Partidos made in antipolítica

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La República

23 de setiembre de 2015

Juan De la Puente

(Análisis de las propuestas de reforma electoral en el Congreso, publicado en La República)

La mayoría de bancadas parlamentarias ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio de la Ley de Partidos Políticos, y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y f) el financiamiento.

Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político. La lógica parlamentaria es cerrar el sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 5% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas.

Se debe recordar que con el requisito actual aprobado el año 2009, del 3% del padrón electoral, que obliga a presentar 450 mil firmas, no se ha inscrito ningún partido político. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso está a punto de congelar el sistema político.

Es un grave error anular el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; de prosperar el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.

Los partidos en el Congreso están apostando a la antipolítica en lugar de resolver los problemas que este fenómeno ha dejado, al incrementar de la cuota de independientes invitados del 20% al 25%, una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.

En cambio, es positivo establecer una valla electoral propia para las alianzas políticas, de 1% de votos por cada partido que se agregue, de modo que una alianza de dos partidos políticos está obligada a obtener 6% de votos para mantener vigente su inscripción electoral.

Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, es un error que se programe su inicio luego de las elecciones del año 2016 y que a cambio de ello se deje sin un carácter vinculante la rendición de cuentas del financiamiento privado.

Cinco batallas y una guerra

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La República

La mitadmasuno

18 de setiembre de 2015

Juan De la Puente

Entre las frases más comunes de estos días dos son portadoras de pesimismo, “la situación es complicada” y “todo está muy confuso”. Son definiciones y al mismo tiempo conclusiones de un escenario abigarrado y tumultuoso, propio de una guerra nacional que envuelve a políticos, instituciones, medios, periodistas.

La respuesta a este escenario es la interpretación mágica de todo suceso como una cortina de humo de alguien armada en un laboratorio, un recurso fácil que no necesita de muchos elementos a considerar pero que conduce casi siempre a errores de apreciación; esta interpretación tiene su origen en una forma de análisis político según la cual los hechos solo tienen causas externas. A esto se agrega otra operación simplista, la que abusa de la agregación de los fenómenos, de modo que las coyunturas o escenarios son planos, con una sola fuerza determinante y en una sola dirección.

Sostengo que, al contrario, este desorden político se explica por la concurrencia y a veces colisión de tendencias, todas ellas actuando en un período tan corto de tiempo y a cargo de actores, la mayoría de ellos precarios, con excepción de la prensa, constituida en un poder que asigna roles, derechos y organiza (casi siempre desorganiza) el juego político a su imagen y semejanza.

Por lo menos cinco batallas se libran con distinta trascendencia en este escenario: 1) la de la oposición vs el gobierno, que la primera ha ganado largamente y cuyo emblema es la pérdida del control del Congreso por el oficialismo y su aislamiento; 2) la de los medios vs el gobierno, que incluye sucesivas arremetidas centradas ahora en las agendas de Nadine Heredia, que algunas veces se mezcla con la batalla de la oposición contra el gobierno pero que tiene guión y actores periodísticos propios. Más que aliada, la oposición juega en esta batalla una función de vocería y acompañamiento procesal; 3) la batalla al interior del gobierno, que tiene su origen en la decisión de Humala de prescindir el 2016 de los no fieles, al punto que en el nacionalismo el problema ya no es la unidad sino cómo librarse de los no confiables; 4) la batalla de los partidos entre sí, con campañas en curso contra las candidaturas de Keiko, PPK y García, a cargo de dos de ellos contra el (la) tercero (a); y 5) la más importante, la batalla de la prensa y de la sociedad contra los partidos y políticos, que siendo criticados con distinto énfasis, todos aparecen de algún modo como un problema serio para el futuro.

La mayoría de actores políticos cree que es posible moverse en este escenario aprovechando de él lo que puedan; por esa razón se embarcan en cualquiera de las batallas, sin un plan determinado. Es una visión heroica de la política como una lucha cotidiana y un esfuerzo diario para evitar el naufragio. Algunos lo logran, otros no; el más perjudicado es el gobierno que tiene más adversarios, menos armas y aliados, y un ejército disminuido.

Lo delicado de este escenario reside en la debilidad del gobierno que parece estar transitando desde la transición hasta la emergencia, y por esa razón requiere cada día de más oxígeno. Presumir que en medio de esa precariedad el gobierno quiera intentar una salida golpista o huida hacia adelante, es un equívoco. Ello no excluye la existencia de otras dinámicas rupturistas, uniformadas o no.

En el Perú de hoy se combate en cada esquina de la política y parece que muchos se sienten a gusto con ello a pesar de que las batallas de esta guerra ofrezcan la imagen de un vacío que asoma. Es un juego peligroso y no porque se pueda acabar por una aventura militarista sino por dos razones egoístas: porque solo tienen corto plazo y porque nadie está ganando con el zafarrancho, aun los que se anotan victorias pasajeras. La caída de Milagros Leiva es un aviso de que la prensa y los periodistas no son inmunes a los golpes.

Lo malo de todo esto es que pareciera que ninguna de las fuerzas que se revuelcan en las batallas de esta gran guerra está dispuesta a hacer otra cosa; o que queriéndolo pueda lograrlo.

La prensa también pacta

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La Republica

La mitadmasuno

11 de setiembre de 2015

Juan De la Puente

Una de las noticias que resalta en Europa es el reciente editorial de 13 prestigiosos diarios que lanzan a viva voz un llamamiento a los gobiernos de la Unión Europea (UE) que se reunirán el 14 de este mes en Bruselas para iniciar una nueva fase de las negociaciones frente a la grave crisis migratoria, la más seria desde la II Guerra Mundial, que impulsa a millones de personas a abandonar sus países por los brutales conflictos internos y regionales y por razones económicas. Decenas de miles de ellas han llegado al Viejo Continente.

Los medios han llamado a los gobiernos a una solución negociada a la crisis vía medidas decisivas que eviten que se pierdan más vidas, y a demostrar que Europa es un continente construido sobre los principios de solidaridad, igualdad y libertad.

