Documento JNE sobre Diálogo Vecinal

Documento del JNE que rechaza sustitución del Presidente de Diálogo Vecinal Sr Becerra por Víctor Guerrero. Es del 4 de junio.

El populismo policial

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-populismo-policial-27-06-2014
La República

La mitadmasuno

27 de junio de 2014

Juan De la Puente

El gobierno parece ha decidido hacerse cargo de la alta percepción de inseguridad aceptando la evidencia empírica que sostiene que en este tema, más que en cualquier otro, las sensaciones son definitivas. Se entiende así que la designación de Daniel Urresti como Ministro del Interior busca corregir una omisión patente en declaraciones oficiales y en anteriores estrategias. En esa misma línea de actuación, la irrupción de Urresti en la escena también lleva implícito el mensaje sobre un liderazgo operativo cotidiano que impedirá a los críticos señalar que no se hace nada.

En principio, la decisión es correcta. Sin embargo, toda construcción de imágenes es al mismo tiempo una elaboración de mensajes y una asignación de cuotas de poder en las instituciones del Estado. Siendo que la política mediática es una forma de hacer política, no basta con que los actores públicos y las imágenes existan sino el cómo existen, porque de ello depende el destino del mensaje y su impacto.

Este esfuerzo se complica en el caso de la seguridad ciudadana donde las imágenes pueden ser pasajeras al estar condicionadas por la exigencia de resultados de corto plazo. También se complejiza porque lo que se tiene al frente no es un adversario identificable con facilidad, lo que hace de la construcción de contenidos una tarea de extremo cuidado.

Estas previsiones no han sido tomadas en cuenta en los primeros días de gestión del ministro Urresti caracterizados por una lluvia de promesas y actos de fe, entre ellas la declaratoria de guerra al delito, el compromiso de entregar resultados a fin de año y la subestimación de la lucha contra la corrupción policial. Estas ligerezas se han empezado a corregir aunque persiste la duda sobre el carril sobre el que se desplaza la nueva gestión en esa cartera ministerial. Sobre el particular, aquí resumo dos riesgos que deben ser conjurados.

1. La idea de una guerra contra el delito común desarma, desarticula y enerva; expresa la idea clásica de buenos contra malos que deben ser exterminados, y es la base de políticas de la mano dura, gatillo fácil, y dispare primero y pregunte después. La idea de guerra, con la cuota de excepcionalidad que implica, es distinta al despliegue de una política pública, las guerras las dirigen los jefes militares y las políticas los hombres de Estado. La guerra contra el delito es un discurso en espiral que en México, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ha costado más de 70 mil muertos, y solo en último año, 25 mil. De esa vorágine no ha podido salir el gobierno de Enrique Peña Nieto que en sus primeros 14 meses de gobierno ha tenido 23 mil muertos. En ese mensaje de mano dura acaba de inscribirse el congresista Renzo Reggiardo al sugerir el ingreso del Ejército a Comas y San Juan de Lurigancho.

2. La visión de combate al delito que absolutiza la labor policial es tradicional y desanda el camino realizado en estos años. Frente a ese facilismo, en este mismo gobierno y en las gestiones de Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se han logrado avances que no deberían tirarse por la borda. El más importante de ellos es la creación de una visión compartida de la seguridad ciudadana como un asunto que trasciende la relación entre policías y ladrones. A pesar de las debilidades el trabajo del CONASEC y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 nos colocan sobre un piso mínimo multisectorial en el que importa el trabajo de fiscales, jueces y otros funcionarios e instituciones, un modelo que no debe ser subestimado frente a una "lógica Rambo", de autosuficiencia policial que no tiene ninguna posibilidad de éxito real y escasa vida como imagen pública. Esa agenda debe ser fortalecida e implementada y no sustituida por experimentos.

La crisis de seguridad que vive el país demanda un liderazgo que, no obstante, no es sinónimo de figuración o populismo policial. El liderazgo que pide esta crisis es más exigente; incluye símbolos y operativos pero es más que eso, exige ganar la calle y recuperarla frente al delito pero reclama poner fin a la cadena de impunidad.

La Guerra de los Luises

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-de-los-luises-20-06-2014
La República

La mitadmasuno

20 de junio de 2014

Juan De la Puente

Sería atrevido responsabilizar a los políticos o a la política de la desaceleración de la economía. Al revés, conforme se calienta el debate sobre las cifras macro y las alternativas al enfriamiento, queda claro que la tecnocracia económica tiene una cuota de responsabilidad en el hecho de que el país no haya acometido los cambios que hagan menos vulnerable a nuestra economía a los eventos externos, que permitan desarrollar una oferta exportadora más diversificada y amplíen el mercado interno, conforme rezaban decenas de memorandos.

La disputa entre Luis Miguel Castilla y Luis Carranza se produce en una hora difícil para la tecnocracia económica; la Guerra de los Luises tiene como trasfondo el fin de una parte del consenso económico, el que se construyó alrededor del crecimiento con un sentido complaciente, poco crítico y sobre todo inmovilista, patentizada en la idea del piloto automático y en la exigencia de que los políticos no interfieran en la economía, una suerte de fisiocracia ultraliberal. En esta disputa, Carranza luce más agresivo, innovador, abierto y rectificador ante un Castilla atrapado en un discurso clásico, a pesar inclusive de algunas reformas emprendidas.

En el balance tecnócratas/políticos nunca quedó precisada la fuerza de los primeros respecto de los segundos desde el año 2001 a la fecha, aunque la idea básica con cargo a profundizar es que en las administraciones de Toledo y García su poder político fue menor que durante el actual gobierno.

En cualquier caso estamos en la hora en que los técnicos rinden cuentas, en un nuevo momento en que se precisa la defensa del crecimiento. En el nuevo escenario persiste la pregunta de “para qué” el crecimiento, no respondida desde hace una década, e irrumpe una nueva interrogante: “cómo” defenderlo. Nuestra tecnocracia hegemónica parece no poder responder ni la vieja pregunta ni la nueva, y tampoco producir un nuevo consenso por lo menos en las líneas generales, es decir, en cómo impedir la desaceleración de la demanda interna, moderar la caída de los sectores minería, hidrocarburos y construcción y sostener la inversión pública en cifras y en calidad. Esta falta de consenso adquiere dramatismo cuando por segundo año las predicciones sobre el crecimiento ofrecen un abanico de opciones de hasta tres puntos porcentuales de diferencia.

Esta tecnocracia, a la que le debemos aciertos innegables como el crecimiento mismo, la rebaja sostenida de la inflación y el saneamiento de las cuentas fiscales, podría estar llegando a un límite marcado por la ideología, esa robusta señora que amamanta las políticas públicas, incluso a las que se presumen puras y técnicas. En ese sentido, es muy probable que no se encuentre en debate solo el crecimiento sino la conducción misma del proceso económico.

Las palabras confianza, optimismo y pesimismo se han instalado en el debate de la política económica y me temo que también en ese punto sea insuficiente la lógica tecnocrática que se basa en campañas, medidas, buenos augurios y llamados a silenciar las críticas. Rotos el consenso y el encanto, la única manera de evitar un rompan filas con claros y legítimos intereses sectoriales –finanzas, servicios, industria y exportación, cada cual por su lado–, se hace necesario promover de modo responsable una discusión abierta y sana sobre el futuro de un país que ya no crecerá a tasas de 7% anual en los próximos años. El nuevo país, el del 3% o 4% de crecimiento, demanda nuevas certezas, nuevas políticas, nuevos consensos y probablemente una renovada tecnocracia. Esta no es la hora de la ortodoxia sino de la innovación.

