El año de la gran debilidad

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La República

La mitadmasuno

3 de enero de 2014

Juan De la Puente

El 2014 tendrá la virtud de no ser un año ocasional o exclusivamente de tránsito hacia un nuevo país político que se concretará el 2016; será pleno en lo que Antonio Gramsci llamaba movimientos orgánicos, es decir, sostenibles y no necesariamente coyunturales. Varios hechos serán parte de estos movimientos y influirán en ellos notablemente, como el esperado fallo de La Haya sobre los límites marítimos Perú/Chile; los dictámenes de las comisiones investigadoras de los ex presidentes García y Toledo; la elección de la mesa directiva del Congreso; las elecciones regionales y municipales; y la realización en Lima de la Conferencia Mundial de Cambio Climático, COP20, entre otros.

Se ha extinguido el impulso de la restauración democrática de los años 2000 y 2001; ha muerto porque no pudo alumbrar un nuevo sistema político, renovando actores, ideas e instituciones y universalizando derechos. Tuvo ciertos logros como haber superado la maldición de los 12 años, es decir, más de 12 años de democracia ininterrumpida desde el 28 de julio del 2001, organizado las regiones y acompañado el auge económico con algunas medidas distributivas y de incentivo a la demanda. En ese período se ha progresado, aun con efectos dispares, en varios indicadores sociales de acuerdo al reciente Tercer Informe Nacional de Cumplimiento de los Objetivos del Milenio de las NN.UU.

Las causas de este agotamiento quedarán para la disputa entre los historiadores: si se debe a las fallas del producto, es decir, a las limitaciones de la transición iniciada el año 2000 o a la fuerza de lo que Carlos Vergara ha llamado acertadamente la promesa neoliberal, relativamente exitosa en la construcción de su propia ciudadanía y, claro, de un régimen político adaptable a ella.

Esta fase del agotamiento es concurrente con una guerra política intensa, que está dejando de ser la clásica confrontación que se alterna con el consenso. Es la política democrática la que ha empezado a escasear y cede su lugar a una sucesión de reyertas, celadas y operaciones de baja intensidad. La antipolítica peruana se ha superado a sí misma y está dando paso a la contrapolítica; ambas son, al fin y al cabo, formas que asume la política, aunque la última de ellas expone una severa crisis de varios espacios del régimen, ya advertida en el pasado.

A pesar de todo lo señalado, el actual régimen político no adolece de una grave inestabilidad y parece dispuesto a soportar estos remolinos y embistes. Luego de tantas críticas sobre la displicencia de los partidos y de sus líderes para emprender una reforma consistente habría que concluir que para las necesidades de la contrapolítica el régimen no necesita reformarse. Puede funcionar con financiamiento partidario privado elevando a niveles estratosféricos las campañas electorales; con voto preferencial funcional a los intereses privados; con políticos “independientes” fichados para la ocasión; y con caudillos más fuertes que sus partidos, grupos que ganan elecciones pero que no gobiernan.

Una ruptura institucional es una posibilidad muy lejana: más bien el régimen está a punto de ser tomado por dentro y este año se consolidará la confluencia de poderes empresariales, mediáticos y partidarios con ese propósito; lo harán en el contexto de una visible debilidad del poder. La gran debilidad previa a la gran transformación.

Las elecciones regionales y municipales jugarán un rol dinamizador de este proceso; la descentralización terminará de ser copada por un conjunto abigarrado de grupos, fuerzas, tendencias y líderes. En ese cuadro, un elemento básico del nuevo país político, los partidos serán imperceptibles. Esas elecciones serán, sin embargo, una oportunidad para la izquierda local y regional que desde allí podrían reconstruir una presencia nacional que se augura esquiva por las dificultades en la formación de un frente amplio.

La promesa conservadora es casi inevitable en la medida en que sea imposible proyectar un nuevo centro político. El Perú necesita una nueva fe reformista y construir una comunidad nacional, pero parece que ese liderazgo está vacante.

Un año de medio pelo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-ano-de-medio-pelo-27-12-2013

La República

La mitadmasuno

27 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

Las malas noticias políticas del 2013 son varias y es preciso realizar un esfuerzo para reconocer las de mayor incidencia, pasando del comentario al análisis. Entre todos los fenómenos, escojo cuatro como los más relevantes: la pérdida de la mayoría política y social por el gobierno, la guerra política gobierno/oposición, el hundimiento del centro político y el reflujo de los movimientos sociales.

La caída de la aprobación presidencial, 33 puntos en 10 meses, es aún motivo de debate; la mayoría de observaciones apunta a que esta obedece a un concepto genérico denominado “mala gestión”, que hace énfasis en el efecto, impidiendo precisar las causas. Es sintomático que en la mayoría de encuestas haya desaparecido la variable “incumplimiento de ofertas” como una de las razones de la desaprobación presidencial. De ese modo, en el ámbito “Humala comentario” la desaprobación se debe a sus desaciertos, aunque en el “Humala análisis” la serie de insatisfacciones como inseguridad, corrupción, conflictos, programas sociales, retraso salarial y derechos, debe leerse como el abandono definitivo del programa de cambio, en sus componentes más básicos. Aquí, la sustitución del análisis por el comentario es crucial porque reduce la intensidad de cualquier política de relanzamiento del gobierno: cambio en las formas y gestos sin recuperación de las reformas desechadas.

