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lunes, 31 de julio de 2017

La gobernabilidad primaria y populista

http://larepublica.pe/impresa/opinion/888652-la-gobernabilidad-primaria-y-populista
La República
La mitadmasuno
23 de junio de 2017
Juan De la Puente
La idea de gobernabilidad, predominante en estos días, donde los poderes no se atacan y los políticos no se agreden, o en la que se canjean intereses, es primaria, por básica, e incompleta. No es democrática y, en cambio, es un ejercicio populista.
Desde 1980, cada vez que las tensiones en la cúpula del poder llegan a mayores, el grito más escuchado es diálogo. Así, hemos tenido 37 años de diálogos que surgieron de las patadas, porque solo fueron eso, diálogos, no entendimientos.
Sentar a la mesa a los adversarios rebaja las tensiones y frena las pasiones, pero no resuelve los problemas de la agenda pública dispersa y antagónica. En cambio, fueron más prometedores los diálogos/pacto o diálogos/acuerdo, aun en los casos en que al final no se alcanzaron consensos.
No es extraño que en el Perú se demande diálogo solo después de cada borrasca y no en otros momentos, una tradición que es más expresión de la resaca del pleito o un “dejen de pelear, chicos” que un movimiento de Estado. Esto se debe probablemente a la fobia nacional a los pactos. De hecho, somos una república sin pactos y sin consensos expresos, y por eso acumulamos 12 textos constitucionales y solo dos pactos generales: la Convención de Partidos de 1915 y el Acuerdo Nacional del 2002. Ramiro Prialé, histórico líder del Apra, fue víctima de esa cultura; para esconder el entendimiento tuvo que acuñar una frase incompleta, “conversar no es pactar”, cuando debió proclamar “conversar para pactar”.
Esa forma de diálogo ha vuelto estos días con varias opciones: 1) la ilusión del cogobierno (el ministro Olaechea y varios columnistas); 2) el gabinete multipartidario (el dirigente máximo del partido de gobierno, Gilbert Violeta); 3) el simple cara a cara entre PPK y Keiko Fujimori, una reedición del encuentro de diciembre que tuvo al cardenal Cipriani en medio; y 4) el diálogo como negocio, es decir, el indulto a Alberto Fujimori (por el mismo PPK en una entrevista al semanario The Economist).
Tres de esas formas de diálogo no son ni útiles, ni ahora posibles. Fuerza Popular jamás entrará a un gobierno de PPK ni patrocinará un gabinete parlamentario aun así indulten a Fujimori, porque entre otras razones lo democrático es su derecho a ser oposición. Por otro lado, un gabinete de ancha base o de cercanos a partidos, lo tuvimos en 1990 (el primero de Fujimori) y el 2000 (el de Paniagua y Pérez de Cuéllar), siendo ahora poco rentable para todos. Los partidos pequeños suman poco y el gobierno de los chiquitos no es una receta contra el fujimorismo.
Es extraño en cambio la insistencia de un diálogo en las alturas apartando a los otros actores. Dos poderes precarios criticados por el pueblo han hegemonizado el escenario de confrontación y ahora, cuando parecen desbordarse las aguas, creen que solo en ellos, en los dos, está la solución.
Muy rápido para desentenderse de la otra mitad de ese original modelo con tres mitades –sorry, Euclides– la tercera de las cuales, dispersa y contradictoria, es la clave de la gobernabilidad desde el 2001, al punto que su actividad derribó a por los menos 8 de los 17 gabinetes en tres períodos constitucionales.
La tercera mitad importa porque la agenda también importa, y porque en un diálogo de los poderes con los empresarios, trabajadores, regiones, colegios profesionales, comunidades nativas, padres de familia y otras formas de la sociedad civil, quienes tuvieron un activo rol en el proceso electoral, se puede volver a los contenidos de la reforma institucional y la transparencia prometida en la campaña electoral.
Finalmente, en las últimas horas, se pretende convencer al país de que la gobernabilidad depende de una paz entre los políticos lograda a cualquier precio, incluido el negocio, es decir, el toma y daca sin principios, sin programa y sin respeto por las ofertas electorales. Eso puede pasar como diálogo al inicio, pero luego de concretarse no lo será, y en cambio generará el voto de desconfianza en la sociedad.

sábado, 15 de octubre de 2016

Moderados arriba, impaciantes abajo

http://larepublica.pe/impresa/opinion/803397-moderados-arriba-impacientes-abajo
La República
La mitadmasuno
16 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
Parecemos felices en este reino de la moderación en la que se ha convertido la política peruana. Se moderan los poderes, los políticos y la academia. Se moderan los ya moderados, los inmoderados y los que prometieron no moderarse nunca. Preocupa ese esfuerzo por no chocar mucho con el otro porque en democracia no se pide unanimidad sino identidad, debate, pugna y, claro, acuerdo, la conocida dinámica de la fuerza de la sociedad política vs. el consenso de la sociedad civil, a decir de Gramsci.
La moderación es una de las caras de lo público y se refleja en la luna de miel a la que tiene derecho todo gobierno en su primer tramo. De hecho, el Congreso hizo bien en otorgarle las facultades al gabinete Zavala y asumir la idea de que lo que se tendrá en adelante es un consenso a palos que tiene dos componentes, la cooperación y la oposición.
Lo que está en blanco es la otra cara de la moneda, la representación. Más allá de las formas democráticas señaladas existe un bullicioso silencio, es decir, un esfuerzo por evitar lo más importante dentro de la agenda de lo importante. La moderación trasluce quizás la falta de proyectos como si luego de las elecciones se hubiese decretado colectivamente la coagulación de los programas.
Es un fenómeno curioso porque el país no se ha moderado. En este punto no habría que confundir el optimismo con la paciencia. Las dos encuestas recientes –Ipsos y GfK–, que han indagado las expectativas ciudadanas, reportan una aplastante convicción de que se le facilite al gobierno las herramientas para que sea eficaz, y que por ello el Congreso debe aprobar la delegación de facultades. No parece ser una adhesión al gobierno sino a una solución rápida de los tres grandes problemas de la agenda: seguridad, corrupción y eficacia del Estado.
La brecha entre la moderación arriba y la impaciencia de abajo ya se expresa en la reactivación de los conflictos existentes antes del cambio de gobierno, como el de las comunidades nativas de los ríos Marañón y Tigre (Loreto), de Las Bambas (Apurímac), Ocuviri y Lalli (Puno) La Convención, Anta y Urubamba (Cusco), entre otros.
El gobierno ha abierto en cada caso líneas de diálogo, pero es preciso que sea consciente de que el país ingresa a un ciclo de demandas abiertas. El golpe no avisa y habría que recordar el registro de esta brecha moderación/impaciencia. Las protestas en Puno por el trazo de la Carretera Transoceánica (agosto 2001), y los sucesos conocidos como el Arequipazo (junio 2002), Combayo (agosto 2006), Río Corrientes (setiembre 2006), Conga (octubre 2011) y Espinar (mayo 2012), estallaron en los tramos iniciales de los gobiernos de Toledo, García y Humala precisamente cuando todos eran casi hermanos creyendo con ilusión que se había cerrado en las alturas el círculo de la gobernabilidad entendida en ese contexto como estabilidad.
Actualmente, por lo menos dos regiones, Puno y Cusco, son laboratorios de gobernabilidad. El primero puede explotar si las demandas se agregan a partir del conflicto por la represa de Paltiture y otros reclamos ambientales, de obras y de demarcación. El Cusco también puede estallar por razones similares; se encuentra atravesado por conflictos en casi todas sus provincias y a esto se agrega una escasa intermediación de sus líderes y autoridades. Un dato adicional, la política cusqueña actual se parece a la de Puno: ha extraviado su proyecto de desarrollo, es impactada por actores informales y la lucha por la representación carece de límites y se resuelve arbitrariamente o en los juzgados penales.
Habría que preguntarse sobre el momento en que los poderes se abrirán hacia abajo pensando en la gobernabilidad. Las reuniones del Ejecutivo con las regiones y con las mesas de lucha contra la pobreza son útiles para la elaboración de agenda y simbólicas frente a la tradición del olvido. Sin embargo, la representación de la impaciencia aún no ha sido llamada a la mesa.