La búsqueda de la confianza y el optimismo es crucial en la perspectiva de construir una comunidad nacional que aliente y garantice el crecimiento, que no se logrará si no se encara la incertidumbre y cierta angustia que algunos estudios están revelando en el ciudadano de a pie, que está empezando a preocuparse por su futuro mediato y que asocia el crecimiento al empleo, consumo y un piso mínimo de bienestar.

Corrupción, mentira pública y noticia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/corrupcion-mentira-publica-y-noticia-13-06-2014

La República

La mitadmasuno

13 de junio de 2014

Juan De la Puente

El país asiste durante tres meses a revelaciones sobre la corrupción regional y municipal. Por ahora, los escándalos son solo noticia, algunas detenciones y harta indignación pública, y sorprende que a pesar de la dimensión del estallido el país no haya abierto un debate nacional sobre la corrupción pero sí sobre la descentralización. No es un olvido sino una omisión dolosa: el argumento que predomina sobre este ciclo de corrupción considera que esta es el resultado de un hecho fallido, la apurada creación de regiones, y no la expresión de un mal en sí mismo, inherente a la sociedad y al Estado.

En su Historia de la Corrupción (IEP/IDL 2013) Alfonso Quiroz señala que nuestra corrupción es histórica, alarmante, permanente y descontrolada, y se pregunta por la renuencia de las ciencias sociales peruanas a estudiarla, acusándolas de subestimar su papel determinante en la vida nacional. Quiroz describe siete largos ciclos de corrupción, cada uno con una duración de entre 20 y 70 años, de modo que bajo este esquema nos encontraríamos en el octavo ciclo.

La mayoría de estos períodos coinciden con los gobiernos autoritarios; en cambio, el actual es de inexcusable factura democrática y quizás a este hecho se deba el esfuerzo por relativizar su profundidad y daño institucional.

Las claves del actual discurso público sobre la corrupción esconden sus causas y caracteres, es decir, un sistema político y una cultura favorables a la impunidad, y fija su atención en los símbolos circunstanciales de los casos denunciados, por ejemplo César Álvarez, en un aparente ejercicio de objetividad y transparencia que coloca en escena a los corruptos pero esconde a los corruptores y a los sistemas de corrupción instalados en las empresas que los organizan y mantienen y en el Estado.

Este discurso ha instalado un consenso que favorece la predominancia de las imágenes y de los ritos ya aprendidos, es decir, el detenido esposado, la conferencia de prensa de la autoridad y la audiencia pública de la comisión, en un contexto de revelaciones de innegable importancia que parecen estar contentando por ahora a la sociedad aunque ignora o relativiza otros fenómenos. Este ejercicio, por ejemplo, casi ha legalizado la coima con el religioso adjetivo de “diezmo”.

Hemos empezado a vivir una ficción, un juego engañoso que aparenta una ofensiva anticorrupción esperanzado en el hecho de que la indignación es de corto plazo mientras la corrupción es de largo plazo. La mentira pública, aliada de la noticia, o esa convertida en juicio mediático se aprestan a condenar a algunos culpables pero a dejar intocados los sistemas, una penalización recargada que a la vez despolitiza un hecho de primer orden. El actual estallido de corrupción carece de fuerza para producir por lo menos una versión peruana de Mani pulite, aquel movimiento anticorrupción italiano que despertó a la sociedad y puso al descubierto un colosal sistema de complicidades mafiosas.

El país tiene varios mapas –el de la pobreza, el de sus potencialidades o el de sus recursos humanos–, pero carece de un mapa de la corrupción. Es que también carece de un programa político contra la corrupción y es probable que al paso que vamos no lo tenga en varios años. Esta ausencia es muy reveladora en un contexto en el que solo importa la “nueva” corrupción, la regional y local, y no la “vieja” y nacional, la pequeña corrupción más que la grande, la pública más que la privada, y la de otros más que la propia.

Si el desenlace de este proceso que sorprende e indigna fuese otro se abriría un período intenso de cambios que nos enriquecerían como comunidad y nos evitarían perjuicios económicos y sociales. Ajustaríamos cuentas con pesadas cargas republicanas, como el caudillismo de por sí corrupto, y con esquemas institucionales que favorecen el delito. De hecho, hasta nuestra Constitución guarda disposiciones que legitiman la corrupción, como el permiso laboral de los congresistas en las horas en que no funciona el Congreso o la figura de abandono de las tierras comunales para ser vendidas a terceros.

Europa, elecciones sin reforma

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/europa-elecciones-sin-reforma-06-06-2014

La República

La mitadmasuno

06 de junio 2014

Juan De la Puente

Es normal que todo resultado electoral que altere un escenario que se creía continuo tenga como primer elemento de análisis manidas frases como “cambio de época” o “fin de ciclo”. Esto sucede con la evaluación de las recientes elecciones al Parlamento de la Unión Europea (UE) en las que se ha quebrado el bipartidismo en tres países (España, Francia y Reino Unido), se ha reducido el respaldo de las fuerzas partidarias de la integración y fortalecido los nacionalismos ultraderechistas en por lo menos 10 de los 28 países de la UE incluyendo tres en los que han triunfado de modo inédito (Reino Unido, Dinamarca y Francia).

La mayoría de estas visiones de cambio de época se centran exclusivamente en la alteración general del tablero, es decir, en la pérdida de legitimidad del modelo integrador europeísta y en la amenaza de su reversión. Siendo ello importante, no debe perderse de vista el carácter nacional de los votos; los europeos han votado pensando en sus países más que en la UE. Por esa razón, el escaso impacto institucional inmediato de los resultados, para efectos de la organización comunitaria, no debería hacernos perder de vista otras consecuencias, como la alteración de cruciales correlaciones derecha/izquierda y democracia/populismo.

En España, por ejemplo, dos de los partidos que protagonizaron la transición democrática y la modernización, el Partido Popular (PP) y el PSOE, han perdido más de 5 millones de votos, al igual que en otros países donde las formaciones políticas emergentes han mordido porciones de votos de la política tradicional fracturando sistemas que habían permanecido estables por lo menos las últimas tres décadas.

El fraccionamiento de la política es uno de los resultados de la fragmentación de la sociedad por una errada respuesta a la crisis económica. La democracia y sus instituciones son menos legítimas en el contexto de deterioro del Estado de Bienestar atacado no por los grupos que ahora irrumpen en la escena sino por quienes han gobernado la crisis. Antes de que la derecha europea sea herida por la ultraderecha, le había entregado a esta varias concesiones programáticas en materia de intolerancia religiosa, inmigración y recortes de prestaciones sociales; y antes de que la socialdemocracia sufriera el abandono de sus votantes se había decantado por la austeridad y la reducción de la protección de derechos económicos y sociales.

Hay algo de cinismo en este análisis que explica el cambio de época en el resultado de las urnas cuando el auténtico fin de ciclo fue antes, cuando los gobiernos de derecha e izquierda aceptaron un programa recesivo contra la crisis, los primeros por convicción ideológica y los segundos por una clamorosa ausencia de ella.

No obstante, los resultados tienen otras claves que no deberían obviarse. La indignación de los votantes europeos se dirige también a su sistema político atravesado por escándalos de corrupción y la resistencia a la renovación de las instituciones que la crisis ha puesto sobre la mesa. En Italia, la victoria del Partido Demócrata del premier Matteo Renzi y la derrota de los populismos no se entiende sin la prometedora reforma iniciada; en tanto, en España, una reciente encuesta sobre el perfil del elector del grupo Podemos, la estrella de las últimas elecciones que con solo cuatro meses de fundado obtuvo 8% de votos, indicaba que la mayoría tiene entre 35 años y 54 años y tiene empleo, contra la creencia de que la mayoría es joven y desempleada. El sondeo indica, además, que está más cerca de la socialdemocracia que de la izquierda radical, aunque es evidente que su exigencia de reforma es más coherente.

