La República
La mitadmasuno
19 de agosto de 2016
Juan De la Puente
La marcha #NiUnaMenos del 13 de agosto fue el punto más alto de movilización ciudadana desde las marchas contra la repartija parlamentaria, de julio del 2013. En tres años, la calle se ha convertido en un decisivo espacio de participación política y social y su legitimidad se ha elevado a cuotas inimaginables hace algunos años. Las marchas, tradicionalmente condenadas por el discurso conservador como un medio de expresión antisistémica, agitadora y populista, se están transformando en una forma de representación propia y de indignación aceptada.
Luego del 13 de agosto, quedan menos dudas de que nuestro espacio público es doblemente público. La política formal ya se hace en la calle aunque habría que prestar atención a las claves de esta vigencia porque el proceso no ha terminado. Recién empieza.
En tres momentos estelares de la capital –la repartija (julio 2013), la Ley Cotillo (noviembre 2015) y Fujimori Nunca Más (abril 2016)– se hizo patente que los signos que definen esa disposición ciudadana son los derechos y la transparencia pública.
Asimismo, a diferencia de lo sucedido los últimos años en Brasil o Chile, en las calles de Lima movilizada, el sello de las nuevas clases medias es inconfundible. Ellas son las figuras dominantes de una nueva politización urbana y juvenil y de una inédita toma de conciencia de las mujeres.
Son pocas las diferencias de estas marchas, probablemente los ingresos y la ocupación de los ciudadanos, respecto de las otras grandes movilizaciones de los últimos años, especialmente las que obedecieron a razones ambientales o de desarrollo regional. Aun así, las marchas en Cajamarca, Cusco o Arequipa fueron objeto de cuestionamiento oficial, y en cambio el Presidente de la República, los ministros y los congresistas asistieron a #NiUnaMenos.
¿Por qué el trato diferente? Sería un error reducirlo a la legitimidad de los reclamos, entendiéndose erróneamente que las exigencias ambientales son menos legítimas que otras.
Sí podría señalarse en cambio que la crítica de los medios es decisiva para colocar sobre una marcha el rótulo de “positiva” y en otra el de “negativa”.
No obstante ello, debe advertirse que los medios y gobiernos tienen cada vez menos poder para condenar las movilizaciones o para sofocarlas incluso por la fuerza. Las grandes capitulaciones del Estado durante los conflictos sociales estuvieron precedidas de la idea de impedir por la fuerza que los ciudadanos se expresen en las calles. No es casual que según los reportes de la Defensoría del Pueblo el 52% de los conflictos pasaron a una etapa de diálogo luego de actos de violencia.
La vigencia de la protesta pública está en ascenso y otros indicadores podrían ser analizados. Por ejemplo, la relación del Estado con las manifestaciones es menos cruenta si se considera que el número de muertos en los conflictos sociales durante el gobierno de Humala fue mucho menor que en el de García.
Finalmente, debe recordarse que la calle peruana es dinamizada por la crisis de la política y de sus instituciones. En este proceso opera una lógica distinta a la anterior cuando los partidos y la sociedad organizada recurrían a las calles para demandar al poder. Ahora, la sociedad menos organizada que antes recurre a las calles para demandar al poder y a los partidos.
Que se tenga en cuenta esta precisión es importante para que nadie, todavía, se sienta dueño de las manifestaciones ciudadanas. La marcha del 13 de agosto ha tenido escasas intermediaciones políticas, ha sido relativamente autónoma y sin liderazgos fuertes. Ello lleva a dos preguntas: ¿cuánto tiempo más durará esta autonomía? Y ¿de estos movimientos emergerán nuevas formaciones partidarias y se enriquecerán las existentes? Imposible saberlo; solo anotar los antecedentes: los que llevan hasta el final estas demandas son los que logran transformar esa épica en poder político. Y que la agenda de derechos y específicamente de los de género recién ha empezado a ser tejida.