viernes, 2 de septiembre de 2016

Género, calle e indignación pública

http://larepublica.pe/impresa/opinion/795381-genero-calle-e-indignacion-publica
La República
La mitadmasuno
19 de agosto de 2016
Juan De la Puente
La marcha #NiUnaMenos del 13 de agosto fue el punto más alto de movilización ciudadana desde las marchas contra la repartija parlamentaria, de julio del 2013. En tres años, la calle se ha convertido en un decisivo espacio de participación política y social y su legitimidad se ha elevado a cuotas inimaginables hace algunos años. Las marchas, tradicionalmente condenadas por el discurso conservador como un medio de expresión antisistémica, agitadora y populista, se están transformando en una forma de representación propia y de indignación aceptada.
Luego del 13 de agosto, quedan menos dudas de que nuestro espacio público es doblemente público. La política formal ya se hace en la calle aunque habría que prestar atención a las claves de esta vigencia porque el proceso no ha terminado. Recién empieza.
En tres momentos estelares de la capital –la repartija (julio 2013), la Ley Cotillo (noviembre 2015) y Fujimori Nunca Más (abril 2016)– se hizo patente que los signos que definen esa disposición ciudadana son los derechos y la transparencia pública.
Asimismo, a diferencia de lo sucedido los últimos años en Brasil o Chile, en las calles de Lima movilizada, el sello de las nuevas clases medias es inconfundible. Ellas son las figuras dominantes de una nueva politización urbana y juvenil y de una inédita toma de conciencia de las mujeres.
Son pocas las diferencias de estas marchas, probablemente los ingresos y la ocupación de los ciudadanos, respecto de las otras grandes movilizaciones de los últimos años, especialmente las que obedecieron a razones ambientales o de desarrollo regional. Aun así, las marchas en Cajamarca, Cusco o Arequipa fueron objeto de cuestionamiento oficial, y en cambio el Presidente de la República, los ministros y los congresistas asistieron a #NiUnaMenos.
¿Por qué el trato diferente? Sería un error reducirlo a la legitimidad de los reclamos, entendiéndose erróneamente que las exigencias ambientales son menos legítimas que otras.
Sí podría señalarse en cambio que la crítica de los medios es decisiva para colocar sobre una marcha el rótulo de “positiva” y en otra el de “negativa”.
No obstante ello, debe advertirse que los medios y gobiernos tienen cada vez menos poder para condenar las movilizaciones o para sofocarlas incluso por la fuerza. Las grandes capitulaciones del Estado durante los conflictos sociales estuvieron precedidas de la idea de impedir por la fuerza que los ciudadanos se expresen en las calles. No es casual que según los reportes de la Defensoría del Pueblo el 52% de los conflictos pasaron a una etapa de diálogo luego de actos de violencia.
La vigencia de la protesta pública está en ascenso y otros indicadores podrían ser analizados. Por ejemplo, la relación del Estado con las manifestaciones es menos cruenta si se considera que el número de muertos en los conflictos sociales durante el gobierno de Humala fue mucho menor que en el de García.
Finalmente, debe recordarse que la calle peruana es dinamizada por la crisis de la política y de sus instituciones. En este proceso opera una lógica distinta a la anterior cuando los partidos y la sociedad organizada recurrían a las calles para demandar al poder. Ahora, la sociedad menos organizada que antes recurre a las calles para demandar al poder y a los partidos.
Que se tenga en cuenta esta precisión es importante para que nadie, todavía, se sienta dueño de las manifestaciones ciudadanas. La marcha del 13 de agosto ha tenido escasas intermediaciones políticas, ha sido relativamente autónoma y sin liderazgos fuertes. Ello lleva a dos preguntas: ¿cuánto tiempo más durará esta autonomía? Y ¿de estos movimientos emergerán nuevas formaciones partidarias y se enriquecerán las existentes? Imposible saberlo; solo anotar los antecedentes: los que llevan hasta el final estas demandas son los que logran transformar esa épica en poder político. Y que la agenda de derechos y específicamente de los de género recién ha empezado a ser tejida.

domingo, 13 de septiembre de 2015

¡Cuidado con las cifras gruesas!

http://larepublica.pe/impresa/opinion/14208-cuidado-con-las-cifras-gruesas
La República
La mitadmasuno
10 de julio de 2015
Juan De la Puente
Un interesante estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) encargado por la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) aborda el retraso de los proyectos mineros en el Perú. El estudio denominado “El costo económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas” va directo a la vena; señala que en los últimos 7 años se habría perdido US$ 67.2 mil millones por la paralización y el retraso de proyectos mineros y que la mayor parte del impacto de esta pérdida se produjo entre el 2011 y el 2014 por un monto de US$ 62.5 mil millones. Esta es la cifra agregada de las pérdidas en general, porque la cifra específica clave indica que desde el 2011 se han retrasado inversiones mineras por más de US$ 21 mil millones.
El informe es sugerente y ha motivado un saludable debate que se centra por lo menos en dos temas: 1) en qué medida el retraso se debe más a decisiones propias de las empresas en las que tienen relevancia las expectativas del rendimiento de la inversión, matizando la variable de los conflictos (Germán Alarco, en Perú 21); y 2) la subestimación del crecimiento como factor de desarrollo por parte de los políticos opositores a los proyectos paralizados (Alfredo Torres, en El Comercio).
Ambos temas sintetizan una interesante intersección entre la economía y la política. Las dos explicaciones son atendibles en la medida en que, ciertamente, es preciso un análisis más riguroso caso por caso de las razones del retraso de por lo menos 15 de estos proyectos, y porque es igualmente importante que los tomadores de decisión adopten un compromiso por la defensa del crecimiento de cara a los próximos 5 años, necesario incluso para producir cambios en la distribución de sus beneficios.
En este punto, el informe del IPE acierta cuando en la página 2 desagrega la cartera de proyectos demorados en: 1) demora por factores externos, 2) demora por factores internos, que juntos representan el 40% de los proyectos.
Lamentablemente, el Informe se olvida de esta diferenciación de inmediato cuando, en un giro inesperado, realiza una asociación indebida entre tres factores que no siempre son sinónimos aunque podrían ser concurrentes: paralización por conflictos sociales, paralización por trabas burocráticas, y retrasos a secas.
Esa agregación muestra 15 proyectos que un análisis riguroso obligaría a diferenciar. Por ejemplo, la situación de Conga no es la misma que la de Las Bambas, sobre la que se informa que iniciará sus actividades el primer trimestre del próximo año debido al avance del diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad. Inclusive Conga no se encuentra en la misma situación que Tía María.
Por otro lado, es delicado atribuir toda demora de los proyectos mineros a los conflictos sociales cuando en varios casos esta obedece a retrasos del Estado, algo que la Sociedad de Minería hace bien en puntualizar siempre. Incluso el uso del concepto “tramitología” requiere ser precisado porque con frecuencia se recurre a él contra toda regulación pública. El tema de fondo es que requerimos saber qué retrasos se deben a qué causas para no errar en las soluciones y en ese punto el IPE nos debe un informe más riguroso.
Si se trata de abordar los conflictos sociales desde otras disciplinas debería considerarse que estos son estudiados desde hace una década y que elementalmente ya han sido clasificados por su intensidad, origen y ámbito de la que depende su solución. 
Esta cultura, la de la agregación arbitraria y con escaso método, es frecuente en el análisis político en el país, pero en este caso se aprecia un uso poco profesional por la economía al importar indicadores desde la sociología y/o la ciencia política. Parecería que ciertos análisis son ganados rápidamente por el empaquetado fácil, la cifra gruesa y la conclusión generalmente pesimista, esa que ayuda a pronosticar la inminente caída al precipicio y a ganar un titular periodístico redondo. Pero es seguro que no ayudará a resolver el problema.