También fue un año de intensa confrontación gobierno/oposición; la guerra política escaló para situarse a niveles cercanos a los experimentados en 1987, luego del anuncio de la estatización de la banca, y el 2000, cuando la reelección de Alberto Fujimori. La áspera batalla ha sido llevada a cabo por un arco de fuerzas conservadoras partidarias, empresariales y periodísticas, siendo esta última la más vigorosa, coherente y exitosa. La debilidad del gobierno es evidente sin que amenace su continuidad, en un esquema de tensiones donde el acoso se intercala con la tutela.

Bajo ese marco impuesto es casi un chiste debatir si las decisiones las toma el Presidente o su esposa cuando es evidente que las decisiones de fondo son impulsadas o bloqueadas por los grandes poderes que no se ubican, necesariamente, en Palacio de Gobierno. El mismo marco de acoso/tutela quizás sirva como un escarmiento para futuros intentos de desafío al establishment.

El país se acerca a las elecciones del 2016 sin centro político; este sucumbió como efecto de la polarización anotada líneas arriba pero también por otros eventos, el más importante de ellos la caída de Alejandro Toledo bajo acusaciones de corrupción serias y documentadas. Toledo no era el único centrista pero era uno de los más caracterizados; su hundimiento en los estudios de aprobación de líderes políticos agrega en él una responsabilidad política además de los otros cuestionamientos. ¿Cuánto más podrá funcionar el sistema peruano sin centro y en qué condiciones podrá ser reconstruido de cara al 2016?

Un cuarto fenómeno es el reflujo de los movimientos sociales que no se produce luego de la satisfacción de sus reclamos. La separación de la izquierda del gobierno tiene un efecto letal sobre la parte más demandante de la sociedad civil. Sin considerar el caso Conga, un proyecto dormido por el gobierno y a la espera del beso reactivador, los conflictos sociales persisten aunque su imposibilidad de producir efectos políticos es mayor. No pasa desapercibido el escaso éxito del paro nacional del 26 de setiembre pasado y la señal que proyecta: el proceso político se lleva a cabo sin la presión de la calle, con el costo que ello implica.

Estos cuatro grandes fenómenos se han producido simultáneamente y en algún caso condicionando unos a otros; han operado en el contexto de un régimen político precario y probablemente debido a ello. No obstante, no ha producido una crisis de envergadura, lo que evidencia que la democracia peruana es más fuerte de lo que generalmente se piensa. A pesar de ello han abierto una transición a otro país político con reglas nuevas aunque no siempre con actores nuevos.

Tercer autoritarismo universitario

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La República
La mitadmasuno

13 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

El Congreso no debería aprobar la Ley Universitaria sin un verdadero debate nacional. Su obligación es aprovechar el inicio de esta intensa discusión que, ¡por fin!, se ha logrado luego de 20 años de silencio sobre la educación superior universitaria. Así, el Estado empezaría a resolver con una activa participación de estudiantes y profesores los graves problemas que le han generado al país sus decisiones parciales y parches constitucionales en materia universitaria.

Las dos más importantes decisiones sobre la universidad en los últimos 30 años han sido tomadas a espaldas de la universidad;  la Ley 23733, aprobada en diciembre de 1983, en su momento conocida como “Alayza-Sánchez” por los senadores que la inspiraron, consagró un modelo de universidad fragmentada, desfinanciada y de baja calidad. La Constitución de 1993 agravó la crisis al abrir las puertas a la explosión de universidades privadas sin control y límites, en una orgía privatista y mediocre, con muy escasas excepciones.

Este tercer autoritarismo universitario es bien intencionado pero demodé. Reproduce casi exactamente la crítica conservadora a la universidad como un espacio de desorden. Es cierto que se nutre de la necesidad impostergable de resolver los desaguisados originados por el mismo Estado. No obstante, una discusión inviable es aquella que predica que como “algo” hay que hacer, debe aprobarse un nuevo marco normativo. ¿Una nueva ley a cualquier costo? No.

La discusión de fondo es la autonomía universitaria; la vieja autonomía que levantó la Reforma Universitaria de Córdova de 1918, que llegó al Perú al año siguiente, contra la educación clerical, el claustro conventual y la eternidad de las cátedras y de las ideas, es vieja pero sigue alumbrando nuevas oscuridades. En los últimos 30 años esa autonomía fue precaria, trágica y miserable; sobre todo fue un libre albedrío, especialmente en la universidad pública, pobre y empobrecida. ¡Qué difícil es ser autónomo y al mismo tiempo indigente!