La falta de renovación en sociedades donde la agenda pública lo reclama constituye una omisión que termina en reveses electorales. Varios países de Europa, embelesados con el crecimiento y la modernización despreciaron reiterados llamados de atención a su sistema de partidos y la exigencia de participación y transparencia. Para efectos de nuestra contabilidad interna, la falta de reforma es una guerra avisada. No se quejen en 2016.

La corrupción y la "otra cosa"

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-corrupcion-y-la-otra-cosa-30-05-2014

La República

La mitadmasuno

30 de mayo de 2014

Juan De la Puente

Me pregunto cuál será el destino de esta cada vez más intensa demanda contra la corrupción cuya rotundidad han empezado a recoger los sondeos de opinión. Como hace 14 años la sociedad es sacudida por un indignado repudio a un sistema tramposo que se descompone por capítulos. Como aquella vez, una entrega tras otra, se va formando un macizo sentido común que llama a otra cosa.

Esa “otra cosa” sin embargo no aparece con claridad, sobre todo por las diferencias entre la indignación de hace 14 años y la de ahora. Aquel momento fue especial debido a la confluencia de factores que definieron un discurso social y una práctica política alternativa.

Estos factores fueron: 1) la crítica de los partidos democráticos al autoritarismo; 2) las audaces revelaciones de la prensa independiente contra el poder oscuro; y 3) el activismo político de una sociedad civil movilizada, cuya mayoría poco antes se había emancipado del fujimorismo.

Tampoco es posible imaginarse ese período sin el escandaloso despliegue de recursos extremos y abusivos en favor de la reelección que expusieron ante la opinión pública la asociación corrosiva entre el autoritarismo y la corrupción, y que generaron una reacción ética.

La actual indignación anticorrupción carece de esos atributos. La primera ausencia es la de una política democrática opuesta a la corrupción, sea porque varios partidos aparecen asociados a ella, o porque los que aparentemente no lo están guardan un silencio enfático; en líneas generales, salvo una que otra declaración, se tiene la impresión de que la corrupción es un problema del Estado pero no de la democracia, de sus partidos y de sus hombres, una emanación maligna que pertenece a otro mundo, a excepción del monotema sobre que la descentralización fue apresurada.

Luego, siendo relevante el desempeño de los medios en los destapes de sonados casos y con mayor diligencia que algunas instituciones, es también evidente que buena parte de la prensa trata este crucial momento desde una perspectiva policial/penal y poco rigurosa para ahondar en el descalabro de los sistemas de control nacionales y en el fracaso de la representación vía el fraude de los elegidos.

A la prensa le debemos la “chimbotanización” de este momento, a pesar de que 19 presidentes regionales están comprendidos en 158 casos de corrupción, y el olvido de sonadas denuncias “nacionales”, entre ellas de 5 parlamentarios pillados con las manos en la masa. Luego de 70 días del asesinato de Ezequiel Nolasco, el hecho que despertó al país, no tenemos un mapa de la corrupción pública.

A esta indignación ciudadana le falta pueblo y movimiento o, para ser precisos, una sociedad civil activa y decidida en su demanda de transparencia. La falta de epopeya se debe a la falta de actores sociales, más allá de la figura emblemática de Fiorella Nolasco, significativamente solitaria. Sin duda los ciudadanos están molestos e indignados con la corrupción pero en su conjunto el país carece de una razón motivadora.

Sería prematuro afirmar que este síntoma nos remite al fin de la ilusión democrática. No obstante, para los efectos contables esta corrupción va a la cuenta de la democracia cuyos líderes, partidos e instituciones emergieron o reaparecieron hace 14 años como una alternativa superior al autoritarismo con destellantes ofertas entre las que se encontraba la ética pública.

No me ilusiono demasiado; bajo estas premisas es comprensible que el actual humor de la opinión pública no se provea de mapas, faros y rutas, no se dirija a la otra cosa y se mueva en un escenario delimitado por los enfoques legalistas y controlistas de la mayoría de políticos y por una gestión informativa nada crítica de los procesos, instituciones y liderazgos.

Con un escenario cuyo eje es la ausencia de un juicio al modelo que genera la corrupción, la indignación con este formato “sin ilusión no hay movilización” podría terminar en un tsunami, algo violento y pasajero, pero que se lleve solo algunas personas y edificios institucionales.

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014

La República

La mitadmasuno

23 de mayo 2014

Juan De la Puente

De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.

Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.

La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.

Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.

Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.

La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.

No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.

De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?

El ruego de Pitágoras

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ruego-de-pitagoras-16-05-2014

La República

La mitadmasuno

16 de mayo de 2014

Juan De la Puente

Cada mes se presentan al Congreso 80 proyectos de ley en promedio y si bien decrece su intensidad a poco de iniciarse el penúltimo año del período parlamentario, no deja de ser llamativo el febril afán legislativo. Una revisión de las iniciativas ofrece una ofensiva que desde el año 2011 y aun ahora presiona sobre algunas comisiones como Justicia, con 576 proyectos de ley, Constitución (387), Economía (375), Descentralización (311) y Educación (307).

Separando la paja del trigo se aprecia un grupo de proyectos micro y macro reformistas en lo social, político y económico que de ser aprobados impediría que se profundice la sensación de bloqueo al cambio en sede legislativa. No obstante, este activismo básicamente individual va en sentido contrario a la decreciente aprobación de normas de impacto significativo. La racionalidad parlamentaria camina por el sendero aprendido hace varios años, es decir, el que evita el debate de contenidos integrales y selecciona las incursiones legislativas más urgentes o menos transcendentes.

Un numeroso grupo de iniciativas se orientan a reformas políticas que se diferencian en tres áreas: 1) La reforma con incidencia en los partidos políticos, es decir, derechos de los militantes, funcionamiento de los comités, transfuguismo, padrón de afiliados, elecciones de cargos dirigenciales, financiamiento, ilegalidad de partidos no democráticos y vigencia de partidos regionales; 2) La reforma con incidencia en la formación de la representación y elecciones, es decir, inscripción de partidos, formación de alianzas, valla electoral, lista alternada de género, invitados, elecciones primarias para candidatos y sistema electoral; y 3) La reforma con incidencia directa en el sistema político y en el ejercicio de la representación y el poder, es decir, bicameralidad, revocatoria, no reelección inmediata en regiones y municipios, no reelección de congresistas, acoso político y control del crimen político.

Ahora escasean las voces que niegan la necesidad de la reforma. Los balazos de Áncash han sido decisivos; algunos de los anteriores resistentes han pasado de la negativa a la crítica de las propuestas que están sobre la mesa con una lógica de reformamos todo o nada, en tanto que otro grupo más racional incide en la necesidad de priorizar el primer ámbito y algunos elementos del segundo (partidos, financiamiento, transfuguismo y valla), dejando el resto para más adelante. En cualquier caso, ya es historia la idea predominante hasta hace poco entre políticos y académicos sobre que no se debe tocar el sistema político. De aquí en adelante, la reforma será una necesidad legítima que atravesará toda decisión sobre los partidos, la formación de la representación y el ejercicio de la representación.

En este nuevo momento es crucial el qué y el cómo y en esa dirección es evidente que el Congreso como institución ha agotado sus posibilidades por falta de voluntad política y de claridad para traducir la crisis de representación en medidas más allá de los intereses inmediatos de sus miembros. El Parlamento peruano es ahora el territorio de la contrarreforma; allí anida no solo el riesgo del inmovilismo que ya es preocupante sino el peligro del cierre de la puerta de entrada al sistema político. Es muy probable que este escenario cambie poco en el Congreso que se elija el 2016 si no se produce una intensa actividad en la sociedad y en los partidos. Como ya sucedió, los años 2001, 2006 y 2011, el nuevo Parlamento nos podría traer nuevos rostros con la misma cultura reticente a una nueva política y ajena al ruego de Pitágoras de ¡Oh legislador! No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes.

