La rebelión de los malos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-de-los-malos-15-08-2014

La República

La mitadmasuno

15 de agosto de 2014

Juan De la Puente

La delitopolítica es la fase superior de la antipolítica, el sistema de organización del poder y de la gestión del Estado vigente desde hace 25 años y que ahora nos estremece al ponernos sobre la mesa a centenares de candidatos con sentencias penales por delitos sobre los cuales la sociedad tiene un especial cuidado.

Aunque la verdad sin tapujos es que ni el Estado ni la prensa deberían horrorizarse demasiado, sobre todo si el primero fue impulsor y cómplice de la antipolítica y la segunda su entusiasta anunciadora, promotora y defensora. Tampoco el mercado debería sorprenderse tanto porque en las últimas décadas ha pedido y bregado por un sistema político bonito y barato, no necesariamente bueno, y lo ha conseguido.

La presencia de candidatos narcotraficantes, violadores, usurpadores, secuestradores y terroristas en las listas electorales no es reciente aunque revista ahora la forma de una invasión. Están siendo paridos por un sistema que aplaude y premia el rechazo a los partidos, a las ideologías y al compromiso doctrinario. Lo que empezó como la adulación a los independientes por su naturaleza pragmática, sin lealtades y sin historia adquiere ahora la forma de una resignación pública ante un modelo que se sabe puede existir solo sobre la base de partidos pequeños, débiles y a merced de los caudillos, con una vida precaria y sin democracia interna, una travesía en permanente emergencia acosada por movimientos regionales y locales que reproducen y masifican la corrupción, el populismo y el clientelismo.

Los partidos fueron en este proceso víctimas y verdugos. La antipolítica les fue impuesta por lo poderes fácticos aunque se produjo al mismo tiempo como resultado de su falta de competencia para enfrentar las crisis en la década de los ochenta. Ya es un consenso en la academia considerar que el quiebre de lo que alguna vez pudo llamarse sistema de los antiguos partidos es a la vez asesinato y suicidio.

La desprofesionalización de la política se acentuó en la década pasada; a ella concurrieron medidas y fenómenos como la misma Ley de Partidos que consagró el fichaje de independientes y relativizó las elecciones internas. En un proceso paralelo, el voto preferencial y la falta de financiamiento público de los grupos políticos dinamizaron el encarecimiento de las campañas electorales consolidando el eje que mueve casi toda elección: candidatos prestados/dinero. Mi cálculo conservador es que en estas elecciones se gastarán por lo menos 1.000 millones de soles.

Los antiguos partidos se resistieron inicialmente a este impulso de compra y venta de listas electorales, pero han sucumbido a la tentación; la antipolítica ha logrado que todos se adecúen a ella y desde esa legitimidad ha convertido la formación de la representación en lo que ahora es, un proceso generalmente irregular y a veces fraudulento de reclutamiento de militantes, formación de comités y designación de candidatos.

No es extraño que en ese contexto las elecciones sean una oportunidad para que los malos salgan del clóset y se trepen con dinero en la mano a la lista electoral que encuentren. Esta fase superior de la antipolítica está en su momento inicial; los más de 2 mil candidatos sentenciados son apenas el 2% del total de candidatos en todo el país, pero al ritmo en que opera puede alcanzar fácilmente el 6% u 8% en los siguientes comicios, un porcentaje capaz de arrebatarle a la sociedad el impulso de cambio.

Lo que no aparece suficientemente claro en la indignación de medios y líderes es la asociación de la delitopolítica con otros fenómenos que estallan al mismo tiempo, como la corrupción regional y municipal; el plagio de planes de gobierno; la compra de periodistas, jueces y fiscales; y la corrupción de buena parte de jurados electorales especiales. Quizás sea un esfuerzo agónico para decirnos que a pesar de que los malos se rebelan, arrinconan a los buenos y se cuelan a los cargos de representación popular, la reforma política no es necesaria porque aún podemos seguir conviviendo con la antipolítica.

La reforma huérfana

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-reforma-huerfana-08-08-2014

La República

La mitadmasuno

8 de agosto de 2014

Juan De la Puente

La reforma política fue abordada incluso antes de la aprobación de la Ley de Partidos Políticos (LPP) Ley N° 28094 del 2003. Como se recuerda, luego de la caída del fujimorismo se plantearon cambios institucionales y constitucionales de alto calado, cuyo paradigma más elevado fue la formación de una Asamblea Constituyente y la aprobación de una nueva constitución, y en una lógica minimalista la reinstalación del bicameralismo y la descentralización.