En otros momentos cruciales, los diarios europeos se habían coaligado para defender la paz, contra el terrorismo y las guerras. Pero esta vez han ido más lejos. Posicionados como un eje de referencia pública alternativa han propuesto incluso modificaciones del derecho europeo para que se conceda asilo a personas sin que tengan que arriesgar sus vidas para llegar al continente; que se financie a los países a los que primero llegan los refugiados; que se opte por una evaluación rápida e imparcial de las solicitudes de asilo; que se suspenda el acuerdo de Dublín por el que se obliga a los solicitantes de asilo a volver a su lugar de entrada; que se lleve a cabo un reparto más justo de la cuota de refugiados por país; y que se presione a otros actores internacionales para que hagan el máximo esfuerzo para alcanzar una paz negociada en Siria, gestionada por las NNUU.

No puede decirse que los gobiernos de la UE no reaccionarán ante la crisis de los refugiados aunque es evidente que son desbordados por la intensidad del flujo y las muertes que ocasionan las peligrosas travesías. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados considera que Europa deberá acoger por lo menos a 200 mil personas que huyen de sus países.

Este es un vigoroso ejemplo de cómo los medios pueden ejercer junto a su labor informativa una activa función de orientación, fortaleciendo procesos virtuosos, apurando dinámicas de cambio o desarmando estrategias inmovilistas que, en el caso europeo, implica, por ejemplo, el quiebre de la estrategia británica de no comprometerse con una cuota específica de refugiados.

No puede decirse que en nuestro país los medios no pactaran recientemente una agenda pública, aunque no en un sentido virtuoso. De hecho opera entre la mayoría de ellos un pacto tácito para encarar las denuncias de corrupción desde la epidermis, donde importan más los corruptos que los corruptores, no llamar corrupción a los lobbies privados, y silenciar algunos casos mientras se agrandan otros. Sobre la seguridad ciudadana y el delito opera otro pacto tácito: mostrar con detalle grotesco el delito en sus efectos, pero ignorar con solemnidad las causas, en tanto se alimentan las respuestas populistas igualmente criminales al estilo de “chapa tu choro”. Un emblema de este pacto puede ser la pregunta de una periodista a su colega reportero: ¿Me puedes decir cuántas puñaladas recibió la víctima?

Ya que los medios le han arrebatado a las instituciones y a los políticos gran parte de la agenda pública y diseñan esta con más libertad, sería ideal que pacten de modo expreso o tácito algunos temas de los que depende el futuro del país: 1) la reforma política ya no en su fase minimalista sino en contenidos de largo plazo, como la reforma de la Constitución y la sanción al financiamiento ilegal, por citar dos ejemplos; 2) la lucha contra los sistemas legales e institucionales que generan corrupción, corruptos y corruptores; 3) una política criminal sostenible que tenga como ejes la inteligencia, el juzgamiento eficaz y la prevención; y 4) la atención real al grave problema que implican para el país el cambio climático y los desastres naturales. ¿Podrán, querrán, lo harán?

Al centro (y a la izquierda) hay sitio

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La República

La mitadmasuno

4 de setiembre de 2015

Juan De la Puente

La encuesta de GfK publicada recientemente por La República trae como principal novedad la reducción de la intención de voto de casi todos los candidatos, excepto Keiko Fujimori. Este desigual escenario es provisional pero es un resultado y, si se quiere, un punto de partida que no debería subestimarse. Es una tendencia y es obvio que al convocarse las elecciones, la campaña no empezará de cero sino desde ese punto o de otro previo.

La encuesta pasa factura a dos años de guerra política personalizada e interesada. Los generales de esta guerra no están siendo premiados por su valentía y audacia en el campo de batalla. Las cicatrices de combate que ostentan se mezclan con las acusaciones ofreciendo un cuadro de liderazgos precarios en competencia.

Al mismo tiempo, tampoco deben pasar desapercibidos otros dos resultados: el aumento del porcentaje de quienes creen que las elecciones se decidirán entre los candidatos del elenco estable, y el alto número de quienes piensan votar en blanco o viciado.

Así, baja intención de voto, creciente convicción de que ganará alguno de los actores tradicionales y significativo rechazo al escenario que se está formando son elementos de una solo proceso de pesimismo democrático.

La única candidatura favorecida por este escenario es la de Keiko Fujimori y es obvio que su partido pugnará por no cambiarlo. El resto de aspirantes, los siete que aparecen en el sondeo de GfK, son los enanos de Blancanieves, y si hay una prioridad en sus agendas, esta debería ser un escenario electoral distinto.

Para lograrlo es preciso considerar que el único espacio constituido es el de la derecha y que allí se mueve Keiko con comodidad, realizando viajes hacia el centro y la izquierda, inclusive, como su postura sobre el Lote 192. En cambio, el centro y la izquierda están casi desactivados por falta de perfiles o por tener dentro varios inquilinos, aunque la fragmentación no parece ser por ahora su mayor problema.

Que el resto de candidatos intente consumir el electorado de Keiko se supone que está en agenda pero su problema debería ser cómo organizar una plataforma propia más fructífera y sostenible. Lo hecho por PPK hasta ahora es memorable, si de lo que se trata es de picotear un poco aquí y otro poco allá, aunque ese juego parece estar llegando a su límite. Por otro lado, Alan García y Alejandro Toledo representan un viejo centro; los agravantes son que el primero cree que puede ser al mismo tiempo centrista y boxeador, en tanto que el segundo cree que puede realizar una exitosa campaña combatiendo al mismo tiempo contra los fiscales.

La izquierda aún no ha superado la deconstrucción de su identidad luego de su ascenso y caída con Humala; la dura pugna cainita entre los dos bandos amenaza con repetir la historia de las elecciones de 1990, donde la guerra entre los bloques organizados alrededor de Alfonso Barrantes y Henry Pease repartió las sobras de un espacio aniquilado desde adentro.

La izquierda tiene posibilidades de recuperar su perfil de cambio y emplazarse con mejores posibilidades electorales. Para ella o para cualquier otra fuerza que no le interese competir desde la derecha, el desafío es proyectar un nuevo centro que le proponga al país una agenda de reformas que son ya de sentido común y, al mismo tiempo, terminar con la guerra política personalizada, populista e interesada, poniendo énfasis en otro modelo de confrontación que por ahora parece no interesar a las plataformas mediáticas que reducen el largo plazo de todo.