Si la demanda de reforma política va en serio no debería esperanzarse en los proyectos de ley que se amontonan en el Legislativo. Es la hora que la sociedad, los actores políticos, los medios, la academia se propongan impulsar una demanda ciudadana que culmine en un debate obligado en el Congreso, luego de las elecciones del 2016, de cara a la sociedad y acaso en una consulta ciudadana.

Pobreza, democracia y brechas

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobreza-democracia-y-brechas-09-05-2014

La República

La mitadmasuno

9 de mayo de 2014

Juan De la Puente

La reciente publicación de estudios referidos a la evolución de la pobreza ha renovado el debate sobre modelos y políticas. En los comentarios se aprecian sesgos ideológicos imposibles de evitar en un debate de esta magnitud, aunque este debería ser lo más racional posible bajo el riesgo de perder de vista elementos centrales de la discusión.

Una primera conclusión de los datos publicados por el INEI se refiere al valor social de la democracia, un régimen que nos ha permitido reducir en 12 años más de 30 puntos de pobreza, de 54,8% el 2001 a 23,9% el 2013. Esta reducción es histórica e innegable por su intensidad y resultado y comparable con las dos estrellas mundiales en materia de reducción de pobreza, Brasil y China, aún a pesar de las críticas al modelo de medición de la pobreza por el ingreso monetario.

Los porcentajes probablemente escondan que se trata de más de 8 millones de peruanos que dejaron la pobreza. Si la revisión de cifras se extiende a la pobreza extrema, la reducción ha sido de 24,4% el 2001 a 4,7% el 2013, un rango de casi 20 puntos, es decir, más de 5 millones y medio de peruanos.

Dudo de que este resultado se hubiese logrado con un gobierno autoritario, especialmente si se prolongaba el régimen político de los años noventa, cuya política social se sustentó en la compensación del ajuste, la restricción de la demanda, la recentralización del país y una escasa inversión pública. A su favor, sus defensores pueden exhibir varias razones, como el costo que implicó la estabilización de las cuentas macro, la crisis asiática que afectó los precios internacionales y, sobre todo, el principio cerrado que afirma que primero hay que crecer para luego distribuir.

Siendo de algún modo ciertas las dos primeras razones, es evidente que el auge de la década pasada no se encontró de casualidad con la redistribución. Fue un encuentro buscado por el imaginario portador de la propuesta democrática de esos años, que tuvo igualmente un imaginario social que portaba la demanda de derechos más legitimados. De hecho, no creo que las cifras que se exhiben podrían haberse alcanzado sin el proceso de descentralización, el antecedente a la intensa transferencia de recursos del centro a las regiones y municipios.

Otras tareas realizadas en estos años son resultado del régimen democrático, como el incremento de la cuota de autonomía del BCR y la expansión de la inversión privada, la demanda y el consumo, y la puesta en marcha de una nueva generación de programas sociales, algunos de transferencia directa, que en condiciones de un modelo político y económico cerrado habría sido más difícil echar a andar. En esa medida, la visión de piloto automático se relativiza notablemente.

La complacencia de estos resultados es, asimismo, nefasta. La primera conducta de este comportamiento es encerrarse en las cifras globales y negarse a mirar los desagregados y ser crítico con ellos. La revisión de estas cifras revela la persistencia de la pobreza rural en una dimensión que, contra lo que algunos afirman, supera el concepto de bolsón y adquieren la característica de una brecha. Los pobres en el Perú rural son el 48% y si bien este porcentaje ha bajado 5 puntos en un año, sigue siendo una cifra alevosamente alta. En la selva rural este porcentaje baja ligeramente a 42,6% y en la sierra rural este porcentaje se eleva al 52,9%.

Estas brechas son calientes si se comparan con las cifras de pobreza en la costa rural (29%), sierra urbana (16,2%) y Lima Metropolitana (12,8%), de modo que entre Lima y el Perú más pobre hay por lo menos una brecha de 35 puntos, aunque los pobres en ambos lugares no dejen por ello de ser pobres. Esta brecha alude directamente a la equidad, un indicador temido por lo que creen que con reducir la pobreza basta y sobra.

El actual ciclo de crecimiento económico y de reducción de la pobreza no será infinito y es probable que en algún momento se paralicen ambas tendencias. Cuando ello suceda será potencialmente explosivo para un país emergente como el nuestro, por citar un estimado, que la pobreza general se sitúe en 15% y la del Perú rural en 40%, o que Lima tenga 5% de pobres y Ayacucho 50%.

El ocaso de la segunda línea

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-ocaso-de-la-segunda-linea-02-05-2014

La República

La mitadmasuno

2 de mayo 2014

Juan De la Puente

La reciente encuesta de GfK publicada por La República reitera la alta desaprobación de los tres órganos fundamentales del Estado convertida en endémica en los casos del Congreso y del Poder Judicial y por lo menos en recurrente en el caso del Ejecutivo. Descubre asimismo el contagio de la crisis del sistema político a la segunda línea del Estado, es decir, a los organismos constitucionalmente autónomos.

La aprobación del Tribunal Constitucional (26%) y de la Defensoría del Pueblo (39%) es baja, a lo que se suma la bajísima aprobación a la elección del nuevo Fiscal de la Nación (12%). Contrariamente, se ha incrementado la aprobación de la ONPE (59%), Jurado Nacional de Elecciones (45%) y el Reniec (68%). Es probable, asimismo que otros sondeos recojan una estimable aprobación del Banco Central de Reserva.

Los pesos muertos que arrastran hacia abajo la aprobación de varios organismos constitucionalmente autónomos son desde hace buen tiempo la corrupción, el delito en sus varias dimensiones, la administración de justicia y los conflictos sociales no resueltos, aunque en el caso de la Defensoría ha pesado decisivamente la demora de más de tres años del Congreso para elegir a su titular.

La brecha de legitimidad que se abre entre estos organismos es una mala noticia tomando en cuenta su papel crucial en el sistema político. En nuestro modelo constitucional, a pesar de que por su naturaleza no participan en el juego de poderes reservado a los “tres grandes”, estas instituciones son decisivas para la entrega de derechos, la organización de la vida pública y la defensa de la legalidad.

La situación de cuatro de estos organismos es delicada. El Ministerio Público es el más golpeado por una crisis interna y transversal que ha empezado a condicionarse con la ilegalidad externa. El TC está suspendido en el aire y opera en condiciones de causa finita a la espera de que el Congreso designe a seis de sus miembros, aunque esta omisión es solo la superficie de un problema que incluye sentencias invasivas y peligrosas. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está atravesado por disputas internas y la mayoría de sus miembros tienen entre sí un juego cada vez menos oculto de debe/haber; y la Contraloría ha sido desbordada por la micro y macro corrupción, dando la impresión que su sorpresa la ha paralizado.

Las crisis de estas instituciones en más de un caso expresa un agotamiento, un ocaso que debe resolverse con medidas de gran calado. Sería necesario imaginar, por ejemplo, una forma de elección del TC y de la Defensoría que no pase por el Pleno del Congreso sin obviar la necesidad de un alto consenso político, o que pasando por el Parlamento la elección no sea secuestrada por el juego de las bancadas; que se reduzca el carácter colegiado del Ministerio Público o que su titular tenga más poderes ejecutivos y deba su elección a otro órgano; que la Contraloría tenga facultades sancionadoras no de última ratio sino de uso más frecuente; y que el CNM sea más previsible, más transparente y menos sujeto al hoy por ti mañana por mí.