viernes, 5 de junio de 2015

#TíaMaría, los mínimos y los máximos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/1876-tiamaria-los-minimos-y-los-máximos
La República
La mitadmasuno
22 de mayo de 2015
Juan De la Puente
Como antes en Conga (2011/2012) pero con mayor intensidad, el conflicto de #TíaMaría revela los límites de los discursos tradicionales, reducidos al mínimo efecto, y la autonomía de la práctica. En poco menos de un mes, los hechos han reemplazado a los alegatos y han debilitado algunas claves que organizaban el debate público, es decir, sistema/antisistema, centralismo/regiones y mineros/antimineros.
Ha perdido sentido el argumento y adquieren fuerza la violencia cruenta y las estrategias de las partes, sin necesitar de los discursos. En dos meses hemos consumido imágenes y símbolos contundentes. No hay argumento frente a un paro de 60 días, la muerte de dos civiles y de un policía con el cráneo destrozado, el agricultor al que la policía “sembró” una prueba, las batallas entre la autoridad y el hombre de la calle como iguales, la voz de Julio Gutiérrez vendiendo a sus discípulos y la mujer a la que raparon por desafiar a los huelguistas.
A este límite de los discursos se debe a que ya se consumieran 7 de los 60 días de la pausa anunciada  por Southern, el 10% del tiempo, sin que se dibuje una ruta que lleve a alguna parte. La anunciada pausa concierne a un proyecto que no ha empezado, en tanto no se ha suspendido el paro, las estrategias en pugna, los insultos y la confusión. Lo cierto es que se ha suspendido la palabra y luego casi nada; quizás también hemos suspendido el miedo, que no es mucho pero no es poco.
El primer discurso en desuso es el que sostiene que gran parte de la culpa la lleva el Estado, sin asumir ninguna propia. Siendo cierto, es un argumento facilón y básico, que no puede evitar que se aprecie que las claves están, más allá del gobierno, policías, militares, fiscales y jueces, en las estrategias que no han sido alteradas.
El discurso del diálogo como forma de acercamiento de las diferencias también ha fracasado, no tanto por la desconfianza como por la precaria representación de los actores y la ausencia de posiciones (otra vez los argumentos). En #TíaMaría hay 4 actores (la empresa, la comunidad, el gobierno nacional y el gobierno regional) pero sobre la mesa solo existen dos puntos de vista redondos y cerrados.
El argumento de los políticos también presenta límites. Dicen que este conflicto debe resolverse desde la política ¡qué bacán! y sin embargo sus líderes carecen de discursos desde ese ángulo, al punto en que deben plegarse a los símbolos existentes. La mayoría de partidos y líderes, especialmente el Apra, el fujimorismo y la izquierda, muestran dificultades para escaparse de los libretos de las estrategias mediáticas que marcan la pauta para lo que fuese, tanto para la creación de un consenso a favor del Estado de Emergencia como para el pedido de suspensión del proyecto, un cambio de demanda operado en solo 48 horas.
No es justo que no sepamos qué hacer con el orden, el desorden o la pausa. Es demasiado. No habrá salida a este conflicto mientras no se recuperen los argumentos desde una perspectiva nueva y creíble. Sin esa nueva politización en el sentido más creador de la palabra, y muerta la visión plana de las cosas y su remedio casero tipo principio de autoridad sin principio de justicia, la suspensión de 60 días será seguida de otros 60, una aritmética liberadora que llevará el problema a un nuevo gobierno que tendrá que vérselas con el mismo pueblo.
Finalmente, debemos estar atentos a la autonomía de los proyectos y a cómo han superado sus marcas tradicionales. Por ejemplo, este es el momento estelar del anti-extractivismo, uno de los ejes seguros de la campaña electoral, forzando la definición de los candidatos. No perdamos de vista que #TíaMaría ha dividido al país pero ha unido al sur.
Al mismo tiempo, el neoliberalismo se ha reencontrado luego de la pérdida del consenso alrededor del crecimiento económico, asomando con fuerza su clásica campaña de estigmatización de los adversarios. A su factura se debe la guerrilla urbano/digital de las últimas semanas que los partidarios del proyecto minero parece que han ganado.

sábado, 16 de mayo de 2015

Yo te mato tú me matas

http://www.larepublica.pe/politica/163-yo-te-mato-tu-me-matas
La República
La mitadmasuno
8 de mayo de 2015
Juan De la Puente
La mayoría de los grandes conflictos sociales de la última década, salvo los cocaleros, acabaron en episodios de capitulación del Estado, desde el “Arequipazo” (2002), hasta los recientes de Pichanaki, Andahuaylas y La Convención este año, pasando por Cerro Quillish (2004), Combayo (2006), el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009) y Conga (2012), entre otros.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.

viernes, 2 de noviembre de 2012

La rebelión del hampa. Imágenes

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-del-hampa-imagenes-02-11-2012
La República
La Mitadmasuno
2 de noviembre de 2012
Juan De la Puente
Los sucesos del 25 y 27 de octubre pasado iluminaron cual relámpagos varios fenómenos que corrían ocultos en la sociedad. Uno de ellos es la convivencia pacífica entre comerciantes y delincuentes en una zona que moviliza ingentes recursos, coexistencia que solo es posible por las serias restricciones del Estado para ocupar los espacios públicos y brindar allí con mínima eficacia los servicios de seguridad e interdicción del delito. El estallido de violencia de esos días es la explosión sangrienta de un territorio emancipado de la ciudad que el Estado punzó casi inadvertidamente para hacer cumplir la ley.
Las imágenes de la extrema violencia expresan para la mayoría el extraordinario desprecio del hampa por la vida. En ese territorio, sin embargo, y para una minoría creciente, es más cotidiana y ordinaria, y reveladora de la altísima cuota de violencia que la sociedad peruana recibe. Es el resultado de la impunidad en un país donde los barrabravas son tolerados por el Estado al punto que desfilan a los estadios custodiados por la policía ante el miedo de los ciudadanos y mantenidos por los líderes de los clubes de fútbol que les suministran alcohol y dinero. Estas imágenes exponen los excelentes resultados de la pedagogía de la violencia luego de los intensivos cursos de delito y sangre.
Los sucesos de La Parada, no obstante, son más contundentes; el 25 y 27 de octubre asistimos a la primera gran batalla urbana entre la policía y un ejército formado por centenares de delincuentes a cara descubierta. En la primera ronda, el 25, ganó el delito con los resultados conocidos: la toma del territorio, el saqueo y el ataque a los símbolos del orden público. En la segunda ronda, el 27, ganó felizmente la policía gracias a un despliegue masivo, inteligente y decidido y a que el ejército del delito había sido diezmado por las detenciones.
Imposible comparar lo sucedido con los conflictos sociales que atraviesan el país a pesar de que en buena parte de estos se advierten episodios de preocupante y creciente violencia y el desafío al orden público; las partes que confrontan en los conflictos sociales sostienen una lógica argumentativa, ciertamente debatible para los otros actores, pero en el marco de una interacción de las partes. Lo de La Parada fue una asonada, la rebelión del lumpen, un hito significativo en el espiral de delito cuya intensidad probablemente subestimamos.
El mensaje ha sido lanzado. La brutal agresión a la policía ha generado la adhesión ciudadana a ella pero, al mismo tiempo, envía señales sobre el éxito que puede tener el desafío del orden público desde el delito. La imagen de la fuerza pública atacada por el hampa es un poderoso estímulo para el delito y coloca en el debate en busca de respuestas la extrema precariedad de la autoridad policial. Ha evidenciado también la fuerza y grado de articulación de las bandas y su disposición temeraria de enfrentarse en las calles a la autoridad haciendo más patente que nunca la crisis de la seguridad en el Perú.
Los territorios liberados al delito o a punto de estarlo son un laboratorio para futuras rebeliones y espacios de la sociedad en busca de la organización de un orden mafioso que parece haberse cristalizado en varios casos. La alianza de los comerciantes mayoristas y las bandas que defendieron La Parada es la superficie de un fenómeno mayor al que concurren la escasa censura social de ciertos delitos, las complicidades entre los buenos que toleran y los malos que actúan y la emergencia de la legitimidad de las formas de vida al margen y contra la ley.
En ese contexto son muy positivas las iniciativas legales para hacer más efectiva la lucha contra el delito organizado y otras anteriores para recuperar los territorios cedidos al hampa. No obstante, hace falta mucho más que eso, sobre todo una auténtica política criminal para enfrentar un problema que no se reduce a policías y ladrones. Aunque tarde, estamos a tiempo.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Dialogo en Cajamarca, se acabaron las excusas

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/se-acabaron-las-excusas-ahora-que-venga-dialogo_119253.html
Entrevista en el diario La Primera
Lunes 3 de setiembre 2012