¿Qué grupo se aviene, por ejemplo, a llamar a los ciudadanos a las calles contra el esquema corrupto de la obra pública y el diezmo vigentes? ¿Qué partido se propone excluir de sus listas a TODOS los políticos denunciados por corrupción? ¿Qué líder les propone a los peruanos un pacto para un juzgamiento judicial ejemplar de los casos de corrupción nacional denunciados, saliendo del perverso escenario en que el Congreso y los medios escogen su corrupto a la carta mientras encubren al que les conviene? 

El matador y la Verónika

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La República

La mitadmasuno

28 de agosto de 2015

Juan De la Puente

El lanzamiento de la precandidatura presidencial de Verónika Mendoza fue jalonado por opiniones suyas imprecisas en torno al carácter del régimen venezolano, criticadas desde varios ángulos y con diverso tono, las que ella aclaró y hasta cierto punto corrigió.

En ese contexto, me llamaron la atención las opiniones de Julio Cotler sobre Mendoza y su aspiración presidencial. Ha dicho que ella no tiene “capacidad” de atracción, que carece de “suficiente fuerza”, que no es políticamente “hábil”, y que no es “segura” aunque es “buena y bonita”.

De Cotler esperaba argumentos más sustantivos. Dada su trayectoria y prestigio es un claro abuso de una posición dominante en el mercado de la ideas, sin necesariamente exponerlas. Estas apreciaciones lucen como renuncia al análisis, una especialidad que como sabemos ejerce bien, una apuesta reiterada por la frase fácil y un gusto por el adjetivo, sobre todo el calificativo.

Las referencias a Mendoza son vacías o por lo menos indefinidas. Las ciencias sociales tienen cuidado al importar conceptos o desarrollar principios que podrían provenir de otras ciencias. Al interior de los tópicos sociales se mantiene ese cuidado de modo que, por ejemplo, la “fuerza” no es tratada del mismo modo por el derecho y por  la ciencia política.

No sé qué argumentos se tienen a la mano para afirmar que una candidata joven, en un proceso de primarias que acaba de empezar, en un movimiento igualmente joven y que intenta realizar consultas (precisamente abajo) casi inéditas, carece de “fuerza” o que esta no es “suficiente”. Del mismo modo, cómo calificar la “atracción” de un político o su “capacidad” si la campaña electoral está en ciernes y si los sondeos no han medido la incidencia de las nuevas candidaturas. En ese caso, nos deslizamos a la adivinación o al pronóstico con el consiguiente riesgo de yerros. El mismo Cotler erró gruesamente cuando en diciembre del 2010 pronosticó una segunda vuelta entre Toledo y PPK. A él no le pidieron una autocrítica y ni él la hizo.

Se supone que un análisis riguroso incluye la opinión pero no se confunde con ella o la sustituye. En el caso de Mendoza es injusto obviar precisamente su condición de joven y mujer, dos componentes que las políticas de género insisten en introducir como instrumentos que garanticen un piso mínimo de equidad para que millones de ciudadanos no sean excluidos de la participación en los espacios públicos. La aceptación sustitutiva de esos valores por “buena y bonita” suena al viejo machismo patriarcal. Sinceramente.

En Mendoza hay más valores públicos que deberían apreciarse, como su compromiso ambiental y regional con el sur del país, su lucha contra la corrupción, la defensa de las mujeres víctimas de acoso político y su clara identificación con los derechos de la comunidad homosexual.

Es conveniente aprovechar este episodio para reflexionar sobre cierta obsolescencia de prácticas electorales basadas en maquinarias y principios convencionales que ponen ante los electores exagerados atributos de los candidatos, como fuerza, energía, dureza, tracción, atracción, seguro de todo, capaz hasta el infinito, hábil e infalible. Ya en 1980 un entrañable político, Armando Villanueva, que basó su campaña en el lema “fuerza para gobernar” fue respondido por otro, Fernando Belaunde, con otro lema: “para gobernar no se necesita fuerza sino inteligencia”.

Los jóvenes deberían ser alentados a tomar el control de las tradiciones políticas del país, algo que no se ha visto en 20 años y creo que el papel de los maestros es, precisamente, ser más maestros que fiscales. En este punto me quedo con Stéphane Hessel que a los 93 años les escribió a los jóvenes europeos: “Yo les digo a los jóvenes: buscad un poco, encontraréis. La peor actitud es la  indiferencia, decir ‘paso de todo, ya me las apaño’. Si os comportáis así, perdéis uno de los componentes esenciales que forman al hombre. Uno de los componentes indispensables: la facultad de indignación y el compromiso que la sigue”.

Política tóxica y escenario cerrado

http://larepublica.pe/impresa/opinion/400357-politica-toxica-y-escenario-cerrado

La República

La mitadmasuno

21 de agosto de 2015

Juan De la Puente

Un considerable número de ciudadanos cree que las acusaciones contra los candidatos presidenciales mejor ubicados en las encuestas son ciertas y, sin embargo, esa desaprobación se transforma en la aprobación política de su desempeño y por esa vía en intención de voto. Esa contradicción acaba de ser recogida por la encuesta de Ipsos de este mes y es consistente. Expresa un dato básico del escenario electoral en formación.

Esta dinámica de liderazgo precario pero estimulado/premiado por una parte de la opinión pública es explicada desde varios postulados y a ello nos hemos referido en otra oportunidad, revisando la teoría de la elección racional y nuestro populismo nacional construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las élites y los ciudadanos se influyen mutuamente, un efecto y causa al mismo tiempo.

La dinámica de censura/aceptación de los candidatos más importantes implica también la caída de la ilusión por nuevos candidatos. Este fenómeno lo detectó un sondeo de GfK en junio pasado cuando encontró que mientras que en enero de este año el 49% pensaba que había oportunidad para alguien que no sea del elenco estable de candidatos, ese porcentaje cayó en junio a 39%, es decir 10 puntos. En cambio, los que pensaban que el 2016 se iba a elegir entre Keiko, PPK o García pasaron de 45% a 53% en el mismo período.