La misma LPP fue recibida con desconfianza y poco entusiasmo; gestionada como parte de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional suscrito un año antes, fue posible solo por el empeño de un reducido grupo de líderes políticos y de la Asociación Civil Transparencia e Idea Internacional. Entonces, la academia razonaba con un receloso perfil, advirtiendo: 1) que lo más importante era fortalecer los partidos existentes y no debilitarlos normativamente; 2) que no debería ampliarse más un sistema ya demasiado abierto; 3) que debería colocarse más barreras de entrada al sistema y vallas para la permanencia en él: 4) que era riesgoso promover la renovación desordenada de las dirigencias partidarias; y 5) que era preciso abocarse a la reforma del Estado como un mecanismo legitimador de la política.

La LPP tuvo un sentido institucionalizador de lo existente antes que reformista, y a esa mediatización se debe su rápido fracaso. En el 2006 se hizo evidente la crisis de lo poco que quedada del sistema de partidos, cuando el parlamento se pobló de legisladores independientes ganadores de costosas campañas y cuando los partidos se replegaron a Lima y a las elecciones nacionales abandonando el resto del país. Los comicios del 2010 y 2011 profundizaron la crisis; en el 2010, las estructuras nacionales solo ganaron en 4 de 25 regiones, en 77 de 195 provincias y en 693 de 1.605 distritos. Y en el parlamento del 2011, por lo menos 65 legisladores electos no eran militantes de los partidos por los que postularon, a pesar de que algunos pasaron por fórmulas de comicios internos, obviamente fraudulentas. Nuestro Legislativo, un órgano político por excelencia, fue diezmado de políticos.

Si la LPP fue un hijo no deseado y esperado, la reforma política es evitada. La mayoría de partidos han desarrollado una sensibilidad contra la reforma y los que lo desean poseen dirigencias débiles ante sus bancadas, especialmente en este tema. Ello no ha impedido que la LPP haya sido modificada 8 veces y en 17 de sus 41 artículos, sobre todo para cerrar el sistema, elevando a 450 mil las firmas requeridas para legalizar nuevos partidos.

La reforma policía fue obviada por los candidatos presidenciales que compitieron el 2011; también fue ignorada por casi todos los medios y silenciada en los partidos; y hasta hace poco, la mayoría de académicos, politólogos y analistas pasaban de largo frente a ella con el registro general de que el problema de la políticas y de los políticos no son las reglas, una rotunda fórmula negadora. Este temperamento alcanzó inclusive a los proyectos de Código Electoral y de Ley de Partidos presentados en consenso por los organismos electorales al Parlamento.

La mención a la reforma que hiciera el Presidente de la República en su reciente mensaje a la Nación se produce luego del estallido de la corrupción regional aparejada con la fundición de las bancadas parlamentarias. En este nuevo momento se acepta por fin la necesidad de la reforma, aunque deberán pasar algunos años más para concretarla. Por ahora se han empezado a trazar los mapas de navegación de tan trascendental cambio.

Lamentablemente, el nuevo sentido común de la reforma política es todavía débil para imponerse; las llaves de la misma se encuentran en poder de los que viven y se reproducen gracias al viejo sistema de la formación de la representación. Los “comeoros”, “robacables”, lobistas y negociantes son todavía mayoría en el Congreso y hará falta una gran movilización ciudadana que echarlos de los salones del poder.

Los Cornejoleaks y los medios

La violación del secreto de las comunicaciones del ex premier René Cornejo ha expuesto miles de sus correros provenientes de una cuenta privada. No hay duda que se trata de una infracción a la ley penal que en este momento investiga la fiscalía. Sin embargo, la difusión de dichos correos ha empezado a ser considerado un delito por parte de algunos especialistas.

1.- En una entrevista para la web de La República, la Srta. Fátima Toche, jefa de la división de derecho y nuevas tecnologías del Estudio Iriarte y Asociados se ha expresado de la siguiente manera:

Pregunta. - ¿Al hacer mención al contenido de estos mensajes, la prensa comete un delito?