Se acabaron las excusas, ahora que venga diálogo
El analista político Juan De la Puente señaló que con la oficialización del levantamiento del estado de emergencia se acabaron los pretextos para no retomar las conversaciones e instalar una Mesa de Diálogo que aborde el tema Conga y los demás problemas pendientes de Cajamarca. De la Puente alertó igualmente que tanto el gobierno nacional como el regional no manejan una estrategia de trabajo que resuelvan los problemas de Cajamarca. Asimismo, fue claro en señalar que la investigación para determinar las responsabilidades de los cinco ciudadanos fallecidos en las protestas contra el proyecto minero, tiene que realizarse con o sin Mesa de Diálogo de por medio.
—¿Considera usted que el gobierno demoró demasiado en levantar el estado de emergencia en Cajamarca?—Lo concreto es que el estado de emergencia ya fue levantado, y me parece que es una buena medida en la línea de la normalización de las actividades de Cajamarca, que ya se había producido a finales del mes de julio, después de los sucesos sangrientos que todos conocemos.
—¿En qué medida influirá esta decisión en el proceso de diálogo sobre el proyecto minero Conga, actualmente interrumpido? —Habíamos señalado que los sacerdotes facilitadores habían solicitado el levantamiento del estado de emergencia, la misma que también había sido una exigencia del gobierno regional de Cajamarca. Entiendo que ahora no habría razones para no instalar una Mesa de Diálogo que aborde el tema Conga; pero, sobre todo, los problemas pendientes de Cajamarca. No olvidemos que esta circunscripción está ubicada entre los cinco departamentos más pobres del Perú.
—Ante la normalización, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? —Lo que habría que preguntarse si es que, tanto el gobierno nacional como el regional de Cajamarca, manejan una estrategia post-Conga. Y tengo la impresión que es allí donde empiezan las dificultades sobre cómo transitar hacia un periodo de normalización.
—Sin embargo, si bien Gregorio Santos saludó la medida adoptada por el gobierno, ya ha adelantado que aún falta cumplir con dos pedidos fundamentales a los facilitadores, como son el retiro de la maquinaria y el personal de la zona de influencia de Conga; y la investigación y sanción a los responsables de las muertes en las protestas.
—A mí me parece que la investigación (por los cinco ciudadanos fallecidos en las protestas) tiene que realizarse con o sin Mesa de Diálogo de por medio. Pero visto desde el lado de los intereses de Cajamarca es muy importante que se establezca esta Mesa de Diálogo, porque hay que acortar las brechas de la desigualdad, establecer las diferencias, conflictos, así como los mecanismos de cooperación y desarrollo regional.
Y cada vez queda más claro que no instalar la Mesa de Diálogo es un error que pasará la factura a todos los sectores, en el futuro.

—La prensa conservadora afirma que el levantamiento del estado de emergencia en tres provincias de Cajamarca es una verdadera “bajada de pantalones” hacia Gregorio Santos. ¿Qué opinión las merece?
—Yo creo que la cancelación del estado de emergencia es una buena decisión. En realidad, los que exigen la aplicación de “estados de emergencia” o “mano dura” empujan una salida conservadora. Pero en todos los conflictos sociales de la última década se ha demostrado que dicha “mano dura” que conduce a la ocurrencia de muertes, termina siendo la antesala de una capitulación de los gobiernos. Eso pasó con el Arequipazo”, en el 2002; en Ilave, Tacna, Moquegua y Bagua, bajo los regímenes de Alejandro Toledo y Alan García. Y esa dinámica de la “mano dura” y la subsiguiente capitulación de los Estados es la que determinados sectores retrógrados y el país, no lo entienden. Y no lo entienden porque ellos no creen en el diálogo o acuerdos, como el más reciente de Quellaveco, para ser más específicos.
Javier Soto
Redacción

martes, 17 de julio de 2012

Las camisas de fuerza

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-camisas-de-fuerza-17-07-2012
La República
La mitadmasuno
17 de julio 2012
Juan De la Puente
La reciente encuesta de Ipsos Apoyo (15/07) revela un conjunto de certezas de la opinión pública con respecto a varios temas de la coyuntura. La más importante de las certidumbres es la que desaprueba el manejo gubernamental de los conflictos sociales, asociando esta variable a la evaluación del Gobierno y del Presidente. En sus respuestas, los ciudadanos critican ese proceder: 71% desaprueba el desempeño presidencial en el caso Conga y critican al Gobierno por ser más duro (36%) o más blando (28%) y consideran una alta responsabilidad de las fuerzas del orden en las muertes de Celendín (40%).
Esta dependencia conflicto/respaldo es relativamente nueva en el escenario peruano acostumbrado a aprobar o a desaprobar a partir de varios factores. En el sondeo de este mes, como en otros anteriores, surgen como determinantes en esa opinión el cumplimiento de las promesas (que se asocia a la dicotomía agua v/s oro de la campaña electoral) y la gestión de los conflictos que, al parecer, los ciudadanos asocian al mismo tiempo al orden público y a la justicia social. Esta dependencia conflicto/respaldo es una camisa de fuerza que condiciona al gobierno y le obliga, luego del fracaso de la mano dura, a ensayar una rectificación cuyos alcances aún no se vislumbran.
Con esa misma convicción, los ciudadanos respaldan el uso de métodos pacíficos para resolver los pendientes públicos y recusan la violencia y el radicalismo. Así, dos tercios de entrevistados aprueban la designación de los facilitadores para reanudar el diálogo con Cajamarca, cuestionan el papel del gobierno de esa región en el conflicto (40%) y de quienes atacaron la Municipalidad de Celendín (47%). Entre las certezas también se inscribe aquella que cree que el proyecto seguirá adelante (60%) y que el Gobierno debe garantizar su viabilidad con los debidos reajustes y luego del diálogo (56%). Ahí se localiza otra camisa de fuerza no solo para el Gobierno sino también para los movimientos sociales: el Conga no va es por ahora minoría social (39%).
Estas certezas y camisas de fuerza se dirigen al diálogo que se abre lentamente en Cajamarca porque todo indica que será difícil la ubicación de un punto intermedio entre el Conga va y Conga no va. Presumiendo esto, la opinión pública es un tanto sombría en relación con el éxito de ese diálogo: el 36% cree que se logrará un acuerdo y 30% que ello no será posible. En ese sentido, el conflicto de Conga se parece más al de Arequipa del año 2002 y al de Bagua del 2009 y mucho menos a los recientes de Espinar y Quellaveco.
Es conveniente que todo Gobierno sepa que el diálogo es rentable políticamente y una opción ética irrenunciable. También es deseable que sepa advertir cuándo el diálogo es una opción de salida a una crisis y cuándo implica una ruta para que el Estado decida basándose en los derechos y libertades. Parece que el conflicto por Conga ha ingresado a esa fase
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martes, 10 de julio de 2012