Estos cambios operan como una tendencia de cierre anticipado del escenario, un fenómeno que no ocurría en otros procesos en los que no se esperaba mucho a los nuevos aspirantes (Toledo y Pérez de Cuéllar en 1995; Humala y Lay el 2006; y PPK el 2011). 

Escucho respuestas automáticas a este cuadro; ellas aducen que falta mucho para el cierre de las inscripciones, que el sistema peruano es de “última hora” y que nuestro país tiene “bolsones” electorales que no pueden ser invadidos por extraños. Estas explicaciones suenan poco convincentes en la medida que no contemplan datos nuevos con seguro impacto electoral, como la desilusión respecto del gobierno de Humala, la irrupción de la inseguridad y de la corrupción como temas básicos de la campaña que requieren de ideas.

Creo que este cierre podría tener por lo menos dos explicaciones añadidas. La más inocente señala que los ciudadanos estarían ejerciendo una resignación razonada habida cuenta de la debacle del centro y la fragilidad de la izquierda. Sospecho no obstante que existe un deseo programado de que los ciudadanos consuman determinado tipo de política o de políticos, un menú tóxico para efectos de la discusión del futuro. 

Nótese por ejemplo que sobre la seguridad ciudadana se despliegan campañas que visibilizan los delitos al detalle –incluyendo el conteo de muertos por semana– de modo que no hay canal de TV que no tenga una secuencia especializada sobre el crimen. Este modelo de noticia y de política ha estimulado las promesas populistas y militaristas pero se ha negado a un debate más profundo. Asimismo, sobre la corrupción, cuando se intenta que todo escándalo de financiamiento ilegal de partidos sea seguido de la adopción de medidas de financiamiento público y otras reformas políticas, los medios y los políticos se baten en retirada.

La política que apunta a cerrar el escenario se ha dado maña también para ignorar el reciente lanzamiento de la candidatura de Verónika Mendoza, de modo que opera como un sistema de vetos de determinados temas y de opciones y personas.

Es preciso alertar contra el cierre anticipado del escenario y contra la política tóxica que impone vetos a temas, soluciones, partidos y personas. Si alguien quiere empujar un proceso electoral sin regiones, sin centro político, sin izquierda, sin debate y sin acuerdos, puede irse de bruces.

A la vuelta de este cierre y bloqueo puede estar un país que luego del proceso electoral se le tire al cuello a los elegidos o, más cercanamente, proteste contra la exclusión de opciones personas con un apreciable porcentaje de votos en blanco y viciados, un fenómeno que asomó en las últimas elecciones regionales y locales en Cusco y Arequipa.  

El caso RPP

http://larepublica.pe/impresa/opinion/398479-el-caso-rpp

La República

La mitadmasuno

14 de agosto de 2015

Juan De la Puente

Lo que sucede con el Grupo Radioprogramas del Perú (Grupo RPP) en relación con la reforma política es muy sugerente. Una influyente corporación mediática ha puesto a sus siete radios y a sus dos plataformas televisivas al servicio de una agenda de cambios en las reglas de juego electorales. Se trata de una experiencia inédita, como es igualmente original que la demanda y gestión de estas reformas sean lideradas por los organismos electorales, varios pasos delante de los líderes políticos y de la instituciones del Estado.

Este compromiso pudo evitarse y el tratamiento de la crisis del sistema político por parte de este grupo de medios podría haber tenido un perfil similar al que predomina en la prensa peruana, es decir, un abordaje de las consecuencias más que de las causas y una escasa referencia al agotamiento de la ciudadanía y del ciclo democrático iniciado hace 15 años, patentizado en el colapso de reglas y procedimientos.

Sin embargo, el Grupo RPP ha optado por otro camino. Desde el Instituto Integración, fundado hace años como un espacio de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), produce hace meses contenidos relacionados con esta crisis, suministrando data sobre la democracia interna, el financiamiento oscuro de la política, el papel de la educación en la formación de la ciudadanía, la desigualdad de género en la política, el voto preferencial, el déficit de militancia partidaria y la participación ciudadana.

Luego, en marzo pasado, RPP lanzó la campaña El poder en tus manos, que se ejecuta en todas sus plataformas, incluyendo las digitales, dirigida a la ciudadanía y a los tomadores de decisión, cuyo propósito es persuadir a los peruanos del valor decisional que encierran sus votos, generar información de líderes y partidos, promover los cambios a la legislación electoral de cara a las elecciones del 2016 y fomentar el debate de planes de gobierno. Esta campaña ha producido centenares de contenidos y ha contribuido a generar una corriente de opinión más consistente e irreversible en favor de la reforma.

Tratándose de un medio privado es obvio que una apuesta con estas características implica un nivel de inversión de activos y recursos humanos que solo se entiende en el marco del avance de prácticas de RSE que están desembarcando en la política desde el fomento del emprendimiento y la reducción de la pobreza, bajo la convicción de que la política y la ciudadanía también importan.

En otro ámbito de esta misma tendencia, por ejemplo, 27 empresas han empezado a contribuir con los trabajos de la Asociación Civil Transparencia en tanto que la ONPE, en coordinación con los gremios empresariales, ha presentado al Congreso el proyecto de creación del Fondo Electoral Empresa y Democracia que centralice y distribuya el financiamiento privado.

Por otro lado, y a propósito de este tema, sería conveniente reflexionar sobre el papel de los medios respecto a los cambios políticos. A inicios del ciclo democrático, cuando se puso en la agenda la superación de la Constitución de 1993 a través de reformas profundas o de su sustitución total, la mayoría de medios se colocó en una posición contraria, desconfiando de los cambios económicos y en nombre de ellos de toda reforma. A ello se debió que los únicos cambios institucionales de fondo fuesen la descentralización y la aprobación de la Ley de Partidos Políticos.