Esa autonomía, de papel y de mendrugos, no le sirve a la educación superior, y sobre ello no se ha dicho nada en el debate parlamentario. Esa indigencia ha hecho que todas las universidades públicas se hayan “semiprivatizado” disponiendo cobros por ingresos, matrículas, créditos y cursos desaprobados. En el debate se ha perdido de vista que el principal problema de los claustros, antes incluso que la calidad, es el acceso a la universidad pública. El proyecto, por ejemplo, no ha eliminado la boyante industria de los exámenes de admisión, el eje sobre el que giran las academias preuniversitarias y los colegios preuniversitarios.

Luego, se tiene tres modelos para enfrentar la fragmentación de universidades, facultades y carreras. El primero es la sobrevivencia de ese cuerpo inerte denominado Asamblea Nacional de Rectores, el segundo la creación de lo que el dictamen en mayoría llama la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEU) y el tercero la creación de un sistema regido por un órgano democrático y colegiado al que concurran rectores, representantes designados por los profesores y los colegios profesionales. En este cuadro de estas alternativas, ni la ANR ni la Superintendencia garantizan la superación de la fragmentación y la conquista de la calidad.

La Superintendencia es una pésima idea; no solo es inconstitucional sino poco práctica. Es imposible construir un sistema universitario que no integre democráticamente la autonomía universitaria. La historia del antiguo Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP) debería servir para reflexionar sobre que la libertad no se puede aherrojar.

No está demás decir que la universidad no solo requiere una reforma, sino una reforma democrática. Es una de los ámbitos que más ha padecido del mal del autoritarismo, incluyendo la violencia de Sendero Luminoso que se agregan a los males de la mediocridad y de la corrupción. Dejen ya de experimentar en ese cuerpo.

2014 y los sembradores de vientos

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La República

La mitadmasuno

6 de diciembre de 2013

Juan De la Puente

Los partidos políticos nacionales se preparan nuevamente para cosechar tempestades y la siembra es más intensa que en el pasado. Se disponen a culminar el abandono de las regiones y municipios en las elecciones del 2014. A excepción de uno, Acción Popular, han decidido como prioridad no presentar candidatos propios y en cambio negociar con los movimientos regionales cupos en las listas. En otras plazas, sus líderes se despojan del uniforme partidario para crear movimientos independientes en tanto el partido se desactiva.

Con ello culminará el proceso de instalación en el poder de las elites regionales. En las elecciones del 2002, los partidos cosecharon el poder en 18 regiones; el Apra obtuvo 12 regiones, los otros partidos nacionales (Perú Posible, FIM, Somos Perú, Patria Roja y UPP) otras 6, y los movimientos regionales triunfaron en 7. No obstante, solo los del Apra mantuvieron una relación política con el partido. Los elegidos por los otros partidos fueron “fichajes” de temporada electoral que a poco de ser elegidos se separaron del partido que los cobijó, de modo que en la práctica, 13 de las 25 regiones fueron gobernadas por líderes regionales. El 2006 el divorcio entre política nacional y elite regional se acentuó; el Apra obtuvo solo dos presidencias regionales, UPP una y Patria Roja otra. Las elites regionales tomaron 21 regiones.

En las elecciones del 2010, El Apra, Somos Perú y Acción Popular ganaron una región cada uno y Alianza para el Progreso dos. Las otras 20 regiones fueron ganadas por movimientos regionales. No obstante, solo dos de los presidentes regionales se relacionan con su partido nacional (La Libertad y Lambayeque), en tanto que un presidente regional elegido como independiente se relaciona con su partido nacional (Cajamarca), de modo que para efectos prácticos las elites regionales manejan 22 de los gobiernos regionales.

En el ámbito municipal, el 2006 los partidos triunfaron en 88 (45%) de las 195 alcaldías provinciales, pero ya se advertía el desplazamiento de los movimientos regionales hacia ellas, haciéndose de 74 alcaldías provinciales (38%) en tanto que los movimientos provinciales ganaron 25 alcaldías (8%) y las alianzas electorales 18 (9%). El 2010 los partidos retroceden, ganan en 53 de las 195 provincias, las alianzas en 15, las organizaciones locales en 26 y más de 100 provincias pasan al control de los movimientos regionales.

En los distritos los partidos aún resisten; el 2006 ganaron en 839 (51%) de las 1,615 circunscripciones, los movimientos locales distritales y provinciales triunfan en 158 (10%) de ellas y las alianzas electorales en 155 (10%). No obstante, los movimientos regionales ganaron en 463 distritos (29%). El 2010 los partidos ganan 489 (30%) alcaldías de los 1,605 distritos donde se realizan elecciones y los movimientos regionales más de mil.

En resumen, los movimientos regionales gobiernan en casi todas las regiones, en más del 50% de alcaldías provinciales y en dos tercios de las alcaldías distritales. Con excepciones reproducen allí las prácticas clientelares tradicionales con una escasa visión de país. Eso no sería mucho más dañoso que la tragedia de los partidos si no fuese por la severa crisis de la representación regional.