Los muertos y los perros

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-muertos-y-los-perros-10-07-2012
La República
La mitadmasuno
10 de julio de 2012
Juan De la Puente
No entiendo por qué en el parlamento no se ha presentado una moción amplia y multipartidaria para investigar la muerte de siete peruanos, dos en Espinar y cinco Cajamarca y, a partir de ello, dilucidar el papel del Estado en los conflictos sociales. Es paradójico que en ambos casos se encuentren judicializados otros temas, como el uso de los recursos públicos, pero que no existan indagaciones específicas sobre estas muertes. Si existen, deben estar caminando con pies de plomo.
Podría decirse que el Congreso está en receso y esta decisión le corresponde al Pleno, aunque las comisiones funcionan y el control político no tiene recesos. Algunas comisiones, especialmente las de Justicia y Derechos Humanos, Pueblos Andinos, Defensa Nacional y Orden Interno, operan en un ámbito directamente relacionado con estos hechos.
Hay mucho por saber; una lista de preguntas y respuestas revelaría las responsabilidades institucionales y personales en estos sucesos y nos permitiría claridad sobre la relación entre el Estado y las poblaciones demandantes, un tema donde hay luces solo sobre una parte pequeña del escenario.
Algunas de estas preguntas son ¿Hubo error policial, falta de prevención o diagnóstico equivocado de las posibilidades de evolución de estos conflictos? ¿Quién dio la orden de disparar, en qué momento y si todos los sucesos justificaban el uso de armas? ¿Cuál es el Estado actual del protocolo policial para el uso de armas? ¿Es cierto que los manifestantes poseían armas de fuego? ¿Cuál es el papel de la inteligencia en la detección y gestión de conflictos? ¿Por qué se decidió centralizar la gestión de conflictos en la PCM? ¿Qué recursos técnicos y humanos se tienen para la atención de los conflictos sociales?
Al señalar el premier Óscar Valdés que el “modelo político-técnico” no ha funcionado está revelando más que un eufemismo sugestivo: confirma la existencia de un vacío en la estrategia del gobierno en un área clave. La Unidad de Gestión de Conflictos de la PCM, el esfuerzo más serio, menos entendido y más sobrecargado, es la evidencia del deseo del resto del gobierno de desentenderse de este asunto crucial.
Una investigación juiciosa de lo sucedido podría profundizar y explicar lo que algunos análisis iniciales ya nos indican: que el Estado peruano rechaza irreflexivamente el conflicto social en su nueva dimensión, es decir, el que florece en los años de auge económico propio y de la expansión mundial de los derechos ciudadanos. La respuesta de un anónimo policía ¡Porque son perros! a la mujer cajamarquina que reclama dignidad es un libro abierto lleno de interrogantes, más allá de la indignación. Es una confesión pública de la enorme distancia existente entre el descontento y el poder. La visión que oculta el malestar y reduce todo al extremismo solo le sirve al conflicto mismo pero no a la solución.

jueves, 21 de junio de 2012

Severa, correcta, "muy" blanda

La República
La mitadmasuno
21 de junio de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/severa-correcta-muy-blanda-21-06-2012
Ipsos Apoyo, una encuestadora a la que respeto, acaba de difundir un sondeo de opinión pública muy revelador que, sin embargo, me motivan algunas críticas que las hago públicas con el mejor ánimo.
La primera se refiere a la pregunta sobre la actuación del gobierno frente a los conflictos mineros, en la que se colocan cuatro opciones: severa (26%), correcta (23%), muy blanda (41%) y no precisa (10%). Creo que es un equívoco reducir a cuatro las alternativas y no entiendo por qué el diálogo no aparece como una opción, sobre todo si en decenas de conflictos ambientales se han instalado mesas de diálogo, salvo que, para efectos del sondeo, el diálogo se haya incluido en las otras opciones. Si así es, tampoco se justifica que esta política que se practica frente a los conflictos sociales sea invisibilizada.
Luego, es extraño el uso que hace el sondeo de la palabra “blanda”, un sinónimo de suave y falto de energía y al que, como si no fuera suficiente, se le agrega la palabra “muy”, con lo que se podría predisponer a una respuesta afirmativa. Es también incomprensible que esa opción no se contraponga con la palabra “dura”, su antónimo exacto, sino con “severo”, palabra que no obstante carece del “muy”. ¿Por qué lo blando debe ser “muy” y lo severo no?
La pregunta sigue siendo extraña debido al uso de la opción “correcta”, que excluye a las otras que, se supone, no lo son, de modo que si nos atenemos a los resultados, más de dos tercios de encuestados consideran que la respuesta del gobierno a los conflictos no es correcta. Si las reacciones “severa” y “muy blanda” del gobierno ante los conflictos son incorrectas, ¿por qué se ha concluido en el análisis del sondeo que la alternativa del pueblo es la mano dura?
De esa encuesta y de otras publicadas no se puede concluir que el mensaje de la opinión pública para el gobierno es de respaldo a la clausura del diálogo y al privilegio de la fuerza contra las demandas sociales. En cambio, es patente que en el escenario se han dibujado dos grandes políticas de gestión de conflictos, aquella fácil y contraproducente que es la negación del reclamo y la simple reposición del principio de autoridad, y la otra ciertamente compleja que consiste en la previsión, el diálogo, el uso del principio de justicia sin renunciar a la autoridad y a la protección de la tranquilidad pública.
El concepto de mano dura es un hijo bastardo del Estado cuando no era Estado de Derecho y es más ilegítimo aun en la época del Estado Social y Democrático de Derecho porque contrapone artificialmente el principio de autoridad y el principio de justicia. Ya tuvimos durante la presente década democrática episodios de mano dura con altos costos para la sociedad y el Estado. De todos ellos, el gobierno y el sistema político salieron debilitados y con menos respaldo y capacidad de acción. No aparecen ahora elementos que hagan presumir que esta vez la receta funcionará.

jueves, 14 de junio de 2012

Polarización y conflictos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/polarizacion-y-conflictos-14-06-2012
La República
La mitadmasuno
14 de junio de 2012
Juan De la Puente
Un interesante debate se abre paso sobre cómo derrotar la creciente polarización peruana. Para M. Tanaka (LR 10/6) hay un malentendido que debe ser resuelto con la reflexión, la reubicación de los actores y respirando hondo; para S. Levitsky (LR 10/6) el problema es el creciente autoritarismo y lo que urge es la tolerancia frente al descontento y diálogo; y para C. Meléndez (EC 12/6) hay que neutralizar a los extremos con mucha iniciativa política.
No encuentro razones para oponerme a esas sensatas recetas; la polarización peruana requiere de reflexión, diálogo, tolerancia y mucha voluntad política. No obstante, me parece que representan una parte de la solución, la referida a la cultura política, es decir, al temperamento para enfrentar este desafío.
No creo que el problema determinante del proceso político sea la polarización sino los conflictos sociales; el encono social es solo una expresión de su existencia y de su condición de demandas persistentes por irresueltas. La relación entre el conflicto y polarización es directa y determinante: de los 245 conflictos registrados por la Defensoría, 173 explotaron de distinta forma haciéndose “activos”; antes fueron “latentes”, rubro ahora minoritario, solo 72. Luego, el país no deja de tener diálogo, porque 76 conflictos tienen instaladas “mesas de diálogo”, solo que el diálogo es nada fecundo: la capacidad estatal de resolver los reclamos es muy limitada: en los primeros 5 meses del año se resolvieron 10 conflictos (1 en mayo, 2 en abril, 1 en marzo, 4 en febrero y 2 en enero). De este resultado es un exceso echarle la culpa a la Unidad de Conflictos del gobierno.
El malestar peruano tiene un componente ideológico y político, donde actúan los inductores de la polarización. Sin embargo, también es estructural, de lo que dan cuenta los estudios que detectan brechas y déficit en la capacidad arbitral y reguladora del Estado, taponeada por el establishment. Así, el desafío de esta hora, sin caer en el juego de los poderes fácticos de si se gobierna para el tercio reclamón o para la mayoría satisfecha, es enfrentar al mismo tiempo la polarización y el conflicto y no solo lo primero.
No veo que el Estado se disponga a asumir este desafío, sea porque el gobierno ha empezado a privilegiar la fuerza, porque el Congreso carece de fuerza para hacer lo suyo o porque una voz potente desde la sociedad, con los medios en la primera línea de batalla, ejerce un veto contra el cambio. Por eso, el juego en corto aunque con buenas formas es peligroso: un acta por aquí y otra por allá; una mesa de diálogo acá y otra acullá; un Estado de Emergencia ahora y otro más tarde. Contrariamente a lo que se calla o niega, la única salida es asumir que, en la cuota necesaria, las promesas deben ser honradas y que es imprescindible que el Estado mejore su capacidad resolutiva de los conflictos, superando el veto social contra el cambio.