Este es otro momento; los medios han tomado para sí una gran parte del poder que han dejado caer los partidos, han demostrado cierta eficacia para movilizar grandes identidades colectivas y organizan (y desorganizan) la agenda pública con facilidad. No obstante, ese papel también ha empezado a ser cuestionado por la opinión pública, de modo que en más de un caso la reforma electoral aparece como la devolución a los partidos o la socialización con ellos de un poder sostenible. Aun en este último caso, el esfuerzo corporativo y no solo informativo de RPP es meritorio y debería ser imitado. ¿Quiénes se anotan?

¿Al diablo con la transición?

http://larepublica.pe/impresa/opinion/230044-al-diablo-con-la-transición

La República

Lamitadmasuno

7 de agosto de 2015

Juan De la Puente

El presidente al que le entregue el mando Ollanta Humala será el cuarto del ciclo democrático inaugurado el año 2000. Aunque este ciclo muestra señales claras de agotamiento dura ya 15 años y ha permitido la elección de tres presidentes constitucionales, de modo que la elección de un nuevo mandatario resume paradójicamente la maduración de un sistema con crisis en progreso.

Esta transición de gobierno es la más compleja de dicho ciclo; que vaya a durar 12 meses y que se realice en el contexto de una creciente debilidad del poder político hace de ella un período con fenómenos riesgosos y desafiantes que incidirán ahora y en el mañana. Estos son: a) la necesidad de mayores apoyos para que el gobierno termine su mandato; b) el riesgo de una tormentosa guerra electoral de bajas pasiones y métodos; c) la posibilidad de que el gobierno no pueda organizar un legado distinguible; d) el riesgo de retrocesos en política social de un nuevo gobierno; y e) la posibilidad de que de las elecciones resulte un gobierno menos fuerte de lo esperado.

Merece por lo mismo prestarles atención a los esfuerzos que se realizan para mejorar el clima político y rebajar las tensiones. El gobierno se propone llevar a cabo una ronda de consultas con los poderes del Estado y convocar en breve a un Consejo de Estado para pactar con la oposición que dirige el Congreso una agenda legislativa racional y probablemente un periodo de distensión.

También destacan otras dos iniciativas en favor de una transición gobernable. Recientemente 16 partidos integrantes del Acuerdo Nacional suscribieron una declaración llamando a respaldar los esfuerzos en favor de elecciones transparentes y apoyar al gobierno en materia económica y seguridad ciudadana. Del mismo modo, la Confiep ha solicitado un diálogo con el gobierno para una agenda de fin de periodo.

Queda claro que los actores políticos que han empezado a moverse recuerdan que de cómo termine un gobierno depende cómo se inicia el otro, y que las transiciones inestables que no son mínimamente pactadas pueden irse al diablo. Cada uno, los que vienen y los que se van, tienen mucho que ganar y perder.

Siendo evidente que se ha constituido una corriente en favor de una transición gobernable no es menos cierto que este objetivo depende del tratamiento de determinados problemas que inciden en un escenario fragmentado, confuso y antagónico. El primero es el balance del gobierno, un asunto que Humala intenta abordar con una evaluación anticipada a los 4 años de gobierno a pesar de que su mandato es de 5, siendo probable que este intento dificulte el establecimiento de una agenda compartida para el próximo año porque remite a un segundo problema, el adelanto del proceso electoral.

Es posible que estas dos tendencias, la transición gobernable y la disputa electoral adelantada, generen una transición con hitos de tensión y permanentes esfuerzos de moderación, elevando el papel de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional, en una suerte de arbitraje público.

Los actores deben apostar a más y no quedarse en el clima. Deberían avanzar hacia pactos imprescindibles para una transición gobernable, es decir, cambios de fondo resistidos por la mayoría de partidos o, para ser precisos, adelantar algunas de esas reformas.

Entender por ejemplo que: 1) el sistema no puede escaparse del financiamiento público directo y de la entrega de mayores facultades a la ONPE para sancionar el fraude en el financiamiento partidario; 2) que se precisa de un compromiso para que TODAS las investigaciones sobre corrupción sean procesadas, las ya denunciadas y las nuevas, sin recurrir a dilaciones o bloqueos judiciales o parlamentarios; 3) que es muy necesario evitar que el próximo Congreso sea peor que el actual y, para ello, por citar dos decisiones, los partidos no deberían fichar a independientes salidos de las sombras y realizar elecciones internas, las de verdad; y 4) que debe arribarse a un acuerdo inicial de vigencia de los programas sociales y la reforma en educación.

Un pacto electoral de verdad

http://larepublica.pe/impresa/opinion/19140-un-pacto-electoral-de-verdad

La República

La mitadmasuno

31 de julio de 2015

Juan De la Puente

En el Perú aplicamos magistralmente la sentencia de Shakespeare de que “el mundo entero es un escenario” o las sabias recomendaciones de Maquiavelo sobre la intensa relación que deben guardar el arte del gobierno y el arte de la escena. Al fin y al cabo, es imposible que la política no sea teatro. Lo es desde sus orígenes, porque así también se entiende la representación; desde Grecia, el drama es actuación y representación al punto que teoría y teatro son hermanos de sangre.

Nuestra crisis política ha degradado los contenidos en favor de una excesiva teatralización de lo público, a lo que los medios contribuyen y organizan. La producción de símbolos e imágenes a cargo de políticos y comunicadores se realiza con una pérdida de independencia que perjudica a los grupos políticos y a la noticia misma.

La producción escénica este año es fascinante. El actor político peruano se ha esmerado y ha sido más actor que político, al punto que con frecuencia se olvida de que no solo es lo primero sino también lo segundo. Lo que aparece como un ciclo de tensión extrema y ascendente, ha sido en realidad una sucesión de micro-ciclos teatralizados en los que las agudas imágenes de confrontación son sucedidas por etapas de cooperación.

A la derogación de la “Ley Pulpín” que arrinconó al gobierno, le sucedió el diálogo promovido por la premier Ana Jara. Luego, en pocas semanas arribamos a un tercer micro-ciclo sobre los reglajes de la DINI que culminó en su fulminante censura. Y cuando creíamos que el país incendiaría si Pedro Cateriano era designado premier, iniciamos otro micro-ciclo de cooperación con apretones de mano incluido, el mismo que fue sepultado por un quinto período simbolizado por los sucesos de Tía María, la fuga y recaptura de Martín Belaunde, la primera visita de Nadine Heredia al Congreso y el inicial boicot de la oposición de votación de la delegación de facultades.