Hay pocos presidentes regionales que no se encuentran investigados. Uno de ellos, el de Ayacucho, se encuentra prófugo, otro investigado por lavado de activos y a un tercero le embargaron sus bienes en un proceso por cobros indebidos. Por lo menos 8 presidentes regionales tienen pendientes sentencias judiciales por casos de corrupción. Al mismo tiempo, en este período, el JNE ha batido el récord de alcaldes vacados y suspendidos.

La corrupción no tiene militancia aunque la fragmentación, la volatilidad y la antipolítica han convertido a la corrupción en el principal problema de las regiones. No obstante, la decisión de los partidos nacionales de dejar la representación regional y local en manos de una elite precaria penetrada por la corrupción, es grave.

Cohabitación a palos

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La República

La mitadmasuno

29 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

Encuentro extremadamente sesgados los análisis de las elecciones en Lima del domingo pasado para designar a 19 regidores en reemplazo de los vacados en la revocatoria de marzo. De un lado, los ganadores magnifican su victoria creyendo que han ganado todo y que los perdedores han perdido todo; y del otro, se realiza una fácil extensión de los resultados a las elecciones municipales del próximo año y a las generales del 2016.

Los números indican la derrota de la opción que respalda a la actual administración y la victoria de dos grupos políticos, el PPC y Somos Perú, en distinta dimensión. El PPC obtuvo 29,5%, un resultado claro que si bien es lejano del 38% obtenido por Lourdes Flores el 2010, refleja el trajinar de una formación política que presionada fuera y dentro supo apostar a la gobernabilidad de la ciudad. La cosecha de más de 1 millón de votos es al mismo tiempo un premio y un castigo. Aunque sea más lo primero que lo segundo, ese doble mensaje debería ser asimilado con madurez por una formación política que ya sabe asumir el costo de sus decisiones. Si hay un partido que ha ganado y perdido con sudor sus votos, ese es el PPC.

El resultado de Somos Perú es ganancia completa y es ingenuo atribuirla solo a razones emocionales, especialmente el recuerdo de su líder Alberto Andrade. El paso del 4% de votos el 2010 al 25% el 2013 no puede desconocer la polarización municipal de los últimos dos años en la que Somos Perú supo colocarse en una posición menos tirante y más centrista, de modo que el pasado domingo el elector lo ubicó (¿encontró?) como una garantía de estabilidad. Esto vale también para Acción Popular que pasó de 2% a 10%. ¿Fue un voto fácil? Sí, pero los goles son goles.

Extender el resultado del domingo a las elecciones del próximo año y al 2016 es un ejercicio de inocencia. La atipicidad de los comicios es fundamental para impedir inferencias cargadas de futuro: la elección fue de listas y sin rostros en campaña, tuvo poco despliegue de dinero, no participaron grandes partidos municipales o nacionales (Apra, fujimorismo, Gana Perú y Solidaridad Nacional), no acudieron a votar más de 1 millón 200 mil electores (19%), es decir 1 de cada 5, y más de un millón de los que acudieron (19%) viciaron su voto.

A pesar de ello, sus resultados son aleccionadores para el futuro, en consideración a la máxima de que es más fácil perder los votos que se ganan fácilmente, un aviso para Somos Perú, Acción Popular, Siempre Unidos y Perú Posible. El mayor desafío le corresponde, sin embargo, al PPC que ha empezado a moverse entre el bloqueo y la desorientación, convenientemente presionado por quienes apuestan por interrumpir la gestión de Susana Villarán.

Comparativamente, una oposición municipal no tiene las competencias de una oposición parlamentaria. Según la ley, el Concejo Municipal es órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía un órgano ejecutivo con un alto poder decisorio que ejerce a través de decretos y resoluciones de alcaldía. Este esquema alcaldista no permite un juego tipo check and balance propiamente dicho y por esa razón las posibilidades de colisión entre ambos órganos es mayor. Sin embargo, el Concejo Municipal puede ser letal al tener entre sus potestades la declaración de vacancia de la alcaldía que si bien necesita los 2/3 de los votos, opera como dinamizador de un estado de guerra municipal.

El oficialismo y la oposición en el municipio metropolitano deben asimilar el nuevo escenario que los condena a cohabitar. Por ejemplo, la oposición podrá exigir el cambio de los funcionarios pero no podrá designar los cargos; podrá bloquear decisiones pero no adoptarlas contra la opinión de la alcaldía; podrá investigar irregularidades vinculadas  a proyectos pero no bloquear su ejecución. En el caso del oficialismo, está claro que un gobierno en minoría obliga a consultar más y negociar mejor, en una lógica menos decisionista. De una cohabitación, incluso a palos, saldrán ganando la ciudad y los actores políticos municipales.