Respuesta.- Sí, porque se está divulgando, por lo menos la primera persona que lo haga, correspondencia destinada a ser privada. Y eso es castigado por el Código Penal.

Pregunta.-¿También la pena es de uno a tres años de prisión?

Respuesta.- Es una pena privativa de la libertad no mayor de dos años.

2.- Esta información es falsa. Ninguna norma penal establece ello. Para precisarlo le pregunté por titear al Sr. Erick Iriarte (@coyotegris) de la empresa que lleva su nombre. Él contestó lo siguiente: “…de hecho no se ha mencionado tiempo, pero el artículo en cuestión es el 164 CP”.

De hecho, esta apreciación es errónea y es una pena que los autores hayan persistido en el error induciendo involuntariamente al temor a medios y periodistas.

El Artículo 164° del Código Penal aborda el delito de publicación indebida de correspondencia:

Publicación indebida de correspondencia

Artículo 164.- El que publica, indebidamente, una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad, aunque le haya sido dirigida, será reprimido, si el hecho causa algún perjuicio a otro, con limitación de días libres de veinte a cincuentidós jornadas.

3.- En este tipo penal, la conducta prohibida en este delito consiste en publicar indebidamente  una correspondencia epistolar o una correspondencia telegráfica. El Código Penal no menciona la difusión de correos electrónicos.  La diferencia entre correspondencia epistolar y correo electrónico es precisa. Así, el delito tipificado en el Artículo 164° del Código Penal sólo es aplicable a los que difunden indebidamente una correspondencia epistolar o telegráfica, no destinada a la publicidad. Por lo tanto, la difusión de correos electrónicos no se encuentra sancionada por el artículo mencionado.

4.- Esto es tan cierto que a la fecha ningún periodista que ha difundido comunicaciones obtenidas ilícitamente por terceros ha sido imputado, ni siquiera en los sonados casos llamados “Petroaudios” y “Potoaudios”, es decir para estos casos a ningún juez o fiscal se le ha ocurrido echar mano del Artículo 164°. En el caso del periodista Palma, no ha sido procesado por publicar comunicaciones indebidamente obtenidas por otros, sino por ser autor material, él mismo, de una violación de la comunicaciones de otra persona.

En este punto, es importante señalar la valoración por los medios y periodistas de lo que reviste interés público. Este concepto se encontraba ya presente en el proyecto de ley de la Corte Suprema enviado al Congreso en julio de 2011. Antes, en la Sentencia 0027-2005-PI/TC, el TC también se refrió al tema.

5.- El año 2010, el TC aclaró su postura en relación a la imputación de los periodistas en los casos de la interceptación de las telecomunicaciones y su divulgación por los medios de comunicación. Esta aclaración dice así:

“Que en relación a la interceptación de las telecomunicaciones y su divulgación por los medios de comunicación, está prohibida la difusión de información que afecte la intimidad personal o familiar, o la vida privada del interceptado o terceras personas, salvo que ella sea de interés o relevancia pública, lo que debe ser determinado en cada caso por el propio medio de comunicación. En caso de exceso tanto el periodista, como los editores y/o los propietarios de los medios de comunicación, serán responsables por tales excesos, según lo determine la autoridad competente”.

6.- La imposibilidad de imputar a los periodistas en base al artículo 164° llevó al que el Congreso, en base a varias iniciativas apruebe la llamada Ley Mordaza, cuestionada por el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) IPYS, IDL y otras instituciones. Esta ley fue observada por el Presidente de La República Ollanta Humala. Se entiende lógicamente que por esa razón, hoy día ni con el Artículo 164° ni con el Artículo 162° se puede imputar a un medio o periodista por divulgar documentos obtenidos ilícitamente por terceros.

7.- El Artículo 162° si fue modificado en dos oportunidades recientemente.

La Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30096, publicada el 22 octubre 2013, incluyó mayores penas si los autores de las interferencias cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con las normas de la materia o cuando el delito comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacional

Luego, la Ley N° 30171, publicada el 10 marzo 2014, incluyó penas cuando el delito recaiga sobre información clasificada como secreta, reservada o confidencial de conformidad con la Ley 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o si el agente comete el delito como integrante de una organización criminal, la pena se incrementa hasta en un tercio por encima del máximo legal previsto en los supuestos anteriores.

