiones del momento no pueden conducirnos a la subestimación de graves defectos sociales. Como dice el spot de la Universidad César Vallejo, se trata de ustedes. De nosotros. 

¿Todos somos sospechosos?

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/todos-somos-sospechosos-03-04-2015

La República

La mitadmasuno

03 de abril de 2015

Juan De la Puente

Al margen del resultado de la moción de censura contra Ana Jara, no puedo pasar por alto las gravísimas afirmaciones de 3 congresistas nacionalistas durante el debate del pasado 30 de marzo, que expresan una visión policiaca del estado y una preocupante filosofía sobre las relaciones entre la sociedad y el estado.

Estas afirmaciones siguen una misma línea y que presumo que se originan en una posición oficial de algunos de los servicios de inteligencia. Una de ellas señala que “La DINI (…) verifica situaciones que pudieran resultar penosas, se hace una labor de constatación y chequeo, si se encuentra algo irregular informará a quien tenga que informar” (Teófilo Gamarra); otra señala: “El Estado tiene la obligación de sospechar de todos (…) todos los 30 millones de habitantes deberíamos estar en la situación inclusive de sospechosa” (Rubén Condori); y la tercera dice: “En la democracia nadie debería tener corona, todos son potenciales sospechosos que podrían quebrar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática” (José Urquizo).

Este germen de política de seguridad interior pretende devolvernos a un estado anterior al Estado de Derecho, donde los ciudadanos no eran tales y la arbitrariedad del poder no era objeto de interdicción. Sin embargo, en dos siglos la humanidad ha consagrado la intimidad personal como derecho, cuyo contenido esencial no soporta limitación de ningún orden, aunque en su contenido no esencial tolere escasas restricciones respetuosas del principio de razonabilidad.

El “todos somos sospechosos” es un nuevo ataque a la intimidad que ya se encuentra bajo acoso de otras formas de intrusión.

Desde la protección, el derecho ha regulado excepciones para evitar la invasión generalizada, entre ellas las Medidas de Intervención Telefónica, MIT (Ley 27697 y D Leg. 991) y las excepciones en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El mismo Código Penal no hace distinción entre la información “abierta” o “cerrada”, castigando la violación de la intimidad sin establecer diferencias entre estas (artículos 154 y 157).

Varias teorías abordan la colisión del derecho a la intimidad con otros derechos. Una de ellas es la teoría de los derechos preferentes. El Tribunal Constitucional ha señalado que el interés público, no morboso, puede ser un parámetro que permita ponderar ciertas conductas invasivas de la intimidad. El interés público, no obstante, es el interés de los ciudadanos, no es el sinónimo de un supuesto interés del Estado por encima de la sociedad.

No existe un derecho del Estado a espiar a sus ciudadanos. La idea de que todos somos sospechosos convierte la excepción en una regla y anula el espacio privado en beneficio de lo público, una resurrección de Roma antigua en la que, como decía Aristóteles, no debe permitirse que un hombre se pertenezca a sí mismo sino que a toda la ciudad.

¿Hemos llegado al nivel en que la sociedad no controla al Estado sino que este la vigila? La ética de esta visión es peligrosa; es la ética de la desconfianza y de la presunción de la existencia de un ciudadano malo vigilado por un puñado de buenos.

Es esta ética, importan más los malos de adentro que la vigilancia de los intereses legítimos del Perú en relación con sus vecinos. El principio de la soberanía se transforma a partir de la convicción de que el país está sitiado desde adentro. No importa que sea una visión poco práctica, porque si el poder no es capaz de determinar quiénes son sospechosos y cree que todos lo son, es seriamente ineficaz.

Lamentablemente esta no es una visión solitaria en este tiempo. En algunos países, la lucha contra el terrorismo internacional pretende legitimar la transgresión del carácter íntimo de los datos personales y a ello se resisten las sociedades. Es claro, entonces, que estamos avisados; luego de varios siglos ha retornado Tomás Hobbes, su Estado de Naturaleza y su tesis de que el hombre es el lobo del hombre. Es el Leviatán, es el miedo, es el Estado policía que algún día asesinará al Estado de Derecho.