La crisis perfecta

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La República

La mitadmasuno

22 de noviembre 2013

Juan De la Puente

La revelación sobre el ilegal resguardo policial del domicilio de un ex operador montesinista ha generado una crisis política inédita por la audiencia que concita, por la naturaleza de los protagonistas y por las versiones que circulan. Es una crisis perfecta donde el pasado, resucitado o sobreviviente, se abraza con el presente, y donde sobran los datos, nuevos o almacenados, casi en la misma intensidad que los chismes. Es un momento en el que todas las hipótesis parecen ciertas pero los explicadores no son creíbles y donde todos son malos o están a punto de serlo.
Esta no es una situación de todos contra todos sino de todos contra uno; el proceso ha atrapado a un gobierno ya desguarnecido antes del escándalo. El caso ha disparado otros fenómenos de modo que estamos ante varias crisis, un menú de crisis con un plato de fondo que por ahora nadie se atreve a pedir, el adelanto de elecciones o la salida de quien fue elegido democráticamente. La palabra vacancia es rumiada en algunas tiendas de campaña pero aún no ha sido escupida.
El sistema ha soportado el escándalo, lo que desdice la presunta fragilidad de la democracia. Sobre la mesa, más allá de la crisis misma se encuentra lo que ella revela, la existencia de redes, o una red de redes, que recrea la ilegalidad, una suerte de Estado de baja intensidad o de segundo piso que vive del primero, el producto de lo que Carlos  Meléndez llama una “antipolítica montesinista”, que no se queda en la escucha ilegal o la protección policial sino que trafica con todo.
El caso está cercado por una épica hipócrita o por lo menos equivocada, la de los caballeros armados que defienden a las FF.AA. de la Policía o a esta de los militares, que llaman a limpiar las instituciones pervertidas por el Estado de baja intensidad pero que guardan silencio ante la reforma. La corrupción ha llegado a su peor nivel: es un arma arrojadiza entre el gobierno y la oposición.
La última encuesta anticorrupción elaborada por Ipsos por encargo de Proética (agosto, 2013) señala que el 53% cree que la PNP es la institución más corrupta del país, pero nos sorprendemos si el Presidente de la República lo insinúa. ¿Quién debe decirlo? ¿Los porcentajes solo tienen relevancia estadística? ¿Es válido poner el dedo acusador anticorrupción frente a políticos y jueces y no ante policías y militares?
La crisis sigue abierta aunque la ferocidad de los actores haya cedido; no existe un manual de cómo cerrar un período con esa complejidad. Las recetas de gerencia política que circulan como catecismos no consideran la magnitud, el peso de los actores o la correlación de fuerzas. Los tontos creen que nunca falla un golpe de efecto, los más tontos dicen que una noticia mata a otra y los retontos que las crisis se cierran solitas y que solo hay que guardar silencio.
La crisis tiene dos hechos intrínsecos que bloquean la salida; el primero es la inculpación del montesinismo que aparece como un cuerpo vivo e inmutable. Esta visión político/policial simplifica el caso al reducirlo a quién estuvo más ligado a Montesinos y en qué medida sus vástagos han infiltrado el sistema
Este escenario proyectará una larga disputa basada en “nosotros tuvimos/tenemos menos montesinistas”. El segundo hecho que bloquea la salida reside en que nadie hace lo suficiente para superar el momento.
La única respuesta institucional viable es la reforma. Sin embargo, la mayoría de actores se quedan en la investigación; denuncian, interpelan, revelan, atacan, se defienden y se limpian de montesinismo. Gran parte de las actuaciones estridentes son para las galerías.
El gobierno debe tomar un espacio estratégico, huir de la disputa sobre los detalles y abrir un escenario que le permita elaborar un discurso único y una práctica reformista frente a las redes ilegales, llamando a ello a la oposición. Forma parte de ese posicionamiento la salida del gobierno de los protagonistas del escándalo, por acción u omisión, y la rápida designación de una comisión investigadora expresamente nombrada.

Mala política y mala noticia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/mala-politica-y-mala-noticia-15-11-2013

La República

La mitadmasuno

15 de noviembre 2013

Juan De la Puente

Colombia debate el futuro, es decir, cómo construir la paz desde un diálogo hereje de enemigos que se han matado 50 años. Sin concesiones militares a las FARC, un gobierno democrático audaz se ha colado por una rendija para intentar una salida que, si no funciona, deberá saldar la guerra con las armas del Estado de Derecho. Importa mucho que a pesar del despliegue de los opositores al diálogo, dirigidos por un ex presidente muy popular, el 64% lo respalde.

Chile también debate el futuro. Luego de las elecciones de este domingo, el vecino país tendrá en un mediano plazo una nueva institucionalidad. El dique pasadista se ha roto desde las calles y desde el sistema político, al punto que las palabras cambio y futuro compartido son las más pronunciadas en la campaña.

Brasil también discute el porvenir. Sobre todo el sentido de su modernización y el lugar de los jóvenes en ella. El sistema asimila la voz de la calle, no la apalea, y debate con fuerza la lucha contra la corrupción, la inversión en infraestructura, la demanda energética, el acceso universal a la educación y salud y la posibilidad de un plebiscito reformista.