jueves, 7 de junio de 2012

Radicales y descontentos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/radicales-y-descontentos-07-06-2012
La República
La Mitadmasuno
7 de junio de 2012
Juan De la Puente
El país conservador está de fiesta porque ha vuelto a ser mayoritaria la idea de que las demandas sociales son principalmente protestas que deben tratarse con mano dura. Sospecho que esa mayoría es oficial, es decir, se ubica en las instituciones, en los medios y en Lima, y tiene altas posibilidades de seguir siendo una verdad que suministra decisiones políticas, legales y judiciales. Como en el pasado, esa felicidad será relativa y breve; esa verdad tendrá un uso limitado al corto plazo y acaso sirva solo para postergar unas cuantas demandas. No servirá, sin embargo, para gobernar, ya no para transformar, porque parte de un error extremo, extremista, que es la negación del descontento y de la legitimidad del malestar social.
El Perú conservador no acepta que a pesar de las buenas noticias económicas y sociales, como la reducción de la pobreza en más de 20 puntos en una década, tengamos un malestar intenso. Por ello, es más cómodo negar su existencia y reemplazarlo por un fenómeno más dócil para el análisis y la propaganda, es decir, el radicalismo.
Las ciencias sociales en A. Latina se empeñan en descubrir las claves del actual malestar regional y discernir si se dinamiza por la desigualdad o por el déficit de instituciones y de ejercicio de libertad. Le preocupa que la región siga atrapada en un patrón donde el crecimiento no incrementa la adhesión a la democracia y en esa búsqueda ha encontrado que la relación entre descontentos y radicales es circular: el radicalismo es servido por el malestar masivo y creciente, al mismo tiempo en que este puede ser incentivado por posturas radicales. A diferencia de los años sesenta ahora es débil la visión que reduce el malestar a una conspiración de los malos; al contrario, es un consenso que la única manera de romper esa relación circular es atacando el malestar.
El Perú es excepcional en este tema. Aquí el análisis ha reemplazado a los descontentos por los radicales, una operación imaginaria que ya lleva una década y que se torna masiva, oficial y limeña cada vez que los conflictos se hacen agudos.
Lo cierto, sin embargo, es que el 2011 los descontentos tenían un partido y un candidato. No eran la mayoría del país pero eran millones y votaron por el cambio a pesar de una feroz campaña. Esos descontentos siguen ahí; no sé si son más o menos que hace un año, pero ahí están, aunque ahora sienten que ya no tienen ni un partido ni un gobierno que los represente.
La mano dura no es sostenible frente al descontento. ¿Cómo hará la política para, sin diálogo, satisfacer sus demandas incluso sin radicales en la primera línea? Los negacionistas confían en el Estado para ponerlos a raya, persuadidos de que el problema es el diálogo y no la falta de él. ¿Por cuánto tiempo, a qué costo y con qué métodos podrá congelarse el malestar?

jueves, 3 de mayo de 2012

El Bloque de Gobernabilidad

La República
La mitadmasuno
3 de mayo de 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-bloque-de-gobernabilidad-03-05-2012
La reciente encuesta de GFK, publicada por La República, ratifica la formación de un Bloque de Gobernabilidad, constituido por cinco temas sensibles sobre los cuales se demandan desde la sociedad y desde el mismo Estado respuestas rápidas, eficaces y concluyentes: la delincuencia común, el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo y los conflictos sociales con contenido ambiental. El desempeño del gobierno en estos temas es desaprobado en casi todos los casos por más del 60% de los entrevistados.
Este Bloque ya fue advertido en las elecciones del año pasado. No son problemas menos importantes que otros, como el empleo o la educación, pero significan para la opinión pública fenómenos trasversales que afectan la vida cotidiana. Es muy probable que los ciudadanos sufran estos fenómenos en distinta medida, pero su impacto y espectacularidad acentúan la representación de imágenes categóricas. La más significativa de ellas dice que estamos perdiendo esas guerras aunque en más de un caso sea una afirmación apresurada. “Estamos” es una calificación imprecisa que a veces toma el nombre de país, gobierno, policía, FFAA, parlamentarios, políticos o Estado.
Este Bloque ha llegado para quedarse y de su tratamiento depende el futuro de la democracia. Frente a él se han agotado los discursos que pretendieron alguna racionalidad y visión de largo plazo; el Estado se ha quedado frente a estos problemas sin ideas, siquiera las de corto plazo. ¿Qué sobrevive? Las respuestas hepáticas, fáciles y, sobre todo, conservadoras: pena de muerte, nuevos planes, nuevas leyes y, si faltan, otra ronda de leyes y más penas. Al mismo tiempo, las instituciones estatales que deben encarar el Bloque están virtualmente paralizadas o desempeñan un bajo rendimiento. Si hablamos seriamente, deberíamos de reconocer que el Perú ha ingresado a una crisis de seguridad.
Esta crisis presenta fenómenos más relacionados de lo que parece a simple vista. La interdicción del delito común, el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción nos remiten a la capacidad del Estado para desplegar acciones de inteligencia y una voluntad política contra la impunidad, pero las recetas facilistas parecen contagiar al sistema político. Frente a los conflictos, el facilismo conservador blande igualmente el garrote. La prédica del orden sin libertad y sin derechos parece tener vía libre. Basta revisar la lista de proyectos de ley presentados al parlamento para advertir que, una vez más, la tentación del fracaso está a la vuelta de la esquina, vestida/desnuda con medidas que disparan por otro lado.
El Bloque de Gobernabilidad debería ser un desafío a la política democrática y una invitación a la razón; debería movilizar al talento, a las experiencias globales y al éxito demostrado. En cambio, ha extraído de sus tumbas a los censores del periodismo libre y ha puesto en valor a los viejos fantasmas de horca y cuchillo.

jueves, 26 de abril de 2012

Reconga o la nueva guerra

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/reconga-o-la-nueva-guerra-26-04-2012
La mitadmasuno
La República
26 de abril 2012
Juan De la Puente
El reciente mensaje presidencial reconoce que las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga son política y técnicamente válidas, desvirtuando el eje de la crítica a los opositores al EIA, calificados en el discurso oficial reciente como politizados, desinformados y escasos de dominio técnico. El nuevo punto de vista, sin embargo, es poco nuevo; luce como un remake o un triunfo póstumo del gabinete Lerner precursor de los cambios al EIA. De paso, pone en evidencia el poco rigor técnico del ejército de especialistas defensores del dicho estudio. Resulta, de acuerdo al consenso actual, que la politización viene de otro lado.
La caída de la visión técnica de una de las partes es, una vez más, el revés del discurso supuestamente experimentado que el Estado asume irreflexivamente en la mayoría de conflictos, una constante que habría que tenerla como lección. Algo similar sucedió en otros conflictos de larga duración como el de Arequipa (2002), Bagua (2009) y las demandas del sur sobre el Lote 88 (2010-2011).
Las decisiones comunicadas por el Presidente obligan a cambios en el EIA y dan curso a un nuevo diálogo que responda a nuevas interrogantes: si la empresa asumirá las nuevas condiciones, si el gobierno regional las aceptará o planteará otras propias, y si los movimientos sociales de Cajamarca estarán unidos en el rechazo o en la aceptación de esto que puede tomar la forma de un Conga II o Reconga.
En este nuevo momento, el escenario de inicio es menos polarizado. Los aliados del proyecto tendrán mayor legitimidad si cabalgan con las nuevas condiciones. El gobierno regional está en condiciones de generar una mayoría arrancando más decisiones a la empresa y al gobierno; para ello debería adoptar una posición respecto al “Conga no va” y adecuar a esa perspectiva su relación con los movimientos sociales. Es una clave compleja porque obliga a la región a ejercer su liderazgo, comprendiendo que en esta nueva etapa el “Conga va” ha naufragado pero que el “Conga no va” también ha sido tocado.
Es probable que el gobierno acometa con decisión el diálogo para arrancar un acuerdo rápido, aunque aparecen presiones que pugnan por desenlaces por fuera del discurso presidencial. De un lado, se ataca la postura del Jefe de Estado y se defiende, exclusivamente, el EIA y el peritaje y, por el otro, se demanda que el gobierno declare la inviabilidad del proyecto. No nos engañemos, no solo habrá diálogo; en la agenda hay una propuesta de consulta previa, un paro regional y quizás una huelga indefinida; también la presión mediática de la empresa, de la prensa y los líderes de opinión impacientes por derrotar al ambientalismo, hostigando a Gregorio Santos y al mismo Ollanta Humala. En ese contexto, será crucial para el gobierno mantener el mismo discurso con coherencia y no dejar que se vuelva a instalar en Cajamarca una lógica de guerra.

jueves, 19 de enero de 2012

Un caramelo envenenado

La República
La mitadmasuno
19 de enero 2012
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/un-caramelo-envenenado-19-01-2012