8.- Como se aprecia, queda claro que en el Perú en este momento ningún periodista o medio puede ser procesado por divulgar las comunicaciones obtenidas ilegalmente por otros si estas revisten interés público. Es cierto que el sistema legal está a la espera de un mejor diseño de lo que se denomina interés público, pero esto no implica violar las libertades informativas.

Aquí la entrevista de la Srta. Toche:

http://www.larepublica.pe/07-08-2014/el-hackeo-a-rene-cornejo-una-revision-breve-a-los-aspectos-legales-y-tecnicos

Esta es la aclaración del TC en referencia al asunto, a propósito de los “Petroaudios”:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC%20Aclaracion.html

El gran movimiento

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-gran-movimiento-25-07-2014

La República

La mitadmasuno

25 de julio de 2014

Juan De la Puente

La difusión por la Asociación Civil Transparencia y Utero.pe de hallazgos en la revisión de las hojas de vida de los candidatos a las elecciones regionales y municipales del 5 de octubre, nos refriega en los ojos la asociación delito/política y corrupción/política. Más de 1,400 de los que aspiran a cargos de elección popular fueron condenados por delitos en los que la sociedad pone un énfasis especial, como prestaciones alimenticias (871 condenados); peculado (113); lesiones (59); apropiación ilícita (31); abuso de autoridad (29); homicidio (12), narcotráfico (13); entre otros.

Una respuesta inmediata alegaría que esta asociación no es nueva y que lo novedoso es conocerla en su emplazamiento electoral. Otra más avisada diría que esta relación es inherente a la política en tanto afán de poder y de lo público. No en vano Maquiavelo propugnaba una buena utilización del delito en un momento concreto para asegurar el poder y en beneficio de los súbditos (leído ahora como roba pero hace), aunque desaconsejaba que los delitos aumenten en lugar de desaparecer.

No obstante, la política también es un espacio de pugna entre la virtud de lo público contra la corrupción. El diálogo entre Sócrates y Critón en vísperas de su muerte, cuando este se presenta a su celda para contarle que sus seguidores habían recolectado dinero para sobornar a los guardias y a los delatores profesionales para posibilitar su fuga, es aleccionador. El filósofo se niega a participar en un doble acto de corrupción, soborno y chantaje, aun a costa de su vida con una épica sentencia: No podemos burlar aquello que hemos convenido que es justo.

Esta batalla entre la tolerancia y la censura a la corrupción en la política es tenaz; varios estados ha logrado vencerla y otros controlarla. En el ránking de 175 países que publica Transparencia Internacional, es curioso que de los 15 menos corruptos, 14 sean estados de bienestar, con sólidos sistemas de partidos y una alta conciencia del servicio público; y que los 15 más corruptos sean estados pobres y empobrecidos, con regímenes autocráticos y dictatoriales, desprovistos de comunidades políticas organizadas. En ese ránking el Perú está debajo de la mitad de la tabla, en el puesto 83, aunque otro estudio, el Barómetro Global de la Corrupción 2013, es más revelador: el Poder Judicial, los partidos, la policía y el Congreso se ubican entre las instituciones más corruptas.

Podría ser incluso que estas mediciones que recogen percepciones vayan a la zaga de una realidad mayor y que estas, las percepciones, sean un tanto generosas. El reciente estallido de corrupción regional, añadida a la local y nacional, nos avisa de un fenómeno vasto, masivo, intenso y sólido. En este punto, la pregunta sobre si la de ahora es la misma corrupción un poco aumentada por la mayor disposición de recursos, o si es nueva, es crucial. En el primer caso se trataría de la continuación de un hilo histórico y en el segundo de una ruptura estructural.

Me temo que estamos en ciclo corrupto totalmente nuevo, amamantado desde el Estado, la sociedad, la política y el mercado, inédito en cuanto a los actores, redes, organización y eficacia, una dinámica que nos impulsa desde un país “con corrupción” a un país “de corrupción”. Este movimiento es ahora el más importante de la sociedad, aún más que otros verificados por la academia, como el emprendedurismo y la informalidad. Como dirían algunos amigos, la corrupción ya hizo sociología.