Esto tiene un nombre y se llama reforma institucional, un cometido que en las condiciones normales de un régimen democrático corresponde impulsar al mismo Congreso, recogiendo las evidencias de estos problemas sociales no resueltos y de un juego institucional bloqueado y en proceso de deterioro. No obstante, la crisis del Parlamento, su falta de legitimidad y de voluntad hace imposible albergar la esperanza de una iniciativa de esa envergadura. El modo cómo el Congreso aborda las demandas de reforma política, desde una perspectiva de conservación de las ventajas de sus integrantes y cerrando el sistema en lugar de renovarlo, es una muestra suficiente de lo que en este momento de la democracia peruana es capaz de realizar el Legislativo.

Quizás sea necesario pensar en un vasto movimiento cívico político que recoja con amplitud las expectativas de reforma en varios ámbitos del sistema político y proponer un referéndum que alcance el cambio ya no con ellos sino a pesar de ellos.

Pobres mayorías/mayorías pobres

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/pobres-mayorias-mayorias-pobres-25-04-2014

La República

La mitadmasuno

25 de abril de 2014

Juan De la Puente

Las encuestas donde la mayoría se pronuncia contra la unión civil resucitan la interpretación abusiva de la “regla de mayoría”, reduciendo la democracia a sentencias como “la mayoría manda” o “se hace lo que la mayoría quiere”.

Esta visión nunca fue democrática o tuvo una efímera gloria. J. Rousseau se resistía a que toda la fuerza de la soberanía popular sea entregada al poder y de allí deviene la prevención histórica de que no es suficiente la democracia como sinónimo de la soberanía, sino que hace falta limitar el poder para que florezcan las libertades y los derechos.

De allí para adelante, todo fue evitar que la democracia se erigiera como un procedimiento contra la libertad. Para B. Constant, el poder no puede disponer de la existencia de los individuos porque la mayoría tiene como límite inviolable la autonomía individual y ante ella termina toda jurisdicción pública. Luego, en las nacientes democracias liberales del siglo XIX A. Tocqueville advertía sobre los efectos de la omnipresencia de la mayoría, que lo legal puede ser arbitrario, y que es detestable la idea de que la mayoría tiene derecho a hacerlo todo porque ello implica la tiranía de la mayoría.

En el siglo XX esta prevención se consolidó y la democracia pudo ampliarse bajo la afirmación de que la mayoría antes de mandar, gobierna. En esa dirección, por ejemplo, ninguna de las acepciones de democracia en el esquema de G. Sartori, es decir, democracia como legitimidad, como sistema político y como ideal, coloca a la mayoría numérica como el eje de las decisiones públicas.

Por lo mismo, hacía bien N. Bobbio cuando afirmaba que en un sistema democrático no es suficiente saber que la regla de mayoría reconoce las libertades, sino que debe saberse cuántos se benefician de las ventajas de esta regla, y que atribuir a esta regla la capacidad de garantizar las libertades es otorgarle una virtud que no le pertenece porque con frecuencia la mayoría “no se compone no de los más libres, sino de los más conformistas”.

El pensamiento político moderno recaba como consenso que la mayoría que cree que “manda por ser mayoría” es una mayoría pobre, atrasada y peligrosa y por ello, en los temas sustantivos, los sistemas políticos diferencian las mayorías numéricas de las mayorías políticas/sociales, porque saben que la visión que absolutiza la capacidad decisoria de la mayoría lleva el virus totalitario. La democracia sabe que en ese enfoque subyace la subestimación de toda minoría en cualquiera de sus expresiones y bajo argumentos políticos, religiosos, raciales o culturales.

El uso perverso de la regla de mayoría desde el poder lleva a restarle voz y libertad a quienes por su número parecen dejar de importar, y hace de los que no tienen voz o número los perdedores de siempre. Resulta frecuente, sin embargo, que ese extremismo deviene en hipócrita cuando se trata del acceso de la mayoría a derechos legítimos; se difumina, por ejemplo, cuando se trata del goce de los derechos a la salud y educación. En esos casos, la mayoría no manda, se hace invisible y debe esperar.

Si el camino es el absolutismo numérico, ¿Qué hará nuestra democracia con la mayoría que repudia la política y la otra que pugna por la pena de muerte para la mitad de los delitos del Código Penal? ¿Qué hará con otras minorías como las personas con discapacidad, los afrodescendientes, los ciudadanos de las zonas rurales, los miembros de las comunidades nativas, quechuahablantes y evangélicos?

El manoseo político de la opinión de la mayoría es riesgoso, especialmente en un país como el nuestro, donde 8 de cada 10 ciudadanos desaprueban al Congreso y al Poder Judicial, y 7 de cada 10 desaprueba al gobierno. Hacer que la mayoría opine, grite, actúe, imponga y aplaste a la minoría en temas fundamentales es una operación primaria.

Si el destino de la minoría es ser aplastada por la mayoría, no habrá democracia; tampoco discriminación positiva y políticas públicas dirigidas e inclusivas. No me imagino al Perú dejando de ser un país poblado de minorías y quemando el principio de igualdad en el altar del principio de mayoría.

Gabriel García Márquez y el sino de abril

La muerte de Gabriel García Márquez en abril reitera el sino de ese mes, que a fuerza de los hechos se asocia a las letras, a su dolor y consuelo. Siento yo que, al margen de los climas y territorios, abril es un mes donde se jalonan y compiten la melancolía y el optimismo.

No todos piensan así. Guillermo Cabrera Infante, dijo alguna vez que abril era un mes cruel, y es conocido el refrán que reza "Abriles y yernos pocos hay buenos".

En mi caso, concuerdo más con el poeta español Jorge Guillén, cuando escribía:

¡Oh luna, cuánto abril,

qué vasto y dulce el aire!
Todo lo que perdí
volverá con las aves.

O con Joaquín Sabina cuando canta a cuasi canta:

Quién me ha robado el mes de abril
Cómo pudo sucederme a mí
Pero, quién me ha robado el mes de abril
Lo guardaba en el cajón
Donde guardo el corazón.
Igual da para la magia; abril es un mes fecundo para las letras y para las ideas. El 23 de abril es el Día del Idioma, en recuerdo del día en que murió Miguel de Cervantes Saavedra. También un 23 de abril fallecieron el Inca Garcilaso de la Vega y el dramaturgo inglés William Shakespeare. Por esas y otras razones, la UNESCO eligió esa fecha como el Día del Libro, del Derechos de Autor y del Bibliotecario.

César Vallejo murió el 15 de abril de 1938 y José Carlos Mariátegui, político, esteta y una de las más altas cumbres del pensamiento político peruano, murió el 16 de abril de 1930. En abril también nacieron Abraham Valdelomar y Carlos Oquendo de Amat y murieron Pedro Peralta Barnuevo y José María Eguren.

En abril también nace Emile Zola, autor de la célebre serie las Tres Ciudades (Lourdes, Roma. Paris) y en ese mes muere Daniel Defoe, autor de Robinson Crusoe, el poeta francés Charles Baudelaire, y Emilio Salgari, el italiano autor de las incomparables novelas de aventuras que alegraron nuestra infancia como Sandokan, el Tigre de la Malasia, el Corsario Negro y el Capitán Tormenta. En la cultura se tiene en abril otros sucesos como la muerte de Pablo Picasso y Francis Bacon, pintor  expresionista irlandés. En abril nace Charles Chaplin.

Se dice que nuestro Augusto Tamayo Vargas instauró abril como el Mes de la Letras en 1931, aunque es poco probable que lo haya hecho en ese año, tomando en consideración que Tamayo nace en 1914 y egresa del colegio La Inmaculada en 1930.