A esa máxima tensión le sucedió el abrumador voto de la oposición a favor de la delegación de facultades. La tensión reapareció con ocasión de la elección de la Mesa Directiva y luego de la derrota del oficialismo parece que ingresaremos a una rebaja de la confrontación. Hasta un nuevo aviso.

Queda claro que tanto los políticos como los medios realizan un manejo “profesional” de la escena pública, sin desconocer por ello la veracidad de diferencias y coincidencias. No obstante, esta producción es más proclive a la tensión que a la cooperación. Organizar el desacuerdo nacional es más fácil que el acuerdo porque no requiere  de contenidos; basta algunas palabras subidas de tono, alguna criollada o insulto, y tenemos escena.

Convendría que los líderes más importantes piensen en la posibilidad de producir un escenario que permita ciertos acuerdos para que las elecciones del 2016 no se parezcan a las del año pasado, es decir, repletas de pesimismo y bulla, sin ideas y sin programas. Si el asunto se deja a la producción de lo fácil es probable que luego de las elecciones el sistema se encuentre más debilitado y se complique un tanto más la acción de gobierno. Quien aspire a dirigir el país debería preocuparse por un inicio de mandato más legítimo.

Sería conveniente aprovechar la “capacidad escénica instalada” para promover la suscripción de un pacto electoral adelantado. No me refiero a los pactos éticos que todos suscriben y que nadie cumple. Me refiero a la producción de un acuerdo que, con la participación de los organismos electorales incluya compromisos de no reelección de los legisladores sancionados por la Comisión de Ética del Congreso o sobre los que pesan investigaciones; la transparencia informativa on line de los aportes financieros privados; las limitaciones a los gastos personales de campaña y privilegio de la campaña electoral por lista; la no inclusión de candidatos sospechosos de vínculos con actividades ilícitas; la elaboración de las listas evitando el fichaje de independientes portadores de dinero; y la presentación antelada de los programas de gobierno.

Keiko la rompe

http://larepublica.pe/impresa/opinion/17586-keiko-la-rompe

La República

La mitadmasuno

24 de julio de 2015

Juan De la Puente

La reciente encuesta de IPSOS trae por lo menos tres novedades, interesantes aún para una campaña electoral adelantada, considerando que faltan más de 8 meses para la primera vuelta. Son datos sugerentes que agrietan el molde clásico en el que se cocina la competencia entre los candidatos llamados tradicionales.

Primero. Nuevos ejes de la campaña. La seguridad y la corrupción se convierten en los principales problemas que interesan a los ciudadanos, más que duplicando como expectativa al desempleo, a la pobreza y al costo de vida. Este es un coctel amargo para todos, un cambio de fondo respecto a las campañas del 2001, 2006 y 2011, dos temas que hacen uno, y que más que un desafío son una interpelación a la política, un reclamo que los candidatos deberán empeñarse en responder.

No es seguro que sean los ejes definitivos de la campaña. En tanto, los candidatos no están cubriendo estas expectativas o, mejor dicho, los movimientos que ensayan parecen ir en una dirección distinta a la que se mueve la opinión pública. La predominancia de la inseguridad/corrupción no les pide ponderación a los aspirantes presidenciales, de modo que quizás nos encontremos muy cerca de ofertas radicales en este campo, so pena de la irrupción de un candidato sorpresivo que prometa un menú más convincente, duro y popular.

El coctel inseguridad/corrupción que bebemos todos es, a golpe de fracasos, también una puerta abierta para todo, inclusive para el populismo. En el rubro seguridad, los candidatos no se atreven todavía a jugar fuerte con la militarización de la lucha contra el delito y con la ampliación de la pena de muerte; y sobre la corrupción, parece que nos dirigimos a un pacto entre la política y el ciudadano cínico –el que abjura de la corrupción pero le saca provecho– que votará por medidas radicales a sabiendas de su inviabilidad.

Segundo. Keiko Fujimori rompe el techo del tercio electoral. La candidata de Fuerza Popular tenía una intención de voto de alrededor del 30%. En el sondeo de IPSOS salta al 36% en la pregunta con tarjeta, duplicando a PPK (17%), triplicando a Alan García (12%) y más que cuadruplicando a Alejandro Toledo (8%). Keiko también derrotaría a PPK y a García en una segunda vuelta, y aparece muy favorecida a diferencia del 2011 en las alternativas “definitivamente votaría por ella” y “podría votar por ella” (49%), y más capacitada para encarar la corrupción, la delincuencia y el desempleo.

Sin magnificar la tendencia, es interesante reparar en que 3 de cada 10 peruanos creen que el fujimorismo puede liderar la lucha contra la corrupción y la delincuencia, una imagen que lleva a preguntas que incomodan algunos sentidos comunes: ¿Son más fuertes otros “antis” que el antifujimorismo? ¿Es eficaz la actual política antifujimorista basada en la memoria, y que no aborda el actual comportamiento de Fuerza Popular? ¿Mide ahora la opinión pública a Keiko con una vara distinta a la del 2011? ¿Creen los ciudadanos, a diferencia de la elite política, que Keiko expresa el neofujimorismo?

Tercero. El electorado ha iniciado (o empezó hace rato) un giro conservador. No repetiré en este punto lo que afirma otro sondeo reciente que amarra a los peruanos con modelos sin vasos comunicantes. En cambio el sondeo de IPSOS expone el escaso arraigo de la izquierda, el copamiento del escenario por una derecha que entra y sale del centro con gracia y salero, el escaso número de los que piden que el próximo presidente sea democrático y el bajo índice de votos blancos y viciados.

Aquí, más preguntas incómodas: ¿El Perú ya está preparado para elegir por primera vez desde 1956 un gobierno conservador a cara descubierta? ¿Será la izquierda la gran derrotada del quinquenio humalista, la que pague los platos rotos del fracaso de la Gran Transformación? ¿La derecha ha empezado a repartirse los efectos personales de una izquierda ausente? ¿Ante el riesgo de la derrota aplastante, es preferible una candidatura izquierda/izquierda o izquierda/centro?