Este movimiento se encuentra institucional y socialmente instalado, con una larga pista de recorrido por delante y a él se adecúan comportamientos públicos y privados. Una evidencia  de ello, muy peruana, es que con frecuencia le echamos al Estado la culpa de la corrupción para evitar culparnos a nosotros mismos. A ese gran movimiento cuyo horizonte es de largo plazo se le opone por ahora un pequeño movimiento anticorrupción de corto plazo que utiliza escasos mecanismos institucionales, carece de fuerza política y respaldo confiable de los medios de comunicación y de activismo social.

Elecciones, plata como cancha

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/elecciones-plata-como-cancha-18-07-2014

La República

La mitadmasuno

18 de julio de 2014

Juan De la Puente

¿Cómo financian sus campañas las más de 14 mil listas que se presentan a las elecciones del 5 de octubre si los militantes no cotizan a sus grupos políticos y si nuestro sistema no considera el  financiamiento público directo? Un cálculo conservador estima que si cada lista gasta en promedio, algunas mucho más y otras ligeramente menos, 70 mil soles a lo largo de la campaña, la cifra global que se gastará en pocas semanas será de 1,000 millones de soles, una orgía de dinero sin control convertido en el elemento decisivo de una competencia deformada y aliada del populismo.

Este gasto quizás ayude a frenar la desaceleración de la economía pero debilita la institucionalidad que le queda al sistema. La tendencia de la política peruana es la de colocar más dinero en la campaña con lo que ello significa, es decir, más desigualdad entre los que compiten, más prebendas a los electores, predominio de las campañas pagadas en los medios de comunicación y sustitución del debate de programas por la propaganda.

Está muy claro que el argumento de que las campañas se sostienen a punta de polladas es falaz. La competencia política se ha profesionalizado en un sentido que demanda más recursos que ideas, de modo que quien revise los programas presentados al JNE pasa con facilidad de la risa al llanto por la serie de sandeces escritas para llenar un requisito. Lo que vale es el dinero.

Las modalidades que asume el flujo de dinero negro a las campañas están a la vista y se originan en la legislación electoral que favorece estas prácticas al no exigir elecciones primarias abiertas y un tiempo considerable de militancia, y en cambio promueve el fichaje de independientes y hace laxo el control del dinero por parte de la ONPE. La relación perversa entre dinero negro y política en el Perú se origina en la ley.

Esta legislación ha ordenado las formas de financiamiento sucio; la primera es la compra de lugares en las listas, un cupo casi siempre pagado por un tercero que luego cobrará en lealtades; luego, el gasto de campaña como pago por adelantado a cargo de empresas que, democráticamente, financian a más de una lista; para terminar en verdaderos joint ventures electorales en las que las empresas colocan a sus candidatos como garantía de la defensa de sus intereses. A ello se agregan otros pagos oscuros, el de la minería y tala ilegal, narcotráfico y contrabando, entre otros, y el ilegal gasto de los recursos públicos de los que van a la reelección difícil de vigilar fuera de las grandes ciudades.

La visión del que se asume consciente e informado e incapaz de vender su voto, un tópico en el que se detiene con frecuencia el análisis político, conlleva riesgos por incompleta. El más inmediato resultado de este proceso es la deformación de la agenda pública que obliga al candidato elegido a una acción de gobierno orientada a satisfacer a quienes pagaron la campaña, en perjuicio de los ciudadanos. Campaña oscura y dinero ilegal casi siempre terminan en un ejercicio corrupto de gobierno.

Las compras superfluas y la construcción de obras no prioritarias son el efecto de una gestión subordinada al dinero, la base de la rápida pérdida de legitimidad de los elegidos o el inicio de un nuevo proceso vicioso de más prebendas, una campaña electoral infinita donde el interés general cede a la negociación ante los grupos de presión, un espiral de corrupción que se traslada a la compra de fiscales, jueces, policías y periodistas, y el asesinato. Este drama nace en un punto: la hipoteca de los políticos al dinero.

Este sistema funciona con eficacia y no tiene visos de ser cambiado porque sobre él ejercen una vigilancia los parlamentarios hijos del voto preferencial, otro de los mecanismos que atrae el financiamiento ilegal. Pero ha logrado apartar a buena parte de los políticos honestos que no están dispuestos a someterse al financiamiento privado por fuera de la ley y que son reemplazados por políticos sin ley, una raza distinta que se mueve a otro ritmo. No son todos, pero son la mayoría y van a gobernar nuestros pueblos. Plata como cancha es la voz.