Este año la USMP realiza más de 80 actividades culturales, artísticas y académicas en XII Mes de las Letras y de la Cultura. Como ha sido tradición durante los últimos 12 años, las facultades de la Universidad de San Martín de Porres ofrecen al público en general y a la comunidad académica diversos eventos que incluyen la presentación de revistas científicas con artículos realizados por investigadores peruanos y miembros de esta casa de estudios.

A lo largo del mesa se están presentando más de 10 publicaciones recientes, entre ellas Fundamentos de estadística médica, de Jorge Medina Gutiérrez y Frank Lizaraso Soto; Mordeduras humanas, análisis pericial y aplicación forense; de Jesús Miguel Quiroz Mejía, Jeidson Antônio Morais Marques y Lourdes Susana García Zárate; nuevos números de las revistas Horizonte Médico, de la Facultad de Medicina Humana; Kiru, de la Facultad de Odontología y las publicaciones virtuales San Martín Emprendedor, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos; e InnovaEduTic, de la USMP Virtual.

El programa de actividades puede ser leído (aquí).

Este es el afiche alusivo a la Décima Segunda Edición del Mes de las Letras y de la Cultura que organiza el Fondo Editorial de la USMP. Fue elaborado en la Oficina de Diseño y Multmedia (ODM) de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la universidad.

 

La sociedad de la náusea

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-sociedad-de-la-nausea-18-04-2014

La República

La mitadmasuno

18 de abril 2014

Juan De la Puente

La indignación de la opinión pública frente a la corrupción, la informalidad, la inseguridad ciudadana y el sangriento caos del transporte opera como la náusea de una sociedad débil que no puede impulsar a un Estado igualmente débil a acometer estas tareas. La crítica social y pública se queda en las arcadas y en la cólera. Somos el país del asombro y la ira donde ni los ciudadanos ni el Estado pueden enderezar los renglones torcidos.

Esta debilidad se asocia al Estado neoliberal que llega a su fin descosido por el lado que menos esperaba, es decir, la dificultad de los peruanos para ejercer su libertad personal sin seguridad personal, un tipo de libertad “antigua” en el orden jurídico que antecede a las libertades económicas, ellas también jaqueadas por la falta de regulación pero que las sorteamos cuando ingresamos por la puerta de la informalidad.

Tomando en cuenta los plazos históricos de la tesis de Alberto Vergara (Ciudadanos sin república. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? (Lima, Planeta, 2013), la promesa neoliberal habría llegado a su límite programático y lo que asoma es un épica pugna por re/construir la república y en ese camino va siendo evidente que el encuentro entre ambas promesas, la neoliberal y la república, no será posible por lo que los abogados llamamos la sustracción de la materia.

La agónica promesa neoliberal no le puede ofrecer al Perú (Vergara dice que nunca lo prometió) seguridad, cumplimiento de las reglas de convivencia, regulación, honradez pública y formalidad/legalidad. No obstante, la política liberal y democrática tampoco puede hacerlo y no solo por falta de leyes o instituciones sino de actores y organizaciones. Si la autoridad del Estado alcanza hasta donde se escuchan los gritos de los funcionarios públicos, la fuerza de la sociedad solo llega a través de los medios y el frenesí de las redes sociales, frecuentemente el único mecanismo de movilización ciudadana autónoma del poder y de la prensa.

Este juego de debilidades condicionantes es crucial para la interacción entre lo público y lo privado. Por ejemplo, el delito vial tiene más de una década como fenómeno agudo con tasas que se desarrollan en espiral: el 2003 hubo 74 mil accidentes y 95 mil el año 2012, en tanto que los últimos 10 años han muerto en las pistas 36 mil personas. Sin embargo, a pesar de que los accidentes dejaron heridas el último año a 54 mil personas y muertas a 4,200, la demanda de la sociedad no ha encontrado mecanismos para promover cambios eficaces. Con la fuerza de la sociedad no pasa nada.

Esta carencia de fuerza se relaciona con varios elementos sobre los que al neoliberalismo también le cabe una responsabilidad, particularmente la desinstitucionalización de derechos, instituciones y reglas. Volviendo al caso del transporte público, el delito vial es el resultado de un modelo que solo es posible anulando las capacidades reguladoras estatales y sus elementos constitutivos como la sobreoferta del servicio, la eliminación de las revisiones técnicas, la habilitación de unidades pequeñas y frágiles, la liberación de rutas y la falta de derechos laborales de los conductores, entre otros. El neoliberalismo es también la hegemonía de lo informal y de lo no regulado.

En otras circunstancias las náuseas ciudadanas podrían generar reacciones reformistas en una parte del sistema político, especialmente en el programa y en la acción de los partidos y de los políticos. Sin embargo, para ciertos temas como los aquí señalados las instituciones se muestran vacías de contenido, particularmente los partidos, el Congreso y los cuerpos colectivos de gobierno. Por esa razón, en un contexto de arcadas sin vómito, lo más eficaz es la fuerza como mecanismo para recabar derechos o para hacerse escuchar.

Una sociedad débil y fragmentada, con movimientos sociales y partidos débiles es incapaz de influir en el Estado. Sin reforma política, ese monstruo que asusta a los políticos, los dramas cotidianos tendrán por mucho tiempo solo nuestra ira.

Áncash es el Perú

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/ancash-es-el-peru-11-04-2014

La República

La mitadmasuno

11 de abril de 2014

Juan De la Puente

La corrupción en Áncash está siendo tomada como un grave problema de Estado y las primeras preocupaciones son judiciales. En procesión, los organismos que habían volteado la mirada a la corrupción realizaron una audiencia y anuncian el descongelamiento de los procesos contra la cúpula regional. No obstante, se piensa en Áncash como una excepción y no como una regla, como un fenómeno y no como una tendencia.

Áncash es el Perú, solo que allí las mafias provocaron un estallido; es la avanzada de un orden de cosas que se forma en relación con los procesos de modernización, descentralización y crecimiento económico, y cuyo origen no es, exclusivamente, la falta de institucionalidad y de control. Lo que a simple vista luce como un asunto de reglas es un problema de organizaciones y de actores.

José María Arguedas decía de Chimbote que era la ciudad que menos entendía, pero que más lo entusiasmaba. Hace ya medio siglo describía en El zorro de arriba y el zorro de abajo a las mafias de ese puerto como la expresión de una ideología informal, una suerte de modernización a patadas hundida firmemente en brechas y desencuentros sociales y culturales que no han hecho más que recrearse desde entonces.

Sobre estas y otras bases se construye una sociedad que se asume y comporta como un espacio de tensión sin reglas, so pretexto de su heterogeneidad y donde la crisis de organizaciones y liderazgos es recurrente y en progreso. Áncash fue escenario de una competencia de partidos políticos hasta entrados los años noventa, con predominio del Apra, Acción Popular y la izquierda. No obstante, como sucedió con buena parte del país, fue conquistado por la antipolítica; desde 1995, Huaraz y Chimbote eligen alcaldes independientes, salvo un período en este último caso, y Casma, otra provincia violenta, ha tenido cinco alcaldes desde 2007, uno de ellos revocado y otro asesinado.

La política ancashina fue asaltada por políticos de ocasión que han creado sus propias franquicias regionales para efectos internos y que se relacionan exitosamente con las franquicias partidarias nacionales para efectos de una representación parlamentaria. Esa política antipolítica ha llegado a su límite; el proceso operado en Áncash, también experimentado en otras regiones, de sustitución de los liderazgos partidarios nacionales por elites locales se ha agotado; el predominio de los nuevos “valores”, el robo, la coima, la amenaza, la difamación, la compra de periodistas y jueces, el cambio de bando, y la muerte, esconde la falta de un proyecto local y una mortal precariedad de la oferta política.

