La República
La mitadmasuno
10 de julio de 2012
Juan De la Puente
No entiendo por qué en el parlamento no se ha presentado una moción amplia y multipartidaria para investigar la muerte de siete peruanos, dos en Espinar y cinco Cajamarca y, a partir de ello, dilucidar el papel del Estado en los conflictos sociales. Es paradójico que en ambos casos se encuentren judicializados otros temas, como el uso de los recursos públicos, pero que no existan indagaciones específicas sobre estas muertes. Si existen, deben estar caminando con pies de plomo.
Podría decirse que el Congreso está en receso y esta decisión le corresponde al Pleno, aunque las comisiones funcionan y el control político no tiene recesos. Algunas comisiones, especialmente las de Justicia y Derechos Humanos, Pueblos Andinos, Defensa Nacional y Orden Interno, operan en un ámbito directamente relacionado con estos hechos.
Hay mucho por saber; una lista de preguntas y respuestas revelaría las responsabilidades institucionales y personales en estos sucesos y nos permitiría claridad sobre la relación entre el Estado y las poblaciones demandantes, un tema donde hay luces solo sobre una parte pequeña del escenario.
Algunas de estas preguntas son ¿Hubo error policial, falta de prevención o diagnóstico equivocado de las posibilidades de evolución de estos conflictos? ¿Quién dio la orden de disparar, en qué momento y si todos los sucesos justificaban el uso de armas? ¿Cuál es el Estado actual del protocolo policial para el uso de armas? ¿Es cierto que los manifestantes poseían armas de fuego? ¿Cuál es el papel de la inteligencia en la detección y gestión de conflictos? ¿Por qué se decidió centralizar la gestión de conflictos en la PCM? ¿Qué recursos técnicos y humanos se tienen para la atención de los conflictos sociales?
Al señalar el premier Óscar Valdés que el “modelo político-técnico” no ha funcionado está revelando más que un eufemismo sugestivo: confirma la existencia de un vacío en la estrategia del gobierno en un área clave. La Unidad de Gestión de Conflictos de la PCM, el esfuerzo más serio, menos entendido y más sobrecargado, es la evidencia del deseo del resto del gobierno de desentenderse de este asunto crucial.
Una investigación juiciosa de lo sucedido podría profundizar y explicar lo que algunos análisis iniciales ya nos indican: que el Estado peruano rechaza irreflexivamente el conflicto social en su nueva dimensión, es decir, el que florece en los años de auge económico propio y de la expansión mundial de los derechos ciudadanos. La respuesta de un anónimo policía ¡Porque son perros! a la mujer cajamarquina que reclama dignidad es un libro abierto lleno de interrogantes, más allá de la indignación. Es una confesión pública de la enorme distancia existente entre el descontento y el poder. La visión que oculta el malestar y reduce todo al extremismo solo le sirve al conflicto mismo pero no a la solución.