Transfuguismo, contagio masivo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/transfuguismo-contagio-masivo-11-07-2014
La República

La mitadmasuno

11 de julio de 2014

Juan De la Puente

El cierre del plazo de inscripción de las listas que competirán en las elecciones del 5 de octubre permite apreciar fenómenos que reflejan la evolución de la dinámica nacional/regional, una de las que atraviesan el sistema político, y de la correlación de fuerzas transparencia/corrupción en los ámbitos regional y local.

El número de listas es casi igual al de los comicios del 2010, ahora 14,171 frente a 11,170 de aquella vez, aunque se registran cambios al interior de las cifras generales. La competencia para los gobiernos regionales tiene menos listas (322 ahora contra 342 en los anteriores comicios) y un despliegue desigual de los partidos nacionales. En las elecciones regionales anteriores los partidos presentaron menos listas que ahora, 143 contra 159, en un contexto de crisis que afecta de distinto modo a los partidos nacionales.

Alianza para el Progreso (APP), el fujimorismo y UPP incrementan sus candidaturas respecto del 2010, pasando el primero de 16 a 24 regiones, el segundo de 13 a 15 y el tercero de 7 a 9. En otra dirección, decrece el número de listas de otros partidos como el Apra (de 24 a 14 regiones), Acción Popular (de 20 a 17 regiones), Perú Posible (de 17 a 8 regiones), Somos Perú (de 11 a 6 regiones), Restauración Nacional (de 11 a 3 regiones) y los Fonavistas (de 17 a 10 regiones).

Nuevas agrupaciones irrumpen en el escenario regional; es el caso del Partido Humanista (11 regiones), el Frente Amplio, a través de Tierra y Libertad (11), Siempre Unidos (6), Perú Patria Segura, ex Cambio 90 (6) y Vamos Perú (7). El PPC participa en 7 regiones como lo hizo el 2010 y Solidaridad Nacional en 5.

A simple vista, la inscripción ahora de 163 movimientos regionales frente a los 199 en los anteriores comicios es un dato seco que podría indicar una ligera recuperación de los partidos nacionales en las regiones o su relativo retorno. Sin embargo, ni la ecuación menos movimientos regionales y más partidos regionales es igual a más democracia, ni la presentación de listas partidarias sintetiza necesariamente un proceso democrático.

Lo que se aprecia antes bien es el contagio mutuo del transfuguismo y de la enfermedad del fichaje electoral, y la desaparición de los últimos rezagos de democracia interna e institucionalidad partidaria. En buena parte de casos, los partidos nacionales designaron como sus candidatos a caudillos regionales con los que negociaron el uso de la marca electoral en tanto que los movimientos regionales “extrajeron” candidatos de los partidos nacionales, un frenético transfuguismo que en el Cusco llegó a extremos: militantes de un mismo partido se repartieron en varias listas en tanto que los partidos se prestaron candidatos para cumplir con la ley electoral (Amaru, Revista Andina de Política y Cultura).

A pesar de lo señalado, es preciso reconocer dos movimientos que operan en sentido inverso; por un lado, se ha frenado la expansión de los movimientos regionales como una alternativa a los partidos nacionales; al mismo tiempo, algunos aparatos nacionales resisten la crisis relocalizándose en las regiones en una perspectiva de acumulación partidaria sin ideario y programa, y solo pensando en la ocupación de espacios de cara al 2016. Ese parece ser el caso del fujimorismo y de Alianza para el Progreso.

Finalmente, esta relocalización es también desigual. El país aparece dividido en bloques significativos. Uno en el que los partidos presentan cara a los movimientos regionales, como en Arequipa (12 listas partidarias de un total de 18), Apurímac (6 de 10), Ayacucho (7 de 12), Ica (10 de 14), Junín (7 de 13), La Libertad (8 de 11), Lambayeque (10 de 13) y Moquegua (5 de 9). El otro bloque es de regiones, en la mayoría de las cuales la corrupción es escandalosa y masiva y en las que los partidos están en el umbral para afuera, como en Amazonas (2 de un total de 9), Cajamarca (3 de 8), Cusco (6 de 14),  Huancavelica (2 de 9), Huánuco (6 de 14), Loreto (2 de 7), Puno (2 de 10) y Ucayali (3 de 13).