El Perú, en cambio, debate el pasado con frenesí devorando el futuro, o debate el presente para evitar el futuro. No es malo debatir el pasado pero el espíritu conservador lo impone como un esquema cuyo objetivo es evitar el cambio. Por ejemplo, importan exclusivamente las ilegales decisiones que permitieron a la Policía custodiar a un operador de Vladimiro Montesinos, pero se elude el tema de por qué sobreviven las prácticas montesinistas en la PNP y por qué fracasaron las reformas policiales a poco de iniciarse.

En el reciente episodio del subgrupo de DD.HH. en el Congreso parecería que el único tema en agenda fuese el cuestionamiento a la CVR, un empeño por lo demás inútil frente a su potente eco en la sociedad peruana que ya lleva una década, y no el compromiso del Parlamento y sus partidos con los DD.HH., las secuelas de la violencia, las reparaciones y, por qué no, el reconocimiento de DD.HH. que hacen cola en el Congreso, empezando por el derecho al agua.

Un elemento que jalona la mala política es el formato de “Esto es guerra” y “Combate” en el que se ha convertido la noticia política, secuestrada en favor de cuatro personajes: Humala, Toledo, García y Fujimori. Este formato segmenta la política en cuatro cajones y deja poco espacio para los temas cruciales del futuro. Es la perfecta cortina que permite la huida de lo que importa, como la documentada denuncia de los malos manejos en APDAYC, que se desliza por el desagüe, o la aprobación de la llamada Ley Antauro.

Al cumplir los medios su función de jerarquizar la noticia, desarrollan este modelo noticioso donde la áspera confrontación no es sinónimo de intercambio de ideas, y donde la frase, la respuesta y la epidermis de la noticia es lo más importante, sobre todo si impide profundizar en los titulares. La mayoría de medios se jalan de las narices a practicar ese modelo informativo, de modo que, por ejemplo, importa si las decisiones las toman Ollanta Humala o Nadine Heredia y no los grupos de poder que sí han tomado las más importantes decisiones los últimos dos años, entre ellas una central: bloquear las reformas.

El hombre político, ya en crisis, sucumbe a ese formato y le presta su voz e imagen, como los concursantes de la farándula que sobreactúan. La política es un espectáculo, cierto, pero es un espectáculo propio; nadie ha dicho que deba ser mediano, engañoso, hiperpersonalizado y antipolítico.

El argumento “solo soy mensajero” tiene límites; también está en crisis el hombre/mujer prensa que construye una jerarquía informativa, acotando la noticia, quitándole sus raíces y frutos y promoviendo una sola mirada y un acercamiento ficticio a la realidad. Es, si se quiere, la piedra angular de este modelo escogido porque, no digan que no, saben lo que hacen. Aunque de vez en cuando finjan indignación por lo bajo que ha caído la política y nos cuenten que hay mala política pero no mala noticia.

No se coman la democracia

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La República

La mitadmasuno

8 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

La crítica a la democracia es también democrática, y la democracia se come pero no solo se come. El Latinobarómetro 2013, recientemente publicado se ha metido en problemas a la hora de explicar las percepciones sobre la democracia en algunos de los 18 países de la región.  Para explicar el aumento de apoyo a la democracia en Venezuela y Ecuador, países donde este indicador se ha incrementado en el período 1995-2013 en 16 y 13 puntos respectivamente, el informe utiliza argumentos a los que les otorga un significado disímil, los que deja de lado para explicar otros casos, como el de Chile.

El informe se embrolla respecto del autoritarismo político venezolano, que al privar a la oposición de sus derechos políticos afecta la democracia tanto como calidad como resultado tangible. Explica el aumento del apoyo a la democracia en ese país hasta el 87% con el argumento de que Chávez le dio al pueblo venezolano “bienes políticos” y que el “chavismo se consolida con Maduro”.

Esta visión obedece a una conclusión previa: que el apoyo a la democracia solo se explica desde los partidarios del gobierno de Venezuela sin considerar que una parte de los opositores a este, de derecha o izquierda, también apoyan la democracia como expectativa. Para el informe, la palabra democracia en Venezuela no cruza la disputa gobierno/oposición. La política no importa.

En el caso de Ecuador tampoco importa la política aunque sí la economía. Señala que Correa ha logrado disminuir la pobreza y redistribuir la riqueza, efectos totalmente ciertos, por lo que la población “no considera el asunto del Parlamento y de la prensa como un problema”. Ese ángulo es igualmente increíble porque supone una visión plana del encuestado, que aprueba o desaprueba en bloque los actos del gobierno en relación al paradigma de la democracia. ¿Por lo menos una parte de la “población” opositora a Correa no es democrática?