El caso Nadine y tres razones públicas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/15893-el-caso-nadine-y-tres-razones-publicas

La República

La mitadmasuno

17 de jukio de 2015

Juan De la Puente

Me interesa profundizar sobre tres argumentos que relativizan lo sucedido en las últimas semanas con Nadine Heredia porque sostengo que más allá de lo que sucede con la investigación de la que es objeto, que creo debe continuar, resumen una apreciación frecuente del otro y de sus derechos, y una apuesta determinada por el debate público; no solo político sino, en un sentido amplio, público.

Los tres son argumentos de “otro tipo”; no son aquellos que aplauden los insultos; no pertenecen al desenfrenado mundo del pútrido racismo marca Perú del que se ha escrito estas semanas, y que toman la política, el deporte, la música y, en general, la vida solo como un pretexto clasista o elitista para decirnos que la desigualdad es natural. Estos presentan más bien un ángulo aparentemente más tolerante, racional y liberal. Solo aparentemente.

Argumento uno. Es el que sostiene que no importa si la pregunta a Heredia en la Comisión Belaunde Lossio fue ofensiva, invasiva o humillante, porque lo más importante es que ella está siendo investigada y no debemos distraernos de lo principal. Esta apreciación es más frecuente de lo que se piensa; es la teoría sobre que el fin justifica los medios, llevada a la práctica política pero que se aplica en otros ámbitos, sobre todo en el reconocimiento de los derechos del otro. Es obvio, ¿por qué Heredia debería tener derechos, si es esposa de un político, política ella misma, acusada y sospechosa como miles de sospechosos y acusados en el Perú? Y tampoco olvidemos que ese vaciamiento de derechos opera todos los días con miles de personas que alcanzan en sus objetivos violando reglas y procedimientos, otra marca Perú.

Argumento dos. Sostiene que Heredia se ha ganado todo esto solita; es una consecuencia de sus actos, varios de ellos vedados o políticamente incorrectos y que se ha “expuesto demasiado”. Este ángulo tampoco es desconocido y se dirige a justificar los errores de otros en los actos propios de uno. Es la teoría de la provocación. Lo escuchamos en otros territorios, como cuando criticamos a los asaltados (“si sabe que roban para qué retira dinero en efectivo), a los ciclistas (“para que manejan en Lima conociendo como son las calles”) o las mujeres acosadas sexualmente (“cómo se le ocurre ponerse minifalda”).

Argumento tres. La pregunta chismosa en la Comisión Belaunde Lossio la conocían pocas personas, y es Heredia quien lo hizo público al reclamar su contenido ofensivo, con el afán de victimizarse. Esta es la justificación más elaborada y al mismo tiempo más letal y desvergonzada. Resulta que si ella se hubiese quedado callada era mejor para todos, sobre todo para ella. Este argumento suena a dos preguntas mucho más ofensivas: ¿Ya ves, para eso te quejaste? y ¿No estabas mejor calladita? Este argumento pertenece a la despiadada reacción contra todo aquel que levanta la voz contra una agresión y es una invitación a comerse el honor y la libertad. Como abogado lo he visto tantas veces, utilizado especialmente contra las mujeres que denuncian maltratos o violación sexual.

Es totalmente procedente encontrar en el tratamiento reciente del caso Heredia la proyección de las formas tradicionales de abordar lo público. No hay razones para sostener que en su caso reaccionamos de un modo especial y que el atavismo que muchos exhiben no lo aplican en su vida cotidiana y en su relación con los otros. Este asunto es público/político y público/privado.

El problema es que los efectos políticos de corto plazo de este episodio implican daños consistentes que la elite política se niega a considerar, al igual que los medios y formadores de opinión solazados y arropados por las redes sociales. Este asunto, y los otros de su tipo que vendrán, terminarán matando el debate político o estableciendo un no-debate, una discusión pobre, atrasada, adjetiva y un poco idiota (que ya la tuvimos el año pasado en el proceso electoral regional y municipal) de la que no saldrá la agenda que el país necesita y merece. O quizás sí nos la merecemos, atendiendo a la teoría de la provocación ahora en boga.

 

 

¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas

La República

La mitadmasuno

10 de julio de 2015

Juan De la Puente

Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.

El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).

Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.

En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.

Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.

Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.

Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.

Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 

Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

Cómo odio a la Corte

http://larepublica.pe/impresa/opinion/12401-como-odio-la-corte

La República

La mitadmasuno

03 de julio de 2015

Juan De la Puente

La deformación de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de DDHH a cargo de un numeroso grupo de personas que por su función deberían conocer dicho fallo, es decir, políticos, abogados y periodistas, significa menos una falta de información y más una disposición a cuestionar las sentencias de la justicia internacional en materia de libertades.

Escucho deformaciones como que la Corte ha fallado contra el Operativo Chavín de Huántar, que ha ordenado a la justicia peruana abrir un nuevo proceso a los comandos de ese exitoso operativo, que el pago de 30 mil dólares por costes procesales a las ONG que impulsaron el caso es una indemnización encubierta, o que el fallo es una violación de la soberanía nacional.

Si no es falta de información, ¿Dónde reside el problema? En la cultura autoritaria, mayoritaria en el liderazgo político; dicho de otro modo, ese liderazgo tiene un problema con el sistema interamericano de DDHH. Para ser más precisos, tiene un problema con los derechos humanos, o más específicamente si se quiere, con los DDHH vinculados al  período de violencia política que azotó al país más de 20 años.

Esta cultura anti-DDHH no es nueva, estuvo presente desde 1980 y es probable que sus orígenes se remonten siglos atrás. Es una cultura tramposa, como toda cultura autoritaria, que se resiste a exclamar abiertamente que los terroristas no tienen derechos y por lo tanto busca coartadas políticas y procesales, aunque para ello deba mentir y esconder. Es además incoherente: pretende que el Perú sea parte del sistema económico internacional, con la OMC, CIADI y el FMI vinculantes, pero que no sea parte del sistema internacional de justicia.