Crimen y castigo, nueva crónica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/crimen-y-castigo-nueva-cronica-04-07-2014

La República

La mitadmasuno

4 de julio de 2014

Juan De la Puente

La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.

Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.

Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.

No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.

Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.

Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.

Documento JNE sobre Diálogo Vecinal

Documento del JNE que rechaza sustitución del Presidente de Diálogo Vecinal Sr Becerra por Víctor Guerrero. Es del 4 de junio.

El populismo policial

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-populismo-policial-27-06-2014
La República

La mitadmasuno

27 de junio de 2014

Juan De la Puente

El gobierno parece ha decidido hacerse cargo de la alta percepción de inseguridad aceptando la evidencia empírica que sostiene que en este tema, más que en cualquier otro, las sensaciones son definitivas. Se entiende así que la designación de Daniel Urresti como Ministro del Interior busca corregir una omisión patente en declaraciones oficiales y en anteriores estrategias. En esa misma línea de actuación, la irrupción de Urresti en la escena también lleva implícito el mensaje sobre un liderazgo operativo cotidiano que impedirá a los críticos señalar que no se hace nada.

En principio, la decisión es correcta. Sin embargo, toda construcción de imágenes es al mismo tiempo una elaboración de mensajes y una asignación de cuotas de poder en las instituciones del Estado. Siendo que la política mediática es una forma de hacer política, no basta con que los actores públicos y las imágenes existan sino el cómo existen, porque de ello depende el destino del mensaje y su impacto.

Este esfuerzo se complica en el caso de la seguridad ciudadana donde las imágenes pueden ser pasajeras al estar condicionadas por la exigencia de resultados de corto plazo. También se complejiza porque lo que se tiene al frente no es un adversario identificable con facilidad, lo que hace de la construcción de contenidos una tarea de extremo cuidado.

Estas previsiones no han sido tomadas en cuenta en los primeros días de gestión del ministro Urresti caracterizados por una lluvia de promesas y actos de fe, entre ellas la declaratoria de guerra al delito, el compromiso de entregar resultados a fin de año y la subestimación de la lucha contra la corrupción policial. Estas ligerezas se han empezado a corregir aunque persiste la duda sobre el carril sobre el que se desplaza la nueva gestión en esa cartera ministerial. Sobre el particular, aquí resumo dos riesgos que deben ser conjurados.

1. La idea de una guerra contra el delito común desarma, desarticula y enerva; expresa la idea clásica de buenos contra malos que deben ser exterminados, y es la base de políticas de la mano dura, gatillo fácil, y dispare primero y pregunte después. La idea de guerra, con la cuota de excepcionalidad que implica, es distinta al despliegue de una política pública, las guerras las dirigen los jefes militares y las políticas los hombres de Estado. La guerra contra el delito es un discurso en espiral que en México, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) ha costado más de 70 mil muertos, y solo en último año, 25 mil. De esa vorágine no ha podido salir el gobierno de Enrique Peña Nieto que en sus primeros 14 meses de gobierno ha tenido 23 mil muertos. En ese mensaje de mano dura acaba de inscribirse el congresista Renzo Reggiardo al sugerir el ingreso del Ejército a Comas y San Juan de Lurigancho.

2. La visión de combate al delito que absolutiza la labor policial es tradicional y desanda el camino realizado en estos años. Frente a ese facilismo, en este mismo gobierno y en las gestiones de Wilfredo Pedraza y Walter Albán, se han logrado avances que no deberían tirarse por la borda. El más importante de ellos es la creación de una visión compartida de la seguridad ciudadana como un asunto que trasciende la relación entre policías y ladrones. A pesar de las debilidades el trabajo del CONASEC y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 nos colocan sobre un piso mínimo multisectorial en el que importa el trabajo de fiscales, jueces y otros funcionarios e instituciones, un modelo que no debe ser subestimado frente a una "lógica Rambo", de autosuficiencia policial que no tiene ninguna posibilidad de éxito real y escasa vida como imagen pública. Esa agenda debe ser fortalecida e implementada y no sustituida por experimentos.