La reciente encuesta de Ipsos/Apoyo da cuenta del incremento del respaldo al presidente de la República (54%) respecto del mes anterior. No obstante, la cifra es comentada como un aumento a secas, sin considerar el contexto del sondeo y, específicamente, los siguientes fenómenos: a) Es la recuperación de una parte del respaldo perdido en los últimos meses. En diciembre (47%) aquel había caído 18 puntos respecto de setiembre (65%), el pico más elevado en gobierno actual; y b) La encuesta se registra en los inicios de un nuevo gabinete de modo que los resultados, siendo sustantivos, son más condicionales.
La apurada felicidad con la que se comenta el sondeo se dirige a una conclusión que pretende ser absoluta: que el incremento se debe al cambio de gabinete y, sobre todo, a que proyecta la sensación de orden sobre los conflictos. Algunos van más allá y aducen que se debe a la moratoria de la Gran Transformación.
Esta conclusión es parcial, arbitraria, interesada y, sobre todo, peligrosa para el gobierno mismo. La encuesta no indaga sobre la relación gobierno/orden. Ya en el sondeo de diciembre pasado, el orden era objeto de polémica: la mayoría se decantaba por la declaratoria del Estado de Emergencia en Cajamarca pero también era mayoritario el respaldo al reclamo frente al abandono y al incumplimiento de ofertas. Del mismo modo, ninguna pregunta de la reciente encuesta indaga por la relación gabinete/respaldo presidencial. Al contrario, el 50% de quienes apoyan al Presidente están convencidos del cambio; el mes anterior, ese argumento de apoyo solo obtuvo el 39%.
Es probable que la caída del respaldo presidencial se debiera a varias causas, entre ellas el deterioro del orden, aunque no como única y determinante razón, sobre todo porque el descenso fue muy pronunciado en el sur y centro, y en el sector “E”, todos ellos bastiones electorales que desde el año 2001 pugnan por el cambio. Asimismo, en la reciente recuperación habría que reconocer otros factores: a) La ausencia de conflicto, por el reflujo en Cajamarca y en otras zonas donde los reclamos amainan siempre a finales de año; b) La evaporación de la oposición, como resultado de la satisfacción mediática y partidaria de los cambios de diciembre; y c) La confianza o expectativa que todo gabinete convoca en sus inicios.
Es visible el esfuerzo de fabricar la imagen de un presidente exitoso a condición que abandone el cambio e ingrese en una deriva autoritaria. Es, sin embargo, un caramelo envenenado. La ecuación no cambio más gobierno duro difícilmente garantizará la paz social. Al contrario, como se ha demostrado en la década pasada, los picos de inestabilidad se producen cuando el poder se divorcia y/o enfrenta a la sociedad o retrasa salidas legítimas a problemas resonantes. El país intuye cuándo la continuidad se viste de inmovilismo.

jueves, 29 de diciembre de 2011

Promineros y antimineros

La República
La mitadmasuno
8 de diciembre de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/promineros-y-antimineros-08-12-2011


La presencia de una comisión de ministros en Cajamarca y la apertura de un saludable diálogo que el Estado de Emergencia ha interrumpido ha permitido apreciar expresiones menos dicotómicas que aquella que divide a los cajamarquinos entre promineros y antimineros. Desde Lima se “redescubre” una región más plural y colorida, una realidad que el Estado, las empresas y, sobre todo, la prensa se habían empeñado en simplificar en la palabra y en la acción.
Esta certeza, limeña y tardía, siempre es nueva. Podría ser la superación de una percepción histórica instintiva que se resiste a reconocer los matices por razones culturales, aunque la simplicidad es también una forma de interpretación esquemática y fantasiosa de lo ya conocido y, por tanto, a veces una forma de negación de la realidad.
Al rasgarse la dicotomía limeña se puede comprobar expresiones sociales y liderazgos más variados. Se aprecia, por ejemplo, la reducción del espacio de quienes postulan un no definitivo al proyecto Conga. Los partidarios acríticos de Yanacocha y de la inversión minera también ralean. Aparece, más bien, una sociedad tenazmente enfrentada al Estado deudor de su bienestar, crítica de la actividad minera depredadora, incumplida y soberbia y, sobre todo, hastiada de la política y sus instituciones.
No parece existir en Cajamarca un pueblo secuestrado por el ambientalismo duro ni comprado por la empresa minera. Hay radicales, claro, de uno y otro lado. Ante todo, sin embargo, existe un pueblo desconfiado, pobre y crecientemente preocupado por los recursos naturales. Frente a esa sociedad, el principal obligado es el Estado, y en todo sentido: protección de sus recursos, regulación, servicios básicos y orden público. Por algunas expresiones daría la impresión de que en estos días el único deber del Estado con Cajamarca es el deber de policía.
En este panorama, la división minería vs antiminería es deficitaria y de ella peca el reciente artículo de Iván Mendoza (Cajamarca: ¿bastión antiminero? Noticias Ser.pe). Increíblemente, el autor ajusta un conflicto actual al resultado de las elecciones, como si la minería hubiese sido el centro de las elecciones regionales y generales. Al “hacer hablar” a los votos fabrica una región antiminera minoritaria basada en sumas y restas.
Por suerte el asunto es menos dual y socialmente más rico. Por ello, el diálogo con Cajamarca y en Cajamarca no debe ser abandonado. Si hay una nueva estrategia de conflictos en el gobierno, esta no debería cometer los errores del pasado, es decir, el abandono de las poblaciones demandantes una vez apagadas las llamas del incendio. Esa estrategia también pasa por el fortalecimiento de los liderazgos locales y regionales y el debate abierto con ellos, sin exclusiones. En Cajamarca no hay otra opción que el diálogo.

miércoles, 30 de noviembre de 2011

A propósito del caso Conga una entrevista hace 15 días en Ideéleradio

El 14 de noviembre brindé declaraciones al programa No hay Derecho, de IDL, que dirige Glatzer Tuesta, en Radio San Borja, cuando la ola de conflictos era "pequeña". Estuvimos con Javier Torres, de SER. Hablamos de todo pero lo central fueron los conflictos.