Lo extraño es que esta no-justicia pretenda hablarnos desde la democracia y en nombre de ella, y se venda como liberal siendo profundamente conservadora. Son ellos los que atacan en el mundo a los DDHH, retrasan el reconocimiento de libertades y se resisten a asumir compromisos en materia de derechos y libertades.

El autoritarismo es una de las expresiones políticas de ese conservadurismo, ese combo en el que caben otras negaciones de derechos, como la mano dura –no necesariamente inteligente– contra el delito. Varios de quienes ahora pontifican contra la Corte intentaron retirar al Perú del ámbito contencioso de este tribunal en los 90, y buscaron dejar en la impunidad los crímenes del grupo Colina con el argumento de que eran patriotas y que “alguien debería hacer el trabajo sucio en la democracia”.

En muchos de los puntos de vista que he leído a propósito de la sentencia de la Corte que reconoce que hubo una ejecución extrajudicial luego del operativo de abril de 1997, se advierte una nostalgia montesinista sobre la necesidad de recurrir a actos oscuros para alumbrar el futuro, un argumento irracional que la Corte y la Comisión Interamericana de DDHH en su momento cuestionaron en fallos y resoluciones.

Apreciados los hechos con objetividad, es entendible ese odio a la justicia penal internacional. Ella ordenó que se juzgue los casos de terrorismo con tribunales ordinarios y no militares, prohibió la actuación de jueces sin rostro y amparó varios casos de los 1,600 detenidos inocentes liberados por recomendación de la Comisión Ad Hoc de Indultos presidida por el Padre Hubert Lanssiers entre 1996 y 1999.

Que no nos vendan gato por liebre; la justicia moderna que termina en los tribunales supranacionales es una construcción moderna y liberal, porque no hay nada más liberal que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, un cambio de fondo respecto de las sociedades donde la desigualdad era un orden natural. Y en la administración de justicia no existe nada más democrático que la justicia supranacional constituida por tratados firmados voluntariamente por los estados, ni nada más enriquecedor de la democracia que los estándares internacionales sobre derechos individuales. Por eso, los autoritarios de derecha e izquierda del continente se hermanan en su odio a la Corte. En este punto todos son seguidores de Hugo Chávez.

La corrupción jajajá

http://larepublica.pe/impresa/opinion/10676-la-corrupcion-jajaja

La República

La mitadmasuno

26 de junio de 2015

Juan De la Puente

Los cuatro candidatos que concentran casi dos tercios de la intención de voto para las elecciones del próximo año son al mismo tiempo considerados, con algunas diferencias, como totalmente o “mayormente” corruptos, según una reciente encuesta de Ipsos. Un siguiente dato es concluyente: el porcentaje de los que piensan que alguno de los aspirantes es “totalmente” honrado no supera en ningún caso el 12%.

Podríamos sostener un eterno debate sobre si es posible que una persona solo sea “un poco corrupta” sin serlo “totalmente”. No es el caso por ahora. Lo más importante reside en la revelación de una aparente contradicción entre la crítica a la clase política y la disposición a votar por ella.

Esta conducta se explica generalmente desde la teoría de la elección racional; según esta, el votante se guía por la búsqueda de ventajas personales luego de un cálculo de costo/beneficio, una tesis que posteriores estudios relativizaron poniendo más énfasis en el voto de identidad, más colectivo y menos individual. Desde esta teoría, la preferencia del elector peruano a favor de quien “roba pero hace obra” o alguien parecido a esta figura expresaría un voto extremadamente pragmático a causa de la decepción y la desconfianza, y no de la ignorancia.

Estas razones no dejan de ser ciertas, pero no ayudan a explicar totalmente lo que está a punto de suceder con por lo menos 15 millones de votos dentro de unos meses, especialmente si el argumento induce a pensar que el elector peruano era bueno y se ha convertido en malo por culpa de los malos políticos.

Sucede que nuestro pragmatismo es también una forma de populismo construido más allá de la política y del Estado, un proceso en el que las elites y los ciudadanos se influyen mutuamente. El voto por candidatos a los que se consideran corruptos o “algo” corruptos no solo es un efecto; es también la síntesis de una larga interacción, una concurrencia, una correlación en la que tiene un papel decisivo la corrupción misma, no como un problema de los de arriba sino como uno de los movimientos sociales más vastos de los últimos años.

No nos engañemos; que una parte de los ciudadanos se apreste a votar por candidatos a los que cuestiona moralmente no significa necesariamente una concesión a la corrupción “de los otros” sino el reconocimiento de que esta es profunda, sostenible e íntima. En el peor de los casos, desde esa lógica no parece ser muy clara la brecha entre los corruptos de arriba y los honrados de abajo.

Este contexto en que medios, políticos y académicos adulan al elector y señalan a los corruptos y a los que podrían serlo pero callan sobre el fenómeno, es ideal para que la sociedad le vuelva la espalda al problema. El resultado de este modelo de abordar la corrupción como caso judicial y no como movimiento social llevó a que en las elecciones regionales fuesen elegidos 14 gobernadores regionales investigados, denunciados o imputados, de los cuales tres (los de Huancavelica, Ayacucho y Moquegua) fueron objeto de sentencia y otros cuatro están a la espera de una decisión judicial.

Es importante como hito fundacional el pronunciamiento reciente “Nos merecemos más”, aunque los actuales escándalos de corrupción que copan los medios en forma determinante difícilmente serán el primer imperativo de la agenda electoral. En este punto, el votante peruano promedio es más prosistema de lo que parece, al grado de que por ahora no debería esperarse que el llamado voto ético sea significativo. Una muestra de esto es la escasísima atención que le prestan a la corrupción los dos frentes de izquierda que se forman de cara a las elecciones y las pocas referencias que recibe de los nuevos políticos.

Es evidente que, en este asunto, los sondeos no presentan nada nuevo, aunque de igual modo colocan sobre la mesa una compleja dinámica donde lo ilegítimo es relativo por la escasa censura social que concita. Tampoco importa mucho por ahora –mañana podría ser tarde– que exprese el punto más alto de la crisis de representación.