Los datos del sistema político ancashino indican ese agotamiento. En las elecciones del 2010 se presentaron en el Santa (Chimbote) 22 candidatos y en Huaraz 16, las provincias con las más altas tasas de competitividad electoral del país. A tono con esa tendencia, en las elecciones regionales del 2002 se presentaron 8 listas, 13 el año 2006 y 19 el año 2010. Asimismo, en las tres elecciones, Áncash fue la región donde las listas tuvieron un apoyo electoral menos uniforme, es decir, un bajo indicador de distribución (PSNS) según la metodología del Jurado Nacional de Elecciones.

En el contexto de mayor fragmentación, más competitividad y menos distribución homogénea del voto se entiende que las guerras políticas se zanjen con el apoyo de sicarios. No en vano la región ostenta otros dos indicadores relevantes: en el periodo 2007-2010, el 10% de las autoridades distritales fueron vacadas y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord histórico que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.

Al debatir las soluciones para esa región es preciso reconocer que estamos ante una sociedad con una acelerada fragmentación, donde la política es ilegítima y las representaciones políticas son casi simbólicas. En las elecciones generales del 2011 ninguna lista superó el 20% de los votos válidamente emitidos, mientras que los votos blancos y viciados sumaron la primera mayoría, el 26%, más del doble que el porcentaje nacional.

Una crítica a la encuesta de CPI (9.4.2014)

A propósito del sondeo de CPI sobre intención de voto publicado hoy. Una encuesta de esas características a dos años de las elecciones tiene un efecto muy limitado como para advertir incluso tendencias, menos aún extraer conclusiones, que es lo que leo que se hace con ligereza.

El sondeo incluye a dos “presidenciables” que han señalado que no postularán, Lourdes Flores y Nadine Heredia, y no incluye a otros que han declarado que si lo harán, como Alfredo Barnechea, por señalar solo un caso, o al mismo Luis Castañeda Lossio que no ha dicho sí, ni a la alcaldía de Lima ni a la Presidencia de la República, pero que igualmente es un “presidenciable”. Como en otros sondeos a cargo de otras empresas, el uso de las tarjetas es arbitrario y sin explicación.

Darle carácter de concluyente a estas cifras en un país con una volatilidad electoral alta en procesos electorales presidenciales, es equívoco. Es el caso de Mario Vargas Llosa de cara a 1990, Lourdes Flores el 2001 y 2006 y Alejandro Toledo y Castañeda Lossio el 2011. Siendo en general cierto que toda encuesta, aun a dos años de las elecciones, es una foto debe ser mesurada tanto la presentación como el análisis. No se puede presentar una foto de final de carrera la que se ha tomado en el partidor, cuando los caballos ni siquiera han empezado a correr.

En el caso de Lima, el asunto es más escandaloso y en esto me refiero a CPI. El porcentaje obtenido por Enrique Cornejo, del Apra, figura como tal con 3.6%, pero no aparece Susana Villarán en el reporte oficial del sondeo. En la nota de Correo, el directivo de CPI asegura que el 5,2% de Villarán se ubica en el rubro “otros”. ¿No es raro que a Cornejo, que tiene menos que Villarán CPI lo visibilice y a Villarán no? ¿Quién y con qué propósito hace el vaciado de la data? ¿Cómo atribuir el “olvido” de alguien que tiene más de 5% de intención de voto, si le creemos a CPI? ¿De quién más se han olvidado?

No deja de llamar la atención que en cambio una de las preguntas sea sobre “si es conveniente” que Villarán postule. En los últimos 30 años no he visto en sondeos una pregunta tan abierta y genérica. Quizás debieron agregar el “para quien” es conveniente, si para ella, para Lima, para el país, etc. En otros casos, la pregunta es más precisa: “¿Estaría Ud, de acuerdo con que ……. postule a la reelección?”

El profeta Ezequiel

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-profeta-ezequiel-28-03-2014

La República

La mitadmasuno

28 de marzo de 2014

Juan De la Puente

El asesinato del ex consejero regional Ezequiel Nolasco dispara las alarmas sobre la extrema violencia política y corrupción en la región Áncash. En realidad, descubre para la opinión pública nacional y para la política limeña un truculento escenario que los ancashinos conocen bien. En esa región, la balas silenciadoras, los jueces y fiscales comprados o amenazados, los policías vendidos y los periodistas alquilados, forman parte de un paisaje con el que conviven los ciudadanos.

Los sucesos que han modelado ese escenario, especialmente las denuncias de corrupción y los asesinatos, fueron poco más que una noticia. Su persistencia no logró impactar decisivamente a las seis instituciones de alcance nacional llamadas a combatir el delito o controlar el poder, el Congreso, el Poder Judicial, la Procuraduría (Ministerio de Justicia), la Policía (Ministerio del Interior), el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas han respondido que hicieron algo de lo que les correspondía, que la falta de eficacia se debe al papel de otras instituciones y que carecieron de recursos para alcanzar mayores logros. Es probable que estos argumentos sean de algún modo ciertos aunque la verdad es más compleja y dramática.

En casi todas estas instituciones operó un mecanismo ilegal que bloqueó las denuncias o su desarrollo procesal con marcado éxito. Este no es un trabajo empírico, sino el resultado de un proyecto mafioso sostenible por su capacidad operativa y los recursos financieros, políticos, legales, tecnológicos y mediáticos que desarrolla. A diferencia de las redes clásicas de corrupción del pasado, esta se construyó de abajo hacia arriba usando para sus intereses los espacios de autonomía y discrecionalidad que la descentralización ha establecido, una derivación perversa no prevista al inicio de este proceso.

El atormentado tránsito de Ezequiel Nolasco desde el año 2010 testimonia la fuerza de la red ilegal a la que se enfrentó y sucumbió; todos sus movimientos fueron contestados con éxito. Él perdió todas las batallas emprendidas, en los ámbitos administrativo, policial, judicial y parlamentario. También perdió la batalla de la opinión pública porque su voz, mucho antes de las balas asesinas, fue silenciada por una prensa regional arreglada bajo la mesa y sobre la mesa, con muy escasas excepciones. Las tres veces que este hombre, martirizado ya por la muerte de su hijo y por su propia persecución, se encadenó en la puerta de la Corte Superior de Justicia del Santa (Chimbote) aparecieron como una dolorosa confesión de su impotencia y fracaso.

La mala noticia, lluvia sobre mojado, es que el caso de Áncash no es único. Los datos a la mano indican que en varias regiones se han organizado mafias locales con alcance nacional y en otros casos de origen municipal con el mismo éxito. Sin embargo, no todas las regiones o ciudades tienen un Ezequiel Nolasco que a costa de su vida ha dejado testimonio de la realidad. Casos similares a los de Áncash están atrapados en el Congreso, han sido trabados en las fiscalías o han merecido sentencias cargadas de impunidad.

En Áncash ha fracasado todo o casi todo, la democracia, la descentralización y la libertad de expresión. Desde la primera elección regional no ha sido posible construir allí un proyecto regional abierto y democrático; contrariamente, se ha acentuado la fragmentación social y política, las prácticas clientelares y la organización de un poder resistente a la rendición de cuentas. El proceso de descentralización ha sido en esa región hasta ahora la transición hacia un estado débil y corrupto, personalizado al extremo y carente de elites moderadoras y articuladoras del debate. El rasgo que define el espacio público allí es un alto protagonismo de actores informales y, sobre todo, ilegales, cuya lucha por el poder carece de límites con una marcada preferencia por el uso de la violencia para resolver las disputas políticas.

La pregunta de qué hacer con Áncash debería ser qué hacer con la descentralización.