En el caso chileno, los 8 puntos de aumento de apoyo a la democracia entre 1995 y 2013 son atribuidos a la alternancia en el gobierno (allí sí la política importa). El informe desbarra cuando señala que “el apoyo a la democracia está limitado por la desigualdad del crecimiento, porque a pesar del crecimiento aún queda gente a la que no le alcanza para comer”. Los analistas no se han enterado que en Chile el problema central no es la seguridad alimentaria (2,8% de pobreza extrema) sino la demanda de una reforma profundamente democrática al extremo en que solo la candidata de la derecha se opone a la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Es probable que este desorden se origine en la interpretación de la clásica pregunta de los académicos Leonardo Morlino y Juan Linz que ofrece tres alternativas, apoyo a la democracia, al autoritarismo e indiferencia. Esta famosa interrogante  no mide el apoyo a la democracia como sinónimo de poder/gobierno; es un indicador crucial para entender la cultura política de los ciudadanos aunque es imposible inferir sin mayor explicación que esta opinión política no debe incluir una valoración de las instituciones, de los representantes y de sus decisiones legales y de las políticas públicas.

El Latinobarómetro 2013 presume que la calidad de la democracia debe medirse desde la norma y las instituciones como un tópico separado de la relación entre la democracia y la pobreza. Esta relación, sin embargo, es dinámica; en los países con menor pobreza persisten razones para demandar de la democracia otros resultados económicos y políticos. En ese sentido es muy debatible aseverar rotundamente que medir la democracia no es medir la calidad de la democracia. Morlino, uno de los creadores de la famosa pregunta se ha esmerado, precisamente, en evitar esa separación.

Estos vacíos o confusiones quizás denoten un problema mayor, que sirve de poco medir el apoyo de la democracia en la región si se niega a interpretar algunas respuestas como la síntesis de un estado de ánimo que los movimientos sociales y públicos revelan en favor de profundas reformas que trascienden las plataformas convencionales de gobierno.

Larga peruanidad gastronómica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/larga-peruanidad-gastronomica-01-11-2013

La República

La mitadmasuno

1 de noviembre de 2013

Juan De la Puente

La publicación del voluminoso trabajo de Elmo León, 14 mil años de alimentación en el Perú (USMP 2013), introduce nuevos y reveladores datos sobre cómo se alimentaban los antiguos peruanos, alejando los horizontes conocidos hasta ahora y acercándonos a través de la historia y la arqueología a un tiempo biodiverso y sorprendente que nos ratifica como una cocina a la vez propia y fruto de la trashumancia, agresiva en la domesticación de plantas y tempranamente aficionada a la combinación de elementos.

El primer aporte del texto es la referencia a las formas de reconstrucción científica de los alimentos prehispánicos, especialmente la modificación de los fechados radiocarbónicos mediante la calibración del Carbono 14 que permite una data más precisa de la antigüedad, y que supone situar el consumo de alimentos en un período más lejano. En el libro se presentan más de 4.000 fechados de los recursos alimenticios comidos por los antiguos peruanos en base a datos hallados en excavaciones arqueológicas, el  estudio de coprolitos y otros procedimientos químicos.

Sobre los alimentos vegetales descubre el consumo extendido de tubérculos, rizomas, cereales y legumbres cuyo uso actual es menos frecuente, no se ha extendido como otros o ha sido abandonado. Son los casos de la achira, la arracacha, el yacón, la oca y la jíquima, y de otros alimentos cuya recuperación urbana es muy reciente como la maca, la mashua y la kiwicha. León documenta dietas perdidas como la ingesta de papas, camotes y achira en los mismos platos o combinados, 3.000 años a. C.; o el consumo de yuca en Tacna hace casi 10 mil años.

El libro reitera que el proceso de domesticación de la papa se inició hace 10 mil años sobre los 4.000 msnm, entre Puno y Bolivia, aunque es cierto que otro centro de domesticación se registra más al sur, en Chile. El texto reintroduce el debate acerca de la peruanidad del maíz, ya planteado por el desaparecido arqueólogo Duccio Bonavia (El maíz: su origen, su domesticación y el rol que ha cumplido en el desarrollo de la cultura, USMP 2008). León insiste en que si bien es originario de México es cultivado en Perú casi simultáneamente que en esa región, hace 8 mil años.

El autor evidencia un consumo profuso de frutas en nuestro pasado. Sobresalen en antigüedad variedades de ingesta ahora poco común. Los peruanos comíamos calabazas y lúcumas hace 10 mil años, aunque la fruta más consumida en el Perú prehispánico fue la guayaba, hace más de 7 mil años. Nuestra antigua dieta en frutas rebosa de variedades de escaso consumo actual, como la ciruela, el pepino dulce, el aguaymanto y el tomate silvestre. Tampoco nos limitábamos en el consumo alimenticio de animales (cuy, llama, venado, vizcacha, perro, zorro, batracio, lagartija, lobo marino y ballena), aves (perdiz, guanay, piquero, gaviota, pelícano y pato) y peces (sardina, pejerrey, mojarrilla, entre otros). Es preciso mencionar el caso de la anchoveta, cuya tenaz reintroducción en la dieta peruana es contestada con igual apatía; su consumo se inicia hace casi 13 mil años en la costa sur y se extiende hacia los valles de la costa centro y norte, al extremo de que en Chincha, en el período inca, se tenían depósitos para almacenamiento, para el consumo e intercambio.

