La República
La mitadmasuno
03 de abril de 2015
Juan De la Puente
Al margen del resultado de la moción de censura contra Ana Jara, no puedo pasar por alto las gravísimas afirmaciones de 3 congresistas nacionalistas durante el debate del pasado 30 de marzo, que expresan una visión policiaca del estado y una preocupante filosofía sobre las relaciones entre la sociedad y el estado.
Estas afirmaciones siguen una misma línea y que presumo que se originan en una posición oficial de algunos de los servicios de inteligencia. Una de ellas señala que “La DINI (…) verifica situaciones que pudieran resultar penosas, se hace una labor de constatación y chequeo, si se encuentra algo irregular informará a quien tenga que informar” (Teófilo Gamarra); otra señala: “El Estado tiene la obligación de sospechar de todos (…) todos los 30 millones de habitantes deberíamos estar en la situación inclusive de sospechosa” (Rubén Condori); y la tercera dice: “En la democracia nadie debería tener corona, todos son potenciales sospechosos que podrían quebrar el estado de derecho y la gobernabilidad democrática” (José Urquizo).
Este germen de política de seguridad interior pretende devolvernos a un estado anterior al Estado de Derecho, donde los ciudadanos no eran tales y la arbitrariedad del poder no era objeto de interdicción. Sin embargo, en dos siglos la humanidad ha consagrado la intimidad personal como derecho, cuyo contenido esencial no soporta limitación de ningún orden, aunque en su contenido no esencial tolere escasas restricciones respetuosas del principio de razonabilidad.
El “todos somos sospechosos” es un nuevo ataque a la intimidad que ya se encuentra bajo acoso de otras formas de intrusión.
Desde la protección, el derecho ha regulado excepciones para evitar la invasión generalizada, entre ellas las Medidas de Intervención Telefónica, MIT (Ley 27697 y D Leg. 991) y las excepciones en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733). El mismo Código Penal no hace distinción entre la información “abierta” o “cerrada”, castigando la violación de la intimidad sin establecer diferencias entre estas (artículos 154 y 157).
Varias teorías abordan la colisión del derecho a la intimidad con otros derechos. Una de ellas es la teoría de los derechos preferentes. El Tribunal Constitucional ha señalado que el interés público, no morboso, puede ser un parámetro que permita ponderar ciertas conductas invasivas de la intimidad. El interés público, no obstante, es el interés de los ciudadanos, no es el sinónimo de un supuesto interés del Estado por encima de la sociedad.
No existe un derecho del Estado a espiar a sus ciudadanos. La idea de que todos somos sospechosos convierte la excepción en una regla y anula el espacio privado en beneficio de lo público, una resurrección de Roma antigua en la que, como decía Aristóteles, no debe permitirse que un hombre se pertenezca a sí mismo sino que a toda la ciudad.
¿Hemos llegado al nivel en que la sociedad no controla al Estado sino que este la vigila? La ética de esta visión es peligrosa; es la ética de la desconfianza y de la presunción de la existencia de un ciudadano malo vigilado por un puñado de buenos.
Es esta ética, importan más los malos de adentro que la vigilancia de los intereses legítimos del Perú en relación con sus vecinos. El principio de la soberanía se transforma a partir de la convicción de que el país está sitiado desde adentro. No importa que sea una visión poco práctica, porque si el poder no es capaz de determinar quiénes son sospechosos y cree que todos lo son, es seriamente ineficaz.
Lamentablemente esta no es una visión solitaria en este tiempo. En algunos países, la lucha contra el terrorismo internacional pretende legitimar la transgresión del carácter íntimo de los datos personales y a ello se resisten las sociedades. Es claro, entonces, que estamos avisados; luego de varios siglos ha retornado Tomás Hobbes, su Estado de Naturaleza y su tesis de que el hombre es el lobo del hombre. Es el Leviatán, es el miedo, es el Estado policía que algún día asesinará al Estado de Derecho.