Las elites y el poder

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-elites-y-el-poder-06-09-2013

La República

La mitadmasuno

6 de setiembre de 2013

Juan De la Puente

La XXXIII encuesta del poder publicada recientemente por Semana Económica confirma o revela datos y percepciones de una parte de la elite peruana, compuesta para este caso de políticos, funcionarios, intelectuales, profesores, empresarios, ejecutivos privados, periodistas y otros profesionales. En nueve rubros, los consultados opinan sobre qué peruanos son más poderosos, influyentes, los que influyen para bien y para mal, y sobre las fuentes del poder.

La encuesta corresponde a un intento por radiografiar el poder en general y no solo el poder político. Parece inscribirse en las teorías de Michel Foucault para quien el poder ya no puede ser localizado en el ámbito del Estado sino que está en todas partes de modo que constituye estrategias y verdades sociales, lejos de las visiones clásicas del poder de Hobbes (forma de dominación), Maquiavelo (una acción) o Friedrich (una relación más que posesión).

Es natural que en esa visión, el principal detentador del poder en el Perú sea el Presidente de la República y que a razón del modelo de decisiones que adopta el Estado, con implicancias públicas y privadas, se encuentre seguido de su principal aliada política y esposa, el ministro de Economía, y que el jefe de la PCM se ubique entre los 10 más poderosos.

Es poco usual, no obstante, la precipitación en la lista del poder y en puestos claves, de líderes de la oposición que en otras circunstancias no tendrían esta relevancia: Alan García en el 4° lugar, Keiko Fujimori en el 7°, Juan Luis Cipriani en el 9°, Lourdes Flores en el 18°, PPK en el 20°. En general, esta apreciación sugeriría que la actual oposición posee en conjunto más poder que el gobierno o por lo menos una cuota de poder no tan lejana  al del oficialismo.

Esta valoración ratifica otros sentidos comunes expresados en este período, particularmente la pérdida de la mayoría política por parte del gobierno. Sin embargo, también evidencia un atributo de la oposición colocada por la elite peruana en la crucial posición de no hacer/exigir/bloquear, una forma de gobernar socialmente aunque no desde el gobierno. Esta ubicación es expectante pero delicada al exponer un escenario de corresponsabilidad en los temas de fondo.

Si en eso acertaron quienes respondieron la XXXIII Encuesta, denotaron ingenuidad o recato al reducir el protagonismo en la lista del poder a los detentadores de la riqueza. En la lista solo aparecen Dionisio Romero hijo y padre (lugares 6° y 30°, respectivamente), Alfonso García Miró (10°) Roque Benavides (11°), Carlos Rodríguez Pastor (16°) y Pedro Brescia (23°). En la lista extraño la ausencia de los otros jefes de la banca y de la minería, de los líderes de la construcción, infraestructura, telecomunicaciones, retails y de la industria nacional. En esa medida, la lista peca de incompleta aunque resuma una exitosa y silenciosa táctica de una parte de los poderes fácticos del Perú que no habría que olvidar, verdad de Perogrullo, son el poder.

Es igualmente extraño que en la lista del poder la prensa no luzca sus atributos; Raúl Vargas aparece en un lejano 19° lugar, en un cuadro que oculta el carácter decisorio de los medios y de sus voceros. Una explicación, que niego liminarmente, es que para quienes contestaron la encuesta el poder de la prensa se despliega como si no lo fuese, y la otra es que deliberadamente se oculta ese papel bajo el argumento que la prensa es ajena y contraria al poder, es decir, independiente de ella. Ello es tan equívoco que las listas de abogados, economistas, magistrados, mujeres, parlamentarios y periodistas influyentes reúne a quienes tiene una exposición mediática significativa.

La aceptación de la vigencia de los poderes es un requisito para la ejecución de las políticas públicas y para desplegar la capacidad orientadora y reguladora del Estado. En la coyuntura actual sería también una condición de éxito del diálogo que ha iniciado el gobierno. Es probable que en esa mesa falten sentarse algunos invitados.