Embestido, investido, desvestidos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/embestido-investido-desvestidos-21-03-2014

La mitadmasuno

La República

21 de marzo de 2014

Juan De la Puente

UNO. No entendiendo por qué el Presidente de la República perdió la oportunidad de relegitimar su gobierno. De haber aceptado la primera votación como lo que fue, es decir, un rechazo al gabinete y designado otro corrigiendo lo que los ciudadanos demandan, habría obligado al Congreso a entregarle la confianza a un equipo de gobierno remozado con menos reparos, relanzado su administración de cara a la segunda mitad de su quinquenio. El temor del cierre constitucional del Parlamento que atemoriza a la mayoría de los hijos del voto preferencial habría movilizado más que a la Confiep a una parte importante de la sociedad civil interesada en una cooperación Ejecutivo/Legislativo en lugar del bloqueo.

En ese escenario se legitimaba el gobierno, el Congreso mismo, que al rehusar la confianza ejerció su derecho a desaprobar al gobierno y que al aprobarlo luego de los cambios habría mostrado determinación. En este caso, los votos verdes y rojos habrían sido menos cuestionados que ahora. No obstante, el Presidente prefirió la ruta de una negociación un tanto ignominiosa, por lo que el voto en favor de la investidura no le permite a su gobierno superar el aislamiento ni el efecto de las dos primeras embestidas parlamentarias. En esas condiciones, una confianza agónica es un caramelo envenenado de efecto programado que debilita al gobierno.

DOS. Entiendo un poco más la razón por la que una parte de la oposición se negó a rechazar de un modo más enfático al gabinete y prefirió la abstención, aunque una parte de ella haya sido llevada de las narices. Si la idea era propinarle al gobierno un jalón de orejas, un gesto que obligue a Humala a negociar desde su debilidad la rebaja del protagonismo de Nadine Heredia, esta estrategia es entendible en el caso del Apra y el fujimorismo, potenciales adversarios de Heredia el 2016 que cuentan ya con candidatos presidenciales.

Para el resto de la oposición (PPC, AP, Frente Amplio, Solidaridad Nacional, Partido Humanista, Somos Perú y Alianza para el Progreso) el sentido de su primera votación debió ser mucho más enfático que la abstención, en una perspectiva programática y con razones de fondo. ¿Qué pasó con los temas Castilla y los salarios del sector público, la reducción del canon, las promesas electorales incumplidas, el gasoducto del sur y la seguridad ciudadana? Fueron sepultados por la nadinofobia. Una parte de estos grupos mostraron como un trofeo un comunicado de la PCM sobre el papel de Heredia renunciando a una representación más amplia de sus electores.

Apreciado en el conjunto, el resultado del impasse del voto de investidura tampoco ha fortalecido a la oposición y no solo porque no consiguió su propósito antinadinista. Ningún partido logró aparecer como una alternativa potable y, en cambio, en el resultado final más de uno no ha podido convencernos de que no pactaron prebendas. Al final, queda la imagen de una oposición que creyó que era un crimen sangriento licenciar al gabinete y que siente haber sido pillada con el puñal en la mano.

TRES. Los abusos de las mayorías parlamentarias gobiernistas son peligrosos al igual que las dictaduras parlamentarias. En ambos casos se eliminan los contrapesos y las modalidades de cooperación en favor de la sujeción de un poder por el otro. En ese sentido, en el episodio de la investidura se ha planteado una nueva situación no prevista ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que es la posibilidad del bloqueo del Ejecutivo por el Congreso a partir de una desastrosa decisión, la de votar más de una vez la confianza en un gabinete amparada en un acuerdo de hace 10 años que nunca se convirtió en norma positiva, que no pasa el más simple test de legalidad y que tampoco puede ser usado como costumbre parlamentaria, por el delicado objeto al que se aplica.

En los sistemas parlamentarios se puede jugar al bloqueo porque en los congresos reside la posibilidad de formar gobierno, pero cuando en un sistema presidencialista se pretende votar tres o cuatro veces la investidura de un gabinete, el juego de los carritos chocones puede ser muy dañino.

Los carritos chocones

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-carritos-chocones-14-03-2014

La República

La mitadmasuno

14 de marzo de 2014

Juan De la Puente

El áspero intercambio de frases sentenciosas entre el gobierno y la oposición a raíz de la remodelación del gabinete han reabierto una etapa de polarización clausurada un breve momento a raíz del fallo de La Haya. Al igual que el año pasado las fuerzas se ha dispuesto en línea de batalla y el discurso es casi el mismo: “Nadine Heredia tiene el poder”, “Alan García teme ser condenado”, “El gobierno es ineficaz”, “La oposición no tiene autoridad moral”, entre otras afirmaciones.

Los actores son también los mismos, pero me temo que una parte del escenario ha variado. El primer cambio que distingue la tensión del año pasado con el ciclo abierto recientemente es el hartazgo de la opinión pública, una especie de cansancio ciudadano que emerge de la convicción de que lo que ahora se critica no podrá ser alterado hasta dentro de dos años y medio. El segundo cambio es el desgaste de la mayoría de actores, especialmente los que han entrado a la pelea cuerpo a cuerpo, donde el que lleva la peor parte es el gobierno, imposibilitado por ahora de salir del aislamiento y recuperar la agenda pública.

Esta polarización se torna paradójica porque no produce una mayor crisis que la que existe. Curiosa polarización que viene con sus propias certidumbres: es seguro que el gabinete obtenga la investidura en el Congreso, que la oposición y los medios continuarán manejando la agenda, que el gobierno seguirá tomando las decisiones y las indecisiones y que Nadine Heredia continuará llenando el vació oficialista. Es tan cierta esta relación contranatura polarización/certidumbre que una de las seguridades de los poderes económicos y mediáticos es que el gobierno no producirá cambios en el modelo económico.

Si la tensión no lleva a ninguna parte en el corto plazo se torna evidente que estamos ante una polarización a velocidad controlada, sobre todo por la falta de fuerza de los que conducen los coches. Una suerte de carrera de carritos chocones.

Nada de lo que se dice o se pretende es masivo y contundente porque pasada la primera mitad del gobierno de Humala, los actores son conscientes de sus propios límites y que una crisis grave de gobernabilidad es cada vez más lejana, de modo que en más de una expresión se advierte un genuino interés político pero con una alta cuota de sobreactuación.

¿Todo está dicho o no hay nada más por hacer que sentarse a esperar el 2016? Me temo que no. En el marco de una polarización controlada, no se descartan dos controversias agudas que podrían agitar las certidumbres y deshacer las paradojas. La primera es una mayor ofensiva sobre Nadine Heredia en la idea de marcar con críticas hasta el último detalle de su actividad pública, más con el objetivo de desgastarla e impedir su eventual candidatura presidencial que evitar su influencia en el gobierno.

Una ofensiva final sobre ella tendría, sin embargo, que vencer la visión neoinstitucionalista y pragmática que sostiene que el activismo en el poder de la esposa del presidente es positivo en la medida que impide que el gobierno cometa errores y se ponga en juego la gobernabilidad y el crecimiento.

Tampoco debe descartarse una intensa campaña anti García a propósito del debate de las conclusiones de la Megacomisión. En este caso, es igualmente evidente que el propósito es inhabilitarlo electoralmente más que sancionar las irregularidades cometidas en su gobierno.

No estoy seguro si este modelo de polarización controlada incluyendo la variante de la tensión extrema por anti Nadine/García sea lo que el Perú espera o se merezca. En esa ruta será muy difícil que la oposición acumule más de lo que lo ha hecho y que el gobierno recupere lo que ha perdido, sobre todo porque propone un horizonte político electoral donde los grandes temas del futuro parecen extraviados y sometidos a los cánones de la política personalizada. Esta tensión en las alturas desmoviliza a la gente y de ella no emerge ninguna fuerza que emita señales nuevas a la sociedad. El primer grupo que exponga otro discurso podrá ser la sorpresa. ¿No es hora ya de una nueva política?