No es el caso preguntarse si los antiguos peruanos comían más y mejor que ahora, sobre todo si el concepto mejor alude a la evolución de los sabores. No obstante, a pesar de tener menos conocimiento de las propiedades de lo que consumían se alimentaban de un modo más sano. Es cierto que se han documentado enfermedades de carácter parasitario pero no se ha podido acreditar si fue el resultado de la ingesta de alimentos.

El libro de León se muestra como la apertura de una caja de sorpresas y la introducción de la historia y la arqueología en el mágica escena que vive la cocina peruana, que a menudo suele dar la impresión de estar suspendida en el tiempo, con preparados que aspiran a la novedad desconociendo el valor del insumo, de la memoria del sabor, de la fecha y el calendario.

La paradoja del voto

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-paradoja-del-voto-25-10-2013

La República

La mitadmasuno

25 de octubre de 2013

Juan De la Puente

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo esta semana un envidiable esfuerzo por situar el voto electrónico (e-voto) en la agenda de cambios que mejoren la calidad de las elecciones. Lo ha hecho en el marco de una discusión que asoma sobre cómo evitar que naufrague una democracia ya encharcada por denuncias, escándalos, investigaciones y confesiones.

El esfuerzo vale en un país en el que desde el año 2001 ha tenido seis consultas presidenciales, tres elecciones con dos vueltas cada una, se han elegido tres Parlamentos y otras tantas veces se ha ido a las urnas para elegir autoridades locales y regionales, en el último caso con segunda vuelta. Entre proceso y proceso se han registrado centenares de revocatorias y por lo menos dos referéndums.

No hay duda que el Perú es un país que vota aunque también es cierto que cada vez es más difícil cristalizar un proceso que demanda recursos, instalación de decenas de miles de mesas, centenares de miles de miembros de mesas, miles de ánforas, entre otros. La neutralidad y la eficiencia de los organismos electorales han permitido que cada prueba sea exitosa.

Dime cómo votas y te diré quién eres. Esta plataforma eficiente debería dar un salto, y uno de los elementos de esa evolución es el voto electrónico. En ese contexto, una pregunta clave es por qué a pesar del incremento fantástico de los procesos digitales en todos los quehaceres sociales, el voto electrónico demora en ser adoptado. Somos crecientemente digitales en lo social y económico. Nos comunicamos vía correo electrónico, compramos vía Internet, hacemos negocios en la red, usamos la firma digital y ya tenemos dinero electrónico. Vivimos en el futuro pero votamos como hace 100 años, con ligeros cambios.

Esta es una paradoja tecnológica, pero fundamentalmente política. Está relacionada con un menor desarrollo de la fuerza política de los organismos electorales, la escasa implicancia de los partidos en los procesos tecnológicos, la falta de desarrollo de la participación política como un derecho fundamental y con una cultura política que no exige calidad en el ejercicio de ese derecho.

La confianza es un valor de la política pero no es una variable independiente, está condicionada a varios factores, entre ellos a la neutralidad de los organismos electorales que en el caso peruano está en alza. La resistencia al voto electrónico más que falta de confianza, es un asunto de cultura política. El Perú no tiene hasta ahora e-voto porque tampoco ha podido concretar una reforma política profunda que acompañe y potencie los procesos de calidad de los organismos electorales. El diseño del software y del modelo in house del e-voto, con el aporte de dos universidades peruanas, elaborado hace varios años no ha seguido su curso por las mismas razones que retrasan la reforma política.

Sería ideal que como un paso decisivo, las elecciones municipales del 2014 en Lima sean mediante el voto electrónico y mejor aún si en esas elecciones se puedan echar a andar algunos cambios en la elaboración de las listas y en las campañas electorales.

Los procesos electorales con más calidad no serán piezas de un círculo virtuoso si persisten partidos débiles, se proscriben las elecciones primarias y se mantiene el voto preferencial y sin lista alternada de mujeres y varones, o con partidos que huyen de las regiones y municipios, sin padrón electoral, con financiamiento en muchos casos ilegal y con campañas electorales parlamentarias que cuestan 150 mil dólares por persona.

En ese marco de carencias y expectativas se ha producido un acercamiento entre los organismos electorales y varias instituciones sociales y de cooperación, las que han constituido una Plataforma por la Reforma Política y Electoral. Esta plataforma le ha planteado al Congreso el debate de un Código Electoral y la reforma de la Ley de Partidos Políticos. Lejos de proponer un debate nacional en la perspectiva de los cambios, el Parlamento aprobó en la agonía de la anterior legislatura un paquete que bien podría llamarse de contrarreforma política.