La crisis de seguridad que vive el país demanda un liderazgo que, no obstante, no es sinónimo de figuración o populismo policial. El liderazgo que pide esta crisis es más exigente; incluye símbolos y operativos pero es más que eso, exige ganar la calle y recuperarla frente al delito pero reclama poner fin a la cadena de impunidad.

La Guerra de los Luises

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-guerra-de-los-luises-20-06-2014
La República

La mitadmasuno

20 de junio de 2014

Juan De la Puente

Sería atrevido responsabilizar a los políticos o a la política de la desaceleración de la economía. Al revés, conforme se calienta el debate sobre las cifras macro y las alternativas al enfriamiento, queda claro que la tecnocracia económica tiene una cuota de responsabilidad en el hecho de que el país no haya acometido los cambios que hagan menos vulnerable a nuestra economía a los eventos externos, que permitan desarrollar una oferta exportadora más diversificada y amplíen el mercado interno, conforme rezaban decenas de memorandos.

La disputa entre Luis Miguel Castilla y Luis Carranza se produce en una hora difícil para la tecnocracia económica; la Guerra de los Luises tiene como trasfondo el fin de una parte del consenso económico, el que se construyó alrededor del crecimiento con un sentido complaciente, poco crítico y sobre todo inmovilista, patentizada en la idea del piloto automático y en la exigencia de que los políticos no interfieran en la economía, una suerte de fisiocracia ultraliberal. En esta disputa, Carranza luce más agresivo, innovador, abierto y rectificador ante un Castilla atrapado en un discurso clásico, a pesar inclusive de algunas reformas emprendidas.

En el balance tecnócratas/políticos nunca quedó precisada la fuerza de los primeros respecto de los segundos desde el año 2001 a la fecha, aunque la idea básica con cargo a profundizar es que en las administraciones de Toledo y García su poder político fue menor que durante el actual gobierno.

En cualquier caso estamos en la hora en que los técnicos rinden cuentas, en un nuevo momento en que se precisa la defensa del crecimiento. En el nuevo escenario persiste la pregunta de “para qué” el crecimiento, no respondida desde hace una década, e irrumpe una nueva interrogante: “cómo” defenderlo. Nuestra tecnocracia hegemónica parece no poder responder ni la vieja pregunta ni la nueva, y tampoco producir un nuevo consenso por lo menos en las líneas generales, es decir, en cómo impedir la desaceleración de la demanda interna, moderar la caída de los sectores minería, hidrocarburos y construcción y sostener la inversión pública en cifras y en calidad. Esta falta de consenso adquiere dramatismo cuando por segundo año las predicciones sobre el crecimiento ofrecen un abanico de opciones de hasta tres puntos porcentuales de diferencia.

Esta tecnocracia, a la que le debemos aciertos innegables como el crecimiento mismo, la rebaja sostenida de la inflación y el saneamiento de las cuentas fiscales, podría estar llegando a un límite marcado por la ideología, esa robusta señora que amamanta las políticas públicas, incluso a las que se presumen puras y técnicas. En ese sentido, es muy probable que no se encuentre en debate solo el crecimiento sino la conducción misma del proceso económico.

Las palabras confianza, optimismo y pesimismo se han instalado en el debate de la política económica y me temo que también en ese punto sea insuficiente la lógica tecnocrática que se basa en campañas, medidas, buenos augurios y llamados a silenciar las críticas. Rotos el consenso y el encanto, la única manera de evitar un rompan filas con claros y legítimos intereses sectoriales –finanzas, servicios, industria y exportación, cada cual por su lado–, se hace necesario promover de modo responsable una discusión abierta y sana sobre el futuro de un país que ya no crecerá a tasas de 7% anual en los próximos años. El nuevo país, el del 3% o 4% de crecimiento, demanda nuevas certezas, nuevas políticas, nuevos consensos y probablemente una renovada tecnocracia. Esta no es la hora de la ortodoxia sino de la innovación.

La búsqueda de la confianza y el optimismo es crucial en la perspectiva de construir una comunidad nacional que aliente y garantice el crecimiento, que no se logrará si no se encara la incertidumbre y cierta angustia que algunos estudios están revelando en el ciudadano de a pie, que está empezando a preocuparse por su futuro mediato y que asocia el crecimiento al empleo, consumo y un piso mínimo de bienestar.