Ideeleradio.- El Gobierno pudo haber resuelto de una forma más sencilla la pequeña ola de conflictos, pero aún está utilizando el colapsado modelo de gestión de conflictos que heredó del aprismo, en el que el Estado es lerdo, sostuvo el analista político Juan de la Puente.
“Podía haber sido más sencillo [administrar la controversia], si es que se cambiaba el modelo de gestión de conflictos heredado del gobierno anterior y en general de la década pasada, que es un modelo que ha colapsado, que no funciona, es un modelo que ha sido derrotado por los acontecimientos, ese modelo de gestión incluye mesas de diálogo actas, comisiones de alto nivel, y desde el lado de la sociedad, incluye obviamente marchas, tomas de carreteras […]”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Aquí el problema fundamental es el Estado, y en ese modelo el Estado es lerdo, en ese modelo hay que esperar que la población se levante para ir a firmar actas, […] ese modelo ha colapsado y se necesita obviamente un nuevo modelo, y en eso una actitud del Estado más cercana en una calidad de árbitro frente a este tema”, dijo.
Demandas ambientales y de inclusión social
Refirió que la base de la mayoría de conflictos sociales responde a intereses de caracteres medioambientales y sociales, como los suscitados en Andahuaylas, donde la población reclama la eliminación de la minería informal y también de ordenamiento territorial, como el de las comunidades de Cajamarca.
“En la base de los conflictos hay intereses ambientales, medioambientales, pero son principalmente sociales, en algunos casos, se tratan de pedidos para que la minería informal sea erradicada, fundamentalmente, en el caso de Andahuaylas; en el caso de Cajamarca, se trata de una demanda en función de una expectativa de ordenamiento territorial”, señaló.
Indicó que a diferencia de los conflictos sociales ocurridos en gobiernos anteriores, donde los reclamos eran cuestiones de políticas globales, los actuales pedidos son exigencias de inclusión social.
“Yo vería esto como una pequeña ola [de conflictos] en el programa de inclusión del nuevo gobierno no es una demanda como en gobiernos anteriores lo que se trataba es de cuestionar políticas globales. […] Hay un lineamiento político en el Gobierno, quizás porque sólo tiene 100 días o quizás porque no ha habido cuidado en plantearlo”, anotó.
Un gobierno que incluye a vencedores y vencidos
En otro momento, precisó que la actual gestión contrasta con las administraciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, porque a diferencia de estos países, el presidente Ollanta Humala ha construido un gobierno que incluye también a los vencidos, al punto que está conformada por nacionalistas, socialistas y liberales.
“El presidente Humala ha construido un gobierno que no es de vencedores y vencidos, donde una parte de los vencidos están sentados en el Gobierno, por eso que el señor [Miguel] Castilla es ministro de Economía, entonces, no es un modelo [como el de] [Hugo] Chávez, [Rafael] Correa o [Evo] Morales, [más bien] es un equilibrio donde hay nacionalistas, socialistas y liberales”, indicó.
Los que votaron en primera y segunda vuelta
El analista estimó que los pobladores y comuneros que protestan en Cajamarca, Ancash y Andahuaylas no son parte de grupos radicales, sino de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta. Añadió que estamos ante un momento que requiere de un nuevo modelo de gestión de conflictos.
“Yo creo que los que protestan hoy día no son los que formaron parte del 31 o el 32% de Humala en la primera vuelta, son parte de los que votaron por él en la primera y en la segunda vuelta, o sea, yo no creo que esto sea una demanda radical, al interior pueden haber grupos radicales […] minoritarios, pero estas son demandas sentidas en Andahuaylas, nadie va a decir que los que han salido a las calles son radicales”, declaró.
“Entonces, estamos frente a un nuevo momento, sobre el cual se necesita un nuevo tipo de gestión de conflictos del Estado y ese paso no se ha dado y mientras se siga con ese modelo de gestión de conflictos vamos a tener eso”, argumentó.
Megaconsulta y Pacto Nacional Minero son interesantesEn otro momento, calificó de interesantes tanto las propuestas del presidente Ollanta Humala de realizar una megaconsulta concerniente al tema del ordenamiento territorial, como la del asesor de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Carlos Tapia, quien planteó crear el Pacto Nacional Minero, porque será la población total quien decidirá si habrá o no minería en su zona.
Cuestionó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, por deslizar la idea de erradicar la minería en su región porque no ha hecho un estudio ambiental que le permita llegar a esa conclusión, ni ha consultado a su población.
“Me parecen dos iniciativas interesantes, porque el Perú debería decidir donde realizar minería y donde no, eso no puede nacer desde la iniciativa de un presidente regional. Yo el otro día escuché a Gregorio Santos decir ‘ya no más minería en Cajamarca’ y quién es él para decir eso, se le ocurrió a él, ese día amaneció dispuesto a decirlo, acaso ha hecho un estudio”, refutó.
Conflictos son una oportunidad de generar crisis
Advirtió, finalmente, que esta secuencia de conflictos sociales puede ser empleada por sectores políticos y empresariales para intentar desequilibrar la administración de Ollanta Humala, en el sentido de generar una crisis en el interior del Ejecutivo y un cambio de su orientación inicial.
“Los conflictos también son una oportunidad para los sectores políticos, y para los sectores de la gran empresa, esta es una oportunidad también para provocar e intentar generar una crisis en el interior del gobierno y un cambio de orientación”, concluyó.

Puede encontrar más información de esta nota en: 
https://juandelapuente.com/proposito-del-caso-conga-una-entrevista/

viernes, 16 de septiembre de 2011

Los "nuevos" conflictos

La Mitadmasuno
La República
8 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/08-09-2011/los-nuevos-conflictos

Se tiene a la vista un número apreciable de nuevos conflictos que, sobre todo, son esencialmente viejos. Solo que se plantean en el marco de un nuevo ciclo político y frente a un gobierno que ha declarado que los prevendrá y resolverá con otros procedimientos. No obstante, la conflictividad es más que el procedimiento; esconde o cubre capas sucesivas de otros conflictos apagados u olvidados por la ley y por el hombre.
En el emplazamiento frente a estos fenómenos reside el principal desafío. Una buena parte del Estado, el mercado y la sociedad parecen demandar un nuevo tratamiento de los conflictos pero no siente la necesidad de su propio cambio. Mal inicio; como lo que sucede con la inclusión (incluye tú, yo miro al costado) se pretende un cambio de estrategia exclusivo del gobierno.
Víctor Caballero, nuevo jefe de Conflictos de la PCM, ha advertido que en un proceso de cambio se producen renovadas tensiones y “nuevos” conflictos. Lo nuevo radica en la mayor legitimidad de la demanda o, si fuese el caso, en la posibilidad de abrir nuevas rutas de salida para aquella. En ese sentido, el Perú se prepara para asistir, muy probablemente, al surgimiento de un intenso período de demandas sociales que no deberían interpretarse como el resultado de la nueva política, sino como la oportunidad para resolverlas realmente.
Todo conflicto interpela al Estado pero también a la sociedad y pone sobre la mesa las relaciones entre estos. Javier Torres, un conflictólogo atrevido, ha escrito algo terrible: que los conflictos tienen que ver con las políticas de Estado y que conviene revisar algunas de ellas. Tiene razón, la mayoría de conflictos no son, como piensan algunos, la ofensiva antisistema de una conspiración ideológica para destruir el Estado o la protesta acumuladora de fuerzas insurgentes. Es más sencillo: una demanda de inclusión política y legal, distribución, oportunidades o, a veces, solo de diálogo.
Imposible resolver los conflictos laborales mineros, por ejemplo, si las empresas no abandonan la práctica de no entregar derechos sin huelga previa, es decir, una paradójica invitación al paro. Revisando los pliegos mineros se advierten clamorosas insensibilidades. Mientras la oferta de aumento salarial de una empresa es de 1,30 soles diarios, otra se resiste a entregar un tarro de leche a la viuda de un trabajador fallecido por enfermedad o accidente.

viernes, 5 de agosto de 2011

El cambio compartido

La Mitadmasuno
La República
29 de julio 2011

Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/29-07-2011/el-cambio-compartido-juan-de-la-puente


Tanto el Mensaje a la Nación como su primer gabinete expresan la apuesta de Ollanta Humala por construir una nueva mayoría gobernante en un espacio de encuentro entre los idearios socialdemócrata y liberal. El mensaje tuvo el propósito de promover un equilibrio fino entre los valores económicos que deben ser conservados y los nuevos valores formulados, especialmente los de carácter social y cultural.
Quizás por ello, Humala ha ahorrado palabras, no se ha comprometido con cifras gruesas y con el detalle, ha ratificado algunas ofertas puntuales pero se ha guardado el resto en el bolsillo, especialmente su política frente a los conflictos sociales y a las grandes empresas cuyo ideario fue hegemónico durante la década pasada.
No obstante, el mensaje contiene apreciaciones que no deben pasarse por alto. La primera es la mención de un modelo económico nuevo denominado “crecimiento con inclusión social”, con cargo a ser desarrollado, pero que se aleja del paradigma del crecimiento a secas. De aquí para adelante, la principal demanda de política pública será darle contenido y actores de esa inclusión, como la autoridad social y el papel del MEF, el rol de las regiones, los límites en la cobertura de los nuevos programas y su relación con la demanda de universalización de los derechos.
La segunda es el llamado a un nuevo contrato social que, al no pasar por un cambio constitucional profundo, debería transitar una vía inesperada: un conjunto de leyes dolorosamente alumbradas en el Parlamento. Por esa razón, luego del Mensaje, los escenarios principales del proceso político serán el Congreso y la calle.
En ese sentido, ni el mensaje ni la composición del gabinete han desmovilizado a los opositores al cambio o a los movimientos sociales. Ellos saben que quien pestañea pierde. La polarización de la segunda vuelta adopta una nueva forma, con los promotores del cambio y los opositores a él con un pie en el gobierno y el otro en la calle, una cohabitación muy original. Si las cosas no resultan, ¿quién sacará a quién del gobierno o, al revés, quién se quedará con la calle?
La tercera constante es la voluntad explícita para fortalecer el Estado, a través de las empresas públicas, la creación de una línea aérea de bandera y la mejora de la regulación ambiental. La idea de más Estado es coherente con el mensaje tácito de que, sin retornar al viejo estatismo, tendremos a un Estado que regula y participa en el mercado.
La apuesta de Humala es ambiciosa; más allá de la pluralidad, le propone al país, al mercado y a los ciudadanos, un cambio compartido. En pocos meses se sabrá si ese modelo de cambio es viable.